España
Julio Iglesias: admitida la querella por presunta agresión sexual
La Audiencia Nacional admite la querella de dos extrabajadoras contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual, lesiones y trato degradante.
Resumen
- La Audiencia Nacional investiga a Julio Iglesias por presunta agresión sexual
- Dos antiguas empleadas lo denuncian por hechos ocurridos en el Caribe
- La admisión de la querella no implica culpabilidad ni hechos probados
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella contra Julio Iglesias presentada por dos antiguas trabajadoras del cantante por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. El juez Antonio Piña ha decidido abrir una investigación judicial después de examinar las acusaciones y la documentación aportada por las denunciantes.
La resolución, conocida este 18 de noviembre de 2026, supone un avance en un procedimiento que comenzó a principios de año y que inicialmente encontró obstáculos por la competencia de los tribunales españoles. Las dos mujeres denuncian hechos que presuntamente ocurrieron en 2021 en las propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas.
El magistrado considera que el relato detallado de las denunciantes y los elementos iniciales de prueba justifican la apertura del procedimiento. Sin embargo, deja expresamente claro que esta decisión no supone validar la credibilidad de las acusaciones ni anticipar una conclusión sobre los hechos investigados.
La admisión de la querella permite que la Justicia española examine las denuncias mediante un procedimiento penal. No significa que los hechos estén acreditados, que se haya formulado una acusación definitiva ni que exista una declaración judicial de culpabilidad.
Por qué la Audiencia Nacional ha decidido investigar a Julio Iglesias
El juez Antonio Piña, responsable del procedimiento, ha considerado que existen elementos suficientes para iniciar la investigación judicial. La resolución se apoya en la descripción pormenorizada de los hechos denunciados y en el principio de prueba presentado junto con la querella.
Se trata de un requisito procesal importante. Para admitir una querella no es necesario que el denunciante demuestre desde el principio que se ha cometido un delito. Lo que debe valorar el órgano judicial es si los hechos relatados pueden tener relevancia penal y si existen elementos que justifiquen investigarlos.
En el caso de Julio Iglesias, el magistrado entiende que se cumplen esas condiciones iniciales. La investigación deberá determinar posteriormente qué ocurrió, qué pruebas pueden obtenerse y si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento contra el artista.
La decisión adquiere especial relevancia porque los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de España, una circunstancia que ha condicionado el recorrido judicial del caso desde sus primeras actuaciones.
Qué denuncian las dos antiguas trabajadoras del cantante
Las querellantes son dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias en sus residencias del Caribe durante 2021. Una desempeñaba labores domésticas y la otra trabajaba como fisioterapeuta.
Ambas sostienen que sufrieron presuntas agresiones sexuales, humillaciones y condiciones laborales abusivas mientras prestaban sus servicios en las propiedades del artista.
La organización Women’s Link Worldwide, que acompaña jurídicamente a las denunciantes, considera que los hechos recogidos en la querella podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad sexual, lesiones, trato degradante y vulneraciones de los derechos de las trabajadoras.
Las mujeres describen un entorno laboral marcado, según sus testimonios, por el control, la intimidación y el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad. Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones que deberán examinarse judicialmente y no constituyen hechos probados.
Las denunciantes, identificadas públicamente mediante los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su identidad, ya habían acudido anteriormente a la Fiscalía. La nueva querella mantiene el núcleo de sus acusaciones y busca que sean examinadas por un juez.
De la denuncia archivada al cambio de criterio de la Fiscalía
El procedimiento tiene su origen en enero de 2026, cuando las dos extrabajadoras presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El Ministerio Público abrió inicialmente diligencias para examinar las acusaciones, pero terminó archivándolas al considerar que los tribunales españoles carecían de competencia para investigar los hechos denunciados, presuntamente cometidos en República Dominicana y Bahamas.
Aquella decisión no fue una absolución de Julio Iglesias ni una resolución sobre la veracidad de los testimonios. El archivo respondió a una cuestión de jurisdicción, es decir, a la posibilidad legal de que la Justicia española investigara acontecimientos ocurridos en otros países.
Las denunciantes optaron entonces por acudir directamente a la Audiencia Nacional. En septiembre presentaron una querella que correspondió al juez Antonio Piña.
El cambio de postura del Ministerio Público
En octubre se produjo un giro relevante. La Fiscalía modificó su criterio y pasó a defender que la Audiencia Nacional sí tenía competencia para examinar la nueva querella.
El fiscal Vicente González Mota trasladó esta posición al magistrado instructor, apoyándose en la normativa sobre delitos cometidos en el extranjero y en la jurisprudencia relativa a la jurisdicción penal española.
La nacionalidad española de Julio Iglesias constituye uno de los elementos jurídicos relevantes para analizar esa competencia, aunque la aplicación de la legislación exige examinar las condiciones establecidas para cada supuesto.
A principios de noviembre, el juez también solicitó a las querellantes que acreditaran el requisito de doble incriminación: que los hechos denunciados pudieran constituir delito tanto en España como en los países donde presuntamente ocurrieron.
La representación de las trabajadoras respondió aportando documentación sobre la legislación de Bahamas y República Dominicana. Tras estudiar las actuaciones, el magistrado ha terminado admitiendo la querella.
Julio Iglesias niega las acusaciones de sus extrabajadoras
Julio Iglesias ha rechazado públicamente las acusaciones formuladas contra él.
En enero de 2026, después de que se conocieran los testimonios de sus antiguas empleadas, el cantante difundió un comunicado en el que negó haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer.
El artista calificó entonces las acusaciones de absolutamente falsas y defendió su inocencia. Su representación legal también había solicitado el archivo de las primeras diligencias, cuestionando la competencia de la Justicia española para investigar los hechos.
La defensa del cantante y las denunciantes mantienen, por tanto, posiciones enfrentadas sobre unas acusaciones cuya veracidad deberá determinarse mediante las actuaciones judiciales correspondientes.
La apertura de la investigación no modifica el principio de presunción de inocencia que ampara al artista durante todo el procedimiento.
Qué cambia con la admisión de la querella
La novedad principal es que la denuncia de las dos extrabajadoras ha superado el examen inicial del juzgado y ha dado lugar a una investigación penal.
Hasta este momento, buena parte de las actuaciones habían girado alrededor de la competencia de los tribunales españoles. Con la admisión a trámite, el procedimiento entra en una fase en la que podrán examinarse los hechos denunciados y los elementos probatorios que resulten pertinentes.
Corresponderá al magistrado determinar qué diligencias deben practicarse, si es necesario recabar nuevas declaraciones o documentos y qué actuaciones procesales proceden respecto de las partes.
No consta en la información difundida sobre esta resolución que se haya señalado una fecha para una eventual declaración judicial de Julio Iglesias. Tampoco se ha anunciado una decisión sobre la apertura de juicio oral.
El paso dado por la Audiencia Nacional es relevante, pero todavía no resuelve el fondo del caso. La querella de las dos antiguas empleadas ya está siendo investigada y será el resultado de las diligencias judiciales el que determine si existen fundamentos suficientes para que el procedimiento continúe.
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