España
El Congreso vota siete decretos del Gobierno antes del 29N con el PNV
La Diputación Permanente vota siete decretos del Gobierno antes del 29N: ayudas para Ceuta y Urda, medidas por la dana Adam y reformas sociales.
Imagen: Ministerio de la Presidencia / Gobierno de España, Attribution
Resumen
- Siete decretos del Gobierno afrontan su convalidación antes del 29N
- Las medidas incluyen ayudas para Ceuta, Urda y los daños de la dana Adam
- El PNV puede decidir las votaciones de la Diputación Permanente
La Diputación Permanente del Congreso se reúne este miércoles 18 de noviembre para decidir el futuro de siete reales decretos-leyes aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez en las últimas semanas. Las normas afectan a las ayudas económicas para Ceuta, los daños de la dana Adam, las víctimas del accidente ferroviario de Urda, la seguridad ferroviaria, las bajas médicas, las familias monoparentales y la financiación de la dependencia.
La votación llega a once días de las elecciones generales del 29 de noviembre, con las Cortes disueltas y una mayoría parlamentaria especialmente ajustada. Los siete decretos, numerados del 30/2026 al 36/2026, ya han entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero necesitan la convalidación parlamentaria para mantenerse. El resultado depende de los apoyos que consiga el Ejecutivo en un órgano donde el PNV tiene una posición decisiva.
La sesión, convocada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a las 9.00 horas, supone una nueva prueba para el Gobierno durante la campaña electoral. No se trata únicamente de una discusión política: están en juego disposiciones con consecuencias concretas para miles de ciudadanos, empresas y administraciones públicas.
El precedente más inmediato se produjo el 12 de noviembre. La Diputación Permanente convalidó uno de los decretos de vivienda por 35 votos frente a 34, pero rechazó otro relativo a la estabilidad de los contratos de alquiler. En ambas decisiones resultó determinante la posición del PNV.
Ceuta y la dana Adam: ayudas económicas y alivio fiscal
El Real Decreto-ley 30/2026, aprobado el 13 de octubre, contempla una transferencia extraordinaria de 45,32 millones de euros para Ceuta destinada a afrontar los gastos derivados de la crisis migratoria iniciada a finales de julio.
De esa cantidad, 40,67 millones corresponden a gastos corrientes y otros 4,65 millones a inversiones. La financiación permite atender actuaciones urgentes relacionadas con servicios sociales, educación, sanidad, seguridad, protección civil, emergencias y otros servicios municipales afectados.
La norma pretende compensar el esfuerzo económico extraordinario asumido por la ciudad autónoma durante una situación que también ha exigido la intervención de distintas administraciones del Estado.
El Real Decreto-ley 33/2026, de 10 de noviembre, responde a los daños provocados por la dana Adam entre el 17 y el 19 de octubre. Incluye medidas para explotaciones agrícolas, infraestructuras hidráulicas, establecimientos comerciales, actividades turísticas y empresas de hostelería.
Entre sus disposiciones figuran la exención del IBI de 2026 para determinados inmuebles dañados que cumplan los requisitos legales y reducciones del impuesto sobre actividades económicas para negocios que hayan tenido que interrumpir su actividad.
También se contemplan actuaciones de recuperación del potencial agrícola, con un crédito extraordinario de 85 millones de euros destinado a la reparación de caminos rurales e infraestructuras colectivas de riego, y financiación específica para infraestructuras hidráulicas. La aplicación de las ayudas y beneficios fiscales depende de los daños acreditados y de los municipios incluidos en el ámbito de la norma.
El accidente de Urda: indemnizaciones y seguridad ferroviaria
Dos de los decretos están relacionados con las consecuencias del accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre en Urda, Toledo.
El primero, el Real Decreto-ley 32/2026, establece ayudas económicas para las víctimas y sus familiares. La norma fija una cantidad de 72.121,46 euros por persona fallecida, mientras que las ayudas por lesiones oscilan entre 2.404,04 y 84.141,70 euros, dependiendo de su gravedad.
Estas cantidades complementan las indemnizaciones que puedan corresponder conforme a la normativa ferroviaria y al régimen de responsabilidad civil. También se contempla un mecanismo de anticipos para proporcionar apoyo económico a los afectados sin esperar a la determinación definitiva de responsabilidades.
La norma incorpora otra cuestión que afecta al conjunto de los consumidores: medidas para limitar incrementos abusivos de precios durante situaciones de emergencia, especialmente cuando aumenta de manera extraordinaria la demanda de determinados bienes o servicios.
El segundo texto, el Real Decreto-ley 34/2026, modifica aspectos de la regulación de la seguridad ferroviaria. Aclara cómo deben computarse los tiempos de conducción de los maquinistas, refuerza las competencias de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y establece medidas de protección para quienes comuniquen riesgos operativos.
También contempla cambios relacionados con los coeficientes reductores de la edad de jubilación de determinados trabajadores ferroviarios y la revisión de otras categorías profesionales expuestas a condiciones especialmente penosas o peligrosas.
Nuevas bajas médicas y cambios en las pensiones
El Real Decreto-ley 31/2026, aprobado el 20 de octubre, introduce modificaciones relevantes en la protección de la Seguridad Social.
Una de sus novedades es el reconocimiento de nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal por determinadas patologías menopáusicas incapacitantes y por lesiones derivadas de la violencia de género.
En el caso de los trastornos menopáusicos, la protección se vincula a patologías diagnosticadas que impidan trabajar y requieran asistencia sanitaria. No supone, por tanto, una baja automática por encontrarse en la menopausia. Estas nuevas situaciones especiales están previstas a partir del 1 de diciembre de 2026.
