Francia prepara varios toques de queda tras los disturbios del sábado

Francia endurece su respuesta después de un fin de semana de violencia que ha dejado saqueos, incendios, edificios públicos atacados y miles de detenciones. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha pedido este lunes 19 de octubre a los prefectos que decreten toques de queda en las zonas más afectadas, una medida destinada a impedir nuevos disturbios tras las manifestaciones del sábado contra el coste de la vida.

No se trata, al menos por el momento, de un toque de queda general para toda Francia. El Gobierno apuesta por restricciones territoriales, adaptadas a cada ciudad o departamento y aplicadas allí donde las autoridades consideren que existe riesgo de nuevos episodios violentos. París, Marsella, Lyon y Burdeos figuran entre las ciudades golpeadas por los incidentes, aunque Lecornu no ha anunciado una lista cerrada de municipios sometidos a restricciones nocturnas.

Lecornu pide a los prefectos que activen los toques de queda

La decisión eleva un peldaño la respuesta del Ejecutivo francés. Después de las reuniones de crisis celebradas tras los disturbios, Lecornu ha encargado a las autoridades territoriales utilizar las herramientas disponibles para recuperar el control de los puntos más conflictivos. Entre ellas aparecen las prohibiciones de concentraciones, los controles policiales y, cuando la situación lo justifique, restricciones nocturnas de movimiento.

El sistema elegido permite al Gobierno evitar una medida uniforme para todo el país. En la práctica, serán las prefecturas las que concreten dónde, cuándo y durante cuánto tiempo se aplica cada toque de queda. Esa precisión importa: Francia continúa funcionando con normalidad en buena parte de su territorio, mientras determinados centros urbanos afrontan una situación bastante distinta.

Marsella, una de las ciudades afectadas por los incidentes, ha recurrido también a restricciones sobre reuniones y manifestaciones. No todas estas medidas equivalen jurídicamente a un toque de queda, pero dibujan la misma estrategia: dar margen a prefectos y alcaldes para cerrar temporalmente espacios, limitar concentraciones o restringir movimientos cuando exista un riesgo concreto de violencia.

Una protesta masiva que acabó en saqueos y graves disturbios

El origen inmediato de la crisis está en las manifestaciones del sábado 17 de octubre, convocadas en plena escalada del malestar por el coste de la vida y el deterioro de distintos servicios públicos. La movilización reunió a estudiantes, sindicatos, antiguos participantes del movimiento de los chalecos amarillos, organizaciones políticas y ciudadanos sin una adscripción concreta.

La participación fue enorme: alrededor de 550.000 personas según el Ministerio del Interior y hasta 800.000 según los organizadores. La mayoría de las marchas transcurrió sin incidentes graves, pero en varias ciudades grupos violentos se separaron de los cortejos o aprovecharon las concentraciones para saquear comercios, enfrentarse a la policía y causar destrozos.

París ofreció algunas de las imágenes más duras, con escaparates destrozados, incendios y establecimientos saqueados. Hubo también choques importantes en Marsella, Lyon, Burdeos y otras ciudades. En Limoges fue incendiado el Ayuntamiento; en Lyon ardió la oficina de turismo de la plaza Bellecour y en otras localidades se registraron ataques contra edificios públicos.

Más de 2.400 detenciones tras un fin de semana de violencia

Las cifras fueron creciendo a medida que avanzaban las horas. Lecornu informó inicialmente de 1.200 detenciones y 150 policías y gendarmes heridos durante la jornada del sábado. Con la continuación de los operativos y los incidentes posteriores, el balance de arrestos terminó superando las 2.400 personas durante el fin de semana.

El impacto comercial tampoco ha sido menor. Alrededor de 1.500 establecimientos fueron atacados, según las primeras estimaciones del sector de la distribución. En determinadas calles comerciales de París quedaron cristales sobre las aceras, persianas arrancadas y escaparates cubiertos apresuradamente con tablones. Una postal bastante poco turística de la capital francesa.

Macron evita por ahora el estado de emergencia

Emmanuel Macron ha optado hasta el momento por una respuesta escalonada. El presidente francés ha condenado con dureza los ataques y ha reclamado recuperar el orden, pero también ha diferenciado entre quienes participaron pacíficamente en las protestas y los grupos responsables de saqueos y actos violentos.

El Elíseo ha decidido dejar buena parte de la gestión inmediata en manos del primer ministro, los prefectos y los alcaldes. Prohibir determinadas manifestaciones, imponer toques de queda localizados o reforzar controles forma parte del abanico de medidas disponible. El estado de emergencia, reclamado desde algunos sectores políticos, no ha sido declarado.

La presión sobre el Ejecutivo, sin embargo, es considerable. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó su dimisión después de las críticas por la actuación policial y por la aparente falta de previsión ante la magnitud de los disturbios. Macron rechazó su renuncia y lo mantuvo en el cargo, mientras el Gobierno revisa posibles fallos en el dispositivo de seguridad.

El malestar va mucho más allá de los disturbios

La respuesta policial resuelve, como mucho, una parte del problema. Las movilizaciones venían creciendo entre estudiantes y otros colectivos antes de incorporar reivindicaciones relacionadas con los precios, los servicios públicos y las condiciones de vida. El sábado confluyeron corrientes muy distintas, desde sindicatos y estudiantes hasta los restos del movimiento de los chalecos amarillos.

Macron ha encargado a Lecornu reunir a partidos, organizaciones sindicales, representantes sociales y otros actores para intentar encauzar la crisis. El objetivo oficial combina dos planos incómodos de separar: exigir una condena inequívoca de la violencia y, al mismo tiempo, escuchar las reivindicaciones de una movilización que llevó a cientos de miles de personas a las calles.

Ahí está el terreno más delicado para el Ejecutivo. Resulta sencillo condenar el saqueo de una tienda o el incendio de un edificio público; bastante más complicado es responder políticamente a un descontento que ha reunido a sectores muy diferentes. Francia se acerca, además, a las elecciones presidenciales de 2027, y la crisis de orden público irrumpe en un calendario político que ya venía cargado.

Francia intenta recuperar el control sin paralizar el país

Los toques de queda representan una nueva fase de la crisis, pero no significan que Francia haya quedado sometida a una restricción nocturna general. La estrategia de Lecornu pasa por medidas selectivas en las zonas consideradas de mayor riesgo, con capacidad para ampliarlas, modificarlas o retirarlas según evolucione la situación sobre el terreno.

El país afronta estos días con comercios reparando escaparates, policías reforzando puntos sensibles y alcaldes reclamando respuestas al Estado. Sobre la mesa queda el problema de fondo: restablecer el orden sin convertir una movilización social masiva en una simple cuestión policial. Ese equilibrio, bastante más complicado que decretar un toque de queda, marcará la gestión francesa de una crisis que todavía no puede darse por terminada.