Dinamarca cuestiona en Bruselas la regularización migratoria de España

Dinamarca ha llevado la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por España al centro del debate europeo. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha pedido a la Comisión Europea que examine la política española, al considerar que avanza en sentido contrario al endurecimiento migratorio que están impulsando buena parte de los gobiernos de la Unión Europea. La petición se produjo este viernes, 16 de octubre, durante la cumbre de líderes de la UE en Bruselas.

La discusión gira alrededor de unas 600.000 personas, aunque esa cifra necesita una precisión importante. El proceso español recibió realmente 1.174.978 solicitudes entre abril y junio y, en el primer balance oficial, 609.737 expedientes habían sido tramitados. No significa, por tanto, que España haya concedido de golpe 600.000 permisos definitivos ni que todos los solicitantes vayan a superar el procedimiento. La dimensión del proceso, eso sí, ha convertido la regularización española en una de las grandes discrepancias migratorias dentro de la UE.

Dinamarca pide a la Comisión Europea que examine a España

Frederiksen fue especialmente clara al llegar a la segunda jornada del Consejo Europeo. La dirigente socialdemócrata aseguró haber solicitado a la Comisión que estudie las consecuencias de que un Estado miembro adopte una política que, a su juicio, supone hacer casi exactamente lo contrario que buena parte de sus socios europeos.

No se trata, al menos de momento, de la apertura de un procedimiento sancionador contra España. Dinamarca ha formulado una petición política a Bruselas para que analice la regularización y sus posibles efectos sobre el conjunto del espacio europeo. Esa diferencia importa: pedir un examen no equivale a que la Comisión haya declarado ilegal la medida española.

El argumento danés está fundamentalmente en el denominado efecto llamada. Copenhague teme que regularizaciones de gran tamaño transmitan fuera de la Unión la idea de que entrar o permanecer irregularmente en un país europeo puede terminar desembocando en la obtención de un permiso de residencia.

La discusión tampoco llega sola. Italia ha mantenido una posición crítica con Madrid y otros dirigentes europeos, entre ellos los de Austria y República Checa, han reclamado una política más restrictiva frente a la inmigración irregular. Lo llamativo es que Frederiksen y Pedro Sánchez pertenecen a la misma gran familia política europea. En migración, sin embargo, ese parentesco pesa cada vez menos.

La cifra de 600.000 migrantes no cuenta toda la historia

La cifra repetida en Bruselas simplifica un proceso administrativo bastante más grande. España abrió el 16 de abril de 2026 una regularización extraordinaria destinada a extranjeros que ya se encontraban en el país antes del 1 de enero. El periodo para presentar solicitudes terminó el 30 de junio.

Llegaron exactamente 1.174.978 peticiones, casi el doble de las previsiones iniciales del Gobierno. El 79,6% correspondía a solicitudes de arraigo extraordinario y el 20,4% a personas que habían solicitado protección internacional. En julio, algo más de 609.000 expedientes habían sido tramitados; de ahí procede buena parte de la referencia política a los aproximadamente 600.000 migrantes.

El último desglose conocido añade otra pieza al mapa. Colombia representa el 25,9% de las solicitudes, Marruecos el 13,3% y Venezuela el 11,8%. Entre los tres países suman más de la mitad del total. Perú, Honduras, Paraguay, Argelia, Senegal, Pakistán y Argentina completan los principales países de origen.

Quién podía acogerse a la regularización

El procedimiento no estaba abierto a cualquier persona que llegara a España durante 2026. Para entrar en él había que demostrar que se encontraba en territorio español antes del 1 de enero de 2026 y acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada cuando se presentó la solicitud.

También se exige carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública. Para determinados solicitantes deben acreditarse, además, circunstancias laborales, familiares o de vulnerabilidad.

Hay otra diferencia que se pierde fácilmente en el ruido político. La autorización concedida mediante este procedimiento habilita para residir y trabajar en España, inicialmente durante un año, pero no concede automáticamente el derecho a trasladarse a Dinamarca, Alemania, Francia o cualquier otro Estado miembro para establecerse allí y trabajar.

