España
El Supremo avala el traslado de una niña a Teruel sin permiso paterno
Una madre llevó a su hija de Alicante a Teruel sin permiso. El Supremo confirma el traslado por la estabilidad de la menor y su entorno familiar.
Resumen
- El Supremo permite que una niña siga en Teruel tras una mudanza sin permiso
- El cambio de domicilio fue irregular, pero la menor debe estar protegida
- El padre mantiene visitas mensuales y dos tercios de las vacaciones
El Tribunal Supremo ha dado la razón a una madre que trasladó a su hija menor de Alicante a Teruel sin el consentimiento del padre ni autorización judicial. La Sala de lo Civil ha confirmado que la niña puede seguir residiendo con ella en la ciudad aragonesa, pese a reconocer que el cambio de domicilio se realizó al margen de lo establecido en el Código Civil. La decisión figura en la sentencia 1532/2026, de 30 de septiembre, que desestima el recurso presentado por el progenitor.
La resolución establece una distinción importante: trasladar unilateralmente a un hijo menor no es legal, pero esa irregularidad no justifica adoptar después una medida que perjudique al niño. En este caso, los magistrados consideran que la madre tenía motivos familiares, económicos y laborales suficientemente sólidos para instalarse en Teruel y que mantener allí la residencia de su hija responde a su interés superior.
No se trata, por tanto, de conceder a los progenitores libertad para cambiar de ciudad con sus hijos sin consultar al otro. El Supremo insiste en que cualquier modificación de la residencia habitual de un menor requiere el acuerdo de ambos padres o una resolución judicial cuando existe desacuerdo. Lo que rechaza es utilizar la residencia de la niña como una forma de sancionar una actuación irregular de su madre.
El tribunal también ha tenido en cuenta un antecedente especialmente relevante: el padre había sido condenado por un delito leve de amenazas en el ámbito familiar. A esa circunstancia se suman la estabilidad que la madre puede ofrecer en Teruel, la corta edad de la menor y la posibilidad de mantener el contacto con su familia paterna mediante un régimen de visitas adaptado a la distancia.
De Alicante a Teruel: el origen de una disputa por la custodia
El conflicto comenzó después de la ruptura de una pareja que había mantenido una relación sentimental durante cuatro años y tenía una hija nacida en 2019.
En septiembre de 2022, la madre presentó una demanda para obtener la guarda y custodia de la pequeña. En ella ya comunicaba su intención de regresar a Teruel, su ciudad de origen, donde disponía de una vivienda en copropiedad con su padre y su hermana, así como de apoyo familiar y perspectivas laborales.
El padre, por su parte, solicitó la custodia compartida, con periodos alternos de convivencia semanal. Subsidiariamente, reclamaba la custodia para él.
La situación cambió en mayo de 2023, cuando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Dénia condenó al hombre por un delito leve de amenazas en el ámbito familiar. La sentencia penal estableció 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y una prohibición de aproximación y comunicación con la madre durante 16 meses.
A finales de agosto de aquel año, la mujer se trasladó definitivamente a Teruel con su hija y la matriculó en un colegio de la ciudad. Lo hizo sin haber obtenido previamente el consentimiento paterno ni la correspondiente autorización judicial.
En noviembre de 2023, el juzgado atribuyó la guarda y custodia a la madre, aunque determinó que la menor debía residir en la localidad alicantina donde había vivido anteriormente o en sus proximidades.
La madre recurrió. En mayo de 2024, la Audiencia Provincial de Alicante modificó esa decisión y permitió que la niña permaneciera en Teruel. El padre acudió entonces al Tribunal Supremo, que ha confirmado el criterio de la Audiencia.
Por qué el Supremo considera justificado el traslado
La Sala de lo Civil, con la magistrada María de los Ángeles Parra Lucán como ponente, reconoce expresamente que la actuación unilateral de la madre fue contraria a la normativa.
Sin embargo, considera que el traslado no respondió a una decisión arbitraria ni a un intento de separar deliberadamente a la menor de su padre.
La condena por amenazas constituye uno de los elementos valorados, aunque no el único. Los magistrados examinan también las condiciones materiales y familiares en las que podían vivir la madre y la niña después de la ruptura.
Vivienda, empleo y apoyo familiar en Teruel
En su anterior lugar de residencia, la madre tenía dificultades para asumir el coste del alquiler y compatibilizar el trabajo con el cuidado de su hija.
La situación en Teruel era diferente. Disponía de una vivienda de la que era copropietaria junto a su padre y su hermana, quienes podían ayudarla a atender a la pequeña mientras trabajaba. La mujer, además, había conseguido empleo en la ciudad y su hija ya estaba escolarizada allí.
Para el Supremo, estas circunstancias representan algo más que una mejora de la comodidad personal de la madre. La estabilidad económica, la vivienda y la conciliación laboral influyen directamente en las condiciones de vida de una niña pequeña.
El tribunal recuerda que, dada su edad, el bienestar de la menor no puede analizarse de forma independiente al de la persona que se ocupa habitualmente de ella.
También considera relevante que la niña, nacida en 2019, todavía no tenía un arraigo social y escolar suficientemente consolidado en su anterior localidad como para concluir que la mudanza le hubiera causado un perjuicio.
Por todo ello, el Supremo comparte la valoración de que el traslado no fue caprichoso y descarta que existan indicios de una maniobra abusiva dirigida a privar al padre de la compañía de su hija.
Cambiar de ciudad con un hijo exige consentimiento o autorización judicial
La sentencia tiene especial interés para las familias separadas porque aclara una cuestión que suele generar conflictos: quién puede decidir dónde vive un hijo cuando los progenitores ya no comparten domicilio.
