Adamuz: una investigadora denuncia cambios en los informes técnicos

Una de las investigadoras que trabaja en el accidente ferroviario de Adamuz ha denunciado públicamente que informes elaborados por los técnicos son modificados cuando llegan a instancias superiores. La afirmación, realizada este jueves 8 de octubre en el Congreso de los Diputados, introduce una cuestión especialmente delicada en una investigación que intenta determinar por qué murieron 46 personas en el siniestro ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Córdoba.

La autora de las declaraciones es Isabel López López, investigadora adscrita a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y destinada al análisis de la tragedia. Ante representantes de asociaciones de víctimas de Adamuz, Angrois, Spanair, el Yak-42 y otros accidentes, López habló de problemas de transparencia, independencia y opacidad y reclamó que las conclusiones de quienes realizan el trabajo técnico sean respetadas. El responsable de la nueva autoridad de investigación rechazó después esas acusaciones y defendió la independencia del organismo.

La denuncia que sacude la investigación de Adamuz

López intervino durante un encuentro celebrado en el Congreso entre asociaciones de víctimas de grandes accidentes de transporte. No fue una observación menor ni una discrepancia metodológica escondida entre páginas de un expediente. La investigadora sostuvo que en muchas ocasiones los informes elaborados por los técnicos llegan a niveles superiores y se modifican, y pidió que se preserve íntegramente el criterio profesional de los investigadores.

Su razonamiento toca el nervio de cualquier investigación de seguridad: los especialistas recogen restos, analizan materiales, cruzan registros y reconstruyen secuencias para averiguar qué sucedió. Después, ese trabajo pasa por diferentes niveles antes de cristalizar en documentos oficiales. López plantea que en ese recorrido se producen modificaciones que comprometen la confianza en el proceso.

La acusación es grave, pero conviene colocarle bordes. No equivale por sí sola a demostrar que las conclusiones sobre Adamuz hayan sido manipuladas, ni identifica públicamente qué informes concretos habrían sufrido cambios, quién habría ordenado esas modificaciones o si afectaron a conclusiones esenciales de la investigación. Lo confirmado es la denuncia formulada por una investigadora directamente vinculada al caso y el rechazo de esa versión por la dirección del nuevo organismo.

El presidente de la nueva autoridad rechaza las acusaciones

Gonzalo Guillén, presidente de la nueva autoridad encargada de investigar accidentes ferroviarios, marítimos y aéreos, respondió durante el mismo encuentro. Defendió la independencia de los investigadores y del consejo y discrepó abiertamente de López. Según su versión, la afirmación de la investigadora no refleja el funcionamiento del nuevo órgano.

El choque resulta particularmente significativo porque la investigación atraviesa precisamente una transición institucional. La antigua CIAF está dejando paso a la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, creada para reunir bajo una misma estructura los tres ámbitos de investigación.

Su diseño legal pretende reforzar la autonomía técnica respecto de los operadores y de la propia Administración implicada en el transporte. Pero las leyes pueden declarar independencia; la confianza, en cambio, hay que ganársela expediente a expediente. Y en Adamuz el terreno viene cargado.

Los informes de Adamuz ya habían generado dudas

La controversia de octubre no nace en un desierto. Meses antes habían aparecido discrepancias documentales relacionadas con las soldaduras de la vía. La propia CIAF detectó incongruencias en documentación aportada durante la investigación y trasladó información a la Guardia Civil, que posteriormente pidió aclaraciones sobre determinados documentos.

Entre los elementos analizados figuraban informes relacionados con las soldaduras del tramo de Adamuz. La investigación detectó diferencias documentales, dudas sobre firmas y fechas y modificaciones posteriores en ciertos archivos. Esa circunstancia no demuestra que sean los mismos cambios denunciados por López: se trata de dos asuntos que no deben confundirse.

Uno afecta a documentación técnica incorporada al expediente; el otro es la acusación de una investigadora sobre el tratamiento que reciben los informes elaborados por los propios técnicos cuando ascienden dentro de la estructura. La distinción importa. Mucho. Mezclar ambos episodios permitiría construir una sospecha más vistosa, pero menos rigurosa.

Una soldadura sigue en el centro de las pesquisas

El accidente ocurrió el 18 de enero de 2026 en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de Adamuz. El descarrilamiento de un tren Iryo terminó provocando la colisión con un Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario. El balance definitivo comunicado por Transportes fue de 46 fallecidos y 122 heridos, dentro de un total de 527 viajeros afectados directamente.

La investigación técnica fue estrechando pronto el foco sobre la infraestructura. Un informe de la CIAF reforzó meses después la hipótesis de que una rotura del carril desencadenó el descarrilamiento. El análisis de las imágenes tomadas dentro del Iryo permitió reconstruir los movimientos del convoy y situar el fallo de la vía como origen del siniestro.