La norma también modifica las condiciones de determinadas prestaciones relacionadas con el cuidado de menores con enfermedades graves, facilita el acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho en supuestos específicos y refuerza la protección de los huérfanos de víctimas de violencia contra las mujeres.
Entre otras disposiciones, contempla situaciones excepcionales para reconocer pensiones de viudedad cuando el fallecimiento se produjo antes de su entrada en vigor. Algunos de estos supuestos requieren presentar la solicitud dentro de un plazo de doce meses.
Familias monoparentales: reconocimiento y nuevas protecciones
El Real Decreto-ley 35/2026, de 10 de noviembre, establece un marco estatal de reconocimiento y protección de las familias monoparentales.
La regulación contempla distintas situaciones en las que una sola persona asume las responsabilidades familiares, incluidas determinadas circunstancias de custodia exclusiva, acogimiento, tutela y violencia de género.
Una de las principales novedades es la adaptación del sistema de familias numerosas para incluir determinados hogares monoparentales con dos o más hijos, junto con medidas de reconocimiento y protección específicas. La equiparación de las familias con una sola persona progenitora y dos hijos está prevista a partir del 1 de enero de 2027.
La norma también introduce disposiciones para mejorar el acceso a prestaciones y servicios públicos, adaptar determinados criterios económicos y ampliar la protección frente al impago de las pensiones de alimentos.
Su aplicación concreta exige tener en cuenta los requisitos de cada prestación y las competencias de las administraciones autonómicas. El reconocimiento de una situación familiar no implica por sí solo el cobro automático de todas las ayudas existentes.
Dependencia: la financiación prevista para 2027
El último de los siete textos, el Real Decreto-ley 36/2026, regula aspectos financieros y organizativos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La norma establece para 2027 las siguientes aportaciones mensuales mínimas garantizadas por la Administración General del Estado por cada persona beneficiaria, según su grado reconocido.
Se contemplan 90 euros para la dependencia moderada, 260 euros para la dependencia severa y 660 euros para la gran dependencia. Para el grado III+ de dependencia extrema se establece una aportación de 4.930 euros mensuales.
Conviene precisar un aspecto importante: estas cifras representan la financiación estatal mínima del sistema por beneficiario, no cantidades que necesariamente se ingresen directamente en la cuenta de cada persona dependiente.
El decreto también regula financiación adicional para las comunidades autónomas, con una dotación prevista de 904,2 millones de euros para el nivel acordado de protección en 2027.
En materia administrativa, contempla un plazo máximo de tres meses entre la solicitud y la resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia. También desarrolla la compatibilidad entre servicios y prestaciones y refuerza el acceso a la teleasistencia.
La finalidad es dotar de recursos al sistema y facilitar la aplicación de los cambios legales aprobados durante 2026, aunque su ejecución efectiva depende de la gestión de las administraciones competentes.
El PNV vuelve a tener el voto decisivo
La particular composición de la Diputación Permanente explica buena parte de la relevancia política de esta sesión.
El órgano cuenta con 69 miembros. PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos, que representa al Grupo Mixto, reúnen 34 votos. PP, Vox y Junts suman otros 34. El representante del PNV completa el reparto y puede inclinar las votaciones hacia uno u otro bloque.
Esta distribución es distinta de la existente en el Pleno del Congreso antes de su disolución. Por eso, algunas normas que encontraron dificultades en la Cámara pueden obtener un resultado diferente en la Diputación Permanente.
Lo ocurrido con los decretos de vivienda el 12 de noviembre sirve de ejemplo. El PNV respaldó la norma sobre protección de la función social de la vivienda, que salió adelante por un solo voto, pero se opuso al decreto relativo a la estabilidad de los alquileres, que quedó derogado.
La posición de los nacionalistas vascos ante los siete nuevos textos vuelve a ser relevante. No obstante, cada decreto se vota por separado, de modo que el respaldo a una medida no garantiza la aprobación de las restantes.
La Diputación Permanente conserva sus funciones cuando las Cortes están disueltas. El artículo 78 de la Constitución le atribuye, entre otras competencias, las relacionadas con los decretos-leyes contemplados en el artículo 86.
El Gobierno puede aprobar este tipo de normas cuando concurren circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, pero su continuidad requiere el correspondiente control parlamentario. La convocatoria de elecciones no elimina esa exigencia.
El alcance de las decisiones antes de las elecciones del 29N
La convalidación de los siete decretos no es una formalidad. Su aprobación permitiría mantener vigentes medidas que afectan directamente a prestaciones sociales, indemnizaciones, financiación pública y derechos laborales.
Si alguno resulta derogado, dejará de estar vigente, sin que ello signifique necesariamente que se anulen de manera automática todos los efectos jurídicos que hubiera producido mientras estuvo en vigor.
Existe también una diferencia entre aprobar una norma y ejecutar todas sus medidas. Los plazos de solicitud, los procedimientos administrativos, las condiciones de acceso y la financiación disponible siguen siendo determinantes para que sus disposiciones produzcan efectos concretos.
El 18 de noviembre queda así marcado por una votación legislativa excepcional, celebrada con el Congreso disuelto y las elecciones generales a menos de dos semanas.
La campaña continúa, pero la actividad normativa del Estado no se detiene. Y, en esta ocasión, el futuro de siete decretos del Gobierno dependerá de una mayoría que puede cambiar por un solo voto.
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