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Demócratas piden investigar 7.500 millones del muro de Trump en Texas
Veintitrés congresistas demócratas reclaman investigar cinco contratos del muro fronterizo de Trump en Texas por casi 7.500 millones de dólares.
Foto: The White House / Wikimedia Commons (dominio público).
Resumen
- 23 demócratas reclaman investigar cinco contratos por casi 7.500 millones
- Denuncian dudas sobre las adjudicaciones y los contactos con Trump
- El Supremo permitió reanudar provisionalmente las obras de Big Bend
Un grupo de 23 congresistas demócratas de Estados Unidos ha solicitado una investigación sobre la adjudicación de casi 7.500 millones de dólares en contratos destinados a construir el muro fronterizo y otras infraestructuras de seguridad en la región de Big Bend, en Texas. Los legisladores sospechan que algunas constructoras vinculadas políticamente al presidente Donald Trump pudieron recibir un trato de favor.
La petición, presentada el lunes 16 de noviembre de 2026, está dirigida a Joseph Cuffari, inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los congresistas exigen revisar los procedimientos de contratación, las posibles influencias políticas y la justificación de un gasto multimillonario en una de las zonas con menos detenciones de inmigrantes irregulares de toda la frontera estadounidense con México.
La iniciativa está encabezada por la representante texana Veronica Escobar, acompañada por otros 22 legisladores de la Cámara de Representantes. Su objetivo es determinar si los contratos fueron adjudicados correctamente, si existió competencia real entre las empresas y si las decisiones respondieron a necesidades de seguridad o pudieron estar condicionadas por intereses políticos.
La solicitud no significa que se haya demostrado corrupción ni que exista ya una investigación formal sobre estas adjudicaciones. Sin embargo, abre un nuevo frente político para la Administración Trump, apenas una semana después de que el Tribunal Supremo autorizara provisionalmente la reanudación de las obras fronterizas en Big Bend.
Cinco contratos por casi 7.500 millones de dólares
La documentación presentada por los congresistas identifica cinco contratos federales adjudicados a tres grandes empresas para desarrollar proyectos de infraestructura fronteriza en el oeste de Texas.
La principal beneficiaria por volumen económico es Fisher Sand & Gravel, que recibió dos contratos valorados en aproximadamente 1.200 y 2.600 millones de dólares. El segundo comprende actuaciones en la región de Lower Canyons, situada río abajo del Parque Nacional Big Bend.
Por su parte, Barnard Construction obtuvo otros dos contratos, uno cercano a los 1.000 millones y otro de 960,4 millones de dólares.
El quinto corresponde a Southwest Valley Constructors, con una adjudicación de aproximadamente 1.700 millones de dólares para trabajos vinculados al Parque Nacional Big Bend.
En conjunto, las cinco adjudicaciones ascienden a unos 7.460 millones de dólares. Se trata del valor de los contratos concedidos, no necesariamente de dinero que ya haya sido desembolsado.
Los congresistas quieren conocer cómo se seleccionó a las empresas, qué procedimientos de licitación se utilizaron y si los trabajos finalmente encargados coinciden con los proyectos presentados inicialmente.
La preocupación no se limita al elevado importe. También afecta a las excepciones legales utilizadas para acelerar las obras, que pudieron reducir los controles habituales sobre la contratación pública.
Los vínculos con Trump que despiertan sospechas
Uno de los aspectos más delicados de la petición es la relación política de algunas constructoras con el entorno del presidente estadounidense.
Según la información recogida por los legisladores, Tim Barnard, presidente de Barnard Construction, y su esposa aportaron aproximadamente un millón de dólares a un comité de recaudación de fondos vinculado a la campaña electoral de Donald Trump en 2024.
Posteriormente, la empresa consiguió importantes adjudicaciones federales. Entre ellas figura un contrato de unos 1.600 millones de dólares para construir aproximadamente 180 kilómetros de muro fronterizo en Nuevo México, concedido sin un procedimiento competitivo ordinario debido a la urgencia alegada por la Administración. Ese contrato es independiente de los cinco proyectos de Big Bend.
Los congresistas también señalan los antecedentes de Fisher Sand & Gravel. Durante el primer mandato de Trump, la compañía recibió un contrato de 400 millones de dólares después de que el entonces presidente insistiera ante responsables federales en que se tuviera en cuenta a la empresa.
A ello se suma la relación de Fisher con una consultora anteriormente vinculada a Tom Homan, actual responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca. Según las informaciones citadas en la carta, la constructora habría pagado hasta 186.000 dólares a esa firma por servicios de asesoramiento mientras buscaba contratos para el muro.
La Administración estadounidense sostiene que Homan no participa en las decisiones de adjudicación.
Los firmantes reconocen expresamente que estos antecedentes no demuestran por sí solos ninguna adjudicación irregular. Lo que reclaman es una investigación independiente para esclarecer si las donaciones, los contactos personales o las relaciones políticas influyeron en la selección de las empresas.
Las excepciones legales que facilitaron las obras
La controversia también tiene su origen en las decisiones adoptadas para acelerar la construcción.
El 15 de octubre de 2025, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aprobó una amplia exención de requisitos legales relacionados con la contratación de barreras físicas y carreteras en el sector de Big Bend.
Posteriormente se aplicaron otras exenciones de normas ambientales y de protección del patrimonio histórico, que habitualmente permiten supervisar proyectos federales con impacto sobre espacios naturales.
La legislación estadounidense contempla la posibilidad de suspender determinados requisitos para acelerar infraestructuras fronterizas en áreas consideradas de elevada entrada irregular.
