Laura Borràs evita la cárcel con un curso anticorrupción de 25 horas

Laura Borràs no tendrá que ingresar en prisión para cumplir los dos años de cárcel que le quedaban tras el indulto parcial concedido por el Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado suspender la ejecución de la pena, pero con condiciones: la expresidenta del Parlament deberá completar una formación de al menos 25 horas sobre prevención de la corrupción y los principios que deben regir la Administración pública.

La resolución fija otra condición bastante más duradera que el curso. Borràs tendrá que mantenerse cinco años sin cometer nuevos delitos. La condena tampoco desaparece y continúa vigente la inhabilitación impuesta por los delitos de prevaricación y falsedad documental cometidos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Es decir, no ha sido absuelta ni el tribunal ha revisado los hechos probados. Lo que cambia es el cumplimiento efectivo de la pena de prisión.

El curso anticorrupción de Laura Borràs tendrá al menos 25 horas

La etiqueta de «cursillo anticorrupción» ha hecho fortuna por lo llamativo del caso, aunque la descripción judicial es algo más precisa. El TSJC obliga a Borràs a participar en actividades formativas vinculadas directamente con los fines y principios que deben guiar la actuación de las administraciones públicas.

Podrá tratarse de un curso, seminario o programa equivalente con una duración mínima de 25 horas. La formación deberá desarrollarse a través de una institución solvente, como la Escola d’Administració Pública de Catalunya, una universidad u otro organismo de características similares.

Borràs dispondrá de un plazo máximo de tres meses para presentar al tribunal su propuesta de formación. No basta, por tanto, con matricularse por su cuenta en cualquier curso que lleve las palabras ética o corrupción en el título: el TSJC tendrá que aprobar tanto el contenido como el sistema de seguimiento y comprobar posteriormente su aprovechamiento.

El tribunal controlará qué formación realiza

Si la expresidenta del Parlament no presenta una propuesta adecuada o el programa elegido no recibe la aprobación judicial, el cumplimiento de esta condición podrá canalizarse mediante el Servicio de Medidas Penales Alternativas del Departamento de Justicia de la Generalitat.

Ahí está uno de los detalles menos vistosos, pero jurídicamente relevantes. El curso no funciona como un intercambio automático de 25 horas por dos años de cárcel. Forma parte de las condiciones impuestas para suspender una pena de prisión que previamente había quedado reducida mediante el indulto parcial del Gobierno.

Cinco años sin delinquir

La suspensión está ligada también al comportamiento de Borràs durante los próximos cinco años. El indulto aprobado por el Gobierno estableció como condición que no volviera a cometer un delito doloso durante ese periodo, una exigencia que forma parte del escenario que permite evitar el ingreso penitenciario.

El margen, por tanto, existe, pero viene con letra pequeña. Si se incumplen las condiciones que sostienen la suspensión, la situación penal podría volver a ser examinada. La pena está suspendida, no borrada.

Por qué Laura Borràs podía acabar en prisión

El origen del caso está en la etapa de Borràs como directora de la Institució de les Lletres Catalanes. La Justicia consideró probado que fraccionó trabajos informáticos para adjudicarlos mediante 18 contratos menores a Isaías Herrero, una persona de su confianza, evitando así los procedimientos ordinarios de contratación pública.

El valor conjunto de aquellos contratos alcanzó aproximadamente 335.700 euros. Según los hechos declarados probados, los encargos se dividieron de forma artificial y se utilizaron presupuestos para aparentar una concurrencia que, en realidad, no existía en los términos exigibles.

El TSJC la condenó en marzo de 2023 por prevaricación administrativa y falsedad documental a cuatro años, seis meses y un día de prisión, junto con las correspondientes penas de inhabilitación, que sumaban alrededor de 13 años, y una multa superior a 36.000 euros.

La peculiaridad apareció en la propia sentencia. Los magistrados entendieron que la pena de prisión resultante de aplicar el Código Penal era excesiva para las circunstancias concretas del caso y plantearon al Gobierno la posibilidad de un indulto parcial que rebajara la condena hasta los dos años. Aquella propuesta acabaría siendo decisiva tres años después.

El Supremo confirmó la condena y rechazó la amnistía

Borràs recurrió, pero el Tribunal Supremo confirmó en febrero de 2025 la condena dictada por el tribunal catalán. También rechazó que pudiera acogerse a la ley de amnistía, al considerar que los delitos por los que había sido condenada no estaban vinculados al procés en los términos necesarios para beneficiarse de esa norma.

El Supremo situó los hechos dentro del ámbito de la corrupción en la función pública. La defensa de Borràs había sostenido durante el procedimiento que existía una persecución política y la propia dirigente independentista negó haber cometido delito alguno. La sentencia firme, sin embargo, mantuvo el relato penal establecido por el TSJC.

Con la vía judicial prácticamente agotada, entró en juego aquella propuesta de indulto incluida en la sentencia original. El Consejo de Ministros aprobó el indulto parcial el 28 de julio de 2026, conmutando la pena de cuatro años y medio por otra de dos años de prisión. La medida no eliminó las inhabilitaciones ni la multa.

Del indulto del Gobierno a la suspensión del TSJC

El indulto abría la puerta, pero todavía quedaba una decisión más. Una condena reducida a dos años de prisión podía ser suspendida, especialmente teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes que impidieran aplicar esa posibilidad, pero correspondía al tribunal decidir las condiciones concretas.

El TSJC aplicó formalmente el indulto y dejó la pena de cárcel en dos años. Posteriormente llegó la resolución sobre su ejecución: los magistrados consideran que no existen indicadores que permitan concluir que el ingreso efectivo en prisión resulte necesario para prevenir una futura actividad delictiva.

También pesa que la expresidenta del Parlament está sometida a una larga inhabilitación para ejercer cargos públicos y que la multa impuesta en la sentencia ha sido satisfecha. Desde la perspectiva del tribunal, la prevención puede alcanzarse mediante otras medidas.

Pero los magistrados introducen una reflexión poco habitual en resoluciones que terminan evitando la cárcel. Los delitos relacionados con la corrupción pública pueden generar entre los ciudadanos una sensación de impunidad especialmente dañina, de ahí que el tribunal considere necesario acompañar la suspensión con unas condiciones que no sean meramente simbólicas.

El resultado tiene una imagen difícil de ignorar: una exdirectora de un organismo público condenada por manipular procedimientos de contratación deberá volver a las aulas para estudiar precisamente los principios que deben orientar una Administración pública. Hay ironías que apenas necesitan subrayado.

Una condena suspendida, no desaparecida

Laura Borràs evitará finalmente el ingreso en prisión después de un recorrido judicial que comenzó con una condena de cuatro años y medio de cárcel y terminó, primero, con un indulto parcial del Gobierno y, después, con la suspensión de los dos años restantes acordada por el TSJC.

El curso anticorrupción de 25 horas es la condición que más llama la atención, pero jurídicamente el cuadro es bastante más amplio. Siguen existiendo una sentencia firme, los delitos de prevaricación y falsedad documental, la inhabilitación y un periodo de cinco años durante el cual deberá respetar las condiciones impuestas.

La cárcel queda fuera de escena mientras todo eso se cumpla. La condena, en cambio, permanece. Y también el singular epílogo de un caso que empezó con contratos públicos fraccionados y termina, al menos de momento, con un aula sobre cómo debe funcionar correctamente una Administración.