EE UU retoma el diálogo con la junta de Myanmar y sus tierras raras

Estados Unidos ha abierto conversaciones directas con el Gobierno instalado por los militares en Myanmar, un cambio sustancial respecto a la política de aislamiento aplicada desde el golpe de Estado de 2021. El acercamiento, impulsado por la Administración de Donald Trump, comenzó alrededor de cuestiones concretas —la liberación de un ciudadano estadounidense y la lucha contra las redes de estafas digitales—, pero las conversaciones han terminado entrando en un terreno bastante más estratégico: los enormes depósitos de tierras raras del país asiático.

El contacto de mayor nivel conocido se produjo los días 15 y 16 de septiembre en Naypyidaw. Michael Vance, subsecretario de Estado para Inteligencia e Investigación, participó en las conversaciones con Min Aung Hlaing, jefe del golpe militar de 2021 y convertido posteriormente en presidente. Washington sigue manteniéndolo bajo sanciones por graves violaciones de derechos humanos, de modo que la escena resume bien el giro estadounidense: las sanciones continúan sobre el papel mientras la diplomacia vuelve a sentarse a la mesa.

No significa una normalización completa de las relaciones. Tampoco un reconocimiento político sin condiciones. Pero sí acaba, de hecho, con varios años en los que Washington intentó mantener a los generales birmanos dentro de una suerte de congelador diplomático.

Washington cambia el aislamiento por una diplomacia más pragmática

La apertura encaja con una política exterior estadounidense cada vez más transaccional. La promoción de la democracia, que durante la Administración de Joe Biden constituía uno de los argumentos centrales de la presión sobre Myanmar, pierde protagonismo frente a intereses mucho más inmediatos: ciudadanos estadounidenses detenidos, delincuencia organizada, competencia con China y minerales críticos.

El Departamento de Estado sostiene que Estados Unidos habla con todos los actores de Myanmar cuando están en juego intereses estadounidenses y asegura que durante esos contactos sigue reclamando el final de la violencia y la liberación de presos políticos. La filosofía quedó condensada en una explicación bastante sencilla del portavoz Tommy Pigott: los problemas no se solucionan ignorándolos, sino abordándolos.

Esa frase sirve de paraguas político para algo bastante más complejo. Min Aung Hlaing continúa sancionado por Estados Unidos y Washington atribuyó carácter genocida a las matanzas y expulsiones sufridas por cientos de miles de rohinyás en 2016 y 2017. La violencia, además, no pertenece precisamente al pasado remoto.

Menos de dos semanas después de la visita estadounidense a Naypyidaw, el Ejército birmano realizó un ataque aéreo contra un mercado abarrotado del estado de Rakhine. Según responsables de derechos humanos de Naciones Unidas, murieron más de 50 personas y decenas resultaron heridas.

La diplomacia estadounidense, así, camina sobre un suelo bastante resbaladizo: negociar con un Gobierno al que continúa responsabilizando de abusos graves sin convertir esas conversaciones en una rehabilitación internacional del régimen.

La liberación de un estadounidense abrió la puerta

El detonante inmediato de este deshielo fue Adam Castillo, antiguo responsable de la Cámara de Comercio estadounidense en Myanmar. Las autoridades birmanas lo detuvieron el 11 de junio en el aeropuerto de Yangon bajo acusaciones que sus partidarios calificaron de fabricadas.

Representantes de la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado mantuvieron entonces negociaciones discretas para obtener su puesta en libertad. De acuerdo con personas conocedoras de esos contactos, Myanmar buscaba a cambio algo esencialmente político: un canal oficial con Washington y al nivel adecuado.

Castillo terminó siendo liberado y atribuyó públicamente su salida a Trump. Pero el episodio había servido ya para abrir una rendija. Y por ella entraron otros asuntos mucho más amplios.

Las conversaciones de septiembre no surgieron de la nada. En junio se había celebrado en Tokio otro encuentro entre funcionarios estadounidenses y birmanos en el que también participó Vance. En esos contactos estuvieron implicados representantes de organismos como el Tesoro, responsable de las sanciones, Seguridad Nacional y el Pentágono.

