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Economía

Feijóo y 7.000 granjas menos: Pescanova, Altri y el declive gallego

Los trece años de Feijóo en la Xunta dejaron miles de granjas menos y proyectos industriales fallidos. Pescanova y Altri reflejan un balance desigual.

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Feijóo aportacion economia gallega

Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Resumen

  • Galicia perdió miles de granjas lecheras durante los gobiernos de Feijóo
  • Alimentos Lácteos quebró y Pescanova entró en concurso en 2013
  • La Xunta archivó el proyecto industrial de Altri en julio de 2026

Los trece años de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta de Galicia, entre 2009 y 2022, dejaron un balance industrial con importantes sombras. La desaparición de miles de explotaciones ganaderas, la quiebra de Alimentos Lácteos, el hundimiento financiero de Pescanova y el controvertido proyecto de Altri forman parte de una trayectoria que vuelve a situar bajo examen las políticas económicas del actual presidente del Partido Popular.

Los episodios son diferentes y no pueden atribuirse a una única causa. Sin embargo, revelan un problema persistente: Galicia ha conseguido mantener una considerable capacidad productiva, pero ha tenido más dificultades para conservar pequeñas empresas, transformar sus materias primas y generar actividad industrial de mayor valor añadido. El proyecto de Altri, promovido durante la última etapa de Feijóo y archivado por la Xunta en julio de 2026, ha reabierto el debate sobre ese modelo.

La paradoja resulta especialmente visible en el sector lácteo gallego. Galicia produce más del 40% de la leche de España y mantiene una posición dominante en el mercado nacional. Al mismo tiempo, el número de ganaderías ha caído durante décadas, mientras la transformación industrial no ha avanzado al mismo ritmo que la producción.

En ese escenario, las decisiones de la Xunta durante los gobiernos de Feijóo adquieren relevancia. Algunas iniciativas recibieron financiación pública y terminaron fracasando. Otras, como Pescanova, respondieron principalmente a problemas de gestión empresarial. Y proyectos anunciados como grandes oportunidades industriales, entre ellos Altri, acabaron encontrando obstáculos económicos, administrativos y ambientales que impidieron su ejecución.

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Galicia perdió miles de granjas durante los gobiernos de Feijóo

El retroceso de las explotaciones lecheras constituye uno de los datos más significativos del balance agrario gallego. Entre 2009 y 2022, el número de ganaderías dedicadas a producir leche cayó en varios miles, en una tendencia de concentración que venía desarrollándose desde décadas anteriores.

Las cifras varían según se contabilicen explotaciones registradas, establecimientos especializados o productores que realizan entregas a la industria. Un indicador comparable del Ministerio de Agricultura muestra que Galicia pasó de 8.219 ganaderos con entregas de leche en 2018 a 6.509 en 2022. Son 1.710 productores menos en apenas cuatro años, una reducción del 21%.

La tendencia continuó posteriormente. Los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) correspondientes a 2025 contabilizan 4.979 explotaciones clasificadas específicamente como productoras de leche, además de 312 de producción mixta de leche y carne. Se trata de una clasificación distinta de la utilizada para medir las entregas a la industria, por lo que ambas cifras no deben compararse directamente.

La pérdida de ganaderías no significa, sin embargo, que Galicia produzca menos leche. Ha ocurrido prácticamente lo contrario.

La comunidad concentra alrededor del 41% de la producción láctea española. Desde la desaparición de las cuotas europeas en 2015, las explotaciones supervivientes han aumentado su tamaño, incorporado maquinaria y mejorado su productividad. Menos granjas producen más litros.

El problema es que una producción más concentrada también modifica la economía rural. Cuando desaparece una pequeña explotación no solo termina una actividad ganadera. Pueden perder ingresos los proveedores locales, los servicios veterinarios, los talleres y otros negocios vinculados al campo.

El envejecimiento de los titulares, la falta de relevo generacional, los costes de producción y la capacidad negociadora de las industrias compradoras explican parte de esta transformación. Son problemas anteriores a Feijóo, aunque sus gobiernos tuvieron competencias y tiempo para intentar corregirlos.

La cuestión de fondo sigue siendo la misma: producir mucha leche no garantiza que toda la riqueza generada permanezca en Galicia.

Alimentos Lácteos: la gran apuesta de la Xunta que acabó en quiebra

Una de las iniciativas más ambiciosas impulsadas durante los primeros años de Feijóo fue Alimentos Lácteos, un proyecto empresarial destinado a reforzar la industria transformadora de capital gallego.

En 2010, once cooperativas participaron en la creación de una sociedad que comenzó a operar en una antigua fábrica de Leche Pascual, situada en Outeiro de Rei, Lugo. La iniciativa pretendía reunir producción, mejorar la comercialización y reducir la dependencia de los grandes grupos compradores.

El Gobierno autonómico respaldó económicamente la operación. A través de XesGalicia y del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), la compañía recibió préstamos y avales públicos por al menos 4,6 millones de euros.

La realidad empresarial fue considerablemente menos prometedora que el proyecto inicial.

