Maricarmen, del desahucio al símbolo político de la crisis de vivienda

Maricarmen Abascal era una mujer de 87 años que llevaba alrededor de siete décadas viviendo en el mismo piso de Madrid. En apenas dos semanas dejó de ser una vecina inmersa en un conflicto de alquiler para convertirse en símbolo de la crisis de la vivienda, dar nombre informal a decretos del Gobierno, alimentar una acampada en la Puerta del Sol y quedar asociada a una crisis política que terminó desembocando en el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Murió este 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón sin haber podido regresar a la casa cuyo retorno había pactado días antes.

Su transformación pública tuvo varias capas a la vez. Fue un símbolo espontáneo, un rostro capaz de explicar un problema demasiado grande y también una figura incorporada al lenguaje de movimientos sociales y partidos. Reducirla, sin embargo, a simple instrumento político sería engañoso. Maricarmen no permaneció como personaje pasivo mientras otros hablaban por ella: hospitalizada, envió mensajes a quienes protestaban, agradeció la movilización y pidió que continuara la defensa de la vivienda. Su historia fue apropiada políticamente, sí, pero ella también convirtió su experiencia particular en una causa colectiva. Esa diferencia importa. Mucho.

De una casa de Madrid a un conflicto de escala nacional

El origen es bastante menos épico que el desenlace. Es un conflicto inmobiliario, jurídico y económico. Maricarmen vivía desde 1956 en un piso de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. El contrato procedía de su familia y arrastraba las particularidades propias de los antiguos alquileres. En 2018, en medio de cambios de propiedad del inmueble, la vivienda terminó en manos de Urbagestión y comenzó una disputa sobre la continuidad del arrendamiento y las condiciones de un eventual nuevo contrato.

Conviene afinar aquí porque el caso también produjo su propia niebla informativa. Se difundió ampliamente que el alquiler había pasado sin más de unos 500 euros a 2.500 o 2.600. La historia era más enrevesada. La propiedad defendía que el antiguo contrato ya no estaba vigente en los términos reclamados por Maricarmen y situaba el precio de mercado alrededor de los 2.500 euros; sobre esa referencia llegó a plantearse un nuevo arrendamiento de unos 1.650 euros. La representación de la inquilina sostuvo que aquella cantidad era inasumible. El conflicto acabó judicializado y el lanzamiento terminó ejecutándose.

El 23 de septiembre llegó la imagen que cambió la escala de todo: una mujer de 87 años saliendo de su casa en camilla, acompañada por sanitarios mientras decenas de personas protestaban detrás del dispositivo policial. Hasta ese instante había un expediente, abogados, propietarios, leyes de arrendamientos y resoluciones judiciales. A partir de ahí hubo otra cosa. Un relato comprensible de un vistazo.

Y la política contemporánea vive, para bien y para mal, de aquello que puede entenderse de un vistazo.

Por qué aquella imagen tuvo tanta fuerza

La sociología de la comunicación conoce bien este mecanismo. Las personas reaccionan de manera distinta ante una estadística que ante una persona concreta. Miles de hogares con problemas de alquiler conforman una categoría; Maricarmen tenía nombre, edad, casa, rostro y una camilla. Es el llamado efecto de la víctima identificable: tendemos a desarrollar una respuesta emocional más intensa hacia un individuo reconocible que hacia una multitud expresada mediante porcentajes.

Existe además otro mecanismo conocido como ejemplificación. Un caso individual puede convertirse mentalmente en representación de una realidad mucho mayor. Los ejemplos concretos son más fáciles de recordar que las tasas estadísticas y pueden pesar de forma desproporcionada en nuestra percepción de un problema, incluso cuando los datos generales ofrecen una fotografía bastante más compleja.

Eso ocurrió con Maricarmen. No creó la crisis de la vivienda. La encontró preparada.

En septiembre, antes de su desahucio, la vivienda ya aparecía como el principal problema de España en el barómetro del CIS, mencionada por el 37,5% de los encuestados. Otro estudio del organismo reflejó pocos días después que solo el 11,9% de los ciudadanos consideraba garantizado en igualdad el acceso a una vivienda digna. Dicho de otra forma: el combustible estaba extendido por el suelo. El caso de Maricarmen fue una cerilla extraordinariamente visible.

El efecto Maricarmen: cuando un caso ordena el caos

Los grandes problemas sociales suelen sufrir una paradoja. Cuanto mayores son, más abstractos parecen. Hablar del mercado del alquiler obliga a entrar en tipos de interés, vivienda protegida, oferta, salarios, fiscalidad, regulación autonómica, suelo, pisos turísticos, grandes propietarios, pequeños caseros, seguridad jurídica y construcción. Un bosque espeso de causas y responsabilidades.

Maricarmen redujo ese bosque a una puerta.

Una mujer mayor llevaba aproximadamente setenta años viviendo allí. No quería marcharse. Una empresa quería disponer de la vivienda bajo otras condiciones económicas y jurídicas. Una resolución permitía el lanzamiento. Ella salió en camilla. La estructura narrativa era potentísima precisamente porque cabía entera en una imagen.

