Síguenos

España

Andreu Martí, 23 meses de prisión por Efial sin devolver 2,5 millones

Andreu Martí recibe 23 meses de prisión por el caso Efial. La Audiencia Nacional también impone multas, pero rechaza las devoluciones reclamadas.

Publicado

el

no devolverá 2,5 millones

Resumen

  • Condenan a Andreu Martí a 23 meses de prisión por el caso Efial
  • La sentencia no le obliga a devolver 2,5 millones al Ayuntamiento
  • La condena incluye multas por blanqueo e inhabilitaciones

La Audiencia Nacional ha condenado este martes, 17 de noviembre de 2026, al exalcalde de L’Ametlla de Mar (Tarragona), Andreu Martí, a un año y once meses de prisión por su participación en el caso Efial, una trama de irregularidades en la contratación pública que afectó a varios ayuntamientos catalanes. El tribunal lo considera culpable de cohecho, prevaricación administrativa continuada, blanqueo de capitales y fraude continuado en la contratación pública.

La sentencia incorpora, sin embargo, una diferencia importante respecto a las primeras informaciones difundidas sobre el fallo: no obliga al exalcalde a devolver 2,5 millones de euros al Ayuntamiento. La Audiencia Nacional ha desestimado las reclamaciones de responsabilidad civil presentadas por los consistorios al considerar que no se ha acreditado suficientemente el perjuicio económico reclamado. Sí impone a Martí una multa de 689.551,17 euros por blanqueo de capitales, además de otras sanciones.

La resolución también condena a los exalcaldes de Ascó, Rafael Vidal, y de Torredembarra, Daniel Masagué, así como a Antoni Martos, responsable de la consultora Efial. El resto de los procesados que llegaron a esta fase del procedimiento han resultado absueltos.

El fallo llega después de más de una década de investigaciones, registros policiales y procedimientos judiciales. El juicio comenzó el 28 de septiembre de 2026, con 19 acusados inicialmente, y quedó visto para sentencia el pasado 5 de noviembre.

Canal oficial
El Folio en WhatsApp
Recibe las noticias más importantes, alertas y última hora.

La Audiencia Nacional acredita contratos irregulares y pagos injustificados

El núcleo del caso Efial está en la relación entre determinados gobiernos municipales y una consultora privada que terminó adquiriendo una influencia considerable sobre la contratación de servicios públicos.

Según los hechos considerados probados por el tribunal, Andreu Martí y Antoni Martos actuaron de manera concertada para favorecer la adjudicación de contratos a Efial mediante procedimientos contrarios a los principios de transparencia, objetividad y libre competencia.

Una de las fórmulas empleadas consistía en simular la participación de distintas empresas en los concursos públicos, aunque algunas mantenían vinculaciones entre sí. De esa manera, procedimientos que aparentemente permitían competir a varios licitadores terminaban favoreciendo a la consultora.

En L’Ametlla de Mar, municipio gobernado por Martí entre 2003 y 2015 bajo las siglas de Convergència i Unió (CiU), una de las piezas fundamentales fue La Cala Gestió, una entidad pública empresarial municipal vinculada a la gestión urbanística.

La investigación examinó cómo se habían adjudicado determinados contratos y el papel de Efial en la administración de esta sociedad. Entre 2010 y 2012, la consultora recibió contratos de La Cala Gestió por importes de 465.000 y 396.000 euros.

La Audiencia Nacional también considera acreditado que Martí recibió pagos sin justificación económica real procedentes de Efial y que posteriormente se utilizaron estructuras societarias en Andorra y Panamá para ocultar y movilizar fondos.

Estos movimientos constituyen una parte esencial de la condena por blanqueo de capitales.

Por qué Andreu Martí no tendrá que devolver los 2,5 millones

La cuestión económica es uno de los aspectos más relevantes de la sentencia, especialmente para los ayuntamientos afectados.

Durante el procedimiento, las acusaciones particulares reclamaron importantes indemnizaciones por los contratos adjudicados a Efial. El Ayuntamiento de L’Ametlla de Mar, por ejemplo, había solicitado más de 2,1 millones de euros a Martí y Martos de manera solidaria por determinados pagos realizados a la consultora.

Sin embargo, la Audiencia Nacional distingue entre la existencia de irregularidades delictivas en las adjudicaciones y la acreditación de un perjuicio patrimonial concreto.

El tribunal considera probado que existieron procedimientos fraudulentos para favorecer a Efial, pero no que todos los servicios contratados fueran inexistentes, ficticios o carentes de utilidad para las administraciones.

Tampoco se ha podido establecer con suficiente precisión cuánto habrían pagado de más los ayuntamientos respecto al valor real de los servicios recibidos.

Esa insuficiencia probatoria ha llevado a la Audiencia Nacional a rechazar las reclamaciones de responsabilidad civil y a descartar una condena por malversación de caudales públicos.

La diferencia es jurídicamente importante. Una contratación puede ser delictiva por la manipulación del procedimiento, aunque no quede demostrado que todo el dinero abonado constituya una pérdida económica.

De ahí que la condena penal no se traduzca en la devolución de los millones reclamados por las administraciones municipales.

Las penas impuestas a Andreu Martí y los otros condenados

La Audiencia Nacional ha impuesto a Andreu Martí penas que suman 23 meses de prisión, distribuidas entre los distintos delitos por los que ha sido condenado.

