Landaluce suma otra denuncia por presunta agresión sexual en Algeciras

Una segunda militante del Partido Popular ha presentado una denuncia contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por una presunta agresión sexual que, según el relato de la mujer, habría ocurrido el pasado 10 de julio en el despacho oficial de la Alcaldía. La denuncia sitúa al veterano regidor ante una nueva acusación apenas unos días después de hacerse pública la presentada por otra afiliada del PP por dos presuntas agresiones sexuales ocurridas en 2020 y 2021.

La nueva denuncia ha provocado, además, un vuelco político inmediato. El PP de Cádiz ha retirado su confianza a Landaluce y le exige que dimita, mientras 12 de los 15 concejales que integran su equipo de gobierno han registrado una petición para que abandone la Alcaldía. Los tres ediles que no respaldaron esa iniciativa se enfrentan a expedientes internos del partido.

La denunciante sitúa los hechos en el despacho del alcalde

La segunda denunciante es una afiliada de Nuevas Generaciones del PP en Algeciras. Su escrito sostiene que acudió al Ayuntamiento el 10 de julio y terminó manteniendo una conversación con Landaluce en su despacho. Es precisamente allí donde sitúa la conducta que atribuye al alcalde.

Según su relato, el regidor se habría interesado por unos lunares que la mujer tenía en la zona del pecho y, aprovechando esa conversación, habría realizado tocamientos sin su consentimiento. Es la versión recogida en la denuncia y, por tanto, se trata de hechos pendientes de investigación y de eventual determinación judicial, no de conductas acreditadas por una sentencia.

La mujer sostiene asimismo que después de lo ocurrido sufrió un importante impacto emocional, recibió atención psicológica y permaneció de baja. También afirma que comunicó lo sucedido a miembros del equipo municipal y que algunos de ellos llegaron posteriormente a disculparse por no haberle advertido de que evitara quedarse sola con el alcalde. Estas afirmaciones forman parte igualmente de su versión y deberán ser contrastadas.

El lenguaje importa especialmente en un caso así. La existencia de una denuncia acredita que una persona ha formulado formalmente una acusación; no acredita por sí misma la comisión del delito. La presunción de inocencia de Landaluce permanece intacta mientras los tribunales no establezcan otra cosa.

Dos afiliadas del PP han acudido a la Justicia

La denuncia conocida este 12 de octubre no aparece aislada. Otra militante popular presentó el 2 de septiembre un escrito ante el Tribunal Supremo en el que atribuye a Landaluce dos presuntas agresiones sexuales ocurridas en diciembre de 2020 y durante la primavera de 2021. Aquella denuncia quedó pendiente de valoración sobre su recorrido procesal y sobre qué órgano debía asumir el asunto.

En esa primera denuncia reciente, la mujer sitúa uno de los episodios en un centro médico propiedad de Landaluce y el segundo en dependencias del Ayuntamiento de Algeciras. El alcalde negó de forma tajante las acusaciones, reclamó respeto a su presunción de inocencia y anunció que defendería su versión ante los tribunales. También dejó claro entonces que no tenía intención de dimitir.

La situación procesal tiene una peculiaridad añadida. Landaluce había sido senador y, por ello, aforado, pero la pérdida de esa condición obliga a determinar cuál es el órgano judicial competente para continuar con las actuaciones relacionadas con aquella denuncia.

La segunda denuncia dibuja otro escenario: se refiere a un episodio presuntamente ocurrido en julio de 2026, también dentro de dependencias municipales. La existencia de dos denunciantes distintas, ambas vinculadas al Partido Popular y con acusaciones formalizadas, es lo que ha terminado desencadenando una reacción política mucho más severa.

El PP rompe con Landaluce y le exige la dimisión

Hasta hace unos días, Landaluce seguía gobernando Algeciras con el respaldo de los concejales populares pese a encontrarse fuera del PP. Esa fotografía se ha quebrado. El partido en Cádiz ha comunicado que ha perdido la confianza en el alcalde después de conocer los testimonios de las dos mujeres.

El presidente provincial del PP, Bruno García, reunió a los concejales del Ayuntamiento y les trasladó la instrucción de retirar el apoyo al regidor y solicitar su dimisión. El movimiento convierte una crisis judicial y personal en una crisis institucional dentro del propio gobierno municipal.

El resultado deja al alcalde políticamente muy tocado: 12 de los 15 concejales de su equipo firmaron y registraron la petición para que renuncie. Patricia Bueno, Vicente Palomares y Yéssica Rodríguez no la suscribieron y el PP ha anunciado la apertura de expedientes internos contra los ediles que no respaldaron la iniciativa.

