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PP y Vox rechazan un fondo para mujeres afectadas por cribados de mama

PP y Vox votan contra el fondo de reparación para mujeres afectadas por los cribados de mama en Andalucía. La sesión termina con cuatro expulsadas.

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víctimas de cribados de mama

Foto: Scientific Animations / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0.

Resumen

  • PP y Vox rechazan por 62 votos a 38 un fondo para las afectadas
  • Cuatro mujeres de Amama son desalojadas durante el debate parlamentario
  • El rechazo no impide reclamar daños por la vía administrativa o judicial

El PP y Vox han rechazado en el Parlamento de Andalucía la creación de un fondo extraordinario para compensar económicamente a las mujeres afectadas por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama. La iniciativa, presentada por el PSOE, fue derrotada el jueves 12 de noviembre con 62 votos en contra y 38 a favor, en una sesión marcada por las protestas de varias pacientes y su posterior expulsión de la tribuna de invitados.

Entre las mujeres desalojadas se encontraba Anabel Cano, una de las primeras denunciantes de las irregularidades en los cribados, que tuvo que someterse a una mastectomía y atribuye el agravamiento de su enfermedad a los retrasos diagnósticos. Cano interrumpió la intervención de una diputada de Vox para reclamar justicia y responsabilidades políticas. La presidenta de la Cámara, Ana Mestre, del PP, ordenó que abandonara el salón de plenos.

La votación supone un nuevo revés para las afectadas, más de un año después de que comenzaran a conocerse los errores en la comunicación de resultados de mamografías y los retrasos en las pruebas complementarias del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La propuesta pretendía facilitar indemnizaciones, ayudas extraordinarias y acuerdos extrajudiciales, de modo que las pacientes no tuvieran que recurrir necesariamente a un largo procedimiento judicial para obtener una reparación.

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PP y Vox tumban la propuesta por 62 votos frente a 38

La iniciativa socialista planteaba incorporar a los presupuestos andaluces de 2027 una partida específica destinada a financiar un fondo autonómico de reparación para las mujeres perjudicadas por las deficiencias del programa de cribado.

El resultado de la votación quedó registrado oficialmente: 50 diputados del PP y 12 de Vox votaron en contra, mientras que los 26 representantes socialistas presentes, los ocho de Adelante Andalucía y los cuatro de Por Andalucía apoyaron la propuesta. No hubo abstenciones.

El texto no establecía una indemnización automática para todas las mujeres sometidas a una mamografía. Proponía habilitar un procedimiento que permitiera evaluar individualmente los daños acreditados, reconocer las compensaciones legalmente procedentes y ofrecer ayudas adicionales a las pacientes que hubieran sufrido consecuencias especialmente graves.

Qué indemnizaciones y ayudas se proponían

La proposición no de ley contemplaba compensaciones por daños físicos, psicológicos, personales, familiares y económicos relacionados con los retrasos diagnósticos o asistenciales.

También solicitaba que la Junta promoviera acuerdos extrajudiciales con las mujeres que ya hubieran presentado reclamaciones de responsabilidad patrimonial o iniciado procedimientos judiciales.

El objetivo era permitir una reparación más rápida, especialmente en casos de enfermedad avanzada, secuelas permanentes o vulnerabilidad económica. Las cantidades debían determinarse según los perjuicios acreditados, sin establecer una cifra idéntica para todas las pacientes.

El rechazo parlamentario impide que prospere esta propuesta concreta, pero no elimina el derecho a reclamar indemnizaciones por el funcionamiento de los servicios públicos cuando concurran los requisitos legales.

Anabel Cano, expulsada del Parlamento tras reclamar justicia

La sesión vivió su momento más tenso durante la intervención de Paula Badanelli, diputada de Vox, que rechazó las acusaciones contra su formación y relacionó los problemas de financiación sanitaria con las políticas migratorias.

Desde la tribuna de invitados, Anabel Cano comenzó a protestar por el trato recibido por las mujeres afectadas. La paciente denunció las consecuencias de los errores en los cribados y reclamó responsabilidades al Gobierno de Juanma Moreno.

Durante la protesta llegó a levantarse la camiseta para mostrar las secuelas físicas de su enfermedad. La presidenta del Parlamento, Ana Mestre, le pidió que mantuviera el orden antes de ordenar su salida.

El desalojo afectó a cuatro integrantes de Amama, la asociación de mujeres con cáncer de mama, entre ellas su presidenta en Sevilla, Ángela Claverol. La salida de las pacientes fue acompañada por aplausos de diputados de la oposición, algunos de los cuales se interesaron posteriormente por su situación.

No era la primera protesta de Cano en la Cámara autonómica. En noviembre de 2025 ya había increpado al presidente andaluz, Juanma Moreno, para denunciar las consecuencias personales de los retrasos sanitarios.

La expulsión se produjo por la interrupción de la sesión desde la tribuna de invitados, no como consecuencia de una votación parlamentaria. Fue una decisión de la presidencia de la Cámara, distinta del rechazo político a las compensaciones propuestas.

Los fallos en los cribados del cáncer de mama en Andalucía

El escándalo comenzó a hacerse público a finales de septiembre de 2025, cuando varias mujeres denunciaron que no habían recibido información adecuada sobre los resultados de sus mamografías.

