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Fiscalía pide 22 años por matar a pedradas a un sintecho en Barakaldo

Un hombre sin hogar murió a pedradas en Barakaldo en 2025. La Fiscalía pide 22 años para el acusado, condenado antes por un homicidio imprudente.

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matar a pedradas a un sintecho

Resumen

  • La Fiscalía pide 22 años por matar a pedradas a René en Barakaldo
  • El acusado fue condenado por homicidio imprudente y no se aprecia reincidencia
  • La Fiscalía reclama 500.000 euros para los hijos y la madre de René

La Fiscalía de Bizkaia solicita 22 años de prisión para un joven acusado de asesinar a pedradas a un hombre sin hogar en Barakaldo. La víctima, René, tenía 36 años y era padre de dos hijos. Murió el 18 de mayo de 2025 tras recibir numerosos golpes en la cabeza. El Ministerio Público considera que el ataque constituye un asesinato con alevosía y ensañamiento.

El caso presenta una circunstancia especialmente relevante: el acusado ya había sido condenado por causar la muerte de otro hombre en 2022, también en Barakaldo. Sin embargo, la Fiscalía no aprecia la agravante de reincidencia porque aquella condena fue por homicidio imprudente. Al mismo tiempo, reconoce una atenuante por anomalía o alteración psíquica relacionada con el trastorno de personalidad diagnosticado al procesado.

La acusación reclama también 500.000 euros en indemnizaciones para los familiares de René. El acusado permanece en prisión provisional desde mayo de 2025, mientras el procedimiento avanza hacia su enjuiciamiento.

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Una agresión a pedradas junto a un asentamiento de Barakaldo

Los hechos ocurrieron sobre las 7.30 horas del domingo 18 de mayo de 2025, en una zona de aparcamiento próxima a las antiguas instalaciones de Sefanitro, en el barrio de Lutxana. En las inmediaciones existía un asentamiento de personas sin hogar.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el procesado comenzó a dar patadas a un vehículo en cuyo interior se encontraba René. Los motivos de aquel comportamiento no han podido esclarecerse. Después lanzó una piedra contra el coche y rompió uno de sus cristales.

La víctima salió del vehículo e intentó escapar. El acusado, siempre según la reconstrucción del Ministerio Público, salió tras él y consiguió alcanzarlo a pocos metros. Entonces le golpeó en la cabeza con una piedra de grandes dimensiones, provocando que cayera al suelo.

La agresión no terminó ahí. La Fiscalía sostiene que el joven continuó golpeándole con la roca y propinándole patadas cuando René ya estaba tendido y carecía de posibilidades de defenderse. El escrito describe alrededor de diez golpes en la cabeza, algunos de ellos cuando la víctima todavía seguía con vida.

Una vecina presenció y grabó parte de la agresión y dio aviso a los servicios de emergencia. Los daños sufridos resultaron mortales. El informe forense atribuye el fallecimiento a una hemorragia cerebral traumática y múltiples traumatismos craneoencefálicos.

Para la acusación, la forma en que se produjo el ataque resulta fundamental. No se trataría únicamente de una agresión que terminó causando la muerte, sino de una actuación dirigida a acabar con la vida de la víctima y prolongada cuando esta ya no podía oponer resistencia.

Ya había matado a otro hombre en Barakaldo en 2022

El antecedente más significativo del acusado se remonta a julio de 2022, cuando participó en una pelea en el parque Serralta de Barakaldo que terminó con la muerte de otro hombre.

Por aquellos hechos fue condenado por homicidio imprudente, una figura penal diferente del homicidio doloso y del asesinato. El joven pasó un periodo en prisión preventiva antes de quedar en libertad.

Tres años después se produjo la muerte de René.

La existencia de dos fallecimientos vinculados a una misma persona plantea una cuestión jurídica importante: por qué la Fiscalía no considera reincidente al acusado pese a su condena anterior.

Por qué no se aplica la agravante de reincidencia

El artículo 22 del Código Penal establece que, para aplicar la reincidencia como circunstancia agravante, debe existir una condena firme anterior por un delito de la misma naturaleza, además de cumplirse otros requisitos legales.

En este caso, la primera condena fue por homicidio imprudente, mientras que la acusación actual atribuye al procesado un asesinato intencionado.

