Cesan a Antonio López de la Cámara de Cuentas por incompatibilidades

La crisis abierta en la Cámara de Cuentas de Andalucía ha terminado con el cese de Antonio Manuel López Hernández, ex presidente y hasta esta semana consejero del órgano fiscalizador. La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, formalizó su salida con efectos desde el 13 de octubre después de que el Pleno de la Cámara concluyera que había incurrido en seis situaciones de incompatibilidad sobrevenida.

El nombre de López había saltado meses antes al primer plano nacional por un asunto bastante alejado, sobre el papel, de las cuentas públicas andaluzas: fue el catedrático que elaboró un informe pericial aportado por la defensa de Begoña Gómez al procedimiento judicial sobre su actividad en la Universidad Complutense de Madrid. Aquel trabajo puso el foco sobre las actividades profesionales que el consejero desarrollaba fuera de la institución. No es, sin embargo, la causa jurídica directa de su destitución. El matiz importa. Mucho.

La resolución que provoca su salida se apoya en el régimen de incompatibilidades de los miembros de la Cámara de Cuentas y, entre otras actividades examinadas, señala docencia universitaria realizada sin la autorización previa del Pleno. López rechaza tanto las conclusiones del expediente como la manera en que se ha ejecutado su cese y ha anunciado acciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El conflicto, así, ha abandonado el despacho administrativo para instalarse de lleno en los tribunales y en la pelea política.

Seis incompatibilidades detrás del cese de Antonio López

El procedimiento desembocó el 9 de octubre en un acuerdo del Pleno de la Cámara de Cuentas. Según ese documento, las actividades analizadas configuran seis situaciones diferenciadas de incompatibilidad y cada una tendría entidad suficiente para integrar la causa legal de cese. No se trata, pues, de sumar seis faltas hasta alcanzar una especie de marcador eliminatorio: la institución sostiene que cualquiera de ellas puede producir por sí sola la misma consecuencia.

Entre los hechos detallados aparece la actividad docente de López en la Universidad de Granada. El reglamento permite determinados trabajos académicos, pero exige autorización previa del Pleno. La Cámara considera que esa autorización no se obtuvo. Durante la instrucción se recabaron datos de Recursos Humanos, del área de Transparencia, de distintas universidades y de organismos vinculados a la evaluación académica.

López presentó alegaciones el 22 de julio. Defendió que sus actividades tenían carácter esencialmente académico y científico, pidió que se archivara el expediente y cuestionó que el Pleno tuviera competencia para resolverlo de aquella manera. Esa discrepancia jurídica, inicialmente aparentemente técnica, es la que ahora amenaza con convertirse en un pleito institucional de bastante mayor tamaño.

El informe para Begoña Gómez que encendió los focos

La relación con el caso Begoña Gómez nace de un dictamen firmado por López sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias universitarias. El documento fue aportado por la defensa de la esposa de Pedro Sánchez ante el juez Juan Carlos Peinado y sostenía, entre otras cuestiones, que la presencia de profesionales externos en este tipo de estructuras académicas es habitual.

El informe señalaba que alrededor del 75% de los másteres codirigidos examinados en la Complutense incluían personal externo y defendía que este modelo encaja en la colaboración entre universidad y sociedad. También argumentaba que la dirección o participación en muchas de estas iniciativas tiene una naturaleza poco o nada remunerada y no constituye necesariamente una vía ordinaria de promoción profesional.

Aquella pericial no suponía por sí misma una declaración de incompatibilidad. Lo que hizo fue colocar una potente lámpara sobre la actividad externa de quien ocupaba un puesto sometido a un régimen particularmente estricto. A partir de ahí se abrió el expediente y aparecieron otros trabajos académicos. Una historia muy española, podría decirse: se empieza mirando una puerta y acaba revisándose todo el edificio.

La Cámara de Cuentas exige una independencia reforzada

La cuestión no es menor porque la Cámara de Cuentas no es un organismo administrativo cualquiera. Es el órgano técnico dependiente del Parlamento encargado de fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público andaluz, desde el uso de fondos públicos hasta subvenciones, contratos y determinados programas presupuestarios. Esa función explica que sus consejeros estén sujetos a obligaciones específicas de independencia e incompatibilidad.

