La Audiencia amplía la investigación de la UCO sobre González Amador

La Audiencia Provincial de Madrid ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a ampliar la investigación sobre Alberto González Amador y examinar, además de sus movimientos bancarios, su información tributaria y los datos de la Seguridad Social. La resolución revoca la decisión del juez instructor, que había dejado esas comprobaciones para una fase posterior.

El movimiento judicial reactiva una pieza separada que investiga posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal relacionados con operaciones empresariales de González Amador y su relación comercial con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. No es una ampliación menor: permitirá a los investigadores cruzar lo que aparece en las cuentas con lo declarado a Hacienda y con la información de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La Audiencia corrige la investigación limitada a las cuentas

Hasta este auto, la UCO tenía autorización para analizar esencialmente la documentación bancaria. El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid había permitido recabar información sobre movimientos y saldos desde el 1 de enero de 2014, un periodo suficientemente amplio como para reconstruir la evolución económica de las personas y sociedades incluidas en las pesquisas.

El juez Antonio Viejo decidió entonces posponer el acceso a los datos tributarios y de la Seguridad Social hasta conocer primero qué aparecía en las cuentas. La Fiscalía recurrió esa decisión. La Audiencia le da la razón y considera que las distintas capas de información deben poder analizarse de manera conjunta.

La diferencia es importante. Un movimiento bancario aislado cuenta solo una parte de la historia; cruzado con declaraciones fiscales, ingresos y sociedades, ofrece una fotografía bastante más completa. Eso es precisamente lo que busca la UCO para reconstruir los flujos de dinero y analizar la evolución patrimonial de los investigados.

La UCO consideraba esenciales los datos de Hacienda

Los investigadores habían advertido de que limitar el examen a las cuentas dificultaba el trabajo encargado. La Fiscalía sostuvo el mismo criterio y reclamó que los agentes pudieran cotejar la documentación bancaria con los datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial entiende que ese cruce resulta necesario para esclarecer los hechos y también para evitar que una investigación ya prolongada continúe avanzando a trompicones. El propio González Amador había mostrado su conformidad con que se obtuviera la información solicitada y reclamó que las diligencias avanzaran con rapidez.

La operación de 500.000 euros que está bajo la lupa

El núcleo de esta pieza judicial está en la compra de Círculo de Belleza SL, sociedad que posteriormente pasó a denominarse Masterman. Una empresa vinculada a González Amador adquirió la compañía en diciembre de 2020 por cerca de 500.000 euros a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino.

La Fiscalía investiga si aquella operación respondió realmente al valor comercial de la sociedad o si pudo encubrir el pago de una comisión relacionada con los negocios mantenidos con Quirón Prevención. Se trata, conviene subrayarlo, de una hipótesis de investigación que deberá acreditarse o descartarse durante el procedimiento, no de un hecho probado por un tribunal.

González Amador ha defendido una explicación diferente. Durante su declaración sostuvo que el precio respondía al valor de la red de distribución de la compañía, que incluía farmacias, y negó haber ocultado ingresos mediante una sociedad instrumental para reducir su tributación.

La investigación también examina la evolución de los ingresos de Maxwell Cremona, sociedad vinculada al empresario, así como distintas operaciones mercantiles relacionadas con la intermediación en la venta de material sanitario durante la pandemia y sus relaciones comerciales con Quirón Prevención.

Fernando Camino también está investigado

La causa no se limita a González Amador. Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, figura también como investigado dentro de esta pieza y está citado para declarar ante el juez el 3 de diciembre en Madrid. Gloria Carrasco también ha formado parte de las diligencias relacionadas con la operación empresarial examinada.

Los investigadores intentan reconstruir una relación profesional de largo recorrido. González Amador y Camino mantenían vínculos empresariales desde años antes de las operaciones que ahora analiza el juzgado, y la documentación bancaria solicitada se remonta precisamente a 2014.

La amplitud temporal explica por qué la UCO quería ir más allá de un simple extracto bancario. Los agentes necesitan comprobar cómo evolucionaron los ingresos, pagos, sociedades y patrimonio durante años y determinar si las distintas piezas de información económica mantienen una explicación coherente.

Ese análisis no equivale por sí mismo a acreditar un delito. La función de la UCO será ordenar y cotejar la documentación, establecer posibles relaciones entre operaciones y trasladar sus conclusiones al juzgado. Después corresponderá al instructor decidir qué recorrido procesal tienen los indicios que puedan aparecer.

Una pieza distinta del procedimiento por fraude fiscal

Este procedimiento sobre los negocios vinculados a Quirón discurre separado de la causa fiscal en la que González Amador está pendiente de juicio por presuntos delitos contra Hacienda y falsedad documental. En ese otro procedimiento se investiga un supuesto fraude tributario de alrededor de 350.000 euros.

La distinción es relevante porque ambos asuntos suelen acabar mezclados en el debate político. Jurídicamente son frentes diferentes. La pieza que acaba de impulsar la Audiencia Provincial examina las relaciones empresariales, la adquisición de Círculo de Belleza y la posible existencia de una comisión vinculada a los negocios con Quirón Prevención; el procedimiento principal se ocupa de la presunta defraudación tributaria.

La Audiencia tampoco ha concluido que existiera enriquecimiento ilícito ni ha establecido la existencia de una comisión. Lo que ha hecho es ampliar las herramientas de investigación, permitiendo que los agentes comprueben si los movimientos económicos encajan con la información fiscal y laboral disponible.

Un informe que acumula más de un año de retraso

La intervención de la UCO había sido acordada inicialmente el 27 de junio de 2025 por María Inmaculada Iglesias, anterior responsable del juzgado. Los agentes solicitaron posteriormente acceso a documentación bancaria, tributaria y de la Seguridad Social, pero la limitación impuesta después por el instructor frenó parte de esas comprobaciones.

El informe acumula así más de un año de demora, un dato que ayuda a entender la relevancia práctica del nuevo auto. Los magistrados no solo permiten ampliar el acceso a la documentación, sino que consideran conveniente que las pesquisas puedan avanzar y finalizar con mayor celeridad.

El siguiente tramo de la causa dependerá en buena medida de lo que aparezca al colocar unas cifras junto a otras. Hacienda, Seguridad Social y bancos poseen piezas diferentes del mismo puzle económico. La UCO podrá analizarlas de forma conjunta para reconstruir con mayor precisión el origen y destino de los movimientos examinados.

La investigación gana profundidad, pero no anticipa su resultado

La resolución de la Audiencia de Madrid cambia el alcance práctico de las pesquisas. Los agentes dejan de estar ceñidos exclusivamente a las cuentas y podrán contrastar patrimonio, ingresos declarados y datos laborales para comprobar si existe coherencia entre las distintas fuentes de información económica.

Ese cruce documental será especialmente relevante para aclarar la operación de casi medio millón de euros y los negocios relacionados con Quirón Prevención. La cuestión de fondo sigue abierta: determinar si aquellas operaciones responden a relaciones mercantiles ordinarias o si existen indicios suficientes para sostener la tesis de una comisión encubierta.

Por el momento, la Audiencia no resuelve esa cuestión ni establece culpabilidades. Hace algo anterior, pero decisivo para la instrucción: permite a la UCO ampliar el rastreo económico y trabajar con información bancaria, fiscal y de la Seguridad Social sobre la misma mesa.