La Policía vigila a grupos radicales tras semanas de protestas en Sol

La Policía Nacional mantiene bajo seguimiento a grupos considerados de perfil radical vinculados a las movilizaciones que rodean la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol. La preocupación policial no parte, al menos por ahora, de una sucesión de disturbios dentro del campamento: después de varias semanas de protesta, no se han registrado allí altercados graves. El foco está puesto en otra posibilidad bastante más delicada, la de que vuelvan a coincidir grupos ideológicamente enfrentados y el pulso político termine trasladándose a la calle.

Fuentes policiales señalan que la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) ha ido ganando protagonismo en Sol a medida que el Sindicato de Inquilinas, impulsor inicial de las movilizaciones, ha perdido centralidad. La Policía sigue especialmente la evolución de esos sectores y la posibilidad de nuevos cruces con organizaciones de extrema derecha, después de los momentos de tensión vividos a comienzos de octubre.

El episodio del 3 de octubre encendió las alarmas

El antecedente que explica buena parte de esa vigilancia ocurrió el 3 de octubre. Unas 400 personas, según la Delegación del Gobierno, participaron en una concentración convocada por Indignados por España en las inmediaciones del Banco de España, a la que se sumaron organizaciones de extrema derecha como Núcleo Nacional y Democracia Nacional. El dispositivo de las Unidades de Intervención Policial impidió que la concentración avanzara hacia la Puerta del Sol.

La situación se tensó después. Algunos participantes trataron de aproximarse a la acampada y la Policía detuvo a tres personas en la calle Montera, cerca de Sol. Mientras tanto, cientos de personas vinculadas a la protesta por la vivienda formaron una cadena humana y se desplegaron en los accesos a la plaza para evitar la entrada de los ultras. El cordón policial consiguió impedir un choque de mayores dimensiones.

Aquella noche dejó bastante clara la fotografía que preocupa a los responsables de seguridad: no tanto una acampada convertida por sí misma en foco de violencia como una plaza capaz de atraer a grupos antagónicos dispuestos a medirse a pocos metros de distancia. Sol, escaparate turístico y kilómetro cero mediante, es un lugar especialmente incómodo para comprobar hasta dónde aguanta la cuerda.

La CJS gana presencia en las movilizaciones

Según las fuentes policiales consultadas, la Coordinadora Juvenil Socialista ha ido adquiriendo mayor peso dentro del movimiento. Su discurso es abiertamente crítico no solo con la derecha, sino también con los partidos de la izquierda parlamentaria y con la gestión institucional de la crisis de la vivienda. Durante una de las marchas hacia el Congreso desplegó, por ejemplo, una pancarta que responsabilizaba al PSOE y a Sumar de la situación económica de los jóvenes.

Conviene separar dos planos que a veces se mezclan con demasiada facilidad. Que la Policía monitorice a determinados colectivos por razones de orden público no convierte toda protesta en una amenaza ni significa que todos los participantes compartan las mismas posiciones. La propia información policial señala que, pese al aumento de la tensión y al cambio de protagonismo entre organizaciones, no se han registrado disturbios graves dentro de la acampada de Sol.

De un desahucio a una protesta de alcance nacional

La acampada nació después del desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, ejecutado el 23 de septiembre en Madrid tras años de litigio sobre el piso en el que había vivido desde mediados de los años cincuenta. Su caso provocó una movilización inmediata: miles de personas se manifestaron y, el 26 de septiembre, decenas comenzaron a instalarse en la Puerta del Sol para exigir medidas contra la crisis habitacional.

Maricarmen falleció posteriormente tras permanecer ingresada en el hospital. Para entonces, su historia ya se había convertido en un símbolo de las protestas por la vivienda que desbordaron Madrid y aparecieron en otras ciudades españolas. El movimiento mantuvo sus reivindicaciones contra los desahucios, los alquileres inasumibles y la falta de vivienda accesible, mientras convocaba nuevas movilizaciones.

Lo que comenzó ante una vivienda concreta terminó, en cuestión de días, ocupando el centro del debate político nacional. La vivienda dejó de ser un asunto de fondo para convertirse en conflicto inmediato, visible, incómodo; de esos que ya no caben en una tabla estadística porque aparecen delante del Congreso, llenan una plaza y alteran la agenda institucional.

