España
El Tribunal de Cuentas investigará el ático de 6,3 millones de Ayuso
El Tribunal de Cuentas ve indicios de perjuicio en la compra de un ático de 6,3 millones en Madrid, sin uso ni comprador tras dos subastas desiertas.
Resumen
- El Tribunal de Cuentas investigará la compra del ático por 6,3 millones
- La vivienda no se ha utilizado y las dos subastas quedaron desiertas
- Se examinarán la justificación del gasto y un posible sobreprecio
El Tribunal de Cuentas ha ordenado investigar la compra de un ático de 6,3 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, tras apreciar indicios de un posible perjuicio a los fondos públicos. La resolución, conocida el 13 de noviembre de 2026, rechaza la petición de archivo presentada por el Ejecutivo regional y abre el camino a una investigación sobre la legalidad de la operación inmobiliaria.
El inmueble, adquirido en abril por la empresa pública Planifica Madrid, se encuentra en el barrio de Chamberí y estaba destinado inicialmente a albergar dependencias institucionales durante las obras de la sede del Gobierno autonómico en la Puerta del Sol. Sin embargo, nunca llegó a utilizarse, presenta problemas para su uso administrativo y continúa sin comprador después de dos subastas desiertas. El organismo fiscalizador considera que existen motivos suficientes para examinar si el desembolso estuvo justificado y si pudo ocasionar un daño económico a las arcas madrileñas.
La decisión supone un avance en un expediente que lleva meses generando controversia política y jurídica. No constituye una declaración de culpabilidad ni demuestra, por sí sola, que se hayan malversado fondos. Lo que establece es que las explicaciones ofrecidas hasta el momento no bastan para descartar una posible responsabilidad contable.
Una compra de 6,3 millones sin justificación previa
La operación se formalizó el 14 de abril de 2026, cuando Planifica Madrid adquirió un ático situado en el número 35 de la calle General Martínez Campos, una de las zonas residenciales más cotizadas de la capital.
El inmueble tiene aproximadamente 485 metros cuadrados, incluidos unos 199 metros cuadrados de terraza. La compra se realizó mediante una sociedad pública cuyo objeto social contempla la adquisición y gestión de edificios vinculados a las necesidades administrativas de la Comunidad de Madrid.
El primer problema señalado por el Tribunal de Cuentas afecta al procedimiento de adquisición. Según recoge la resolución, no constaba inicialmente un encargo formal de la Administración autonómica ni una memoria previa que acreditase la necesidad de comprar esa vivienda.
La documentación justificativa presentada posteriormente por el Gobierno madrileño está fechada el 2 de julio de 2026, casi tres meses después de la compraventa.
La secuencia resulta relevante porque el organismo fiscalizador debe comprobar si existía una necesidad pública que justificase el gasto cuando se autorizó la adquisición, y no únicamente cuando la operación ya estaba cerrada.
El auto plantea, precisamente, la posibilidad de que los fondos destinados a la compra se emplearan para una finalidad distinta de las legalmente previstas.
El uso residencial del ático, otro obstáculo para justificar la compra
La segunda cuestión afecta a las características del inmueble y a su finalidad.
El Gobierno de Ayuso explicó inicialmente que la vivienda permitiría instalar espacios de trabajo provisionales mientras se acometían obras en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.
Posteriormente, la documentación administrativa contempló un destino institucional que combinaba zonas de trabajo, descanso y alojamiento ocasional de autoridades.
El problema es que el ático está situado en un edificio residencial y no dispone de las autorizaciones necesarias para utilizarse como oficinas en los términos inicialmente planteados.
Esta circunstancia despierta dudas sobre el encaje de la adquisición en las competencias de Planifica Madrid, cuyos estatutos vinculan sus operaciones inmobiliarias a las actividades administrativas de las consejerías y organismos autonómicos.
El contrato de arrendamiento firmado entre la empresa pública y la Comunidad de Madrid el 28 de julio quedó resuelto de mutuo acuerdo el 15 de septiembre. La Administración comunicó que había desaparecido la necesidad que justificaba el alquiler.
En consecuencia, el inmueble no llegó a utilizarse para las funciones anunciadas.
Las tasaciones abren dudas sobre un posible sobreprecio
El precio pagado constituye otro de los elementos que deberá examinar la investigación.
Una primera tasación elaborada por Gesvalt el 13 de febrero de 2026 establecía un valor de mercado de 6.242.884,19 euros. Sin embargo, Planifica Madrid abonó 6.300.000 euros.
La diferencia entre ambas cantidades asciende a 57.115,81 euros, una cifra que representa el posible sobreprecio inicial identificado en las actuaciones. No equivale, sin embargo, a una pérdida definitivamente acreditada ni determina por sí sola el perjuicio económico total.
La Comunidad de Madrid y Planifica Madrid aportaron otra valoración de la misma tasadora, fechada el 15 de octubre, que elevaba el precio estimado del ático a 6.320.341,26 euros.
Esta segunda tasación incorporaba al cálculo parte de una terraza cerrada. El Tribunal de Cuentas considera necesario examinar las diferencias entre ambas valoraciones y las dudas urbanísticas relacionadas con ese cerramiento.
La documentación aportada también plantea la posibilidad de que determinadas obras ejecutadas en la terraza entre 2007 y 2010 carecieran de las autorizaciones necesarias. Si se confirmasen estas irregularidades, podrían afectar al valor del inmueble y generar costes adicionales.
