España
Un fondo controla el mantenimiento escolar en 4 distritos de Madrid
Serveo mantiene colegios en cuatro distritos de Madrid. Los contratos municipales suman 39,2 millones y las adjudicatarias acumulan 99 sanciones.
Resumen
- Serveo, propiedad de un fondo, mantiene colegios en cuatro distritos
- Los contratos municipales de conservación suman 39,2 millones de euros
- Siete adjudicatarias acumulan 99 penalizaciones por casi 1,95 millones
El mantenimiento de los colegios públicos de Madrid se ha convertido en un negocio atractivo para los fondos de inversión. Serveo, propiedad de Portobello Capital, gestiona los contratos de conservación de los centros escolares y otros equipamientos municipales de Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas. Sus adjudicaciones representan el 21% de los 39,2 millones de euros que mueve este servicio en los 21 distritos de la capital.
El alcance de la actividad financiera es todavía mayor. Nueve empresas se reparten los contratos municipales, pero cerca del 45% del presupuesto corresponde a tres compañías que están controladas por un fondo de inversión o atraviesan procesos de venta en los que podrían participar estos inversores. No todas pertenecen actualmente a fondos, una distinción importante para entender quién gestiona realmente el dinero público.
La concentración empresarial también resulta significativa. Solo tres compañías acumulan 13 de los 21 contratos y el 63% de su importe. A esta distribución se añade otro dato: siete de las nueve adjudicatarias actuales han recibido penalizaciones municipales entre 2023 y 2026, hasta sumar 99 sanciones por un importe cercano a 1,95 millones de euros.
La situación ha provocado las críticas de Más Madrid, que cuestiona el modelo de externalización impulsado por el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida y advierte del riesgo de supeditar el mantenimiento de los centros educativos a los objetivos financieros de las empresas contratistas.
Serveo controla el mantenimiento de colegios en cuatro distritos
La principal empresa vinculada directamente a un fondo de inversión es Serveo, antigua división de servicios de Ferrovial.
Portobello Capital adquirió el 75% de la compañía en 2022 y completó la compra del capital restante en julio de 2024. Desde entonces, la gestión empresarial se encuentra bajo su control, aunque posteriormente se han producido operaciones financieras para reorganizar la inversión y facilitar la entrada de nuevos inversores.
En Madrid, Serveo cuenta con cuatro contratos municipales correspondientes a Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas. Su participación supone aproximadamente 8,2 millones de euros, calculados sobre el importe global de las adjudicaciones.
La compañía no administra los colegios ni interviene en la actividad docente. Su función consiste en prestar los servicios de conservación incluidos en los contratos municipales, que comprenden también otros edificios y equipamientos públicos de los distritos.
La distinción no es menor. Los fondos no están comprando colegios, sino participando en empresas que reciben dinero público por mantener sus instalaciones.
Clece e Ingesan podrían ampliar el peso de los fondos
Otras dos grandes compañías explican por qué casi la mitad del presupuesto municipal está relacionada, directa o potencialmente, con operaciones de inversión financiera.
Clece, filial del grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, dispone de contratos en Barajas, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moratalaz. Las adjudicaciones suman 7,1 millones de euros, equivalentes aproximadamente al 18% del importe total.
La compañía lleva cerca de dos años inmersa en un proceso de venta. Entre los interesados ha figurado Stoneshield Capital, aunque las negociaciones quedaron paralizadas en diciembre de 2025 tras las protestas sindicales y políticas.
Por su parte, OHL Servicios Ingesan, perteneciente al grupo OHLA, mantiene el contrato del distrito de Vicálvaro. Representa alrededor del 6% del negocio analizado y también se encuentra en proceso de venta desde julio de 2026.
Serveo figura entre las posibles compradoras de Ingesan. Si esa operación llegase a completarse en los términos planteados, Portobello podría pasar de cuatro a cinco distritos bajo su influencia empresarial y superar una cuarta parte del presupuesto global.
De momento, se trata de una posibilidad, no de una adquisición cerrada.
Nueve empresas se reparten 39,2 millones de euros
Los contratos de mantenimiento escolar forman parte de un sistema más amplio de conservación de equipamientos municipales organizado por distritos.
La empresa con más adjudicaciones es Centralia Servicios Integrales, que dispone de cinco contratos correspondientes a Chamberí, Latina, Retiro, Villaverde y Tetuán. En este último participa mediante una unión temporal de empresas.
Centralia acumula 9,3 millones de euros, aproximadamente el 24% del total. Es una sociedad madrileña constituida en 2011 que, según la información societaria examinada, no presenta participación de fondos de inversión.
Serveo y Clece ocupan las siguientes posiciones, con cuatro contratos cada una. Entre las tres compañías concentran el grueso del negocio.
Las adjudicaciones restantes están distribuidas entre Copisa Integra, antigua CPI Integrated Services, en Arganzuela y Salamanca; Acierta Asistencia, perteneciente al grupo Caser, en Usera; Ortiz Construcciones y Proyectos, en Moncloa-Aravaca; Acciona Facility Services, en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas; ACSA Obras e Infraestructuras, del grupo Sorigué, en Chamartín; e Ingesan, en Vicálvaro.
Se trata, por tanto, de un mercado en el que conviven grupos constructores, empresas especializadas en mantenimiento y sociedades vinculadas a grandes inversores.