La dirección provincial va más lejos. Si Landaluce decide mantenerse en el puesto, ha ordenado a sus concejales abandonar sus responsabilidades dentro del gobierno municipal y promover las actuaciones necesarias para recuperar el control político del Ayuntamiento. No es precisamente una discrepancia menor entre compañeros de partido: supone retirar el suelo sobre el que el alcalde ha sostenido buena parte de su mandato.

El propio PP insiste al mismo tiempo en la presunción de inocencia de Landaluce. Su argumento es estrictamente político: considera que los testimonios conocidos resultan incompatibles con la confianza y la ejemplaridad que exige a quien ocupa una Alcaldía. La valoración penal, otra cosa distinta, corresponde a los tribunales.

De quince apoyos a una rebelión dentro del gobierno municipal

La magnitud del cambio se aprecia mejor mirando apenas unos días atrás. Tras hacerse pública la anterior denuncia, Landaluce todavía conservaba el respaldo de los 15 concejales populares que sostenían su gobierno municipal. Defendió entonces su inocencia, descartó dimitir y manifestó su intención de seguir al frente del Ayuntamiento.

La aparición de una segunda denunciante ha alterado ese equilibrio. Doce concejales se han colocado frente al alcalde y su antiguo partido ha decidido romper públicamente con él. Para un regidor que gobierna Algeciras de manera ininterrumpida desde 2011, el cambio no es menor.

Landaluce es una figura de largo recorrido en la política gaditana y ha sido durante años uno de los nombres fuertes del PP en el Campo de Gibraltar. Su salida del partido no le había impedido continuar en la Alcaldía con respaldo de los concejales populares, una convivencia política que esta segunda denuncia ha terminado por dinamitar.

El precedente que acabó archivado

El actual escenario debe distinguirse de otro procedimiento anterior. En enero de 2026, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó una denuncia impulsada contra Landaluce por presuntos delitos relacionados con acoso o abuso sexual, malversación y tráfico de influencias. Aquella actuación partía de materiales diferentes a las denuncias personales conocidas posteriormente.

La Fiscalía consideró entonces que los elementos aportados no constituían base suficiente para abrir una investigación penal. Las dos denuncias conocidas en las últimas semanas tienen una naturaleza distinta: han sido presentadas directamente por mujeres que se identifican como presuntas víctimas y describen episodios concretos que atribuyen personalmente al alcalde.

Esa diferencia explica buena parte de la reacción del PP de Cádiz. La formación sostiene que el escenario ha cambiado al tener constancia de dos denuncias expresas de afiliadas y asegura haber ofrecido apoyo y asistencia jurídica a ambas mujeres.

La Alcaldía de Algeciras entra en una crisis inédita

El problema para Landaluce ha dejado de estar circunscrito al terreno judicial. El alcalde continúa en el cargo mientras no renuncie o se produzca algún mecanismo político o jurídico que altere la situación, pero su capacidad para mantener un gobierno estable queda seriamente comprometida después de perder el apoyo de doce de sus quince concejales.

El PP ha anunciado que intentará recuperar el gobierno de la ciudad si el regidor se niega a marcharse. En términos municipales, comienza así una batalla distinta a la judicial: la del control efectivo del Ayuntamiento, las delegaciones de gobierno y la mayoría necesaria para sostener la gestión cotidiana de una de las principales ciudades de la provincia de Cádiz.

La posición pública expresada por Landaluce tras la anterior denuncia fue clara: rechazo de las acusaciones, defensa de su inocencia y voluntad de continuar en el cargo. La segunda denuncia y la retirada del apoyo político sitúan, sin embargo, al alcalde ante un escenario considerablemente más difícil que el de días atrás.

Una investigación judicial y una mayoría política quebrada

Ahora discurren dos planos en paralelo. El judicial deberá comprobar los relatos de las denunciantes, determinar si existen indicios suficientes y establecer responsabilidades únicamente a partir de pruebas y garantías procesales. Ahí no caben atajos: denunciar no equivale a condenar, del mismo modo que una acusación grave no puede despacharse como simple ruido político.

El otro plano, el político, ya ha producido consecuencias palpables. El PP de Cádiz ha retirado su confianza a Landaluce, doce concejales han reclamado formalmente que deje la Alcaldía y los tres que no lo hicieron afrontan expedientes internos. La segunda denuncia ha convertido una crisis que parecía contenida en una fractura abierta en el Ayuntamiento de Algeciras.

La Justicia tendrá que establecer qué ocurrió. Políticamente, sin embargo, algo sí ha cambiado: Landaluce ha perdido el respaldo de la inmensa mayoría del grupo que sostenía su gobierno. Y en un Ayuntamiento, por muchos años que uno lleve sentado en el sillón de alcalde, quedarse sin quienes sostienen ese sillón cambia bastante el paisaje.