Guatemala releva a dos mandos del Ejército tras ocho muertos en Huité

El Gobierno de Guatemala ha apartado a dos altos mandos militares y ha puesto a 107 miembros del Ejército a disposición de la Fiscalía mientras se investiga lo ocurrido en Huité, en el departamento oriental de Zacapa, donde ocho personas murieron durante una sucesión de tiroteos el pasado 27 de septiembre. El Ejecutivo reconoce además que soldados guatemaltecos abrieron fuego durante aquellos incidentes, aunque sostiene que realizaron disparos de advertencia.

La investigación deberá aclarar una cuestión bastante más incómoda: qué papel desempeñaron exactamente los militares en las ocho muertes. El presidente Bernardo Arévalo ha remitido al Ministerio Público el informe elaborado por Defensa, mientras el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y el comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Zacapa han sido relevados de sus puestos. Las autoridades subrayan que son medidas administrativas y que, por ahora, no equivalen a una declaración de culpabilidad.

Guatemala reconoce que sus militares dispararon en Huité

La versión oficial ha cambiado con el paso de los días. En un primer momento, las fuerzas de seguridad negaron que el Ejército hubiera intervenido directamente en el operativo. Después aparecieron vídeos grabados por vecinos que situaban vehículos y personal militar en la zona. Finalmente, Defensa ha reconocido que los soldados efectuaron disparos durante la noche de los hechos.

El ministro de Defensa, Henry Sáenz, sostiene que el contingente había sido desplegado para instalar puestos de control en los accesos a Huité. Según el informe interno, los militares escucharon detonaciones sin identificar inicialmente quién disparaba ni cuál era la amenaza y respondieron con lo que Defensa describe como disparos disuasivos y controlados.

La explicación militar mantiene, sin embargo, una zona gris considerable. Una cosa es acreditar que hubo disparos de advertencia y otra establecer de dónde procedieron los proyectiles que causaron las ocho muertes. Ese es, precisamente, el terreno de la investigación penal: reconstruir trayectorias, armas, posiciones y responsabilidades sin convertir una explicación administrativa en una sentencia anticipada.

Dos mandos relevados y 107 militares bajo investigación

Arévalo ha ordenado el relevo del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Giovani Martínez Milián, y del comandante de la Segunda Brigada de Infantería, Erwin Constanza Hidalgo. El Gobierno insiste en que las destituciones buscan facilitar las pesquisas y no presuponen responsabilidad penal.

La unidad implicada permanece concentrada en la brigada de Zacapa. En total, 107 militares de distintos rangos han quedado a disposición del Ministerio Público junto con sus armas y equipos. Eso permitirá a los investigadores citar a los efectivos, comprobar registros internos y contrastar los fusiles utilizados con las pruebas recogidas en las escenas del crimen.

No es un detalle menor. Cuando una investigación afecta a una estructura jerárquica como las Fuerzas Armadas, conservar armamento, documentación, comunicaciones y cadenas de mando resulta decisivo. El uniforme, por decirlo de forma sencilla, no puede convertirse en una niebla que tape quién hizo qué.

El informe militar queda bajo reserva judicial

La comisión creada por Defensa ya ha terminado sus pesquisas internas y ha entregado sus conclusiones al presidente. Arévalo ordenó que el documento fuese remitido tanto al Ministerio Público como al órgano judicial competente.

Su contenido completo no ha sido divulgado porque ha quedado sometido a reserva judicial. El Ejecutivo ha puntualizado que esa restricción no se debe a razones de seguridad nacional, sino al desarrollo de la investigación penal. Defensa deberá además conservar registros y colaborar con las diligencias solicitadas por los fiscales.

Los 77 indicios balísticos pueden reconstruir la matanza

Los investigadores han recuperado 77 indicios balísticos en cuatro puntos diferentes de Huité, una cantidad considerable de material que puede resultar crucial para determinar cuántas armas participaron, desde dónde se disparó y qué munición pudo alcanzar a las víctimas.