Casi dos millones en sanciones y contratos adjudicados a la baja
La presencia de los fondos no es el único aspecto controvertido de las adjudicaciones municipales.
Los datos publicados este 18 de noviembre revelan que siete de los 21 lotes fueron adjudicados a empresas que habían presentado ofertas consideradas anormalmente bajas.
En contratación pública, esa calificación no implica necesariamente una irregularidad. La empresa debe justificar que puede ejecutar el servicio por el precio ofrecido y la Administración tiene que evaluar su viabilidad económica.
En los siete procedimientos, los técnicos municipales aceptaron las explicaciones y permitieron que las adjudicatarias asumieran los contratos.
El problema aparece cuando se examina el historial de cumplimiento. Entre 2023 y 2026, siete de las nueve empresas actualmente adjudicatarias acumularon 99 penalizaciones, por cerca de 1,95 millones de euros.
Estas cifras recogen incumplimientos sancionados durante ese periodo, incluidos los correspondientes a contratos anteriores, y no significan que todas las penalizaciones afecten exclusivamente a colegios.
El caso de Retiro y la rescisión de un contrato
Uno de los episodios más relevantes se produjo en Retiro.
La empresa Genera Quatro había conseguido el servicio mediante una oferta considerada anormalmente baja. Posteriormente acumuló cuatro penalizaciones por 57.772,80 euros y el Ayuntamiento terminó resolviendo el contrato por incumplimientos en su ejecución.
El mantenimiento pasó entonces a Centralia mediante una contratación de emergencia.
En Villa de Vallecas, otro contrato adjudicado a Acciona tras presentar una oferta anormalmente baja acumula tres penalizaciones por ejecución defectuosa. Dos de ellas están relacionadas con el lote de centros educativos.
Si se incorporan las cuatro penalizaciones de Genera Quatro a las 99 registradas por las adjudicatarias actuales, el balance asciende a 103 penalizaciones y supera los dos millones de euros.
Más Madrid cuestiona el modelo de gestión de Almeida
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha criticado que el mantenimiento de los centros escolares se haya convertido en una actividad susceptible de compraventa entre grandes grupos empresariales y fondos.
La formación considera especialmente preocupante que las compañías responsables de reparaciones cotidianas puedan estar sometidas a estrategias financieras centradas en aumentar su valor y vender posteriormente sus participaciones.
Maestre también ha cuestionado las adjudicaciones realizadas a empresas con ofertas económicas muy bajas y antecedentes de incumplimientos.
Su crítica se dirige al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida, al que reclama una mayor responsabilidad sobre las condiciones de conservación de los edificios públicos.
La externalización de estos servicios, sin embargo, no supone por sí misma una irregularidad. Los ayuntamientos pueden contratar empresas privadas para realizar tareas de mantenimiento, siempre que respeten la normativa de contratación y supervisen correctamente los trabajos.
Tampoco la propiedad de una empresa por un fondo demuestra que preste un servicio peor. Para determinarlo es necesario examinar las incidencias, los tiempos de respuesta, las obligaciones contractuales y los incumplimientos acreditados.
El Ayuntamiento sigue siendo responsable del mantenimiento
La legislación educativa establece que la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a colegios públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial corresponden a los municipios en los términos previstos legalmente.
En consecuencia, el Ayuntamiento de Madrid conserva su responsabilidad, aunque encargue los trabajos a empresas externas.
Esa obligación comprende la supervisión de los contratos, la comprobación de las reparaciones y, cuando proceda, la imposición de penalizaciones o la resolución de adjudicaciones por incumplimientos.
El Gobierno municipal también ha anunciado inversiones destinadas a mejorar las instalaciones educativas. Para el curso 2026-2027 comunicó una inversión global de 106 millones de euros en distintas actuaciones y programas vinculados a la vuelta al colegio.
Dentro de ese presupuesto, el Consistorio destacó 18 millones destinados a obras de mantenimiento, eficiencia energética, climatización y accesibilidad en más de un centenar de colegios públicos y escuelas infantiles.
Se trata de inversiones anunciadas para actuaciones educativas concretas que no deben confundirse con los 39,2 millones correspondientes al conjunto de contratos de conservación de colegios y otros equipamientos municipales analizados.
La calidad del mantenimiento, por encima del propietario
La entrada de fondos de inversión en el mantenimiento de los colegios madrileños plantea un debate que va más allá de la titularidad de las empresas.
La concentración de adjudicaciones puede proporcionar economías de escala y capacidad para gestionar numerosos edificios. Al mismo tiempo, exige una supervisión municipal eficaz para evitar que las reducciones de costes terminen afectando al servicio contratado.
Para los centros educativos, lo decisivo es que las averías se reparen, las instalaciones sean seguras y las intervenciones se realicen dentro de los plazos exigidos.
El Ayuntamiento dispone de mecanismos para controlar esos compromisos. Las penalizaciones acumuladas entre 2023 y 2026 muestran que ha detectado incumplimientos, mientras que la rescisión del contrato de Retiro evidencia que las deficiencias pueden desembocar en la retirada del servicio a una empresa.
La posible venta de Ingesan y la evolución de Clece determinarán si aumenta la presencia financiera en este mercado. Pero la cuestión inmediata es otra: que los contratos públicos se cumplan, independientemente de quién posea las compañías adjudicatarias.
El mantenimiento de los colegios puede contratarse a empresas privadas. La responsabilidad pública de garantizarlo permanece en el Ayuntamiento.
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