Defensa aprobará 15 programas militares por 1.400 millones este mes

El Gobierno prevé aprobar antes de que termine octubre el real decreto que permitirá prefinanciar 15 nuevos Programas Especiales de Modernización, los conocidos como PEM, una nueva tanda de proyectos militares vinculados a capacidades como la defensa antiaérea, los misiles, los sistemas navales y la protección frente a drones. La inversión prevista para este ejercicio supera los 1.400 millones de euros y el calendario de Defensa apunta a dejar preparada la contratación antes de que acabe 2026.

La novedad está menos en el anuncio de los programas, sobre los que el Ministerio llevaba meses trabajando, que en la aceleración administrativa. El director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, el teniente general Miguel Ivorra, ha confirmado este 20 de octubre que el real decreto de prefinanciación se espera durante este mismo mes. Traducido del idioma administrativo: el Gobierno quiere pasar de la planificación al contrato en apenas unas semanas.

Los 15 proyectos se incorporarán a una cartera que alcanzará los 95 Programas Especiales de Modernización gestionados por Defensa, en lo que el propio departamento considera el mayor esfuerzo de renovación acometido por las Fuerzas Armadas españolas. No se trata solo de comprar material: detrás aparecen industria, tecnología, empleo cualificado y una discusión cada vez más visible sobre cuánto debe gastar España en defensa y en qué capacidades debe concentrarlo.

Defensa quiere tener los contratos listos antes de final de año

El calendario es apretado. Primero debe aprobarse el real decreto de prefinanciación; después llegará la formalización de los contratos correspondientes. El objetivo oficial es que esa segunda fase pueda quedar completada antes de terminar 2026. No es un detalle menor: los grandes programas militares suelen moverse entre expedientes complejos, requisitos técnicos, cooperación internacional y contratos que se prolongan durante años.

Ivorra ha reconocido que el sistema de contratación necesita cambios para reducir los plazos y la burocracia. Defensa pretende acercar también a las empresas al usuario militar que finalmente utilizará cada sistema. Parece elemental, pero en adquisiciones tecnológicas de gran tamaño la distancia entre quien diseña, quien compra y quien termina usando el equipo puede convertirse en un pequeño laberinto con uniforme.

Qué representan realmente los 1.400 millones anunciados

Conviene detenerse en la cifra porque puede prestarse a equívocos. Los más de 1.400 millones de euros están relacionados con la puesta en marcha y prefinanciación de estos programas durante 2026; no deben interpretarse automáticamente como el coste completo que tendrán los 15 proyectos durante toda su vida útil.

Los PEM son inversiones plurianuales. Algunos necesitan años de desarrollo tecnológico antes incluso de que comiencen las entregas a las Fuerzas Armadas. El Gobierno ha ido modificando compromisos presupuestarios para financiar los nuevos proyectos durante ejercicios posteriores y el Ministerio de Industria participará financieramente en 14 de los nuevos PEM previstos para 2026.

El mecanismo de prefinanciación permite que Industria aporte recursos destinados al desarrollo tecnológico e industrial de determinadas capacidades. Las empresas producen, diseñan o integran los sistemas y esos recursos se encajan después dentro del esquema financiero de los programas. Fabricar un radar, un misil o una plataforma militar, al fin y al cabo, no funciona exactamente como pedir cien ordenadores y esperar al repartidor el martes.

Misiles, defensa aérea, barcos y sistemas contra drones

Los trabajos preparatorios dibujan con bastante claridad hacia dónde se dirige una parte de la inversión. Entre los nuevos programas aparecen proyectos asociados a misiles, capacidades navales, helicópteros, aeronáutica, sistemas contra drones, espacio, posicionamiento y sincronización y sistemas de mando y control.

La selección explica también cómo está cambiando la guerra. La prioridad ya no consiste únicamente en disponer de más plataformas —más aviones, más vehículos o más barcos—, sino en protegerlas y conectarlas. Detectar un dron pequeño, interceptar un misil de crucero, compartir una posición con precisión o mantener comunicaciones bajo interferencias puede resultar tan decisivo como disponer del arma que finalmente realiza el disparo.

