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Historia

Aragón protege 65 obras históricas, una de 1469 y un manuscrito único

El Gobierno de Aragón declara protegidas 65 obras históricas, desde un libro de 1469 hasta manuscritos singulares, y regula su conservación.

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Aragón protege 65 obras históricas

Resumen

  • Aragón protege 65 libros, manuscritos y documentos históricos
  • Entre las piezas hay un libro de 1469 y un manuscrito sin otra copia conocida
  • Su conservación y cualquier intervención quedan sujetas a control legal

El Gobierno de Aragón ha declarado bienes inventariados del patrimonio cultural aragonés 65 libros, manuscritos y documentos históricos, entre los que figuran ejemplares de más de cinco siglos de antigüedad, obras de gran rareza bibliográfica y escritos de los que no se conocen otras copias. La decisión, publicada este martes 17 de noviembre de 2026 en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), establece un régimen de protección para preservar estas piezas vinculadas a la historia de la comunidad.

Entre los documentos más antiguos destaca un libro fechado en 1469, hace 557 años, relacionado con el regadío aragonés. También sobresale un manuscrito original del historiador Félix Latassa y Ortín del que no se conoce ningún otro ejemplar. La colección incluye textos jurídicos, antiguos fueros, obras literarias, documentos administrativos y testimonios políticos que permiten reconstruir distintos episodios de la historia de Aragón.

La protección se ha aprobado mediante la Orden PJC/1666/2026, de 3 de noviembre, firmada por la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero. El procedimiento comenzó a petición de particulares y ha contado con informes técnicos de la Biblioteca de Aragón y del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

La declaración no significa que el Gobierno autonómico haya comprado los documentos ni que vayan a trasladarse a una institución pública. Su principal consecuencia es jurídica: las piezas quedan sometidas a obligaciones específicas de conservación y cualquier intervención necesitará autorización administrativa previa.

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Un libro de 1469 y un manuscrito del que no se conocen copias

Una de las piezas más antiguas del conjunto es el Libro de la alfarda del término de Urdán, fechado en 1469. Se trata de un documento relacionado con la organización histórica del regadío, una actividad fundamental para la economía y la vida cotidiana de Aragón durante siglos.

El inventario oficial aporta detalles de su estado físico. El volumen conserva una encuadernación de pergamino con desperfectos, presenta una rasgadura importante en la cubierta y ha perdido parte de la piel original. También faltan hojas del índice y algunos folios se encuentran sueltos.

Son circunstancias que ponen de manifiesto la importancia de su conservación material. No basta con reconocer la antigüedad de un libro: también es necesario evitar que el deterioro termine destruyendo información histórica que difícilmente podría recuperarse.

Especialmente singular es la Noticia Histórico-Geográfica del Reino de Aragón, un manuscrito autógrafo de Félix Latassa y Ortín, erudito del siglo XVIII conocido por sus trabajos sobre la historia literaria aragonesa.

La descripción oficial señala expresamente que no se conoce otra copia de esta obra y que tampoco figura descrita en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. Conviene distinguir ambas circunstancias: una obra puede ser extraordinariamente escasa sin que resulte posible afirmar que es el único ejemplar existente en todo el mundo.

Otro documento destacado es el Registro de las armas y divisas del Reino de Aragón, conocido como el nobiliario de Pedro Vitales. Recoge los símbolos heráldicos utilizados por nobles, caballeros e infanzones del antiguo reino. Aunque existen diferentes versiones de esta obra, no constan ejemplares de la versión incorporada al inventario en bibliotecas o servicios públicos aragoneses.

Los fueros de Aragón y las primeras imprentas de Zaragoza

La relación de bienes protegidos permite recorrer buena parte de la historia institucional aragonesa, especialmente los siglos XVI y XVII, cuando el reino conservaba instituciones y disposiciones jurídicas propias.

Entre las obras seleccionadas aparece Capítulos de hermandad con todas las adiciones, una impresión realizada en Zaragoza hacia 1508 por Jorge Coci, uno de los impresores vinculados a los primeros grandes talleres de la ciudad. El ejemplar reúne disposiciones relativas a la Hermandad del Reino de Aragón.

También se protege una edición de los Fueros y actos de corte del Reino de Aragón correspondiente a las Cortes de Tarazona de 1592, publicada al año siguiente por Lorenzo de Robles.

Estos textos tienen especial interés para comprender las relaciones entre la monarquía y las instituciones aragonesas. Las Cortes de Tarazona de 1592 se celebraron después de las Alteraciones de Aragón de 1591, un episodio decisivo en los conflictos políticos entre Felipe II y las autoridades del reino.

El conjunto incluye igualmente las ordenanzas de distintas ciudades, como Tarazona, Jaca y Borja, que documentan normas de organización y gobierno municipal.

Entre los impresos figura, además, una edición de 1624 de las Relaciones de Antonio Pérez, antiguo secretario de Felipe II cuya trayectoria estuvo estrechamente relacionada con los acontecimientos políticos aragoneses de finales del siglo XVI.

