Juristas de la UCM ven cinco posibles delitos en las cargas policiales

Un informe jurídico elaborado por profesionales vinculados a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sostiene que la actuación de la Policía Nacional durante las protestas del pasado 14 de octubre pudo incurrir en al menos cinco posibles delitos. El documento cuestiona desde la entrada de los agentes en el campus hasta el empleo de las defensas, las detenciones y la ausencia de advertencias antes de las cargas. No es una sentencia ni determina responsabilidades penales: es un análisis jurídico que reclama que los hechos sean investigados.

El texto, de 35 páginas y elaborado a partir de vídeos, fotografías y partes médicos, considera que el uso de la fuerza fue «gratuito e innecesario» y que no existía una alteración del orden público de suficiente gravedad para justificar una intervención de esas características. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación interna sobre lo ocurrido y, hasta este 24 de octubre, no se han hecho públicas sus conclusiones.

Un informe que pone el foco en cinco posibles delitos

El análisis identifica posibles responsabilidades por lesiones, vulneración de derechos fundamentales y afectación a la integridad moral, entre otras conductas que, a juicio de sus autores, deberían ser examinadas por las autoridades competentes.

La palabra importante aquí es posibles. El informe aporta una interpretación jurídica de las imágenes y de la documentación reunida, pero corresponde a los tribunales establecer si hubo delitos, quién pudo cometerlos y con qué responsabilidad. En asuntos así, la distancia entre una conducta cuestionable, una infracción disciplinaria y un ilícito penal no es precisamente un detalle de letra pequeña.

Los juristas sostienen que los manifestantes se encontraban participando en un piquete vinculado a la huelga educativa y que, durante los episodios analizados, no se aprecia una agresión previa que justificase el grado de fuerza empleado. Tampoco observan, según su interpretación de las grabaciones, armas u objetos contundentes entre quienes participaban en la movilización.

El documento entra incluso en la forma concreta de las cargas. Señala golpes dirigidos hacia zonas del cuerpo que considera improcedentes, incluidos torso y cabeza, así como intervenciones sobre personas que estaban en el suelo o acorraladas. Entre el material examinado figuran 21 vídeos, además de fotografías y documentación médica.

La falta de aviso previo, uno de los puntos más delicados

Una de las objeciones centrales se refiere al momento inmediatamente anterior a las cargas. Los autores sostienen que los agentes no realizaron una advertencia clara antes de utilizar la fuerza para disolver al grupo.

La legislación de seguridad ciudadana contempla que, con carácter general, debe advertirse a los participantes antes de proceder a la disolución de una reunión o manifestación. Hay excepciones ante situaciones de especial peligro, pero el informe considera que esas circunstancias excepcionales no concurrían en Ciudad Universitaria.

Ese detalle resulta relevante porque la proporcionalidad policial no se mide únicamente por la intensidad de un golpe. También importa qué estaba sucediendo antes, qué alternativas existían, si hubo una orden de disolución comprensible y si el uso de la fuerza era realmente necesario. Congruencia, oportunidad y proporcionalidad: términos algo secos, sí, pero son los que separan una intervención legítima de un posible exceso.

Tres hospitalizados y cinco detenidos tras las cargas

La actuación dejó cinco personas detenidas y varios manifestantes heridos. El informe recoge que tres personas tuvieron que ser evacuadas urgentemente a centros hospitalarios por lesiones como contusiones severas y fracturas; otros recuentos posteriores constataron cuatro manifestantes con diagnóstico médico. Entre las lesiones descritas figura la fractura de un antebrazo sufrida por una estudiante.

También hubo agentes lesionados. Las informaciones policiales difundidas el mismo 14 de octubre señalaron que dos policías habían resultado heridos y que los cinco detenidos estaban inicialmente acusados de un delito contra agente de la autoridad. Esa versión no coincide con la reconstrucción de los autores del informe y ahí, precisamente, está uno de los nudos del caso.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, explicó tras los incidentes que los agentes habían acudido a la zona después de recibir avisos por cortes de tráfico y la presencia de personas embozadas. Según su relato, algunos manifestantes intentaron posteriormente rebasar el cordón policial y se produjeron agresiones a agentes. Aun así, Martín consideró que las imágenes obligaban a aclarar si la respuesta fue proporcionada y ordenó una investigación urgente.

Esa contradicción entre versiones importa. El informe de los juristas niega que existiera una agresión capaz de justificar las cargas tal y como se desarrollaron; las primeras versiones policiales hablaron, en cambio, de incidentes contra los agentes. Resolver qué ocurrió exactamente no depende de quién adjetive más fuerte, sino del examen completo de vídeos, testimonios, comunicaciones operativas y órdenes impartidas aquel día.

