Economía
Garamendi pide retirar la subida del SMI de 2027 tras las elecciones
La CEOE acusa al Gobierno de usar la subida del SMI de 2027 como medida electoral y pide retirarla tras el 29N, pese a beneficiar a 2,7 millones.
Resumen
- Garamendi reclama retirar la subida del SMI de 2027 tras las elecciones
- El salario mínimo subirá un 5,3%, hasta los 1.286 euros en 14 pagas
- La CEOE denuncia fines electorales y cuestiona la consulta a la patronal
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha pedido que el Gobierno que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre retire la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobada este martes, 17 de noviembre. El dirigente empresarial considera que la decisión responde a intereses electorales y cuestiona que el Ejecutivo adopte medidas de este alcance durante la campaña.
La subida aprobada por el Consejo de Ministros establece un incremento del 5,3% del salario mínimo para 2027, que pasará de los actuales 1.221 euros a 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas. Garamendi ha reclamado que las decisiones adoptadas durante estas dos semanas sean revisadas y retiradas por el próximo Ejecutivo, con independencia del resultado electoral.
La crítica de la patronal no se limita al incremento salarial. También alcanza a la subida del sueldo de los funcionarios y a otras iniciativas aprobadas con las Cortes Generales disueltas. El presidente de la CEOE sostiene que el Gobierno está utilizando el Consejo de Ministros para impulsar medidas de contenido económico en plena campaña, cuando, a su juicio, debería dejar estas decisiones al Ejecutivo que se constituya después de las elecciones.
El enfrentamiento abre un nuevo capítulo en las relaciones entre el Gobierno y las organizaciones empresariales. La discusión no gira únicamente alrededor de cuánto deben cobrar los trabajadores, sino también sobre cuándo se adopta la decisión, cómo se consulta a los agentes sociales y quién asume sus consecuencias económicas.
Garamendi acusa al Gobierno de utilizar el salario mínimo en campaña
El presidente de la CEOE ha calificado la subida del SMI como un «planteamiento de campaña electoral» y ha reprochado al Gobierno que celebre dos consejos de ministros semanales durante el periodo electoral.
Garamendi considera especialmente significativo que el incremento correspondiente a 2026 se aprobara en febrero, mientras que el de 2027 se ha adelantado a noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones generales del 29N.
El dirigente empresarial ha pedido que las medidas aprobadas durante este periodo se retiren después de los comicios, independientemente de quién gobierne. Su posición supone ir más allá del desacuerdo sobre el porcentaje de incremento: cuestiona la oportunidad política de la decisión.
La patronal cuestiona el procedimiento de consulta
Otro de los motivos del enfrentamiento es la relación entre el Ejecutivo y los representantes empresariales.
Garamendi sostiene que las organizaciones patronales no han participado en una negociación efectiva sobre la subida y critica la forma en que se les ha comunicado la propuesta.
El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, sostiene que la decisión se ha tomado después de recibir el informe de la comisión asesora del salario mínimo, presentado el 3 de noviembre, y de realizar la consulta preceptiva a los agentes sociales.
Conviene distinguir ambas cuestiones. El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores atribuye al Gobierno la competencia para fijar anualmente el SMI, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. La legislación exige consultar, pero no alcanzar un acuerdo.
Por tanto, la oposición de la CEOE no impide jurídicamente que el Ejecutivo apruebe la nueva cuantía.
Cuánto sube el salario mínimo en 2027 y a quién beneficia
El Consejo de Ministros ha aprobado elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, una medida que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027.
El incremento supone 65 euros más al mes y 910 euros adicionales al año para quienes perciban el salario mínimo completo con jornada laboral a tiempo completo.
La remuneración mínima anual quedará establecida en 18.004 euros brutos, frente a los 17.094 euros correspondientes a 2026.
El Gobierno calcula que la subida beneficiará aproximadamente a 2,7 millones de trabajadores, equivalentes al 13,6% de las personas asalariadas. Las mujeres representan más del 65% de los beneficiarios estimados.
En el caso de las empleadas de hogar remuneradas por horas, el mínimo previsto para 2027 será de 10,06 euros por hora efectivamente trabajada. Para determinados contratos temporales de hasta 120 días, la cuantía mínima será de 60,88 euros por jornada legal.
