El líder de la secta de Shakahola, culpable de asesinar a 190 niños

La Justicia de Kenia ha declarado culpable a Paul Mackenzie, líder de la secta vinculada a la masacre de Shakahola, por el asesinato de 190 niños y un adulto. El fallo abarca 191 muertes y convierte en responsabilidad penal lo que durante años fue presentado por el predicador como ayuno religioso, preparación espiritual y una supuesta vía para encontrarse con Jesús. La pena se conocerá el 6 de noviembre.

El tribunal concluyó que Mackenzie creó y dirigió un sistema de coerción en el que sus seguidores eran empujados a dejar de comer hasta morir. No se trataba simplemente de adultos que decidían ayunar: buena parte de las víctimas eran menores, incapaces de consentir semejante práctica, y la investigación describe casos en los que los niños fueron aislados y privados de alimento mientras sus propios padres permanecían presentes. La defensa sostuvo que los ayunos eran voluntarios. El tribunal rechazó ese argumento.

El juicio resuelve, por ahora, una parte de una tragedia mucho mayor. En el bosque de Shakahola, una zona remota del condado costero de Kilifi, las autoridades han recuperado más de 400 cadáveres desde 2023. El proceso que acaba de desembocar en la declaración de culpabilidad se refiere a 191 de esas muertes; las pesquisas relacionadas con otras víctimas continúan abiertas.

El ayuno hasta la muerte que convirtió Shakahola en una fosa

La historia comenzó a adquirir su dimensión real en 2023, cuando la Policía recibió avisos sobre personas que habían muerto después de seguir las instrucciones de Mackenzie. Poco después aparecieron las primeras tumbas poco profundas en el bosque. Y después otras. Y otras más. Shakahola dejó de ser un lugar apenas conocido fuera de la región para convertirse en el nombre de una de las mayores tragedias vinculadas a una secta religiosa de las últimas décadas.

Mackenzie, antiguo taxista convertido en predicador, dirigía Good News International Church, un movimiento cristiano de carácter apocalíptico. Según la acusación, convenció a sus seguidores de que debían abandonar progresivamente la comida para alcanzar el cielo antes del fin del mundo. Algunos supervivientes y antiguos miembros relataron que los niños debían morir primero; después llegarían las mujeres y los jóvenes y, finalmente, los hombres.

El escenario descrito por los investigadores resulta difícil de encajar en la imagen amable de una comunidad espiritual. Los fieles vivían dispersos por el bosque en construcciones precarias de plástico, barro y paja, dentro de sectores bautizados con nombres bíblicos como Jerusalén o Judea. A esa pobreza material se sumaba un universo ideológico cerrado: Mackenzie presentaba la escuela y la medicina como instrumentos malignos y desaconsejaba a sus seguidores recurrir a ellas.

Los niños no podían elegir el ayuno

Ese elemento ha resultado especialmente relevante en el juicio. El tribunal subrayó que un niño no puede comprender ni aceptar las consecuencias irreversibles de dejar de beber y comer hasta morir. La palabra “ayuno”, cargada habitualmente de connotaciones religiosas voluntarias, se queda aquí bastante corta. Para la Justicia keniana, existió un sistema organizado que sometió a menores a privación extrema de alimentos bajo una autoridad religiosa que presentaba la muerte como salvación.

Durante el proceso se describieron situaciones en las que menores fueron separados y privados de comida mientras sus padres observaban. Las autoridades sostienen también que dentro del grupo había mecanismos para impedir huidas y castigar la desobediencia. La supuesta libertad espiritual tenía, visto el expediente, puertas bastante estrechas: el aislamiento y la autoridad del predicador formaban parte del control sobre los seguidores.

Una secta que llevaba años en el radar de las autoridades

La sentencia también devuelve a Kenia una pregunta incómoda: cómo pudo crecer aquel entramado durante tanto tiempo sin ser detenido antes. Mackenzie no era un desconocido para las fuerzas de seguridad. Sus instalaciones habían sido registradas ya en 2017 y, en 2019, las autoridades cerraron su iglesia. Después se trasladó con parte de sus seguidores al bosque de Shakahola.