Más tarde, un informe de la Guardia Civil volvió a apuntar hacia la zona de soldadura. Los peritos localizaron una fractura transversal en la unión entre un segmento de carril fabricado en 1989 y otro de 2023 y observaron indicios de fatiga previa del material. Es una pieza relevante, aunque la determinación definitiva de responsabilidades corresponde a la investigación judicial y técnica en curso.

Las señales anteriores al accidente también están bajo examen

Otro de los elementos que aumentó la presión sobre el caso apareció en abril. Un informe de la Guardia Civil señaló que los sistemas de supervisión de Adif habían registrado, aproximadamente 22 horas antes del accidente, una variación compatible con distintos tipos de incidencias y potencialmente con una rotura del carril, sin que se activara una alarma automática.

Adif precisó después que aquella variación de tensión no demostraba por sí misma la existencia de una fractura de la vía. Ese episodio alimentó una de las cuestiones que acompañan a Adamuz desde los primeros días: no sólo qué pieza falló, sino qué señales existían antes del fallo y si podían haberse interpretado de otra manera.

La Guardia Civil ha descartado, según sus pesquisas conocidas, el sabotaje, el terrorismo y una actuación negligente de los maquinistas. El núcleo técnico se ha desplazado hacia la vía, la soldadura, sus controles, la documentación asociada y los sistemas de detección.

Las víctimas llevan meses reclamando transparencia

Las palabras de Isabel López conectan con una preocupación que las asociaciones de víctimas venían expresando desde hace tiempo. Ya en mayo, representantes de los afectados por Adamuz manifestaron su confianza en los técnicos de la CIAF, pero mostraron inquietud ante la posibilidad de que los informes pudieran ser retocados al pasar por órganos superiores.

Este jueves, esas dudas reaparecieron dentro del propio Congreso y, esta vez, pronunciadas por una investigadora vinculada directamente al accidente. El matiz cambia bastante el peso de la controversia.

Las asociaciones reunidas reclamaron cambios en el funcionamiento de las investigaciones de grandes tragedias, mayor participación de las víctimas y más claridad institucional. El presidente de la asociación de afectados de Adamuz, Mario Samper, también criticó la lentitud del proceso y sostuvo que algunas de las peticiones trasladadas anteriormente al Ministerio de Transportes continúan pendientes.

Hubo incluso un enfrentamiento verbal con el responsable de la nueva autoridad. Samper afirmó que Guillén le había transmitido que determinadas recomendaciones podían perjudicar a Adif; Guillén lo negó y atribuyó la ausencia de nuevas actuaciones a la falta de medios y al escaso tiempo transcurrido desde la puesta en marcha de la autoridad. Son, de nuevo, versiones enfrentadas, no hechos que puedan darse por resueltos con una frase rotunda.

Lo que cambia con la declaración de Isabel López

Hasta este jueves, buena parte de las sospechas sobre la transparencia de la investigación procedían de víctimas, asociaciones o de las anomalías documentales que iban apareciendo en las diligencias. La novedad está en quién habla: una investigadora vinculada directamente al accidente de Adamuz.

Eso eleva el peso político e institucional de la controversia, pero no resuelve el fondo. Para saber qué alcance real tiene su denuncia será necesario conocer qué documentos habrían sido modificados, en qué términos y por quién. En investigaciones técnicas complejas es normal que los borradores sean revisados, corregidos y discutidos; otra cosa muy distinta sería alterar conclusiones técnicas por razones ajenas a la evidencia disponible.

Ahí está la frontera. Mientras esa cuestión no quede aclarada, la investigación mantiene como hipótesis central el fallo de la vía y, particularmente, de la zona de soldadura. La Guardia Civil y los investigadores técnicos han ido reuniendo piezas que apuntan en esa dirección, mientras el juzgado de Montoro continúa instruyendo la causa.

Adamuz abre otra batalla: quién controla al investigador

Nueve meses después de la tragedia, el expediente de Adamuz ya no gira únicamente alrededor de un carril roto. También se discute la arquitectura que debe garantizar que la explicación final de un accidente sea técnicamente independiente, incluso cuando sus conclusiones puedan resultar incómodas para empresas, organismos públicos o responsables políticos.

La declaración de Isabel López no prueba que el informe definitivo de Adamuz haya sido adulterado. Sí deja planteado un conflicto difícil de despachar como simple ruido administrativo: una investigadora afirma que los informes técnicos sufren modificaciones en niveles superiores y quien dirige la nueva autoridad niega que exista ese problema.

Entre ambas versiones queda algo bastante menos abstracto que una pelea burocrática. Quedan 46 muertos, decenas de heridos y unas familias que llevan desde enero esperando saber, con la menor cantidad posible de sombras, qué falló en Adamuz y por qué no se evitó.