España
Tribunal de Cuentas investiga los sueldos de David Sánchez en Badajoz
El Tribunal de Cuentas investigará los salarios de David Sánchez en Badajoz tras su condena por prevaricación y la petición de archivo provincial.
Resumen
- El Tribunal de Cuentas investigará los sueldos de David Sánchez
- La Diputación de Badajoz pidió archivar el procedimiento
- No se ha ordenado devolver los 340.572 euros que cobró
El Tribunal de Cuentas ha acordado este miércoles, 18 de noviembre de 2026, investigar los salarios percibidos por David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su etapa como trabajador de la Diputación de Badajoz. El organismo fiscalizador quiere determinar si los pagos realizados con fondos públicos presentan irregularidades que puedan dar lugar a una responsabilidad contable y, en su caso, a la devolución del dinero.
La decisión supone un nuevo avance en el procedimiento relacionado con la contratación del músico, condenado en julio a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa mediante una sentencia que todavía no es firme. El Tribunal de Cuentas ha rechazado la petición de archivo formulada por la institución provincial y ha decidido impulsar el nombramiento de un delegado instructor para esclarecer los hechos.
La investigación se centra en las posibles consecuencias económicas de la creación y posterior modificación de dos puestos de trabajo en la Diputación, uno de ellos ocupado por David Sánchez y otro por su colaborador Luis María Carrero. Las cantidades examinadas rondan los 427.000 euros entre ambos, aunque todavía no se ha determinado que ese importe constituya un perjuicio para las arcas públicas.
El nuevo procedimiento abre una vía distinta a la penal. La Audiencia Provincial de Badajoz ya se pronunció sobre las irregularidades administrativas relacionadas con la contratación. Lo que corresponde examinar al Tribunal de Cuentas es si aquellas actuaciones ocasionaron también un daño económico que deba ser reparado.
El Tribunal de Cuentas rechaza archivar el caso
La resolución conocida este miércoles considera que existen elementos suficientes para comprobar si se realizaron pagos sin una justificación adecuada. No significa que el organismo haya declarado ilegales las nóminas ni que haya ordenado recuperar su importe, sino que entiende necesario investigar antes de descartar una posible responsabilidad contable.
El auto dispone que las actuaciones se eleven a la Sección de Enjuiciamiento para impulsar el nombramiento de un delegado instructor. Este deberá analizar la documentación disponible y determinar si existe un perjuicio económico identificable y cuantificable para la Diputación de Badajoz.
La investigación responde a las actuaciones promovidas tras la sentencia de la Audiencia Provincial. Entre quienes han reclamado responsabilidades económicas figura Iustitia Europa, que ejercitó la acción pública en julio. También se han incorporado al procedimiento otras acusaciones y el Grupo Popular de la Diputación.
La Diputación defendía que no hubo perjuicio económico
La institución provincial solicitó en septiembre el archivo de las actuaciones. Su argumento principal era que los salarios abonados a David Sánchez y Luis María Carrero correspondían a servicios efectivamente prestados y que, por tanto, no existía un daño económico concreto para las cuentas públicas.
La Diputación también recordó que la sentencia penal no era firme y defendió que las posibles irregularidades administrativas no implican necesariamente la obligación de devolver las remuneraciones recibidas.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, por el contrario, se pronunció a favor de continuar las actuaciones y de designar un delegado instructor. El organismo fiscalizador ha seguido este criterio al considerar prematuro cerrar el expediente sin investigar los posibles pagos injustificados.
Cuánto dinero cobró David Sánchez en la Diputación de Badajoz
Las cantidades que han motivado las reclamaciones se sitúan alrededor de 427.000 euros, correspondientes a las retribuciones de David Sánchez y Luis María Carrero durante sus respectivos periodos de vinculación con la institución provincial.
Según los importes incorporados a las actuaciones, David Sánchez percibió aproximadamente 340.572 euros, mientras que Carrero recibió cerca de 86.988 euros.
David Sánchez comenzó a trabajar en la Diputación en julio de 2017 y permaneció vinculado a la institución hasta 2025. Primero ocupó un puesto de coordinación de actividades de los conservatorios y posteriormente pasó a dirigir la Oficina de Artes Escénicas.