La diferencia no es menor. El homicidio imprudente castiga la muerte causada por una conducta gravemente negligente, sin intención de matar. El asesinato, por el contrario, exige una muerte dolosa acompañada de determinadas circunstancias, como la alevosía o el ensañamiento.

Aunque ambos delitos afectan al mismo bien jurídico, la vida humana, no tienen la misma naturaleza a efectos de esta agravante. Esa distinción explica que la Fiscalía no solicite su aplicación en este procedimiento.

Esto no significa que desaparezca la condena anterior ni que el acusado carezca de antecedentes penales. Tener antecedentes y ser reincidente a efectos jurídicos no es exactamente lo mismo.

La Fiscalía aprecia alevosía, ensañamiento y una atenuante psíquica

La petición de 22 años de cárcel se fundamenta en la calificación de los hechos como asesinato con dos circunstancias especialmente graves: alevosía y ensañamiento.

La alevosía se relaciona con la utilización de medios o formas de agresión que aseguran su ejecución y reducen las posibilidades de defensa de la víctima. El ensañamiento exige que se incremente deliberada e innecesariamente su sufrimiento.

La Fiscalía entiende que ambas circunstancias concurren en el ataque sufrido por René. Su huida, la persecución posterior y la reiteración de los golpes cuando estaba indefenso forman parte de los hechos sobre los que se sostiene esa acusación.

El artículo 139 del Código Penal contempla penas de entre 15 y 25 años de prisión por asesinato. Cuando concurren varias de las circunstancias que lo caracterizan, establece la imposición de la pena en su mitad superior, sin perjuicio de las reglas aplicables a las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

En este procedimiento existe precisamente una circunstancia atenuante.

El acusado tiene diagnosticado un trastorno antisocial de la personalidad con elevados rasgos psicopáticos. La Fiscalía aprecia una atenuante por anomalía o alteración psíquica, aunque mantiene su petición de 22 años de prisión.

Conviene distinguir dos cuestiones. Un diagnóstico psiquiátrico no elimina automáticamente la responsabilidad penal y tampoco basta, por sí solo, para reducir una condena. Para apreciar una alteración de la imputabilidad deben valorarse sus efectos sobre las capacidades de la persona en relación con los hechos investigados.

Será el tribunal quien determine si procede aplicar esa atenuante y qué consecuencias tiene para la pena definitiva.

Medio millón de euros para los hijos y la madre de René

La Fiscalía solicita también una indemnización para la familia del fallecido que asciende a 500.000 euros.

De esa cantidad, reclama 200.000 euros para cada uno de los dos hijos de René, uno de ellos menor de edad, y otros 100.000 euros para su madre.

La responsabilidad civil constituye una parte independiente de la pena de prisión. Su finalidad es compensar económicamente los daños ocasionados por el delito, dentro de las posibilidades que ofrece el sistema judicial.

La cantidad solicitada todavía no es definitiva. Su reconocimiento dependerá de la resolución judicial y de la responsabilidad que finalmente se atribuya al acusado.

La condición de persona sin hogar de René tampoco modifica por sí sola la calificación penal. El Código Penal contempla la aporofobia, es decir, la discriminación por pobreza o exclusión social, como posible agravante cuando se acredita esa motivación. Sin embargo, no basta con que la víctima estuviera en situación de vulnerabilidad: debe demostrarse que el delito se cometió por esa razón. No consta que la Fiscalía haya planteado esa agravante en este caso.

Un juicio por asesinato con una condena anterior como antecedente

El acusado permanece en prisión provisional desde el 20 de mayo de 2025. El procedimiento deberá determinar su responsabilidad por la muerte de René y resolver las circunstancias penales que plantea la acusación.

La Fiscalía considera acreditada una agresión intencionada, particularmente violenta y prolongada sobre una víctima indefensa. Su petición es de 22 años de cárcel, pese a reconocer la atenuante psíquica y no aplicar la reincidencia.

La defensa podrá discutir tanto la reconstrucción de los hechos como su calificación jurídica y las circunstancias que deban modificar la responsabilidad penal. La petición fiscal no equivale a una sentencia condenatoria: hasta que exista una resolución judicial firme, el acusado mantiene su presunción de inocencia.

El proceso llega marcado por dos muertes ocurridas en Barakaldo con apenas tres años de diferencia. La primera terminó en una condena por homicidio imprudente. La segunda enfrenta ahora al mismo hombre a una acusación de asesinato por la que podría recibir una larga pena de prisión.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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