China acusa a Reino Unido de injerencia por su informe sobre Hong Kong

China ha elevado una protesta diplomática ante el Reino Unido después de que Londres publicara su nuevo informe semestral sobre Hong Kong, un documento que sostiene que la legislación de seguridad nacional está ampliando su radio de acción y afectando cada vez más a libertades como las de expresión, reunión, asociación y prensa. Pekín rechaza esa lectura y acusa al Gobierno británico de una «grave injerencia» en asuntos internos chinos.

El choque va bastante más allá de una bronca diplomática de calendario. El Reino Unido considera que China continúa incumpliendo compromisos de la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984, mientras que Pekín sostiene que aquel acuerdo no concede a Londres ningún derecho de supervisión sobre Hong Kong después de la devolución de la antigua colonia en 1997. Dos interpretaciones que llevan años enfrentadas y que, a estas alturas, casi parecen hablar idiomas constitucionales distintos.

China presenta una protesta diplomática ante Londres

La respuesta china llegó después de la publicación, el 22 de octubre, del 59.º informe semestral británico sobre Hong Kong, correspondiente al periodo comprendido entre enero y junio de 2026. La Embajada china en el Reino Unido rechazó las críticas, calificó las observaciones británicas de irresponsables y trasladó formalmente su protesta a Londres.

Pekín insiste en que el marco jurídico actual de Hong Kong deriva de la Constitución china y de la Ley Básica de la región administrativa especial. Desde esa posición, considera que el Reino Unido carece de soberanía, jurisdicción o capacidad de supervisión sobre el territorio y reclama que deje de utilizar la Declaración Conjunta como fundamento para evaluar periódicamente la situación política hongkonesa.

Las autoridades de Hong Kong se han sumado al rechazo. Defienden que los derechos y libertades permanecen protegidos legalmente, que las normas de seguridad nacional persiguen conductas concretas y que el principio de «un país, dos sistemas» continúa vigente. También acusan a Londres de aplicar un doble rasero al criticar una legislación de seguridad que, recuerdan, existe asimismo —con otras formas y garantías— en los países occidentales.

El problema es que Londres observa el mismo paisaje y obtiene una fotografía muy distinta.

Qué denuncia exactamente el informe británico

El documento del Gobierno británico reconoce que Hong Kong conserva elementos que lo diferencian de la China continental. Su sistema de common law sigue funcionando, mantiene estructuras económicas, monetarias y financieras propias y continúa siendo uno de los grandes centros internacionales de negocios y capital. No todo el informe, por tanto, dibuja una ciudad absorbida sin matices por el sistema continental.

Pero Londres sostiene que el espacio político y cívico se ha ido estrechando bajo la legislación de seguridad nacional. El informe señala que durante el primer semestre de 2026 aumentó el alcance práctico de esas normas y relaciona ese proceso con restricciones sobre la expresión pública, la actividad política, la prensa y determinadas organizaciones civiles.

Hay detalles particularmente concretos. Desde el 23 de marzo, unas modificaciones de las reglas de aplicación de la Ley de Seguridad Nacional permiten a las fuerzas de seguridad exigir, en determinadas investigaciones, acceso a dispositivos electrónicos, contraseñas y datos de descifrado. También ampliaron las facultades para restringir viajes, retener documentación, retirar contenido de internet y actuar sobre bienes relacionados con delitos de seguridad nacional.

Las reformas reforzaron igualmente las posibilidades de embargo y confiscación de activos y ampliaron la capacidad de reclamar información a personas u organizaciones situadas fuera de Hong Kong cuando las autoridades consideren que existe una conexión razonable con investigaciones de seguridad nacional. Para el Gobierno hongkonés son instrumentos necesarios de protección del Estado; para sus críticos, la cuestión está precisamente en hasta dónde puede estirarse el concepto de seguridad antes de empezar a ocupar demasiado espacio.

Jimmy Lai, el caso que concentra la disputa

Pocas figuras condensan mejor esa batalla que Jimmy Lai, fundador del desaparecido diario Apple Daily, ciudadano británico y uno de los nombres más conocidos de la oposición a Pekín en Hong Kong. En febrero fue condenado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable de delitos relacionados con la seguridad nacional y sedición.

El Reino Unido sostiene que su procesamiento refleja el deterioro de la libertad de expresión y reclama su liberación inmediata. La posición china es frontalmente opuesta: Pekín considera que Lai no fue perseguido por sus opiniones ni por ejercer el periodismo, sino por actividades que, según las autoridades, pusieron en peligro la seguridad nacional y buscaron apoyo extranjero contra China.

La dimensión del caso explica buena parte de su peso diplomático. Lai tiene 78 años y acumula más de cinco años detenido. El informe británico recuerda también que las autoridades solicitaron ante el Tribunal Superior la confiscación de bienes por 127 millones de dólares de Hong Kong, unos 12,7 millones de libras según el cálculo británico.