La Complutense asegura que no pidió la intervención policial

Hay otro elemento particularmente sensible: la entrada de la Policía en el campus. La Universidad Complutense aseguró el mismo 14 de octubre que no había solicitado ni promovido la presencia o intervención de la Policía Nacional y expresó su condena y preocupación por unos hechos que terminaron con heridos y detenidos.

El informe utiliza esa circunstancia para cuestionar jurídicamente el despliegue y sostiene que la intervención se produjo sin petición formal del Rectorado ni orden judicial que, según su tesis, justificara determinadas actuaciones dentro del recinto universitario. Los autores invocan la autonomía universitaria reconocida por la legislación y consideran que hubo una actuación unilateral sin habilitación suficiente.

La Delegación del Gobierno, por su parte, negó haber dado una orden política expresa para ejecutar las cargas. Francisco Martín explicó que ese tipo de decisiones operativas se adoptan sobre el terreno por los mandos policiales. De ahí que la investigación interna no se limite, previsiblemente, a observar qué hizo cada agente: también deberá reconstruir las instrucciones transmitidas y la cadena de mando.

El informe añade otro episodio llamativo. Según sus autores, durante los intentos de mediación algunos agentes llegaron a empujar a la vicerrectora de Estudiantes de la Complutense. También denuncia que determinados policías llevaban el número de identificación oculto, ausente o fuera de la vista de los manifestantes.

Más de 90 minutos retenidos después de la intervención

El análisis jurídico no termina con las cargas. Sostiene que, una vez producidas, un grupo de estudiantes y trabajadores quedó sometido durante más de noventa minutos a una situación que los autores describen como retención coactiva, pese a que los manifestantes habrían mostrado su intención de abandonar pacíficamente el lugar.

También cuestiona identificaciones y detenciones practicadas durante aquella mañana y denuncia un trato verbal y físico degradante hacia algunos participantes. Son acusaciones graves. Por eso necesitan algo más sólido que la batalla habitual de declaraciones políticas: diligencias, documentación y, llegado el caso, control judicial.

Los sindicatos y colectivos vinculados a la movilización estudian diferentes vías. El informe servirá como base para acciones por posible vulneración de derechos fundamentales, mientras algunos afectados valoran acudir a la vía penal. El documento también será remitido a diferentes instituciones y no se descarta plantear el caso ante el Defensor del Pueblo.

La investigación policial sigue sin conclusiones públicas

La reacción institucional empezó prácticamente al mismo tiempo que circulaban los primeros vídeos. El delegado del Gobierno calificó las imágenes de muy duras, pidió una investigación urgente y al día siguiente confirmó que la Policía Nacional había abierto pesquisas internas.

Martín llegó a considerar posteriormente las imágenes «inaceptables» y sostuvo que una eventual agresión contra los agentes no elimina la obligación policial de responder de manera proporcionada. También aseguró que, si la investigación acreditaba excesos, deberían adoptarse las medidas disciplinarias correspondientes.

A 24 de octubre no constan públicamente unas conclusiones definitivas de esa investigación. El informe de los juristas añade ahora una segunda capa al caso: ya no se discute únicamente si las imágenes muestran una actuación demasiado contundente, sino si determinados comportamientos podrían tener consecuencias administrativas, disciplinarias o incluso penales.

De unas imágenes polémicas a un problema jurídico

Las cargas del 14 de octubre dejaron de ser hace días una simple controversia por unas imágenes especialmente ásperas. Hay cinco detenidos, personas lesionadas, policías heridos, una investigación interna abierta y ahora un informe de 35 páginas que plantea posibles vulneraciones de derechos y responsabilidades penales.

Quedan dos versiones que no encajan del todo. La policial sostiene que hubo intentos de superar el cordón y agresiones a agentes; el informe jurídico afirma que las imágenes no muestran una violencia de los manifestantes que justificara las cargas y considera desproporcionada buena parte de la actuación. Entre ambas está el terreno menos vistoso y más importante: la prueba.

Será esa investigación, y eventualmente los tribunales, la que determine hasta dónde llegó la actuación legítima de la Policía y dónde pudo empezar el exceso. Lo que ya resulta difícil discutir es que la intervención en la Complutense ha dejado de ser un incidente universitario de una mañana de huelga. Nueve días después, sigue abierta una cuestión bastante más incómoda: si quienes debían garantizar el orden respetaron también los límites legales del uso de la fuerza.