Después ocurrió la aceleración. Se convocaron movilizaciones, centenares de personas comenzaron a acampar en la Puerta del Sol y el caso se convirtió en el punto de encuentro de un malestar que llevaba mucho tiempo buscando una forma reconocible. Las protestas dejaron pronto de hablar exclusivamente de aquella vivienda de Retiro: denunciaban precios del alquiler, desahucios, precariedad juvenil y dificultades para emanciparse. Maricarmen era ya menos una persona concreta que una palabra capaz de contener todos esos conflictos.

Ahí nace el símbolo político. No cuando una persona aparece mucho en televisión, sino cuando su nombre empieza a significar algo que desborda su propia biografía.

El mensaje implícito era sencillo: esto que le ha sucedido a ella podría sucederle a otros. Jóvenes que no pueden abandonar la casa de sus padres, familias que destinan una parte enorme de sus ingresos al alquiler y pensionistas atrapados en contratos que cambian empezaron a reconocerse dentro de una historia que, estrictamente hablando, no era la suya.

Convertir a alguien en símbolo siempre simplifica. Pero simplificar no equivale automáticamente a falsear. Los movimientos sociales necesitan relatos reconocibles porque ninguna movilización funciona únicamente con hojas de cálculo. El ecologismo ha utilizado animales concretos para representar ecosistemas enteros; las campañas contra una guerra suelen concentrarse en una fotografía; los movimientos laborales recuerdan nombres propios. El símbolo traduce una estructura abstracta al lenguaje humano.

La cuestión ética comienza cuando esa traducción borra a la persona original.

En el caso de Maricarmen hay un elemento que impide describirla únicamente como víctima de una apropiación ajena: mostró voluntad política propia. Desde el hospital mantuvo contacto con quienes protestaban y pidió que siguieran defendiendo sus derechos. Su último mensaje difundido públicamente insistía en esa idea. Había dejado de luchar solo por regresar a su piso; al menos en sus propias palabras, entendía ya lo sucedido como parte de algo más amplio.

Eso no elimina la instrumentalización posterior. La hace más compleja. Porque una persona puede consentir convertirse en símbolo y, aun así, terminar atrapada en significados que nunca controlará por completo.

Cuando la política pone un nombre propio a una ley

El salto definitivo ocurrió cuando el nombre de Maricarmen entró en el vocabulario institucional. El Gobierno impulsó dos decretos sobre vivienda tras el desahucio y las movilizaciones. En la conversación pública empezaron a ser conocidos como el «decreto Maricarmen». La fórmula era comunicativamente perfecta: sustituía varias páginas de regulación inmobiliaria por un nombre que casi todo el país reconocía.

Aquí la frontera entre representación política y apropiación se vuelve más fina.

Utilizar el nombre de una ciudadana para identificar medidas que pretenden evitar casos semejantes puede entenderse como reconocimiento. También permite al Gobierno demostrar que escucha una protesta social. Pero, al mismo tiempo, convierte una experiencia humana dolorosa en capital narrativo para una decisión política. La ley deja de juzgarse únicamente por sus artículos: quien se opone puede aparecer como quien se opone a «Maricarmen»; quien la defiende puede presentarse simbólicamente junto a ella.

Ese desplazamiento resulta poderoso y peligroso.

Una política de vivienda puede ser técnicamente eficaz o desastrosa independientemente de la simpatía que despierte la persona que la inspira. El drama de una mujer expulsada de su casa no demuestra por sí solo que una regulación concreta de los alquileres funcione. Tampoco demuestra lo contrario. Confundir ambos planos convierte la compasión en argumento técnico, algo intelectualmente pobre aunque electoralmente rentable.

Los primeros decretos fueron rechazados en el Congreso el 2 de octubre. Tres días después, Pedro Sánchez anunció elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, reconociendo entre las cuestiones pendientes el acceso a la vivienda. El Gobierno volvió a aprobar el 6 de octubre dos textos con medidas similares y algunas modificaciones. El nombre de Maricarmen estaba ya incrustado en una secuencia que había pasado del portal de un edificio a la legislatura española.

La instrumentalización empieza cuando desaparecen los matices

La palabra «instrumentalización» suele utilizarse demasiado deprisa en política. Casi cualquier referencia a una víctima acaba acusada de ser propaganda por el adversario. Pero existe una diferencia relevante. Recordar un caso para explicar un problema es representación. Utilizarlo para movilizar apoyo puede ser activismo. Convertirlo en símbolo es política. Instrumentalizar comienza cuando la persona solo interesa en la medida en que confirma un relato.

Con Maricarmen ocurrió parcialmente ese fenómeno. Para el movimiento de vivienda fue la demostración visible de las consecuencias del modelo inmobiliario que denuncia. Para el Gobierno, su caso permitió colocar la vivienda en el centro de una respuesta legislativa y, después, del relato sobre el bloqueo parlamentario. Desde el sector inmobiliario surgieron, en cambio, críticas a lo que se consideraba utilización política del sufrimiento individual y a una respuesta legislativa acelerada. Cada actor seleccionó una parte del caso y la incorporó a una interpretación mayor.