Entre las capacidades que han aparecido durante la preparación de esta nueva tanda figuran la modernización de aeronaves, sistemas contra vehículos aéreos no tripulados, navegación y posicionamiento militar y proyectos navales. También existe una apuesta clara por reforzar la defensa aérea y antimisil, uno de los ámbitos que los conflictos recientes han obligado a revisar con más rapidez en Europa.

La industria española también se juega su autonomía tecnológica

Defensa no presenta estos programas únicamente como compras militares. El otro gran argumento del Gobierno es industrial. Ivorra ha insistido en que disponer de capacidad tecnológica propia condiciona la autonomía estratégica de un país: poder decidir qué sistemas desarrolla, con qué socios trabaja y hasta qué punto depende de proveedores extranjeros.

La cuestión tiene una traducción bastante concreta. Un Ejército puede comprar un equipo excelente fuera de España, pero queda ligado durante décadas a repuestos, actualizaciones, munición, mantenimiento y licencias. De ahí que buena parte de los PEM busque conservar en España capacidades de diseño, integración y fabricación consideradas estratégicas.

No significa fabricar absolutamente todo dentro de las fronteras nacionales —algo poco realista en la industria militar europea actual—, sino mantener conocimiento suficiente para no quedar tecnológicamente atado de pies y manos. Sensores, comunicaciones seguras, guerra electrónica, ciberdefensa, misiles e inteligencia artificial se han convertido así en piezas industriales además de militares.

El salto del gasto en defensa marca toda la modernización

El movimiento llega después del fuerte incremento del gasto español en defensa. Ivorra ha defendido que alcanzar alrededor del 2 % del PIB constituye un esfuerzo histórico para España y, al mismo tiempo, una oportunidad para ampliar la base tecnológica e industrial nacional.

Ese porcentaje, que durante años funcionó casi como una cifra abstracta en las reuniones de la OTAN, se está convirtiendo en contratos, fábricas, pedidos y sistemas digitales. La guerra en Ucrania, la proliferación de drones y misiles y la necesidad de reponer arsenales han alterado las prioridades militares de prácticamente todos los socios europeos.

España intenta acompasar ese incremento con una mayor participación de empresas nacionales. Los 35 PEM impulsados dentro del plan de 2025 cuentan con un techo conjunto cercano a los 34.000 millones de euros hasta 2042, una escala que permite hacerse una idea de la dimensión real del proceso de modernización que se está desplegando.

El reto ya no es anunciar programas, sino ejecutarlos

El volumen de dinero resuelve una parte del problema, no todas. Los grandes contratos militares arrastran con frecuencia retrasos, revisiones de calendario y dificultades industriales. Y la tecnología avanza con una velocidad incómoda: un sistema diseñado durante una década corre el riesgo de llegar al cuartel cuando la amenaza para la que fue concebido ya ha cambiado.

Por eso Defensa insiste en acortar los ciclos de desarrollo y aceptar una mayor capacidad de experimentación. Ivorra ha apuntado incluso a una cuestión cultural dentro del sector: cuesta asumir el fracaso de un desarrollo tecnológico, aunque innovar implique precisamente que no todas las pruebas terminan funcionando.

Ahí aparece uno de los dilemas de esta nueva etapa. España quiere programas grandes y tecnológicamente ambiciosos, pero al mismo tiempo necesita que sean rápidos, flexibles y actualizables, capaces de incorporar las lecciones de conflictos donde una tecnología relativamente barata puede alterar en pocos meses la forma de combatir.

Una modernización que empieza a medirse en entregas

La aprobación prevista para octubre será, por tanto, un peldaño administrativo importante pero no el último. Lo realmente significativo llegará cuando los 15 nuevos programas pasen del real decreto y la prefinanciación a contratos firmados, prototipos, producción y entregas efectivas a las unidades.

Defensa ha puesto el calendario sobre la mesa: aprobación este mes y contratación antes de terminar el año. Con más de 1.400 millones movilizados en torno a esta nueva fase y una cartera de modernización que crece con rapidez, el debate entra en un terreno bastante menos abstracto. Ya no se trata solamente de cuánto gasta España en defensa, sino de qué compra, qué desarrolla dentro del país, cuánto tarda en recibirlo y si esas inversiones responden de verdad a las amenazas que encontrarán los militares cuando el material salga de la fábrica.