Economía
Los coches eléctricos, ante aranceles de 1.800 millones por el Brexit
Los fabricantes alertan de 1.800 millones en aranceles a eléctricos en 2027 y piden un pacto comercial entre la UE y Reino Unido antes de enero.
Resumen
- Los fabricantes alertan de 1.800 millones en posibles aranceles en 2027
- Menos de uno de cada cuatro eléctricos cumpliría las nuevas normas de origen
- La UE y Reino Unido negocian una solución antes del 1 de enero de 2027
La industria automovilística europea y británica ha lanzado una advertencia a Bruselas y Londres: las nuevas normas comerciales previstas para el 1 de enero de 2027 podrían provocar aranceles de 1.800 millones de euros sobre los vehículos eléctricos e híbridos enchufables que se comercializan entre la Unión Europea y Reino Unido. El sector reclama un acuerdo urgente para evitar que miles de automóviles queden sujetos a impuestos de importación del 10 %.
La alerta llega este martes, 17 de noviembre, a tres días de la cumbre entre la UE y Reino Unido, prevista para el viernes 20. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y su homóloga británica, la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT), calculan que menos de uno de cada cuatro vehículos eléctricos e híbridos enchufables intercambiados entre ambos mercados cumpliría las nuevas exigencias de origen.
La factura potencial tiene dos direcciones, aunque no pesa igual en ambas. Los fabricantes establecidos en la Unión Europea afrontarían alrededor de 1.400 millones de euros en aranceles por sus exportaciones al mercado británico, mientras que los vehículos enviados desde Reino Unido a los países comunitarios acumularían casi 400 millones adicionales.
Las asociaciones advierten de que estas barreras comerciales amenazan la competitividad de una industria que ya soporta fuertes presiones por los costes de producción, la transformación tecnológica y la competencia internacional, especialmente la procedente de China.
El problema tampoco se limita a los aranceles. Los fabricantes reclaman que Reino Unido participe en las futuras medidas industriales del programa «Made in Europe», concebido para favorecer la producción europea mediante ayudas públicas y criterios de fabricación local. Su preocupación es que una política destinada a proteger la industria termine perjudicando a empresas que llevan décadas compartiendo fábricas, proveedores y componentes a ambos lados del canal de la Mancha.
Por qué los coches eléctricos podrían pagar un arancel del 10 % en 2027
El origen del conflicto está en el Acuerdo de Comercio y Cooperación firmado tras el Brexit. Este tratado permite que numerosos productos circulen entre Reino Unido y la Unión Europea sin pagar aranceles, siempre que cumplan determinadas condiciones sobre su procedencia.
En el caso de los automóviles eléctricos, esas condiciones son especialmente importantes porque una parte considerable de su valor corresponde a las baterías, cuyos materiales y componentes pueden proceder de distintos países.
Las denominadas normas de origen determinan qué proporción de un vehículo debe fabricarse dentro de la UE o Reino Unido para beneficiarse del comercio sin aranceles.
Desde el 1 de enero de 2027, el acuerdo contempla requisitos más estrictos sobre el contenido de origen europeo o británico. Entre los principales umbrales figuran un 55 % del valor del vehículo, un 70 % para los paquetes de baterías y un 65 % para las celdas, conforme a las reglas aplicables a cada producto.
Si los fabricantes no consiguen acreditar el origen exigido, sus vehículos pueden perder el trato comercial preferente y quedar sujetos a un arancel del 10 % al atravesar la frontera.
No significa que todos los coches eléctricos vayan a encarecerse automáticamente un 10 %. El gravamen afectaría a los vehículos importados que incumplan las condiciones, y su posible repercusión en el precio final dependería de cómo fabricantes, importadores y distribuidores absorbieran el sobrecoste.
Un problema que ya se había aplazado en 2023
La entrada en vigor de requisitos más exigentes estaba inicialmente prevista para enero de 2024. Sin embargo, Bruselas y Londres acordaron aplazarla hasta finales de 2026 porque la producción europea de baterías no había avanzado al ritmo esperado.
La pandemia, las interrupciones de las cadenas de suministro y las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania contribuyeron a retrasar inversiones industriales.
Aquel aplazamiento debía proporcionar tiempo suficiente para ampliar la fabricación de baterías dentro de Europa. Tres años después, los fabricantes sostienen que la capacidad industrial continúa siendo insuficiente para cumplir las condiciones previstas.
En septiembre, ACEA ya había advertido de que el 82 % de los automóviles eléctricos y vehículos comerciales ligeros eléctricos exportados desde la UE a Reino Unido podría quedar sujeto al arancel del 10 % en 2027.
La industria lleva meses reclamando una solución. Ahora, con el calendario prácticamente agotado, la presión se concentra en la próxima reunión bilateral.
«Made in Europe»: el segundo conflicto entre Bruselas y Londres
Las asociaciones automovilísticas consideran que los aranceles no son el único riesgo para su actividad.