Las grandes estafas digitales están en el centro del acercamiento

Uno de los principales objetivos estadounidenses consiste en conseguir ayuda de Myanmar para cerrar los enormes centros de estafas digitales instalados en su territorio. Desde esas instalaciones operan redes dedicadas a fraudes sentimentales, falsas inversiones y otros engaños financieros que han ocasionado pérdidas de miles de millones de dólares a ciudadanos estadounidenses.

No se trata de unos cuantos ciberdelincuentes con portátiles en una habitación. Muchos centros funcionan como auténticas factorías del fraude, con cientos o miles de personas trabajando desde complejos situados principalmente en zonas fronterizas y territorios donde la autoridad del Estado es difusa.

El problema tiene otra capa, bastante más oscura. Parte de quienes trabajan en estas instalaciones son víctimas de trata de personas, captadas mediante falsas ofertas laborales y obligadas después a participar en las estafas. El negocio mezcla crimen organizado, explotación humana, corrupción y tecnología.

El FBI ha mantenido contacto directo con autoridades de Myanmar sobre estos fraudes, según personas conocedoras de las conversaciones. Pero Washington también tiene motivos para desconfiar.

El poder real sobre los centros de fraude está fragmentado

Numerosas instalaciones se encuentran en territorios controlados por milicias o grupos armados, no directamente por la Administración central. Investigadores especializados sostienen además que parte del dinero generado por estas actividades acaba beneficiando a estructuras relacionadas con los militares.

Eso plantea una paradoja bastante incómoda: Estados Unidos necesita la colaboración de unas autoridades cuya capacidad y voluntad para desmantelar esas redes está bajo sospecha.

Myanmar lleva años convertido en un rompecabezas territorial. El golpe militar de febrero de 2021 desembocó en una guerra abierta entre las Fuerzas Armadas, grupos de resistencia democrática y numerosas organizaciones armadas de minorías étnicas. Algunas zonas del país están en manos del Ejército; otras, solo nominalmente. En otras ni eso.

Vance ha mantenido contactos no solo con representantes del Gobierno militar, sino también con integrantes de la oposición democrática y grupos armados étnicos. Washington intenta, aparentemente, conservar interlocución con todas las piezas de un tablero que cambia de posición casi cada semana.

Las tierras raras explican otra parte del interés de Estados Unidos

Detrás de la seguridad y el crimen organizado aparece un elemento con considerable peso geopolítico: las tierras raras de Myanmar.

Funcionarios estadounidenses han tratado durante las conversaciones la posibilidad de acceder a los importantes depósitos de tierras raras pesadas del país. Son materiales imprescindibles para numerosas tecnologías avanzadas, desde vehículos eléctricos y aerogeneradores hasta sistemas electrónicos y aplicaciones militares.

Ahí aparece China.

Pekín es actualmente el principal comprador de los minerales extraídos en Myanmar y ocupa una posición dominante en las cadenas internacionales de procesamiento de tierras raras. Para Washington, reducir esa dependencia se ha convertido en una cuestión económica, industrial y de seguridad nacional.

Myanmar parece, sobre el mapa, una alternativa tentadora. Sobre el terreno la historia cambia.

Muchos de los principales depósitos se encuentran en áreas controladas por ejércitos étnicos enfrentados al Gobierno militar. Negociar con Naypyidaw, por tanto, no garantiza automáticamente acceso a los minerales. Y cualquier intento estadounidense de entrar en una cadena de suministro históricamente orientada hacia China sería observado en Pekín como algo más que una inocente operación comercial.

Minerales críticos en mitad de una guerra civil

Aquí está probablemente la parte más reveladora de la nueva política. Washington no necesita únicamente hablar con el Gobierno militar para obtener resultados; necesita entenderse, directa o indirectamente, con actores que controlan físicamente las regiones productoras.

Los intereses estadounidenses, chinos, militares y de las guerrillas étnicas se cruzan así alrededor de unas materias primas diminutas, difíciles de pronunciar y decisivas para fabricar tecnologías gigantescas.