La medida también incorpora una importante novedad fiscal: el Ejecutivo ha aprobado modificaciones para evitar que quienes perciban exclusivamente el nuevo salario mínimo tengan que pagar IRPF por esos rendimientos.
La actualización del SMI no significa, sin embargo, que todos los salarios deban aumentar automáticamente un 5,3%. La obligación de adaptación afecta a las remuneraciones que queden por debajo del nuevo mínimo legal, teniendo en cuenta las reglas de cómputo anual y compensación aplicables.
La CEOE advierte del impacto sobre las pequeñas empresas
La patronal sostiene que el incremento del salario mínimo plantea dificultades para las empresas con márgenes reducidos y una elevada dependencia de la mano de obra.
CEOE y Cepyme han advertido de que las pequeñas empresas y los sectores intensivos en empleo pueden experimentar un aumento de costes que afecte a su competitividad.
Entre sus preocupaciones se encuentra la situación de las compañías que trabajan para las administraciones públicas mediante contratos de servicios.
Garamendi reclama que los precios de esos contratos puedan actualizarse para reflejar determinadas subidas de los costes laborales. Su crítica es que las empresas están obligadas a cumplir los incrementos salariales, mientras que las cantidades pactadas con la Administración no siempre se revisan de forma equivalente.
La patronal también ha llamado la atención sobre las familias que contratan empleados de hogar y servicios de cuidados, cuyos costes laborales aumentarán con la nueva referencia salarial.
Son argumentos económicos que forman parte de una discusión recurrente. Las organizaciones empresariales señalan los posibles efectos sobre los costes y el empleo, mientras que el Gobierno defiende que elevar los salarios más bajos contribuye a reducir la pobreza laboral y la desigualdad.
Yolanda Díaz ha presentado la actualización como parte del compromiso de situar el salario mínimo en niveles compatibles con las recomendaciones de la Carta Social Europea.
La subida salarial de los funcionarios también provoca críticas
El rechazo de Garamendi se extiende al incremento salarial aprobado para los empleados públicos en 2027.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una subida del 4,5% para los funcionarios, vinculada al acuerdo plurianual alcanzado con los sindicatos de la Función Pública en noviembre de 2025.
Ese pacto contemplaba una trayectoria de incrementos hasta 2028. Por tanto, aunque la aprobación se haya producido durante la campaña electoral, la subida de los empleados públicos tiene como antecedente un compromiso negociado el año anterior.
Garamendi considera que también debería revisarse esta decisión después de las elecciones y ha criticado el calendario elegido por el Ejecutivo.
Existe, además, una diferencia jurídica relevante entre ambas medidas. La cuantía del salario mínimo se fija mediante un real decreto, mientras que el incremento salarial de los empleados públicos se ha articulado mediante un real decreto-ley, sujeto a convalidación parlamentaria.
Con las Cortes disueltas, corresponde a la Diputación Permanente del Congreso ejercer las funciones de convalidación que establece la Constitución.
El resultado del 29N determinará el futuro de estas medidas
La petición de Garamendi sitúa la revisión del salario mínimo entre los asuntos económicos que podrían afrontar los partidos después de las elecciones generales.
Sin embargo, una victoria electoral no anula automáticamente las decisiones aprobadas por el Gobierno anterior. Para modificar o dejar sin efecto la subida del SMI, el nuevo Ejecutivo tendría que adoptar las correspondientes decisiones normativas y respetar el procedimiento legal aplicable.
La controversia también plantea una cuestión de fondo: el salario mínimo es una competencia del Gobierno, pero sus efectos alcanzan directamente a millones de trabajadores y a las empresas que deben abonarlo.
Para el Ejecutivo de Yolanda Díaz, la subida del 5,3% representa una mejora de los ingresos de los trabajadores con menores remuneraciones. Para la CEOE, el problema es tanto el incremento de costes como su aprobación en vísperas de las elecciones.
A once días del 29N, el salario mínimo de 2027 se ha convertido en otro elemento del enfrentamiento político y económico. La cuantía aprobada es de 1.286 euros mensuales en 14 pagas y su aplicación está prevista para el 1 de enero. Lo que reclama Garamendi es que el próximo Gobierno vuelva sobre esa decisión antes de que entre en vigor.
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