La fábrica funcionaba muy por debajo de su capacidad, acumulaba pérdidas y terminó retrasando los pagos a los ganaderos. Muchas explotaciones dejaron de suministrarle leche mientras la compañía buscaba una salida financiera.

En 2013, apenas tres años después de comenzar su actividad, Alimentos Lácteos entró en concurso de acreedores. Su desaparición afectó a 81 trabajadores y dejó deudas con proveedores, cooperativas y entidades financieras.

La investigación posterior sobre la insolvencia concluyó que la empresa había retrasado indebidamente la solicitud de concurso. Dos de sus administradores fueron condenados por su responsabilidad en esa situación.

El episodio puso de manifiesto los riesgos de utilizar financiación pública para impulsar proyectos industriales sin una estructura económica suficientemente sólida.

La Xunta intentó posteriormente reforzar el cooperativismo mediante Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN), constituida en 2016. Esta iniciativa sí desarrolló actividad de transformación y comercialización, aunque no llegó a convertirse en el gran grupo lácteo capaz de reorganizar el conjunto del sector.

El resultado fue desigual: hubo avances empresariales, pero no se resolvió el problema estructural de la fragmentación productiva y la limitada capacidad de negociación de muchos ganaderos.

Pescanova: la gran crisis empresarial de la industria gallega

La caída de Pescanova en 2013 fue uno de los mayores escándalos empresariales registrados en Galicia.

La multinacional pesquera, fundada en Vigo, había construido durante décadas una estructura internacional dedicada a la captura, acuicultura, procesamiento y comercialización de productos del mar.

Su expansión le permitió operar en numerosos países y convertirse en una de las compañías más reconocidas de la industria alimentaria española.

Pero detrás de aquella dimensión empresarial existían graves problemas financieros.

La compañía acumuló una deuda extraordinaria, agravada por una expansión internacional difícil de financiar y por irregularidades contables que ocultaban su verdadera situación económica.

El caso terminó en los tribunales. En febrero de 2023, el Tribunal Supremo confirmó una condena de seis años de prisión para el expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro por delitos relacionados con la falsedad de las cuentas, el falseamiento de información financiera y el alzamiento de bienes.

Durante los años anteriores al hundimiento, el Gobierno gallego había respaldado públicamente a la dirección de Pescanova y participado en operaciones dirigidas a facilitar su financiación.

Ahora bien, conviene separar las responsabilidades.

La quiebra de Pescanova no fue consecuencia directa de una decisión de la Xunta, sino fundamentalmente de problemas financieros y conductas empresariales que terminaron siendo juzgadas. El Ejecutivo autonómico sí tuvo un papel político y económico en los intentos de sostener la compañía.

Tampoco sería correcto afirmar que Pescanova desapareció como actividad industrial.

En 2015 nació Nueva Pescanova, que asumió buena parte del negocio y mantuvo su actividad internacional. La empresa continúa operando y cerró 2025 con una facturación superior a 1.053 millones de euros y un beneficio neto de 1,1 millones.

En mayo de 2026 anunció una ampliación de capital de hasta 283 millones de euros, respaldada principalmente por Abanca, su accionista mayoritario.

La historia de Pescanova refleja así dos realidades: el enorme coste económico y reputacional de una quiebra empresarial y la capacidad de reconstruir una actividad industrial que todavía conserva un papel relevante en Galicia.

Altri: del gran anuncio industrial al archivo del proyecto en 2026

El caso de Altri representa una controversia diferente, pero igualmente significativa para analizar la política industrial gallega.

En 2021, durante el último tramo del Gobierno de Feijóo, se presentó la posibilidad de atraer una gran inversión de la multinacional portuguesa Altri para producir fibras textiles a partir de celulosa.

El proyecto prometía empleo, actividad económica e integración con la industria textil y forestal. La iniciativa contó con el respaldo institucional de la Xunta y se vinculó a Impulsa Galicia, una sociedad promovida con participación pública y privada.

En abril de 2022, pocos días antes de abandonar la presidencia autonómica, Feijóo recibió al máximo responsable de Altri.

La propuesta industrial terminó concretándose en una gran instalación prevista en Palas de Rei, en la comarca lucense de A Ulloa.

La fábrica proyectada debía producir celulosa y fibras textiles, incluido el lyocell, un material utilizado en la confección de prendas y otros productos.

Su dimensión y sus necesidades de agua y energía despertaron una fuerte oposición vecinal y ecologista. Los colectivos contrarios al proyecto alertaron de posibles consecuencias sobre el río Ulla, los ecosistemas de la zona y la ría de Arousa, vinculada a importantes actividades pesqueras y marisqueras.

Esos riesgos fueron objeto de controversia ambiental y política. No equivalen a daños efectivamente producidos, porque la instalación nunca llegó a construirse.

La Xunta emitió una declaración de impacto ambiental favorable en marzo de 2025, bajo la presidencia de Alfonso Rueda. Sin embargo, obtener esa declaración no suponía disponer de todos los permisos necesarios para levantar la fábrica.

El principal obstáculo terminó siendo la conexión eléctrica.