Las tierras raras pesadas convierten a Myanmar en algo más que una crisis política olvidada del sudeste asiático. Lo colocan dentro de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China.

De las sanciones de Biden al acercamiento de Trump

Tras el golpe de 2021, la Administración de Joe Biden congeló activos birmanos depositados en la Reserva Federal de Nueva York e impuso sanciones contra altos mandos militares y empresas relacionadas con las Fuerzas Armadas.

En 2022, el Congreso estadounidense autorizó además ayuda no letal para la oposición, incluidos sistemas de alerta temprana frente a ataques aéreos e incentivos destinados a favorecer deserciones entre los militares.

Buena parte de esos programas fue posteriormente recortada durante la reorganización de la ayuda exterior impulsada por Trump. El cambio dibuja dos concepciones bastante distintas sobre cómo tratar al régimen: presión y apoyo a la resistencia, primero; negociación selectiva para obtener resultados concretos, después.

El Departamento de Estado insiste en que hablar con las autoridades militares no supone abandonar a los demás actores. Estados Unidos asegura que continúa prestando asistencia en zonas situadas fuera del control gubernamental, aunque no ha detallado el alcance de esa ayuda.

La oposición demócrata en Washington considera insuficiente esa explicación. Gregory Meeks, principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, ha acusado a la Administración de ofrecer legitimidad internacional a un régimen responsable de graves abusos mientras deja sin aplicar parte de las sanciones y fondos aprobados por el Congreso.

Min Aung Hlaing encuentra una salida del aislamiento

El giro estadounidense llega, además, cuando Min Aung Hlaing intenta romper su aislamiento internacional.

Myanmar celebró unas elecciones cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y la estructura surgida de ellas pretende proyectar una apariencia civil sobre un sistema cuyo centro de gravedad continúa siendo militar. El propio Min Aung Hlaing ha defendido el golpe alegando fraude electoral y califica habitualmente de terroristas a muchos de sus adversarios.

Su ofensiva diplomática empieza, sin embargo, a producir imágenes difíciles de imaginar hace pocos años. Este 8 de octubre, el dirigente birmano fue recibido en Malasia por el primer ministro Anwar Ibrahim, dentro de los esfuerzos regionales por recuperar algún tipo de relación operativa con Myanmar.

Para el Gobierno birmano, cada reunión internacional tiene valor. Una fotografía, un apretón de manos, una conversación oficial. La legitimidad diplomática también se construye con pequeños ladrillos.

El régimen ha tratado incluso de mejorar su posición en Washington mediante grupos de presión. Roger Stone, antiguo asesor de Trump posteriormente indultado por el presidente, comenzó a trabajar en abril como consultor para DCI Group en representación del Ministerio de Información birmano. Una publicación distribuida por esa firma advertía poco después de que Estados Unidos podía quedar excluido de los minerales críticos de Myanmar si rechazaba cualquier relación con sus autoridades.

Difícil encontrar una síntesis más clara del nuevo clima.

Washington entra en Myanmar mirando también a China

La reapertura del diálogo no convierte a Myanmar en aliado de Estados Unidos ni elimina las sanciones que pesan sobre sus dirigentes. Supone algo más limitado, pero políticamente importante: Washington ha decidido que hablar con los generales puede resultar más útil que mantenerlos completamente aislados.

El movimiento permite negociar sobre estadounidenses detenidos y perseguir redes internacionales de fraude. También abre una puerta hacia recursos minerales estratégicos mientras Washington intenta reducir su dependencia de China.

El coste es evidente. Cada encuentro con Min Aung Hlaing puede proporcionar al régimen una legitimidad que lleva años buscando, incluso mientras continúan la guerra, los ataques aéreos y la represión política.

La política estadounidense hacia Myanmar entra así en una etapa bastante distinta. Los principios no han desaparecido del discurso; las sanciones tampoco. Pero alrededor de la mesa han aparecido ciberestafas, minerales críticos y competencia con China. Y cuando esos tres elementos coinciden en un mismo mapa, el aislamiento diplomático suele empezar a tener grietas.