Uno de los principales problemas afectaba a pacientes cuyos estudios presentaban hallazgos clasificados como BI-RADS 3, una categoría radiológica que indica que una lesión es probablemente benigna, pero necesita seguimiento para comprobar su evolución.

En estos casos, el control posterior es fundamental. La ausencia de comunicación o los retrasos en nuevas pruebas pueden prolongar la incertidumbre y dificultar la detección de posibles cambios que requieran atención médica.

La Junta de Andalucía reconoció que 2.317 mujeres con mamografías clasificadas como BI-RADS 3 habían superado los plazos recomendados de seguimiento sin recibir información proactiva sobre su situación.

La asociación Amama ha cuestionado desde el principio que esa cifra refleje toda la dimensión del problema. La organización llegó a comunicar unas 4.000 llamadas y consultas relacionadas con los cribados, aunque posteriormente aclaró que esa cantidad no equivalía a 4.000 casos clínicos individualmente confirmados.

La discrepancia sigue siendo importante: las cifras de la Administración y las comunicaciones recibidas por la asociación responden a criterios distintos y no pueden presentarse como si midieran exactamente lo mismo.

Amama también ha denunciado fallecimientos que relaciona con los retrasos. En octubre de 2026 comunicó siete casos y, durante el pleno del 12 de noviembre, Cano habló de nueve mujeres fallecidas. La relación causal de cada muerte con los fallos asistenciales requiere una evaluación individualizada y no debe darse por acreditada únicamente a partir de estas denuncias.

El PP acusa al PSOE de utilizar el dolor de las pacientes

El debate enfrentó dos posiciones políticas claramente diferenciadas sobre la gestión de la crisis y las responsabilidades del Gobierno andaluz.

La diputada socialista Ángeles Férriz, encargada de defender la propuesta, exigió responsabilidades a la Junta y reclamó la dimisión del vicepresidente autonómico y consejero de Sanidad, Antonio Sanz. Su formación sostuvo que las afectadas necesitan medidas de reparación efectivas y no únicamente explicaciones sobre lo ocurrido.

Por parte del PP, Beatriz Jurado reprochó a la oposición que utilizara políticamente el sufrimiento de las pacientes para perjudicar la confianza en el Gobierno andaluz y en el sistema sanitario.

Vox, a través de Paula Badanelli, expresó su solidaridad con las mujeres afectadas, pero extendió la responsabilidad de los problemas sanitarios a la gestión histórica del PSOE en Andalucía y a las políticas de inmigración.

Ninguna de estas posiciones modifica el resultado de la votación: los dos partidos que sostienen al Ejecutivo autonómico rechazaron la iniciativa de reparación económica defendida por el PSOE y respaldada por los otros grupos de la oposición.

Las afectadas mantienen abiertas las vías de reclamación

La ausencia de un fondo extraordinario no significa que las pacientes pierdan todas las posibilidades de obtener una compensación económica.

El artículo 106.2 de la Constitución reconoce el derecho a ser indemnizado por determinadas lesiones derivadas del funcionamiento de los servicios públicos, en los términos previstos por la ley. La Ley 40/2015 regula las condiciones de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

Para obtener una indemnización por esta vía es necesario acreditar, entre otros requisitos, la existencia de un daño efectivo y evaluable económicamente, así como su relación causal con el funcionamiento del servicio sanitario.

No basta, por tanto, con haber participado en el programa de cribado o haber recibido una comunicación tardía. Cada expediente necesita valorar las circunstancias médicas concretas y los posibles perjuicios derivados de la actuación asistencial.

En octubre de 2026, Amama informó de unas 200 reclamaciones patrimoniales presentadas, mientras seguía recibiendo nuevos testimonios. La asociación denunció también la falta de respuesta administrativa a los expedientes que estaba tramitando.

En paralelo, la Fiscalía había archivado en agosto las 15 denuncias penales examinadas hasta entonces por los fallos en los cribados. Ese resultado no equivale a descartar cualquier posible responsabilidad administrativa o patrimonial, pues las vías legales responden a requisitos diferentes.

El fondo propuesto por el PSOE pretendía precisamente facilitar la reparación de los daños acreditados, incluso mediante acuerdos con pacientes que ya estuvieran reclamando, sin obligarlas a esperar necesariamente a una sentencia.

La reparación económica sigue pendiente de una respuesta política

El Parlamento andaluz ha rechazado una fórmula concreta para compensar a las mujeres afectadas por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama. La votación no determina si existe responsabilidad jurídica en cada caso, pero sí deja sin respaldo parlamentario la creación del fondo extraordinario previsto para 2027.

Las pacientes continúan reclamando explicaciones sobre los errores, acceso a sus expedientes médicos, atención sanitaria adecuada y reconocimiento de los perjuicios que consideran derivados de los retrasos.

La situación de Anabel Cano refleja una parte de ese conflicto. Su protesta y posterior expulsión del Parlamento han vuelto a situar la crisis sanitaria en el centro del debate político andaluz.

Más de un año después de las primeras denuncias, la cuestión principal permanece abierta: cómo garantizar una reparación efectiva a quienes acrediten daños derivados de los fallos asistenciales y evitar que vuelvan a producirse errores similares en un programa sanitario cuya eficacia depende, precisamente, de detectar a tiempo.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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