La Comisión Europea presentó en marzo de 2026 su propuesta de Ley de Aceleración Industrial, conocida como Industrial Accelerator Act, que incorpora criterios de producción europea para determinados programas de apoyo público y contratos de las administraciones.
El objetivo es fortalecer la fabricación dentro de Europa, reducir dependencias estratégicas y mejorar la posición competitiva de la industria frente a los grandes productores internacionales.
Sin embargo, la definición de qué debe considerarse un producto europeo ha abierto un nuevo frente político.
ACEA y SMMT quieren que los automóviles, componentes y baterías fabricados en Reino Unido reciban un tratamiento equivalente al de los productos comunitarios en las disposiciones relevantes para el sector.
La legislación todavía está en desarrollo y el alcance del tratamiento reservado a los socios comerciales continúa siendo objeto de debate. Los fabricantes temen que determinadas condiciones de acceso a incentivos y contratación pública perjudiquen a las plantas británicas.
Sigrid de Vries, directora general de ACEA, considera que ambas industrias afrontan presiones competitivas similares y defiende la necesidad de evitar nuevas barreras comerciales cuando existen soluciones negociables.
Mike Hawes, director ejecutivo de SMMT, sostiene que Europa difícilmente podrá fortalecer su industria automovilística excluyendo a Reino Unido de los mercados que contribuyen a mantener su competitividad.
La paradoja es evidente: una política diseñada para reforzar la producción europea podría terminar alterando cadenas industriales que ya funcionan de manera integrada.
Un comercio de 80.000 millones de euros y miles de empleos en juego
La relación automovilística entre Reino Unido y la Unión Europea mantiene una dimensión económica considerable pese a la salida británica del mercado único.
Según las dos patronales, el intercambio de vehículos y componentes alcanza aproximadamente 80.000 millones de euros anuales.
Las fábricas de ambos territorios mantienen una importante dependencia mutua. Un vehículo ensamblado en Reino Unido puede incorporar piezas fabricadas en distintos países de la Unión Europea, mientras que muchas plantas comunitarias recurren a suministros británicos.
Esta integración explica por qué una modificación de los requisitos comerciales puede afectar a fabricantes y proveedores que no venden directamente vehículos al otro lado de la frontera.
Un informe presentado el 5 de noviembre por LSE Consulting, encargado por ACEA y SMMT, identifica la dependencia exterior de las baterías y las materias primas estratégicas como una de las principales debilidades compartidas.
La investigación señala que, pese a las inversiones estimadas en 72.000 millones de euros en instalaciones europeas relacionadas con baterías y vehículos eléctricos desde 2017, la Unión Europea sigue importando alrededor de dos tercios de las baterías de iones de litio que utiliza.
Reino Unido dispone de una capacidad de fabricación de baterías todavía más limitada.
El estudio también advierte de un efecto contrario al que persiguen las políticas de contenido local: si las reglas fragmentan las cadenas de producción, algunas inversiones podrían desplazarse hacia otros mercados, incluidos China y Japón, en lugar de reforzar la industria europea.
Para los fabricantes, preservar la cooperación resulta especialmente relevante en un momento en el que la transformación hacia el vehículo eléctrico exige inversiones elevadas y un suministro estable de componentes.
La cumbre del 20 de noviembre decidirá el futuro inmediato de los aranceles
La reunión del viernes entre los dirigentes de la Unión Europea y Reino Unido llega con dos asuntos industriales directamente relacionados sobre la mesa: la aplicación de las normas de origen de 2027 y la participación británica en las futuras medidas de apoyo a la fabricación europea.
En los últimos días han trascendido propuestas para retrasar nuevamente los requisitos comerciales más estrictos. Sin embargo, todavía no existe un acuerdo público y definitivo que garantice que los fabricantes evitarán los aranceles previstos para enero.
Cualquier solución deberá conciliar dos objetivos que no siempre encajan fácilmente: facilitar el comercio entre mercados profundamente conectados y mantener incentivos para invertir en la fabricación europea de baterías.
La cuestión afecta también a los consumidores. Si los nuevos gravámenes llegan a aplicarse y las empresas trasladan parte de sus costes a los compradores, algunos vehículos eléctricos podrían resultar más caros en los mercados de destino.
ACEA y SMMT insisten en que la transición hacia una movilidad menos contaminante necesita coches competitivos y asequibles, una circunstancia difícil de conciliar con nuevas cargas comerciales.
La industria no cuestiona la necesidad de desarrollar una cadena europea de baterías. Lo que discute es el calendario y el coste de exigir unos niveles de producción local que, según sus propios cálculos, la mayoría de los vehículos todavía no puede acreditar.
Apenas quedan seis semanas para que termine 2026. Si Bruselas y Londres no alcanzan una solución, el 1 de enero podría comenzar con una factura arancelaria de 1.800 millones de euros para un sector que considera imprescindible mantener abiertas sus cadenas de suministro.
El Brexit separó jurídicamente ambos mercados, pero no deshizo sus vínculos industriales. Resolver esa contradicción vuelve a estar en manos de los gobiernos.
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