El organismo tendrá que determinar qué superficie puede computarse legalmente y cuál era el valor real de la propiedad cuando se adquirió.
Dos subastas desiertas y un precio de venta de 6,7 millones
La decisión de vender el inmueble tampoco ha permitido resolver el problema.
Tras hacerse pública la compra a finales de julio, el Ejecutivo regional anunció que pondría el ático en el mercado y destinaría los ingresos de la operación a actuaciones de reconstrucción en la Sierra Oeste, afectada por los incendios.
El precio de salida se estableció en 6.694.201 euros, una cantidad superior a la abonada inicialmente por Planifica Madrid.
Sin embargo, las dos subastas celebradas quedaron desiertas. El procedimiento posterior de venta permanente tampoco había recibido ofertas, según la información disponible hasta el 13 de noviembre.
La falta de compradores no demuestra automáticamente que el inmueble se adquiriera por encima de su valor de mercado, pero constituye un elemento que el Tribunal de Cuentas considera relevante.
La operación presenta una dificultad añadida: el precio mínimo fijado por la empresa pública impide aceptar propuestas inferiores, mientras que los impuestos correspondientes a una eventual compra incrementarían el desembolso del nuevo propietario por encima de los siete millones de euros.
Por ahora, la Comunidad de Madrid mantiene inmovilizada una inversión de 6,3 millones en una propiedad que no está utilizando y cuya venta continúa pendiente.
La Comunidad de Madrid niega irregularidades y pidió archivar el caso
El Gobierno regional y Planifica Madrid han defendido la legalidad de la operación durante la tramitación del expediente.
Sus alegaciones sostienen que la empresa pública actuó dentro de sus competencias y que su consejero delegado estaba facultado para formalizar la compraventa.
También argumentan que el precio se correspondía con el valor del mercado inmobiliario y que la adquisición no produjo una pérdida patrimonial, dado que la sociedad incorporó un activo a su balance a cambio del dinero desembolsado.
Desde esta perspectiva, la posibilidad de vender el inmueble por una cantidad inferior a la pagada constituye un riesgo futuro, no un perjuicio económico materializado.
El Ejecutivo autonómico también ha rechazado que el ático se comprase para convertirlo en la residencia oficial de Isabel Díaz Ayuso, una posibilidad planteada por sectores de la oposición.
El Tribunal de Cuentas no ha aceptado que esos argumentos permitan archivar el procedimiento sin practicar nuevas diligencias.
La resolución considera que el análisis no puede limitarse a comprobar que el dinero se cambió por un activo inmobiliario. También debe examinarse si los fondos públicos se utilizaron para los fines legalmente autorizados.
El Tribunal de Cuentas y el juzgado investigan aspectos distintos
La resolución conocida el 13 de noviembre eleva las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para impulsar el nombramiento de un delegado instructor.
Este instructor podrá recabar documentación, examinar las circunstancias de la compraventa y practicar las diligencias necesarias para determinar si existe un perjuicio económico y quién podría responder por él.
El procedimiento cuenta con el respaldo del Ministerio Fiscal ante el Tribunal de Cuentas, que se pronunció a favor de continuar las actuaciones.
La eventual responsabilidad contable tiene una finalidad esencialmente patrimonial: determinar si existe un daño a los fondos públicos que deba ser reintegrado por sus responsables. No equivale a una condena penal.
Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid tramita actuaciones relacionadas con denuncias que plantean posibles delitos de malversación y prevaricación administrativa.
En ese ámbito, la magistrada Rosario Espinosa solicitó el 3 de septiembre un informe a la Fiscalía para determinar la competencia judicial sobre los hechos, teniendo en cuenta que algunas de las personas señaladas en las denuncias son aforadas.
Según la información publicada el 13 de noviembre, ese pronunciamiento seguía pendiente. La Fiscalía del Tribunal Supremo había archivado anteriormente otras denuncias contra Ayuso al considerar que no contenían indicios suficientes para justificar una investigación penal contra ella.
Ambas vías tienen funciones diferentes. El Tribunal de Cuentas examina la posible existencia de responsabilidades económicas en la gestión de fondos públicos, mientras que la jurisdicción penal debe determinar, cuando proceda, si existen indicios de delito y responsabilidades personales.
La apertura de nuevas diligencias contables no implica que se haya acreditado un delito ni una responsabilidad directa de la presidenta madrileña.
El futuro del ático dependerá de la investigación y de su venta
La operación inmobiliaria presenta dos asuntos pendientes que pueden desarrollarse de manera independiente.
El primero es la investigación contable, que deberá aclarar quién decidió la adquisición, qué documentos la justificaban, si el inmueble cumplía las condiciones necesarias para su finalidad pública y si existió un perjuicio económico susceptible de reintegro.
El segundo es la situación patrimonial del ático. La Comunidad de Madrid continúa intentando vender una vivienda adquirida en abril que, siete meses después, no ha llegado a utilizar para las necesidades institucionales inicialmente anunciadas.
Una futura venta podría modificar el balance económico de la operación, pero no resolvería automáticamente las dudas sobre la legalidad de las decisiones adoptadas durante su adquisición.
El Tribunal de Cuentas tendrá que determinar si los indicios apreciados se traducen en responsabilidades concretas. Hasta entonces, el caso permanece abierto, con una inversión millonaria sin el uso previsto y un procedimiento que deberá esclarecer si su adquisición respondió realmente a una necesidad de la Administración madrileña.
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