Historia
Franquismo: cuatro millones de casas y 370.000 de promoción oficial
De cuatro millones de viviendas levantadas durante el franquismo, unas 370.000 fueron de promoción oficial. La escasez y la desigualdad persistieron.
Resumen
- Entre 1961 y 1975 se construyeron 4,07 millones de viviendas
- Solo unas 370.000 fueron de promoción oficial
- Muchos barrios crecieron con carencias de servicios e infraestructuras
La construcción de cuatro millones de viviendas durante el franquismo es una cifra real, pero su utilización para presentar la dictadura como un modelo de vivienda social resulta engañosa. Entre 1961 y 1975 se levantaron aproximadamente 4,07 millones de viviendas en España, aunque solo unas 370.000 figuraban como promoción oficial. El resto se repartía entre viviendas protegidas de promoción privada y viviendas libres.
La distinción ha vuelto al debate público después de que sectores de extrema derecha recuperasen las políticas de vivienda de Francisco Franco como argumento frente a la crisis inmobiliaria actual. Sin embargo, los estudios históricos muestran una realidad bastante más compleja: la construcción creció considerablemente durante los años sesenta, pero muchas familias siguieron excluidas del acceso a una vivienda digna y numerosos barrios carecían de servicios básicos.
La polémica no gira, por tanto, alrededor de si se construyeron millones de casas. Se construyeron. Lo que está en discusión es quién las promovió, quién pudo comprarlas y en qué condiciones se entregaron. Son diferencias fundamentales que desaparecen cuando toda la producción inmobiliaria de quince años se presenta como una iniciativa de vivienda social del Estado.
La investigación histórica también permite distinguir dos etapas del franquismo que suelen mezclarse en las comparaciones actuales: una larga posguerra caracterizada por la escasez y el deterioro residencial, y un periodo de expansión inmobiliaria impulsado por el crecimiento económico, la industrialización y las migraciones interiores.
Cuatro millones de viviendas, pero no cuatro millones de casas sociales
El economista Alfonso Fernández Carbajal, de la Universidad de Oviedo, analizó la política inmobiliaria franquista y sus resultados en un estudio publicado en la revista Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales.
Sus datos permiten desglosar las 4.072.600 viviendas construidas entre 1961 y 1975 en tres grandes categorías.
Unas 2.302.400 viviendas correspondieron a promoción privada acogida a distintos regímenes de protección estatal. Eran inmuebles construidos por promotores privados que podían beneficiarse de ayudas públicas, ventajas fiscales y otros mecanismos de financiación.
Otras 1.400.200 viviendas pertenecían al mercado libre, sin estar sujetas a esos regímenes de protección.
Finalmente, aproximadamente 369.900 viviendas se contabilizaron como promoción oficial, una categoría histórica que tampoco debe confundirse automáticamente con el concepto actual de parque público de alquiler.
El dato es especialmente relevante porque la promoción oficial representó alrededor del 9,1% de todas las viviendas terminadas durante aquel periodo, según esa clasificación estadística.
La promoción oficial quedó muy por debajo de los objetivos
La planificación franquista preveía la construcción de unas 838.500 viviendas de promoción oficial entre 1961 y 1975. Se terminaron alrededor de 369.900, lo que equivale a un cumplimiento del 44,1%.
En cambio, la construcción privada protegida cumplió aproximadamente los objetivos previstos, mientras que la vivienda libre los superó ampliamente.
Estas diferencias muestran cómo se distribuyó realmente el esfuerzo constructor. El régimen movilizó importantes recursos públicos y mecanismos de protección inmobiliaria, pero buena parte de la actividad quedó en manos de promotores privados.
También existieron beneficiarios particulares que mejoraron notablemente sus condiciones de vida gracias a aquellas viviendas. Reconocerlo no obliga a considerar satisfactoria toda la política residencial de la dictadura.
De la escasez de la posguerra al auge constructor de los sesenta
La gran expansión inmobiliaria franquista no comenzó inmediatamente después de la Guerra Civil.
Durante las décadas de 1940 y buena parte de 1950, España atravesó una prolongada crisis económica y residencial. La destrucción provocada por la guerra, la escasez de materiales, los bajos salarios y las restricciones de la autarquía dificultaron enormemente la construcción de nuevas viviendas.
El Estado había creado en 1939 el Instituto Nacional de la Vivienda, mientras que la Obra Sindical del Hogar participó en la promoción de alojamientos vinculados a las estructuras sindicales oficiales.
Sin embargo, la respuesta inicial fue insuficiente para atender las necesidades de una población que seguía creciendo y desplazándose hacia las principales ciudades industriales.
El cambio comenzó a mediados de los años cincuenta. En 1957 se creó el Ministerio de la Vivienda, dirigido inicialmente por José Luis Arrese, y el Plan de Estabilización de 1959 abrió una nueva etapa económica.
La expansión industrial, el incremento de la inversión y el éxodo rural multiplicaron la demanda de alojamientos en Madrid, Barcelona, Bilbao y otras áreas urbanas.
En diciembre de 1961, el régimen aprobó la ley que permitió desarrollar el Plan Nacional de la Vivienda para 1961-1976, concebido para reducir el déficit residencial y ampliar la construcción.