No todo son leyes y disputas institucionales. La declaración incorpora también las Rimas de Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola, publicadas en Zaragoza en 1634. La presencia de este volumen recuerda el peso que tuvo la producción literaria aragonesa durante el Siglo de Oro español.

Documentos que muestran la vida cotidiana y los conflictos sociales

Algunos de los escritos más interesantes son aquellos que permiten conocer problemas bastante menos solemnes que los grandes acontecimientos políticos.

Entre ellos aparecen memoriales de la Diputación del Reino de Aragón relacionados con los perjuicios ocasionados por el alojamiento de soldados durante el siglo XVII. Sus páginas recogen reclamaciones por los daños que la presencia de las tropas provocaba en propiedades y poblaciones.

También figuran los Papeles políticos de Ignacio Luzán, un manuscrito que reúne reflexiones sobre el comercio, el catastro y otros asuntos de gobierno del siglo XVIII. Uno de sus textos está fechado el 24 de agosto de 1750.

La relación incluye, asimismo, impresos relacionados con las Escuelas Pías de distintas localidades aragonesas, documentos sobre la historia de Zaragoza y testimonios vinculados a familias nobiliarias como los Ximénez de Urrea.

Son materiales de naturaleza muy diferente. Precisamente ahí reside parte de su interés: permiten estudiar tanto las decisiones de las élites políticas como el funcionamiento de las instituciones, la enseñanza y las actividades económicas de otras épocas.

Qué supone declarar estos documentos bienes inventariados

La incorporación de las 65 piezas al Inventario del Patrimonio Cultural Aragonés implica su reconocimiento oficial como bienes merecedores de protección, aunque no equivale a declararlas bienes de interés cultural (BIC).

La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, establece distintas categorías de tutela patrimonial. Los bienes inventariados cuentan con un régimen específico que regula su conservación, las intervenciones que pueden realizarse sobre ellos y determinados aspectos de su transmisión.

La orden publicada el 17 de noviembre establece expresamente que toda intervención sobre los documentos deberá contar con autorización previa del director general competente en patrimonio cultural.

La legislación también impone a los propietarios la obligación de conservar adecuadamente los bienes, facilitar las inspecciones administrativas y permitir su estudio por investigadores. Contempla igualmente la posibilidad de facilitar su contemplación pública al menos cuatro días al mes, en los términos previstos reglamentariamente.

Por su parte, los propietarios pueden recibir asistencia técnica para la conservación y solicitar subvenciones destinadas a proteger los ejemplares.

La consideración de bien inventariado también tiene consecuencias en caso de venta. La normativa aragonesa establece obligaciones de comunicación y reconoce a la Administración determinados derechos de adquisición preferente, como el tanteo y el retracto, en las condiciones legalmente previstas.

La declaración no convierte automáticamente las obras en propiedad pública ni garantiza que puedan consultarse libremente en una biblioteca. Se trata, ante todo, de establecer mecanismos legales para su protección.

Por qué se han elegido estas 65 piezas históricas

La Administración autonómica justifica la declaración por tres elementos fundamentales: rareza bibliográfica, antigüedad y vinculación con Aragón.

La normativa sobre patrimonio bibliográfico contempla especialmente las obras manuscritas o impresas de las que no consta la existencia de al menos tres ejemplares en bibliotecas o servicios públicos. Para los documentos históricos incluidos en este procedimiento también se ha tenido en cuenta que superan los cien años de antigüedad.

Todas las piezas presentan, además, alguna relación con la historia y la cultura aragonesas, ya sea por su autoría, por su contenido o por haber sido producidas en talleres de impresión de la comunidad.

El expediente se inició el 21 de septiembre de 2026 a solicitud de particulares y su apertura se publicó en el BOA del 7 de octubre. Durante la tramitación se concedió un plazo de audiencia de quince días hábiles a los interesados, sin que se presentaran alegaciones.

La orden definitiva tampoco identifica públicamente a los solicitantes ni concreta dónde se conservan actualmente todos los ejemplares. Por tanto, no está confirmado que las 65 piezas pertenezcan a una única colección privada.

La memoria escrita de Aragón gana protección legal

La declaración supone un paso para conservar un conjunto documental que abarca más de cinco siglos de historia y reúne obras de naturaleza muy diversa. Desde los libros de administración del regadío medieval hasta los escritos políticos de la Ilustración, estos fondos permiten conocer aspectos del pasado aragonés que no siempre aparecen en las grandes crónicas.

Su valor no depende exclusivamente de la antigüedad. Algunos ejemplares son relevantes por su escasez, otros por la información que contienen y otros porque conservan testimonios originales de autores e instituciones históricas.

El siguiente desafío será garantizar su adecuada conservación y facilitar su estudio dentro de las condiciones establecidas por la legislación patrimonial. La declaración no resuelve por sí sola todas esas cuestiones, pero fija una obligación esencial: preservar documentos cuya pérdida podría resultar irreparable.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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