No es el único expediente citado. Londres analiza procesos contra antiguos dirigentes de la Alianza de Hong Kong, vinculada durante años a las vigilias en recuerdo de la represión de Tiananmen, y otros casos abiertos bajo las normas de seguridad nacional. Pekín responde que comentar o presionar sobre procedimientos judiciales supone precisamente interferir en una justicia que considera independiente.

El tratado de 1984 sigue en el centro del choque

Detrás de los nombres propios aparece una discusión jurídica y política que viene de lejos. La Declaración Conjunta Sino-Británica, firmada en 1984, preparó la devolución de Hong Kong a China y estableció que el territorio conservaría durante 50 años desde 1997 un alto grado de autonomía, excepto en defensa y asuntos exteriores, junto con su sistema económico y determinadas libertades.

El Reino Unido entiende que, como firmante de ese acuerdo internacional, puede y debe seguir examinando su cumplimiento hasta 2047. De ahí nacieron los informes semestrales que Londres publica desde la devolución. El último mantiene la posición británica de que China se encuentra en una situación de incumplimiento continuado de la declaración.

China interpreta la cuestión de otra manera. Para Pekín, la función central del acuerdo fue establecer las condiciones de la recuperación de la soberanía y no otorgar al antiguo poder colonial una especie de inspección permanente sobre el territorio. Una vez producido el traspaso, sostiene, la administración de Hong Kong corresponde a China de acuerdo con la Constitución y la Ley Básica.

Aquí está uno de los nudos difíciles de desatar. Londres habla de compromisos internacionales pendientes de cumplimiento; Pekín escucha ecos de tutela colonial. Ninguna de las dos partes parece considerar que haya demasiado terreno semántico disponible para el compromiso.

La seguridad nacional cambia el paisaje político de Hong Kong

La gran ruptura llegó después de las protestas masivas de 2019. Pekín impuso en junio de 2020 la Ley de Seguridad Nacional y Hong Kong completó en 2024 su propio paquete legislativo de seguridad al amparo del artículo 23 de la Ley Básica. Desde entonces, se han sucedido procesos por subversión, secesión, sedición o colaboración con fuerzas extranjeras y se ha remodelado el sistema electoral.

El informe británico subraya algunos síntomas de ese nuevo escenario. Durante el primer semestre de 2026 no se registraron grandes manifestaciones políticas y, por séptimo año consecutivo, Victoria Park no acogió la tradicional vigilia del 4 de junio en memoria de las víctimas de Tiananmen. Varias personas que realizaron pequeños actos individuales de conmemoración fueron identificadas, registradas o retenidas temporalmente antes de quedar en libertad.

También continuaron los procedimientos bajo la ordenanza de seguridad aprobada en 2024. Según los datos recogidos por Londres, desde su entrada en vigor al menos 47 personas habían sido detenidas y 14 habían sido acusadas formalmente hasta el cierre del periodo analizado. Las autoridades hongkonesas replican que la ley afecta únicamente a una minoría que incurre en conductas delictivas y que la inmensa mayoría de ciudadanos conserva normalmente sus derechos.

No toda la relación entre Londres y Hong Kong, curiosamente, sigue esa temperatura política. Mientras ambos gobiernos discuten sobre soberanía, tribunales y libertades, los negocios continúan cruzando el mapa con bastante menos dramatismo. El comercio bilateral de bienes y servicios alcanzó 32.300 millones de libras en los cuatro trimestres hasta marzo de 2026, un aumento del 24% respecto al año anterior. Hong Kong fue el decimoséptimo socio comercial del Reino Unido. La diplomacia protesta; las facturas, por su parte, siguen llegando.

Hong Kong vuelve a enfrentar dos relatos cada vez más distantes

La nueva protesta china no abre una crisis inesperada, pero confirma que Hong Kong continúa siendo uno de los puntos más sensibles de la relación entre China y el Reino Unido. Cada informe británico reactiva prácticamente la misma fractura: Londres presenta el retroceso de determinadas libertades como una cuestión de obligaciones internacionales; Pekín lo interpreta como una intromisión política en una región bajo soberanía china.

Entretanto, Hong Kong conserva una identidad económica y jurídica singular, pero funciona dentro de un marco político mucho más controlado que el existente antes de 2020. Incluso el propio informe británico admite la permanencia de instituciones propias y de un sistema financiero diferenciado. La discusión no gira tanto sobre si Hong Kong sigue siendo distinto de la China continental —lo es en numerosos ámbitos— como sobre cuánto espacio político queda dentro de esa diferencia.

Ese es, en realidad, el corazón de la disputa. Para las autoridades chinas, las nuevas reglas han devuelto estabilidad después del caos de 2019 y permiten que «un país, dos sistemas» avance con seguridad. Para Londres y buena parte de los críticos internacionales, la estabilidad se ha conseguido a costa de reducir libertades que formaban parte de la promesa hecha a Hong Kong.

Casi tres décadas después de la devolución, aquella fórmula diseñada para conciliar soberanía china y singularidad hongkonesa sigue ahí, escrita en leyes, tratados y discursos. Lo que ha cambiado es el margen que cada parte cree que esas palabras permiten. Y en esa distancia —más jurídica que geográfica, pero muy real— vuelve a instalarse el conflicto.