El problema que plantean los demócratas es si esa facultad se ejerció correctamente y si la reducción de controles dejó a los contribuyentes sin suficientes garantías sobre el destino de miles de millones de dólares.
Una frontera que concentra menos del 1 % de las detenciones
Existe otro dato que ha intensificado las críticas: la escasa actividad migratoria registrada en la región donde se pretende desarrollar buena parte de estas infraestructuras.
Según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recogidas en la petición, el sector de Big Bend representa aproximadamente el 26 % de la extensión de la frontera sur estadounidense.
Sin embargo, durante el periodo de cinco años utilizado por el Gobierno para justificar las actuaciones, esa región concentró menos del 1 % de las detenciones de inmigrantes registradas en toda la frontera con México.
El contraste es todavía más acusado dentro del Parque Nacional Big Bend. Aunque su territorio abarca aproximadamente el 6 % de la frontera sur, solo representó el 0,016 % de las detenciones durante ese mismo periodo.
Estas cifras no significan que no existan cruces irregulares ni problemas de seguridad en la zona. Lo que cuestionan los legisladores es la proporcionalidad del gasto respecto a las necesidades operativas.
El Departamento de Seguridad Nacional había declarado Big Bend una zona de elevada entrada ilegal y considerado urgente la construcción de nuevas barreras. Esa clasificación permitió recurrir a los mecanismos legales que agilizan las obras.
Los congresistas piden ahora comprobar si los datos disponibles justificaban realmente esa decisión y si se estudiaron alternativas menos costosas.
El Parque Nacional Big Bend, en el centro de la polémica
La construcción también ha provocado oposición entre organizaciones conservacionistas, propietarios de terrenos y residentes del oeste de Texas.
El Parque Nacional Big Bend, situado junto al río Grande, es uno de los grandes espacios naturales protegidos del país. Sus desiertos, montañas y cañones albergan ecosistemas de especial valor ambiental, además de yacimientos arqueológicos y patrimonio histórico.
La incertidumbre sobre las obras ha aumentado por los cambios en la información facilitada por las autoridades federales.
En mayo, la CBP aseguró públicamente que no se construiría un muro dentro del parque nacional. Aproximadamente una semana después, se adjudicó un contrato de 1.700 millones de dólares cuya descripción oficial hacía referencia a trabajos para un muro fronterizo en Big Bend.
Las autoridades explicaron posteriormente que las actuaciones previstas en el parque incluirían carreteras de patrulla, tecnología de vigilancia y barreras para impedir el paso de vehículos, en lugar de un muro continuo de gran altura.
Los representantes demócratas consideran necesario aclarar por qué cambiaron las descripciones públicas de los proyectos y si las modificaciones afectaron a las condiciones de contratación.
La oposición a las obras tampoco procede exclusivamente del Partido Demócrata. Responsables políticos republicanos de Texas y propietarios locales han expresado reservas sobre determinadas actuaciones, especialmente por sus posibles efectos sobre terrenos públicos y privados.
El Supremo permite reanudar las obras del muro
La petición de investigación llega después de una decisión judicial especialmente relevante para los planes fronterizos de Trump.
El 9 de noviembre de 2026, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió que continuaran las obras en Big Bend al suspender una orden judicial que había paralizado los trabajos.
La decisión se adoptó por ocho votos frente a uno, con la oposición de la magistrada Ketanji Brown Jackson.
El origen del litigio se encuentra en una resolución del 2 de octubre, cuando la jueza federal Kathleen Cardone ordenó detener las construcciones al considerar que los demandantes tenían posibilidades de demostrar que el Gobierno había excedido sus facultades para suspender determinadas normas ambientales.
El Ejecutivo defendió que el Congreso había autorizado esas exenciones y alegó que la paralización provocaba pérdidas cercanas al medio millón de dólares diarios.
El Supremo aceptó suspender provisionalmente la orden judicial, pero no resolvió definitivamente la legalidad de todas las actuaciones.
Conviene distinguir los dos procedimientos. La decisión judicial afecta a la posibilidad de continuar las obras, mientras que la investigación solicitada por los congresistas pretende examinar cómo se adjudicaron los contratos, qué controles se aplicaron y si existieron influencias políticas.
Que los trabajos puedan continuar no despeja, por sí solo, las dudas sobre el uso del dinero público.
El 27 de noviembre, el plazo que reclaman los demócratas
Los 23 representantes han pedido al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional una respuesta escrita antes del 27 de noviembre de 2026, acompañada de un calendario para la investigación solicitada.
También reclaman que las conclusiones de esa eventual investigación se hagan públicas.
Entre las cuestiones que quieren esclarecer figuran la posible intervención de miembros de la Administración en la elección de contratistas, la ausencia de procedimientos competitivos cuando correspondieran, los cambios en las condiciones de las adjudicaciones y el cumplimiento de las normas federales sobre ética y gasto público.
La fecha señalada por los congresistas constituye un plazo solicitado, no una garantía de que el organismo haya aceptado iniciar las pesquisas.
El debate enfrenta dos cuestiones que no deberían ser incompatibles: la capacidad de un Gobierno para reforzar sus fronteras y su obligación de justificar cada dólar de dinero público comprometido.
Trump ha conseguido que las obras de Big Bend puedan seguir adelante mientras continúa el litigio judicial. Lo que todavía está por aclarar es si los casi 7.500 millones de dólares adjudicados responden a un procedimiento suficientemente transparente y a necesidades de seguridad debidamente acreditadas.
Y esa explicación, con independencia de quién ocupe la Casa Blanca, también forma parte de las obligaciones de un Gobierno.
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