Esta limitación resulta relevante porque una de las inquietudes de los países críticos consiste precisamente en las consecuencias que una regularización nacional puede tener sobre un espacio Schengen sin fronteras interiores ordinarias. La movilidad dentro de Europa existe, claro, pero un permiso español de estas características no equivale a una autorización laboral europea.

Dos modelos migratorios europeos cada vez más alejados

Dinamarca lleva años endureciendo su política migratoria. Frederiksen, pese a proceder de la socialdemocracia, ha defendido restricciones que hace una década habrían resultado mucho más difíciles de imaginar desde un Gobierno de centroizquierda europeo. Copenhague participa también en conversaciones con Alemania, Austria, Grecia y Países Bajos sobre fórmulas para establecer centros de retorno fuera de la Unión.

España camina por otro carril. El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que regularizar a personas que ya viven en el país permite sacarlas de la economía sumergida, facilitar su incorporación al mercado laboral y someter su residencia a unas reglas administrativas claras. El Ejecutivo ha presentado la operación como una medida de integración y cohesión social, no como una relajación de los controles fronterizos.

Ese matiz no ha convencido a sus críticos. La crisis migratoria de Ceuta del verano ha añadido gasolina a un debate que ya estaba encendido. Algunos gobiernos han vinculado políticamente aquella entrada masiva con la política española de regularizaciones, aunque desde las instituciones europeas se ha rechazado que pueda establecerse de forma directa una relación causal entre ambas cuestiones.

Aquí aparece una de las paradojas del momento europeo. Mientras la UE endurece retornos, fronteras y procedimientos de asilo, España intenta regularizar a una parte importante de la población extranjera que ya estaba viviendo dentro del país. Son dos problemas distintos —entrada irregular y permanencia irregular— que en la pelea política tienden a fundirse como si fueran uno solo.

Bruselas puede estudiar la medida, pero no decide sola

La Comisión Europea puede analizar si una decisión nacional interfiere con las normas comunes, con Schengen o con la política europea de migración. Otra cosa es concluir que España carece de competencia para regularizar extranjeros en su territorio.

El propio marco europeo contempla que los Estados puedan conceder permisos de residencia a ciudadanos de terceros países que se encuentran de manera irregular. La Comisión ya había señalado que las políticas de regularización corresponden a los Estados miembros, siempre dentro del respeto al derecho de la Unión.

España cuenta además con un precedente judicial reciente. El Tribunal Supremo rechazó en julio tanto paralizar la regularización como plantear en aquel momento una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El proceso siguió adelante pese a los recursos presentados contra el real decreto.

Eso no impide que Bruselas estudie sus consecuencias ni que la presión política aumente. Pero coloca el enfrentamiento en su sitio: Dinamarca está cuestionando la política española, no anunciando su anulación ni comunicando que la Comisión Europea la haya declarado contraria al derecho comunitario.

La regularización española se convierte en una batalla europea

La polémica llega cuando los Veintisiete intentan aplicar el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo y construir una posición común que combine control fronterizo, solidaridad entre Estados, retornos y protección internacional. El Consejo Europeo había reservado precisamente esta cumbre de octubre para una discusión estratégica sobre migración.

El resultado es una fotografía bastante nítida de la Europa de 2026. Hay menos consenso del que sugiere la palabra “pacto”. Para Dinamarca y otros gobiernos, las regularizaciones de gran volumen pueden debilitar el mensaje disuasorio que la UE intenta proyectar hacia el exterior. Para España, dejar durante años a cientos de miles de personas trabajando o viviendo en la irregularidad tampoco constituye una política migratoria particularmente ordenada.

Un conflicto nacional que ya se discute en toda Europa

Bruselas queda en medio de ambas lógicas. La petición de Frederiksen eleva la presión sobre Madrid y obliga a la Comisión a mirar con atención un procedimiento que ha alcanzado una dimensión mucho mayor de la prevista inicialmente. Pero, por ahora, el dato decisivo es más sencillo: la regularización española continúa vigente y la solicitud danesa no la suspende. Lo que ha cambiado es el escenario. Un asunto que comenzó como una decisión española se ha instalado, con toda su carga política, en la mesa de los líderes europeos.