Un coronel de la Guardia Civil, a juicio por 8.250 fusiles de asalto

La Fiscalía de Madrid pide cuatro años de prisión para un coronel de la Guardia Civil al que acusa de falsificar documentación oficial para favorecer a una empresa en una licitación destinada a comprar un mínimo de 8.250 fusiles de asalto. El juicio ha quedado situado ante la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá determinar si los hechos ocurrieron como sostiene el Ministerio Público y cuál fue la responsabilidad de cada acusado.

El episodio que llega a los tribunales tiene un detalle especialmente llamativo. Según la acusación, la compañía interesada no podía aportar dentro de plazo los cinco fusiles que debía entregar como muestra y se habría recurrido entonces a armas que ya pertenecían a la propia Guardia Civil, modificando su presentación para hacerlas pasar por material aportado por la empresa. El proveedor debía demostrar que tenía los fusiles; la Fiscalía sostiene que las muestras salieron, en realidad, del almacén del comprador.

La Fiscalía acusa al coronel de falsificación documental

El Ministerio Público atribuye al mando un presunto delito de falsificación de documento oficial. Las conclusiones provisionales reclaman cuatro años de cárcel para él y penas de prisión para los otros dos acusados en el procedimiento. Al tratarse de una acusación pendiente de resolución judicial, ninguno de los hechos atribuidos puede darse por probado hasta que exista sentencia.

El origen del caso está en una licitación convocada en 2019 por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. El concurso perseguía adquirir al menos 8.250 fusiles de asalto calibre 5,56 × 45 milímetros destinados a distintas unidades del instituto armado. El anuncio fijaba también los plazos y las condiciones técnicas que debían cumplir las compañías interesadas.

No era un contrato menor perdido en un cajón administrativo. El expediente tenía un valor estimado de 11,96 millones de euros y preveía que el suministro se desarrollara entre enero de 2020 y diciembre de 2022. El precio suponía el 60 % de la valoración; también se puntuaban la operatividad, la precisión y la ampliación de la garantía.

Cinco fusiles que la empresa no podía entregar a tiempo

La pieza central de la acusación está en las muestras. El pliego exigía presentar cinco unidades idénticas al modelo ofertado, con determinadas características técnicas, para poder participar en el procedimiento.

Según sostiene la Fiscalía, el 18 de septiembre de 2019 el responsable de Uniformidad y Suministro de Protección SL comunicó durante una reunión celebrada en el Cuartel de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, en Valdemoro, que la compañía no podía disponer de esos cinco fusiles dentro del plazo establecido.

La acusación sitúa ahí el momento decisivo. Ante el riesgo de que el procedimiento quedara sin oferta válida, el coronel y el representante de la empresa habrían acordado utilizar cinco fusiles pertenecientes a la Guardia Civil de la misma clase y calibre.

Ese mismo día, según el relato del Ministerio Público, el coronel habría dado orden de retirar las cinco armas del almacén central y trasladarlas al laboratorio balístico, donde se sometían a pruebas las muestras de las empresas que concurrían a los procedimientos de contratación.

Etiquetas de una empresa sobre armas de la Guardia Civil

Cinco días después se habría producido la operación material que sustenta buena parte de la acusación. Los fusiles fueron embalados, precintados y preparados con los elementos requeridos en el concurso. Cada paquete debía incluir, entre otras cosas, dos cargadores de 30 cartuchos, una caja de transporte y conservación, un estuche de limpieza y un manual de instrucciones en castellano.

La Fiscalía sostiene que sobre los embalajes se colocaron pegatinas con el logotipo de Uniformidad y Suministro de Protección SL y la referencia del expediente. Esas etiquetas habrían quedado superpuestas a las originales, donde figuraban tanto los números de serie como la titularidad de la Guardia Civil.

La escena que describe la acusación es sencilla de entender aunque el expediente administrativo sea voluminoso: cinco armas públicas habrían sido preparadas visualmente para que parecieran las muestras privadas exigidas al licitador.

No se trataba únicamente de cambiar unas pegatinas. Para que la oferta pudiera continuar su camino hacía falta dejar rastro documental de que la empresa había entregado realmente las armas.

