La UE denuncia más censura en Rusia 20 años después de Politkóvskaya

La Unión Europea ha aprovechado el vigésimo aniversario del asesinato de Anna Politkóvskaya para lanzar una denuncia mucho más amplia que la mera conmemoración de la periodista rusa: Bruselas sostiene que la censura y la represión interna en Rusia se han agravado, especialmente desde la invasión a gran escala de Ucrania, y reclama una investigación independiente que permita determinar quién ordenó el crimen cometido en Moscú el 7 de octubre de 2006.

Dos décadas después, varias personas han sido condenadas por participar en el asesinato, pero sigue sin conocerse quién lo encargó. La UE considera especialmente inquietante que Serguéi Jadzhikurbánov, uno de los condenados, recibiera un indulto presidencial después de participar en la guerra de Rusia contra Ucrania. Para Bruselas, ese episodio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que nunca terminó de cerrarse: la rendición de cuentas por uno de los crímenes que marcaron al periodismo ruso contemporáneo.

Veinte años sin saber quién ordenó matar a Politkóvskaya

Politkóvskaya fue asesinada a tiros en el ascensor de su edificio de viviendas en Moscú. Trabajaba para Nóvaya Gazeta y se había convertido en una de las voces más incómodas para el poder ruso por sus investigaciones sobre Chechenia, las torturas, los abusos de las fuerzas de seguridad, la corrupción y las ejecuciones extrajudiciales.

No era una desconocida para las amenazas. Había sufrido intimidaciones y episodios de persecución antes de morir, pero continuó publicando. Ahí reside buena parte del peso simbólico que conserva su nombre: no se limitaba a criticar decisiones políticas desde la distancia, sino que documentaba historias concretas de víctimas y cuestionaba versiones oficiales en asuntos donde hacerlo podía tener consecuencias personales graves.

Los tribunales rusos han condenado a seis personas por su implicación en el asesinato. El problema está en el siguiente escalón. Las sentencias no establecieron quién encargó el crimen, quién puso el dinero sobre la mesa ni qué intereses concretos había detrás de la ejecución.

La propia justicia europea ya señaló esa carencia. En 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Rusia no había desarrollado una investigación suficientemente efectiva sobre las personas que pudieron haber encargado el asesinato. Aunque las pesquisas permitieron condenar a varios implicados directos, quedó sin resolver la cuestión esencial: la autoría intelectual.

La censura rusa va mucho más allá de un periódico

La referencia a Politkóvskaya llega en un momento muy distinto al de 2006. También más cerrado. Rusia se encuentra entre los países con peores registros internacionales en libertad de prensa, mientras numerosos medios independientes han sido prohibidos, bloqueados, declarados «agentes extranjeros» o etiquetados como «organizaciones indeseables».

La presión tampoco se limita a periódicos, radios o televisiones. Internet se ha convertido en otro frente. Las autoridades rusas han endurecido las medidas contra herramientas utilizadas para sortear bloqueos digitales, incluidas las redes privadas virtuales, las conocidas VPN. En la práctica, acceder a determinadas informaciones desde dentro del país resulta cada vez más complicado.

El lenguaje burocrático puede sonar aséptico —bloqueo, restricción, regulación, contenido prohibido—, pero debajo hay algo bastante menos abstracto: periodistas trabajando desde el exilio, páginas inaccesibles, investigaciones criminales y ciudadanos que pueden afrontar consecuencias por publicar determinados contenidos sobre la guerra.

Una maquinaria de control que también utiliza la tecnología

Bruselas ha puesto igualmente el foco sobre las herramientas digitales empleadas para vigilancia y control. La UE ha aprobado medidas restrictivas relacionadas con el uso de nuevas tecnologías para limitar la libertad de expresión y el acceso a la información, incluidas actuaciones contra personas y entidades vinculadas con sistemas de vigilancia.