El proyecto dependía de una infraestructura que no estaba incluida en la planificación estatal de la red hasta 2030. La empresa planteó alternativas, pero la Administración autonómica consideró que no solucionaban suficientemente el problema.

El 10 de julio de 2026, la Xunta archivó el expediente de Altri, al entender que la instalación era inviable en las condiciones planteadas.

La resolución puso fin al procedimiento administrativo existente, aunque no impide por sí misma que se plantee una iniciativa diferente en el futuro.

La justicia obliga a recuperar la protección ambiental de los terrenos

El conflicto tuvo una nueva consecuencia el 5 de noviembre de 2026.

La Xunta restituyó la protección ambiental de una zona en la que estaba prevista la instalación de Altri, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

El tribunal había considerado insuficientemente justificada la modificación de la planificación ambiental que había dejado esa área sin una protección anteriormente prevista.

La decisión judicial, dictada en febrero y firme desde abril, obligó a la Administración gallega a recuperar la situación anterior.

El colectivo ecologista Adega ha mantenido sus reservas sobre una posible reactivación del proyecto mediante cambios normativos. Esa posibilidad, sin embargo, no significa que exista una nueva autorización industrial.

A noviembre de 2026, el proyecto original de Altri permanece archivado, mientras el debate sobre sus efectos ambientales y la planificación territorial continúa abierto.

El declive industrial de Galicia admite más de una lectura

La pérdida de explotaciones ganaderas y los fracasos de determinadas empresas permiten cuestionar los resultados de las políticas industriales de Feijóo. Pero no justifican concluir que toda la economía productiva gallega se haya hundido.

Los datos de empleo industrial ayudan a establecer una perspectiva más completa.

Según las series de la Encuesta de Población Activa utilizadas por la propia Xunta, Galicia tenía una media de 172.700 trabajadores industriales en 2010, frente a 165.800 en 2022.

La diferencia supone una reducción de 6.900 ocupados, aproximadamente un 4%.

No es una evolución favorable para un sector que necesita empleo cualificado y capacidad de innovación, aunque tampoco describe una desaparición generalizada de la industria.

En 2023, con Rueda al frente del Ejecutivo autonómico, la ocupación industrial aumentó hasta 168.200 personas. Ese año representaba el 14,9% del empleo gallego, por encima del 13,3% registrado en el conjunto de España.

El valor añadido bruto industrial también creció en términos corrientes entre 2009 y 2022, aunque esa comparación monetaria no elimina los efectos de la inflación.

Galicia conserva fortalezas en actividades como la automoción, la construcción naval, la alimentación y la transformación de productos del mar.

El verdadero desequilibrio aparece al observar cómo se distribuyen las oportunidades económicas y qué sucede en los territorios donde desaparece una explotación, cierra una fábrica o no llega a materializarse una inversión.

Una comunidad puede aumentar su productividad y perder empresas al mismo tiempo. Puede fabricar más con menos trabajadores y concentrar la actividad en instalaciones de mayor tamaño. Es un proceso económico que exige algo más que contabilizar cierres para comprender sus consecuencias.

También obliga a distinguir la responsabilidad política de los gobiernos autonómicos de los cambios tecnológicos, los mercados internacionales, las crisis financieras y las decisiones privadas.

Feijóo gobernó durante trece años y tuvo margen para desarrollar políticas industriales propias. Pero no todos los cierres registrados durante ese periodo fueron consecuencia de esas políticas, del mismo modo que los proyectos anunciados por su Ejecutivo no pueden considerarse éxitos antes de ponerse en funcionamiento.

Galicia produce mucho, pero sigue pendiente de transformar más

El balance de la etapa de Feijóo plantea una cuestión que continúa vigente bajo el Gobierno de Alfonso Rueda: cómo conseguir que la fortaleza productiva de Galicia se traduzca en más industria, empleo estable y oportunidades para sus municipios rurales.

La ganadería ofrece un ejemplo evidente. El liderazgo en producción de leche no garantiza por sí solo el liderazgo en su transformación industrial. Elaborar y comercializar productos de mayor valor añadido permite capturar una parte mayor del negocio que limitarse a vender materias primas.

Algo parecido ocurre en otros sectores vinculados al territorio, desde la industria forestal hasta la pesca y la transformación alimentaria.

La experiencia de Alimentos Lácteos demuestra que el respaldo público no garantiza la viabilidad de una empresa. Pescanova recuerda que una gran dimensión empresarial tampoco protege frente a una gestión financiera irregular. Y Altri evidencia que las inversiones industriales necesitan, además de financiación, una planificación energética viable, seguridad jurídica y compatibilidad ambiental.

El balance político no puede reducirse a responsabilizar a un solo gobernante de todas las dificultades del tejido productivo gallego. Tampoco sería razonable excluir de ese examen a quien dirigió la Xunta durante trece años.

El desafío de Galicia sigue siendo conservar actividad económica, atraer inversiones viables y repartir mejor el valor que genera su producción.

Porque las grandes inversiones anunciadas pueden ocupar titulares durante años. Lo que determina su aportación a la economía es bastante más concreto: que las fábricas funcionen, las empresas sean viables y las familias puedan seguir viviendo de su trabajo.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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