La propia normativa admite actividades docentes o investigadoras en determinados supuestos, pero las somete a condiciones precisamente para impedir que interfieran en las obligaciones institucionales o planteen dudas sobre la imparcialidad de quien debe revisar las cuentas públicas. El centro de la controversia está ahí: no tanto en que López impartiera clases o redactara trabajos académicos, sino en cómo se compatibilizaron esas actividades con su cargo y qué autorizaciones obtuvo —o dejó de obtener—.

Es una diferencia menos vistosa que el apellido Gómez, desde luego, pero jurídicamente bastante más importante.

López lleva el cese al TSJA

El exconsejero sostiene que existe otro problema: quién podía cesarlo y mediante qué procedimiento. López fue designado por el Parlamento y considera que su mandato no podía extinguirse mediante una resolución de la presidenta de la Cámara autonómica sin una nueva intervención del Pleno parlamentario.

Ha anunciado por ello un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde pretende solicitar la revisión de las decisiones adoptadas y no descarta reclamar medidas cautelares. Su tesis es que podría haberse producido una extralimitación competencial y que están en juego las garantías destinadas a proteger la independencia de los miembros del órgano fiscalizador.

El choque sobre quién tiene la última palabra

La interpretación contraria parte del artículo 27 de la Ley de la Cámara de Cuentas. El Pleno del órgano fiscalizador declaró la existencia de las incompatibilidades y trasladó el expediente al Parlamento; Ana Mestre formalizó después el cese. Para el PP andaluz, su actuación no fue una decisión política discrecional sino el cumplimiento de la consecuencia prevista por la legislación una vez comunicada la existencia de la causa de vacante.

López y el PSOE discuten precisamente ese automatismo. Argumentan que comunicar una causa de vacante no equivale necesariamente a disponer de potestad suficiente para extinguir un mandato parlamentario. Es un terreno bastante menos cinematográfico que la refriega política, pero probablemente será donde se decida de verdad el caso: la competencia para ejecutar el cese.

El PSOE habla de «caza de brujas» y el PP niega persecución

La controversia ha terminado, inevitablemente, partida por la mitad del tablero político. El PSOE-A ha pedido que el cese quede sin efecto y reclama que se revise la legalidad del procedimiento. Su portavoz adjunta en el Parlamento, María Márquez, sostiene que se trata de una «caza de brujas» y ha advertido de que el partido acudirá incluso al Tribunal Constitucional si considera vulnerados derechos fundamentales.

El PP-A rechaza esa versión y sostiene que el expediente deriva exclusivamente del régimen legal de incompatibilidades. Su portavoz parlamentario, Toni Martín, ha defendido que la Presidencia del Parlamento se limitó a actuar después de recibir la comunicación de la Cámara de Cuentas y ha acusado al PSOE de intentar transformar el episodio en una batalla partidista.

Entre ambas versiones queda algo más incómodo que las consignas: un órgano cuya credibilidad depende precisamente de mantenerse a cierta distancia de los partidos que designan a sus miembros. Cuando una institución dedicada a vigilar las cuentas públicas termina convertida en campo de batalla entre bloques políticos, la imagen no sale precisamente fortalecida, tenga quien tenga finalmente la razón jurídica.

De un peritaje universitario a una batalla institucional

Antonio López ya no es consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, al menos mientras ninguna resolución judicial altere el cese. La decisión está vigente desde el 13 de octubre de 2026 y se fundamenta formalmente en seis incompatibilidades apreciadas por el Pleno del órgano fiscalizador, con especial atención a actividades académicas desarrolladas sin la autorización que la institución considera obligatoria.

El informe elaborado para la defensa de Begoña Gómez explica por qué el asunto obtuvo semejante dimensión pública, pero reducir todo el episodio a ese peritaje sería quedarse con la fotografía más ruidosa y perder el negativo. Lo verdaderamente delicado está en otro lugar: los límites profesionales de quienes controlan el dinero público y, sobre todo, quién tiene autoridad para apartarlos cuando esos límites se consideran rebasados.

Eso es lo que tendrá que esclarecer ahora la Justicia. Y la respuesta importará bastante más allá de Antonio López, porque fijará hasta dónde alcanza la autonomía de la Cámara de Cuentas y qué garantías protegen a sus consejeros frente a una destitución anticipada.