Un justificante de entrega bajo sospecha

El Ministerio Público acusa también al coronel de haber ordenado a una agente destinada en la oficina técnica encargada de recibir las muestras que confeccionara un justificante de entrega del material, pese a que, según la Fiscalía, la compañía no había aportado esos fusiles.

Ese recibo resultaba relevante porque acreditar la entrega de las muestras era uno de los requisitos necesarios para entrar en la licitación. La empresa presentó finalmente su oferta el 27 de septiembre de 2019, tres días antes de que venciera el plazo, acompañada por el documento que certificaba la supuesta recepción de las armas.

Ahí está el corazón jurídico del caso: no se juzga simplemente una irregularidad formal en un procedimiento de compra, sino la posible creación o utilización de documentación oficial falsa para permitir que un licitador cumpliera aparentemente una condición que, según la acusación, no había cumplido en la realidad.

Será el tribunal quien determine si esa reconstrucción está probada y cuál fue la intervención concreta de cada acusado.

Un contrato de casi 12 millones que terminó bajo la lupa

El volumen económico ayuda a comprender por qué el asunto tiene una dimensión que va mucho más allá de cinco fusiles utilizados como muestras. La licitación aspiraba a renovar material para numerosas unidades de la Guardia Civil y manejaba casi 12 millones de euros de valor estimado, con un programa de suministro distribuido durante varios ejercicios.

El procedimiento acabó posteriormente sin cristalizar en la gran compra prevista en aquellos términos. La licitación fue declarada desierta y la Guardia Civil tuvo que volver sobre la adquisición de fusiles en procedimientos posteriores.

Este matiz importa. La acusación no significa que se compraran necesariamente los 8.250 fusiles mediante el supuesto mecanismo irregular. Lo que está sometido a juicio es la actuación desarrollada para permitir que una oferta participara en aquel concurso y, en particular, la presunta manipulación de las muestras y de la documentación asociada.

La diferencia no es menor. Una cosa es alterar las condiciones de acceso a una licitación; otra, afirmar que todo el contrato acabó ejecutándose fraudulentamente. Los datos disponibles sostienen lo primero como tesis de la Fiscalía, no lo segundo.

La contratación pública, donde una firma puede valer millones

Los concursos públicos suelen parecer asuntos áridos hasta que un expediente permite ver qué significa realmente cada requisito. Una fecha límite, cinco muestras, una firma y unas etiquetas pueden decidir si una empresa entra o queda fuera de una operación millonaria.

Por eso las reglas administrativas resultan especialmente estrictas cuando se compra armamento para las fuerzas de seguridad. La igualdad entre licitadores depende de que nadie pueda suplir después de plazo aquello que los demás estaban obligados a presentar desde el principio. Si una Administración proporcionara a un aspirante el propio material que debía demostrar que podía suministrar, esa igualdad quedaría, como mínimo, seriamente comprometida.

La Fiscalía tendrá que demostrar ante la Audiencia Provincial de Madrid que la actuación atribuida al coronel no fue una simple anomalía administrativa o una solución improvisada ante un concurso en dificultades, sino una falsificación consciente de documentación oficial destinada a favorecer a una empresa.

Y la defensa tendrá derecho a discutir cada uno de esos extremos. Esa es precisamente la frontera que debe examinar el tribunal: entre una gestión irregular y una conducta penalmente relevante.

Cinco armas y una licitación de 8.250

El número que domina el caso es 8.250, los fusiles que pretendía adquirir la Guardia Civil. Pero el procedimiento penal gira alrededor de cinco.

Cinco armas que, según la Fiscalía, pertenecían al propio cuerpo; cinco cajas que habrían recibido nuevas etiquetas; un justificante que habría hecho constar una entrega que la acusación considera ficticia. Un movimiento pequeño dentro de una licitación enorme, casi burocrático visto desde fuera, pero capaz de abrir años después un proceso penal contra un coronel.

La Audiencia de Madrid deberá determinar si aquella maniobra ocurrió tal como sostiene el Ministerio Público y si constituye falsificación de documento oficial. Hasta que exista una resolución judicial firme rige la presunción de inocencia de todos los acusados. Lo que sí está documentado es el tamaño del concurso: miles de fusiles, casi doce millones de euros y un procedimiento de contratación que ha terminado, años después, frente a un tribunal.