El Congreso llegó a desplegar hasta 600 antidisturbios

El nivel de prevención ya había quedado patente el 2 de octubre, cuando la Policía preparó un dispositivo de entre 500 y 600 agentes antidisturbios alrededor del Congreso de los Diputados ante las movilizaciones coincidentes con la votación de los decretos sobre vivienda. Se establecieron restricciones de tráfico y controles en los accesos a la Cámara.

La marcha procedente de Sol terminó desarrollándose sin los graves incidentes que se temían. Precisamente ahí está una de las paradojas de estas semanas: dispositivos policiales muy amplios, preocupación creciente por la posibilidad de choques y, al mismo tiempo, una acampada sin episodios graves de violencia en su interior. El problema de seguridad aparece sobre todo cuando distintos movimientos intentan utilizar el mismo escenario para enfrentarse políticamente.

Los sindicatos policiales han añadido otro elemento a la ecuación. El Sindicato Unificado de Policía ha reclamado una mayor planificación de los dispositivos, mientras Jupol ha denunciado dificultades relacionadas con las órdenes de servicio. A las movilizaciones por la vivienda se suma un calendario político y social particularmente cargado, lo que obliga a mover efectivos de la UIP entre distintos operativos.

La Justicia mantiene por ahora la acampada en Sol

La permanencia del campamento también se ha convertido en una batalla institucional. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid para forzar su desalojo, después de que la Delegación del Gobierno defendiera que una intervención podía generar más problemas para la seguridad ciudadana que mantener la situación existente.

Eso no supone que la Justicia haya concedido una especie de permiso indefinido para ocupar la Puerta del Sol. La resolución afecta a las medidas planteadas en el procedimiento y a las circunstancias examinadas por el tribunal. Pero, en términos prácticos, la acampada continúa mientras sigue abierta la disputa entre administraciones sobre cómo gestionar una protesta instalada en uno de los espacios más sensibles de Madrid.

El Gobierno regional ha criticado duramente esa permanencia y el impacto de la acampada sobre la actividad de la plaza. Algunos actos programados durante las celebraciones de la Hispanidad tuvieron incluso que trasladarse a otros puntos de Madrid. La protesta, por tanto, hace tiempo que dejó de ocupar únicamente unos metros cuadrados: interfiere en la agenda pública, turística y política de la capital.

El riesgo está en el choque entre extremos

La preocupación policial se concentra ahora en evitar una repetición de las escenas del 3 de octubre. Las fuentes consultadas apuntan especialmente al riesgo de enfrentamientos entre organizaciones de signo político contrario si aumenta la presencia de sectores más radicalizados alrededor de la protesta.

Esa distinción no es menor. La vigilancia de determinados grupos no equivale a considerar peligrosa toda movilización por la vivienda. Miles de personas han participado durante estas semanas en manifestaciones, concentraciones y marchas sin protagonizar incidentes. El problema aparece cuando una reivindicación social termina convertida en terreno de disputa entre quienes acuden no solo a manifestarse, sino también a buscar al adversario.

Y ese adversario existe a ambos lados. La noche del 3 de octubre dejó juntos, aunque separados por la Policía, a militantes de organizaciones de extrema derecha, colectivos antifascistas, activistas por la vivienda y miembros de la CJS. Una combinación que explica por qué Información y las unidades de orden público mantienen la atención sobre Sol. No hace falta un gran disturbio para entender el riesgo; a veces basta con impedirlo a tiempo.

Sol se convierte en termómetro de una tensión más amplia

La Puerta del Sol sigue siendo el escenario visible de una crisis que comenzó mucho antes de que aparecieran las primeras tiendas de campaña. Alquileres, desahucios y falta de vivienda accesible, junto con una creciente fractura generacional, han alimentado unas movilizaciones que han ganado dimensión política en pocas semanas.

La novedad está en que alrededor de esa protesta social empiezan a moverse organizaciones con agendas ideológicas más amplias, mientras sus adversarios también acuden a la calle. De ahí la vigilancia policial y el despliegue preventivo. Hasta ahora, Sol no ha registrado los graves disturbios que podrían sugerir algunos discursos inflamados. Pero la Policía trabaja precisamente con el escenario que todavía no ha ocurrido.

Madrid tiene experiencia en manifestaciones masivas, protestas duras y plazas convertidas en símbolo. Esta vez, el combustible es la vivienda. Y sobre ese malestar, muy real y bastante menos abstracto que cualquier eslogan, distintas organizaciones intentan plantar su bandera. La tarea policial consiste en que esa pugna siga siendo política y no termine convirtiéndose en un enfrentamiento físico en pleno centro de la capital.