Por cohecho, la pena es de un año y tres meses de cárcel. Por blanqueo de capitales, tres meses adicionales, y por fraude continuado en la contratación pública, otros cinco meses.

La condena incluye varias penas de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una importante sanción económica. Por blanqueo de capitales, Martí deberá afrontar una multa de 689.551,17 euros, a la que se añade otra pena de multa vinculada al delito de cohecho.

El tribunal ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, debido al prolongado tiempo transcurrido desde los hechos investigados.

Las condenas a Rafael Vidal, Daniel Masagué y Antoni Martos

Los otros tres principales condenados reciben penas de prisión considerablemente inferiores.

Rafael Vidal, exalcalde de Ascó; Daniel Masagué, exalcalde de Torredembarra, y Antoni Martos, responsable de Efial, han sido condenados por delitos relacionados con la prevaricación administrativa y el fraude en la contratación pública.

Sus penas se sitúan en torno a los cinco o seis meses de prisión, acompañadas de las correspondientes inhabilitaciones.

En el caso de Martos, el tribunal ha tenido en cuenta su reconocimiento de los hechos y las circunstancias que permitieron reducir considerablemente las penas inicialmente solicitadas.

Las condenas inferiores a dos años pueden permitir la suspensión de su ejecución si se cumplen los requisitos legales. No obstante, una pena inferior a dos años no garantiza por sí sola que el condenado evite ingresar en prisión: esa decisión corresponde al órgano judicial competente.

El caso Efial comenzó con una denuncia en Torredembarra

Para entender el alcance del procedimiento hay que remontarse a 2012, cuando Montserrat Gasull, entonces portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Ayuntamiento de Torredembarra, denunció posibles irregularidades en la contratación de servicios municipales.

Las primeras investigaciones judiciales arrancaron en 2013 y acabaron extendiéndose a diferentes administraciones locales.

Los investigadores sospechaban que Efial había conseguido establecer una estructura de influencia en varios ayuntamientos mediante contratos de asesoramiento y gestión, especialmente a través de sociedades públicas municipales.

Estas entidades podían desarrollar actividades económicas y contratar servicios, pero estaban igualmente sometidas a controles y obligaciones legales.

El problema investigado no era su existencia, sino la utilización de esas estructuras para favorecer adjudicaciones y esquivar los controles ordinarios que debían ejercer los funcionarios municipales.

La operación Térmyca y los registros de 2016

La investigación alcanzó uno de sus momentos más importantes en julio de 2016, con la denominada operación Térmyca, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y ejecutada por la Guardia Civil.

El operativo se saldó con once detenciones y 48 registros realizados en distintos puntos de España y Andorra, además de requerimientos de documentación a administraciones públicas.

Entre los municipios investigados figuraban L’Ametlla de Mar, Ascó, Tortosa, Torredembarra y Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

Durante la instrucción, la Fiscalía llegó a calcular un supuesto perjuicio económico global de más de 8,7 millones de euros para las administraciones afectadas.

L’Ametlla de Mar concentraba una de las cantidades más elevadas, con una estimación inicial superior a 4,5 millones de euros.

Conviene precisar que esas cifras correspondían a la investigación y a las reclamaciones formuladas durante el procedimiento. No equivalen a cantidades cuya devolución haya quedado establecida en la sentencia.

El proceso judicial también experimentó cambios importantes durante las últimas semanas.

Cuatro acusados alcanzaron acuerdos de conformidad con la Fiscalía al comienzo del juicio. Posteriormente, el Ministerio Público retiró la acusación contra otros nueve procesados al considerar que las pruebas no permitían sostener su responsabilidad penal.

Andreu Martí, por su parte, mantuvo su petición de absolución hasta la última sesión.

Su defensa sostuvo que las actuaciones municipales se habían desarrollado conforme a los criterios de los técnicos del Ayuntamiento y rechazó que hubiera quedado acreditado el origen delictivo del patrimonio localizado en cuentas de Andorra.

La Audiencia Nacional no ha aceptado esos argumentos en relación con los delitos por los que finalmente lo ha condenado.

Una condena penal que no recupera el dinero reclamado

La sentencia del caso Efial establece responsabilidades penales por la manipulación de contratos municipales y por los movimientos de dinero vinculados a la trama, pero deja sin estimar las reclamaciones económicas presentadas por los ayuntamientos.

El resultado refleja una distinción fundamental: acreditar un delito de corrupción no equivale necesariamente a demostrar una cantidad concreta de dinero público perdido.

En este procedimiento, la Audiencia Nacional ha considerado probada la actuación concertada para favorecer a Efial y ha impuesto penas de prisión, multas e inhabilitaciones. Sin embargo, no ha encontrado pruebas suficientes para cuantificar el daño patrimonial reclamado.

Para los municipios afectados, esa diferencia tiene consecuencias directas. Después de más de trece años de recorrido judicial, la resolución identifica conductas delictivas, pero no establece la restitución de los millones solicitados.

La condena de Andreu Martí a 23 meses de prisión es el principal resultado penal de esta fase del caso. La ausencia de una obligación de devolver los 2,5 millones difundidos inicialmente constituye el otro elemento decisivo de un fallo cuyo recorrido judicial todavía puede continuar mediante los recursos que procedan.

Newsletter

Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

Lo más leído