El artículo 154 del Código Civil, reformado mediante la Ley Orgánica 8/2021, establece que la decisión sobre la residencia habitual de un menor corresponde a ambos progenitores cuando mantienen conjuntamente la patria potestad.
Esto significa que tener la custodia exclusiva no concede automáticamente el derecho a trasladar a un hijo a otra ciudad sin contar con el otro progenitor.
Si existe desacuerdo, debe solicitarse autorización judicial. El juez tendrá que valorar las circunstancias familiares y determinar qué alternativa protege mejor los intereses del menor.
El Supremo recuerda, además, que la Constitución reconoce en su artículo 19 el derecho a elegir libremente la residencia. Una madre o un padre pueden decidir dónde establecer su propio domicilio, pero esa libertad no resuelve por sí sola dónde debe vivir su hijo.
Son dos cuestiones distintas.
En el procedimiento examinado, los magistrados no estaban decidiendo si la mujer tenía derecho a instalarse en Teruel. Eso no se discutía. Lo que debían resolver era si la niña podía mantener allí su residencia habitual.
Y la respuesta ha sido afirmativa.
La Sala señala que una actuación irregular del progenitor no puede convertirse automáticamente en una penalización para el menor. La decisión judicial debe atender a sus necesidades reales, incluso cuando uno de los adultos haya incumplido previamente las reglas.
El interés superior del menor funciona así como criterio determinante, pero no como una autorización general para realizar traslados sin permiso.
El padre podrá ver a su hija y pasar con ella las vacaciones
Uno de los argumentos centrales del recurso paterno era que el traslado a Teruel dificultaba la relación de la niña con su familia en Alicante, especialmente con sus hermanos por parte de padre.
El Tribunal Supremo reconoce esa consecuencia. La distancia impide que la menor mantenga el contacto diario con sus hermanos que podría tener si ambas familias residieran cerca.
No obstante, considera que existen mecanismos para preservar esos vínculos familiares.
La Audiencia Provincial había establecido un régimen de visitas de un fin de semana al mes, a elección del padre, junto con dos tercios de las vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y verano.
También distribuyó las responsabilidades de los desplazamientos: la madre, o una persona designada por ella, debe llevar a la niña hasta el lugar de residencia paterno, mientras que el padre, o quien él designe, debe encargarse del viaje de regreso.
La resolución valora igualmente que la buena relación entre las madres de dos de las hermanas había facilitado encuentros durante los fines de semana, incluso con pernoctaciones en sus respectivos domicilios.
El Supremo recuerda que la custodia materna ya no estaba siendo discutida en el recurso. También subraya que la condena por amenazas se refería a un episodio puntual que no ocurrió en presencia de la niña y que los tribunales anteriores habían considerado beneficioso mantener las visitas paternas.
Por tanto, la autorización para residir en Teruel no supone apartar al padre de la vida de su hija.
La sentencia confirma las medidas establecidas por la Audiencia Provincial, que también había fijado una pensión de alimentos de 200 euros mensuales a cargo del progenitor y el reparto por mitades de los gastos extraordinarios.
Finalmente, el Supremo desestima el recurso de casación del padre y le impone las costas del procedimiento, además de la pérdida del depósito constituido para recurrir.
El bienestar de la niña prevalece sobre la mudanza irregular
La sentencia 1532/2026 no elimina la obligación de pedir permiso antes de cambiar la residencia habitual de un hijo menor. Tampoco significa que cualquier traslado consumado deba ser aceptado posteriormente por los tribunales.
Lo que confirma es que cada conflicto debe resolverse atendiendo a las circunstancias concretas de la familia. Importan las condiciones de vivienda, el trabajo, el apoyo familiar, la edad de los hijos, sus vínculos afectivos y la posibilidad real de mantener la relación con ambos progenitores.
En el caso de Alicante y Teruel, el Supremo entiende que obligar a modificar nuevamente la residencia de la menor no estaría justificado por su bienestar. La custodia corresponde a la madre, existe un entorno familiar estable en la ciudad aragonesa y se ha previsto un sistema de visitas para preservar el contacto paterno.
La resolución deja una enseñanza jurídica relevante: incumplir las normas sobre el cambio de domicilio puede ser reprochable, pero el bienestar de un menor no puede quedar subordinado al castigo de sus padres.
Porque una cosa es determinar quién actuó correctamente durante una separación y otra, bastante más importante para la Justicia, decidir dónde estará mejor el niño que vive sus consecuencias.
-
MundoChina confirma la primera cumbre entre Xi, Trump y Putin en Shenzhen
-
EspañaApagón mundial el 17 de noviembre: sin alertas oficiales en España
-
EspañaCanarias: 11.037 llegadas irregulares en 15 días, más que en octubre
-
CulturaRosalía logra nueve nominaciones a los Grammy 2027 con su disco Lux
-
EspañaNúcleo Nacional: un condenado por matar a su madre con 78 puñaladas
-
TecnologíaAlibaba lanza Qwen4-Max, su IA con un millón de tokens en la nube
-
EspañaFeijóo niega haber prometido el millón de viviendas de su programa
-
CulturaC. Tangana vuelve a los escenarios con Agorazein ante 14.000 personas
-
EspañaRenfe cancela otra vez el plan alternativo Madrid-Andalucía tras Urda
-
DeportesBagnaia se pierde Portugal: Lecuona correrá con Márquez en Ducati
-
TecnologíaItalia multa a Meta con 805 millones por acceder a fotos en Android
-
EspañaABC: Moncloa guarda audios de Koldo y del abogado del PP para el 29N