Allí, lejos de los focos urbanos, el grupo fue construyendo una comunidad cada vez más aislada. Mackenzie predicaba contra la educación convencional, la asistencia sanitaria y distintas instituciones públicas. Algunos fieles abandonaron estudios, vendieron bienes o rompieron vínculos con su vida anterior. El aislamiento físico hizo el resto: cientos de hectáreas de bosque ofrecían espacio de sobra para que una doctrina extrema se convirtiera en rutina lejos de miradas ajenas.

El caso estalló plenamente cuando familiares de miembros desaparecidos comenzaron a buscar respuestas y la Policía entró en la zona. Las excavaciones transformaron las sospechas en una sucesión de cuerpos. Muchos estaban tan deteriorados que su identificación ha resultado extraordinariamente difícil; solo una pequeña parte de los restos recuperados había podido ser identificada mientras continuaban los trabajos forenses y la búsqueda de familiares de las víctimas.

Mackenzie negó haber obligado a sus seguidores

Durante el proceso, Mackenzie rechazó las acusaciones de asesinato y sostuvo que no había forzado a nadie a dejar de alimentarse. El tribunal no aceptó esa versión. La resolución considera acreditada su responsabilidad en una estructura que promovía el ayuno mortal y, especialmente, en la imposición de esa práctica a menores de edad.

El procedimiento ha sido particularmente complejo por su tamaño. Mackenzie ha compartido banquillo con decenas de acusados dentro de una causa que incluye 191 asesinatos cometidos entre 2021 y 2023. La magnitud del expediente generó incluso disputas procesales sobre la capacidad de los acusados para ejercer adecuadamente su defensa ante semejante volumen de cargos, aunque finalmente el proceso pudo continuar.

La declaración de culpabilidad no supone todavía conocer la pena concreta. Mackenzie y los demás condenados deberán esperar hasta el 6 de noviembre, fecha prevista para la imposición de las sentencias. El antiguo predicador afronta, además, otros procedimientos relacionados con Shakahola, incluidos cargos vinculados al terrorismo y a la radicalización que también ha negado.

Más de 400 muertos y una investigación que sigue abierta

Las 191 víctimas incluidas en este juicio no abarcan todo lo descubierto en Shakahola. Las autoridades han recuperado más de 400 cuerpos y continúan investigando otras muertes. El balance global de la tragedia supera ampliamente el número de asesinatos examinados en este proceso, debido también a personas que murieron posteriormente después de ser rescatadas en condiciones físicas extremas.

También permanece abierta otra investigación sobre la supuesta implicación de Mackenzie en la muerte de decenas de personas en Kwa Binzaro, una localidad situada aproximadamente a 30 kilómetros de Shakahola. La Fiscalía sostiene que el predicador habría seguido transmitiendo instrucciones incluso durante su estancia en prisión. Mackenzie se ha declarado no culpable en ese procedimiento.

La magnitud de lo ocurrido ha impulsado en Kenia un debate sobre el control de organizaciones religiosas y sobre los límites entre la libertad de culto y la actuación del Estado cuando aparecen indicios de abuso, coacción o delito. El caso ha obligado también a revisar la respuesta de unas instituciones que conocían desde años antes las actividades del predicador, pero no lograron impedir que la comunidad de Shakahola derivara hacia una catástrofe humana.

Shakahola obliga a mirar más allá del predicador

La condena de Paul Mackenzie establece una responsabilidad penal concreta, pero el nombre de Shakahola ya significa algo más que el expediente de un líder sectario. Habla también de familias destruidas, de menores sometidos a decisiones que jamás pudieron tomar y de una comunidad capaz de permanecer durante años fuera del alcance efectivo de unas autoridades que ya conocían al predicador.

El apocalipsis prometido nunca llegó. Llegaron las excavaciones, los equipos forenses y las familias buscando nombres entre centenares de restos humanos. Ahora llega una resolución judicial que considera asesinatos aquellas muertes que la secta revestía de obediencia religiosa. La diferencia no es semántica. Es el centro mismo del caso.

Con la pena pendiente para noviembre y varias investigaciones todavía abiertas, Shakahola dista de ser un asunto terminado. La declaración de culpabilidad resuelve 191 muertes; detrás permanecen centenares de víctimas, identidades aún por establecer y una cuestión que pesa sobre las instituciones kenianas: cómo consiguió una organización semejante operar durante tanto tiempo antes de que el bosque empezara a devolver a sus muertos.