El análisis forense deberá comparar casquillos, proyectiles y armas militares. La balística no suele ofrecer respuestas cinematográficas ni instantáneas, pero permite estrechar mucho el cerco: un casquillo conserva señales del mecanismo que lo expulsó y un proyectil puede retener marcas producidas por el cañón. Cuando hay decenas de restos repartidos en varios escenarios, reconstruir la secuencia se convierte en un puzle complejo, pero no imposible.

Aquí aparece otro elemento delicado. La investigación no gira solamente alrededor de un tiroteo aislado, sino de varios escenarios dentro del municipio, algo que obliga a esclarecer si todos los episodios formaban parte del mismo enfrentamiento y cómo se movieron los distintos grupos armados y las unidades militares.

La sombra del narcotráfico sobre Zacapa

Una investigación preliminar de la Policía Nacional Civil relacionó los disparos con un supuesto intento de captura de Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito, vinculado por las autoridades a la estructura criminal de Los Lorenzana. Huité se encuentra en Zacapa, una región oriental próxima a Honduras y situada en una zona estratégica para las rutas del narcotráfico.

Eso ayuda a entender el despliegue de seguridad, pero no resuelve la cuestión central. Incluso en una operación contra organizaciones criminales, el uso de la fuerza por parte del Estado está sometido a normas. Y cuando mueren civiles, la obligación de determinar qué ocurrió no desaparece porque alrededor haya narcotráfico, armas o sospechosos peligrosos. Más bien al contrario.

El caso adquirió todavía mayor gravedad después de que surgieran referencias a posibles ejecuciones extrajudiciales. Esa hipótesis forma parte de las cuestiones que deberán examinar los investigadores y no constituye, a estas alturas, un hecho probado. Precisamente por eso importa separar las sospechas de las pruebas: ni blanquear una actuación estatal por reflejo ni dictar una condena pública antes de tener resultados forenses.

De la primera versión oficial a una investigación sobre el Ejército

La sucesión de versiones ha colocado al Gobierno de Arévalo en una posición difícil. Primero se presentó el episodio como violencia relacionada con grupos criminales; después, las imágenes difundidas desde Huité confirmaron la presencia militar y finalmente el Ejecutivo admitió que los efectivos sí utilizaron sus armas.

El cambio no demuestra por sí solo que los soldados provocaran las muertes, pero explica por qué la investigación ha dejado de ser un asunto local para convertirse en un problema institucional. Determinar si existieron disparos legítimos de advertencia, fuego indiscriminado o una actuación todavía más grave exige pruebas que ahora están en manos de la Fiscalía.

También habrá que aclarar la cadena de mando. En una operación militar no basta con conocer quién apretó un gatillo. Importa saber qué órdenes existían, quién autorizó el despliegue, qué información manejaban los responsables sobre el terreno y cómo reaccionaron después del tiroteo.

Huité espera una respuesta que ya no puede ser solo militar

La decisión de retirar a dos mandos, inmovilizar a la unidad implicada y entregar armas y documentación a los investigadores abre una fase distinta del caso. Defensa ha elaborado su propia versión, pero será el Ministerio Público de Guatemala quien deba contrastarla con las autopsias, la balística, los vídeos, los testimonios y el resto de pruebas.

Las ocho muertes del 27 de septiembre siguen, por tanto, sin una explicación judicial definitiva. Lo comprobado hasta el momento es que hubo presencia militar, que los soldados dispararon, que existen numerosos indicios balísticos y que el Gobierno ha considerado necesario relevar a dos responsables de alto rango mientras avanzan las pesquisas.

En Huité queda por resolver lo esencial: quién disparó los tiros mortales y bajo qué órdenes. Ahí termina la versión administrativa y empieza el trabajo de la justicia, que tendrá que separar en frío lo ocurrido aquella noche de todo lo que, durante varios días, se dijo que había ocurrido.