La censura, por tanto, ya no necesita siempre unas tijeras sobre una página impresa. Puede adoptar la forma de una aplicación, una orden judicial, una etiqueta de «agente extranjero», un bloqueo de dominio o una acusación de difundir información falsa sobre el Ejército. Cambian las herramientas. La función se parece bastante.

La guerra de Ucrania aceleró la represión de las voces críticas

La UE vincula directamente el deterioro de las libertades internas con la guerra contra Ucrania. Desde 2022, las autoridades rusas han utilizado legislación sobre supuestas noticias falsas, extremismo, seguridad nacional y descrédito de las Fuerzas Armadas para perseguir determinadas expresiones contrarias al conflicto.

Organizaciones internacionales de defensa del periodismo han documentado una represión especialmente intensa desde el inicio de la invasión a gran escala, con periodistas encarcelados y cientos de profesionales empujados al exilio. Incluso fuera de Rusia algunos continúan afrontando procesos judiciales, condenas en ausencia o presiones sobre familiares que permanecen en el país.

La presión alcanza también a la oposición política. La Unión Europea ha sancionado a responsables relacionados con decisiones judiciales y actuaciones contra dirigentes de Yábloko, una de las pocas fuerzas políticas rusas que habían mantenido públicamente posiciones contrarias a la guerra. Bruselas denuncia un uso creciente de los mecanismos administrativos y judiciales para reducir el espacio de oposición.

El indulto que vuelve a remover el caso Politkóvskaya

Entre los elementos destacados por la UE aparece el indulto a Serguéi Jadzhikurbánov. Había sido condenado por su participación en el complot para asesinar a la periodista y posteriormente fue liberado tras combatir en Ucrania.

El caso tiene una carga simbólica difícil de esquivar. Un hombre condenado por participar en uno de los asesinatos más célebres de un periodista ruso termina beneficiándose de su participación en una guerra que, precisamente, ha venido acompañada de un endurecimiento de la represión contra periodistas y voces antibelicistas.

Bruselas sostiene que esa decisión plantea dudas sobre la verdadera voluntad de exigir responsabilidades. No porque el indulto resuelva el misterio original —no lo hace—, sino porque añade otro episodio incómodo a una investigación que después de veinte años continúa sin colocar un nombre definitivo en la casilla de quien dio la orden.

La UE pide liberar a los presos políticos rusos

El mensaje europeo no se limita al asesinato. La UE ha pedido a Rusia que cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, termine con la persecución contra quienes denuncian abusos o se oponen públicamente a la guerra y libere a los presos políticos.

También ha reiterado su respaldo a periodistas independientes y defensores de derechos humanos rusos, muchos de los cuales mantienen su actividad desde fuera del país. El ecosistema informativo independiente no ha desaparecido, pero en buena medida se ha desplazado: redacciones dispersas, profesionales exiliados y webs bloqueadas dentro de Rusia.

La Unión Europea mantiene desde 2024 un régimen específico de sanciones por violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Rusia. Las medidas se han ido ampliando y alcanzan tanto a personas como a entidades vinculadas con actuaciones represivas.

Politkóvskaya, veinte años después

El asesinato de Anna Politkóvskaya pertenece a 2006; el problema que representa, bastante menos. Su nombre vuelve porque el caso permanece incompleto y porque el paisaje informativo ruso que denuncia la UE en este aniversario se ha estrechado todavía más.

Han pasado veinte años, seis condenas y una sentencia europea que reprochó las carencias de la investigación sobre quién encargó el crimen. Falta todavía la pieza principal. Mientras tanto, la censura rusa ha pasado de ser el telón de fondo de una periodista amenazada a convertirse en un entramado mucho más amplio, donde leyes, tribunales, bloqueos tecnológicos y vigilancia reducen el espacio disponible para la información independiente.

La efeméride, por eso, tiene algo incómodo. No recuerda únicamente lo que ocurrió en un ascensor de Moscú el 7 de octubre de 2006. También obliga a mirar lo que vino después.