Es importante distinguir el dinero cobrado del eventual perjuicio económico. Que una contratación haya sido considerada irregular por la Justicia penal no convierte automáticamente todos los salarios abonados en fondos públicos que deban reintegrarse.
Precisamente, esa diferencia constituye el objeto del nuevo procedimiento: establecer si hubo un menoscabo real de los fondos públicos, cuál sería su importe y quién tendría que responder por él.
La condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación
El origen de estas actuaciones está en la sentencia dictada el 14 de julio de 2026 por la Audiencia Provincial de Badajoz, que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial por su participación, como cooperador necesario, en un delito de prevaricación administrativa.
El tribunal consideró acreditada la existencia de un plan para favorecer su contratación mediante la creación de un puesto público innecesario y carente de contenido suficiente para justificar su establecimiento.
La resolución también condenó al expresidente de la Diputación y antiguo dirigente socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa.
David Sánchez fue absuelto del delito de tráfico de influencias. La sentencia tampoco consideró demostrado que su contratación hubiera sido promovida por él mismo o por su entorno debido al parentesco con Pedro Sánchez.
La condena está recurrida y no es firme, una circunstancia relevante para determinar sus efectos definitivos.
De la plaza creada en 2016 al cambio de funciones en 2022
La convocatoria del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales se publicó en octubre de 2016. David Sánchez accedió a él en julio de 2017, antes de que su hermano alcanzara la Presidencia del Gobierno.
La Audiencia consideró que la creación de aquella plaza respondió a una actuación arbitraria orientada a beneficiar a su futuro adjudicatario.
La sentencia también examinó la transformación del puesto en 2022, cuando pasó a denominarse Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas. Los magistrados entendieron que aquella modificación alteró sustancialmente las condiciones originales del empleo y permitió adaptarlas a las preferencias de David Sánchez.
Estas decisiones administrativas constituyen parte de los antecedentes que deberá examinar el Tribunal de Cuentas para establecer sus posibles consecuencias económicas.
Qué puede ocurrir con los salarios investigados
El nombramiento del delegado instructor permitirá desarrollar las diligencias previstas en la legislación que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Durante esta fase podrán examinarse nóminas, expedientes de contratación y documentación administrativa, además de otros elementos que permitan comprobar si los pagos estaban suficientemente justificados.
Si la investigación identifica un posible daño económico, el procedimiento contempla mecanismos para cuantificar provisionalmente el perjuicio, señalar a sus presuntos responsables y, cuando proceda, exigir garantías económicas que permitan asegurar una eventual devolución.
Entre las medidas legalmente previstas se encuentran el depósito o afianzamiento de cantidades e incluso actuaciones de embargo en los supuestos correspondientes. Ninguna de ellas debe confundirse con una orden de reintegro ya dictada contra David Sánchez.
El Tribunal de Cuentas ejerce una función jurisdiccional especializada en materia contable. Su intervención es distinta de la que corresponde a los tribunales penales: no se trata de imponer otra pena por prevaricación, sino de determinar si existe una responsabilidad económica por el manejo de fondos públicos.
La posible devolución del dinero sigue pendiente
La decisión del 18 de noviembre introduce una novedad relevante: el Tribunal de Cuentas considera que las dudas sobre los salarios abonados justifican una investigación, pese a que la Diputación de Badajoz había solicitado cerrar las actuaciones.
El procedimiento deberá resolver si las irregularidades apreciadas en la contratación tuvieron una consecuencia económica concreta. También tendrá que distinguir entre los servicios que pudieron prestarse efectivamente y los pagos que, en su caso, carecieran de justificación suficiente.
Por el momento, David Sánchez no tiene una obligación de devolver los 340.000 euros derivada de este nuevo auto. Tampoco se ha establecido una cantidad definitiva que pueda reclamarse por responsabilidad contable.
La diferencia es sustancial. La condena penal, todavía recurrida, aborda la legalidad de las decisiones administrativas que permitieron su contratación. El Tribunal de Cuentas investigará si esas decisiones ocasionaron, además, un perjuicio patrimonial a la Administración.
De esa comprobación dependerá que los salarios investigados terminen siendo objeto de una reclamación económica o que el procedimiento concluya sin obligación de reintegro.
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