Fue durante esta etapa cuando se concentró buena parte de las realizaciones inmobiliarias que todavía se utilizan para reivindicar la política económica del franquismo.
Barrios sin servicios y viviendas con problemas de calidad
Las estadísticas de construcción no reflejan necesariamente las condiciones de habitabilidad.
En numerosos barrios levantados durante el desarrollismo, las viviendas aparecieron antes que los equipamientos necesarios para sostener la vida cotidiana. Algunos polígonos residenciales carecían inicialmente de colegios suficientes, centros sanitarios, transporte público o calles debidamente urbanizadas.
La rapidez de determinadas promociones también estuvo relacionada con deficiencias constructivas, problemas de humedad y deterioro prematuro de los edificios.
Historiadores como Daniel Lanero y Gloria Román Ruiz han señalado estas carencias al estudiar la política residencial franquista. Las dificultades no fueron idénticas en todos los barrios ni afectaron por igual a todas las promociones, pero constituyeron una parte significativa del crecimiento urbano de aquellos años.
El problema tenía una dimensión social. Las familias con ingresos suficientes podían beneficiarse de las nuevas oportunidades inmobiliarias, mientras que otras continuaban viviendo en habitaciones realquiladas, infraviviendas o asentamientos de chabolas.
En algunos casos, conseguir un piso mejoraba considerablemente las condiciones anteriores, aunque la urbanización circundante siguiera siendo deficiente.
La existencia de millones de viviendas nuevas no significó que el problema habitacional desapareciera.
Precisamente durante los últimos años de la dictadura surgieron movimientos vecinales que reclamaban escuelas, ambulatorios, transporte y mejoras en las infraestructuras de estos barrios.
La vivienda en propiedad se convirtió en el modelo dominante
Otra característica fundamental de la política franquista fue su preferencia por la vivienda en propiedad.
José Luis Arrese defendió abiertamente ese modelo con una frase que pasó a formar parte del discurso político del régimen: «No queremos una España de proletarios, sino de propietarios».
La orientación tuvo consecuencias duraderas. Los incentivos a la adquisición de inmuebles, la financiación hipotecaria y las condiciones del mercado favorecieron una progresiva expansión de la propiedad frente al alquiler.
El acceso a una vivienda propia se convirtió para muchas familias en un símbolo de estabilidad económica y ascenso social.
Pero ese modelo también presentaba limitaciones. Comprar exigía disponer de ingresos y capacidad de financiación, dos condiciones que una parte de la población no podía cumplir.
Además, el desarrollo de la vivienda protegida destinada a la venta no tuvo el mismo efecto que habría tenido la creación de un amplio parque público de alquiler permanente.
La diferencia sigue siendo importante: una vivienda construida con ayudas estatales puede terminar integrada en el patrimonio privado de una familia, mientras que una vivienda pública de alquiler continúa disponible para atender necesidades residenciales posteriores.
No se trata de modelos necesariamente incompatibles, pero producen resultados distintos a largo plazo.
La propaganda franquista convirtió las viviendas en un símbolo político
La construcción residencial tuvo igualmente una función propagandística.
Las inauguraciones de barrios y las entregas de llaves aparecían habitualmente en los medios de comunicación controlados por el régimen. Los actos públicos servían para presentar cada promoción como una muestra de los logros de la dictadura.
En numerosos edificios se instalaron placas vinculadas a la Obra Sindical del Hogar y a las organizaciones oficiales franquistas, algunas de las cuales todavía permanecen en las fachadas.
Aquella propaganda contribuyó a asociar la mejora de las condiciones materiales de determinadas familias con la figura personal de Franco.
La memoria de quienes accedieron a una vivienda durante aquellos años puede ser perfectamente positiva. Para muchas personas, abandonar una chabola o un alojamiento hacinado supuso una transformación profunda de sus condiciones de vida.
El problema aparece cuando esa experiencia se convierte en una afirmación universal y se utiliza para sostener que el régimen garantizó una vivienda adecuada a toda la población.
La investigación histórica documenta tanto las mejoras efectivas como las desigualdades, las carencias y los límites de aquella política.
Los millones construidos no explican quién pudo acceder a una casa
La crisis de vivienda española ha devuelto actualidad a las comparaciones con el pasado. El encarecimiento de la compra y el alquiler, las dificultades de emancipación y la escasez de oferta asequible proporcionan el contexto en el que reaparecen las reivindicaciones de la política inmobiliaria franquista.
Sin embargo, comparar épocas exige distinguir entre viviendas construidas, viviendas protegidas, promoción pública y acceso efectivo a un hogar.
Durante el franquismo se levantaron millones de inmuebles, especialmente a partir de 1960. También hubo promociones que permitieron mejorar las condiciones residenciales de cientos de miles de familias. Son hechos históricos.
Lo que no sostienen los datos es que aquellos cuatro millones fueran viviendas sociales construidas directamente por el Estado o que toda la población tuviera garantizado el acceso a una casa digna.
El volumen de edificación, por sí solo, tampoco permite evaluar la calidad de los barrios, el precio de las viviendas, las ayudas recibidas por sus promotores o las necesidades de quienes quedaron fuera.
La diferencia entre construir viviendas y resolver el acceso a la vivienda es precisamente lo que desaparece en las versiones más simplificadas del pasado franquista. Y sigue siendo una distinción esencial para entender el problema residencial español.
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