Es normal. Así funciona buena parte de la política moderna.

Lo problemático aparece cuando se pierde lo que incomoda al relato propio: la complejidad jurídica del antiguo contrato; las diferentes cifras sobre las propuestas de alquiler; el hecho de que existieran procedimientos judiciales; la responsabilidad acumulada durante años por distintas administraciones; o la posibilidad de discutir seriamente las medidas de vivienda sin convertir al discrepante en enemigo moral.

También existe el extremo contrario: utilizar esos matices para disolver cualquier responsabilidad social. Una resolución judicial puede ser jurídicamente correcta y producir una situación socialmente insoportable. Legalidad, legitimidad y justicia no son palabras intercambiables. Ese viejo conflicto atraviesa el caso entero.

El acuerdo alcanzado tras el desahucio lo mostró con una ironía casi cruel. Después de la movilización, los representantes de Maricarmen y Urbagestión pactaron un contrato de ocho años con una renta que no superaría el 30% de sus ingresos y la posibilidad de regresar a la vivienda tras recibir el alta médica. Es decir, apareció una solución que antes del lanzamiento no había sido posible cerrar.

Nunca llegó a disfrutarla.

La muerte y el último riesgo del relato

Maricarmen falleció el 7 de octubre en el Gregorio Marañón. La causa médica exacta de su muerte no se había comunicado públicamente. Ese dato impone un límite elemental: que muriera después del desahucio y durante la hospitalización no permite establecer por sí mismo que el desahucio causara clínicamente su fallecimiento. La secuencia temporal es cierta; la relación médica directa, mientras no exista información que la acredite, no puede darse por probada.

La precisión importa especialmente porque la muerte eleva al máximo la temperatura simbólica. Algunas reacciones políticas utilizaron términos extremadamente duros para describir lo sucedido, mientras Pedro Sánchez expresó sus condolencias y afirmó que muchos sentían la pérdida como propia. El duelo entró inmediatamente en el mismo espacio político que durante dos semanas había ocupado el desahucio.

Aquí aparece quizá la última forma de instrumentalización: transformar una muerte cuya causa clínica no se conoce públicamente en prueba definitiva de una tesis ideológica.

No hace falta hacerlo.

El caso es suficientemente grave sin añadirle causalidades que no están demostradas. Una mujer de 87 años fue expulsada del hogar donde había pasado casi toda su vida; salió en camilla; el episodio desató una movilización nacional; posteriormente se alcanzó un acuerdo para que pudiera regresar; murió hospitalizada antes de volver. Los hechos ya poseen una fuerza política enorme. Inflarlos los debilita.

Y también sería una simplificación presentar a Maricarmen como una anciana indefensa transportada por fuerzas que no comprendía. Esa imagen funcionó visualmente, pero quedó pronto incompleta. Tomó posición, habló y animó a los manifestantes. Víctima, sí; únicamente víctima, no.

Una mujer concreta frente a una crisis que seguirá ahí

La historia de Maricarmen explica algo incómodo sobre la sociedad de la información. Sabíamos que España tenía un problema de vivienda antes de conocerla. Había estadísticas, encuestas, desahucios, alquileres imposibles, jóvenes sin emancipar y años de debate parlamentario. Pero una anciana saliendo en camilla consiguió condensar aquello que millones de datos no habían logrado fijar en la imaginación colectiva.

No es necesariamente una derrota de la razón. Los seres humanos pensamos también mediante historias, cuerpos, nombres y ejemplos. Sería bastante extraño exigir a una sociedad que reaccionara ante el sufrimiento exclusivamente como quien examina una tabla de Excel.

El peligro está en otra parte: creer que el símbolo sustituye al problema.

Maricarmen permite comprender la crisis de la vivienda, pero no puede explicarla entera. Su caso no resuelve el debate entre oferta y regulación, no determina cuál debe ser la duración de los contratos, no fija cuánta vivienda pública necesita España ni responde a cómo equilibrar la protección del inquilino con los derechos del propietario. Tampoco debería servir como salvoconducto sentimental para cualquier ley que lleve su nombre.

Su enorme potencia política procede precisamente de algo más sencillo. Durante unos días, el mercado inmobiliario dejó de ser un gráfico y adquirió la forma de una mujer mayor que quería continuar viviendo donde había vivido siempre.

Después llegaron las pancartas, los decretos, las siglas, las cámaras, el Congreso y unas elecciones anticipadas. La política convirtió a Maricarmen en símbolo, pero no inventó el malestar que la hizo posible. El país estaba preparado para reconocerse en aquella escena.

Esa es quizá la diferencia decisiva entre propaganda y símbolo. La propaganda intenta fabricar una emoción para imponer después una realidad. Un símbolo verdaderamente poderoso hace lo contrario: encuentra una emoción que ya existía, dispersa y sin nombre, y consigue darle forma. Durante dos semanas, esa forma se llamó Maricarmen.