España
La Junta investiga el alquiler sin visado de la VPO de Milagros Tolón
Castilla-La Mancha revisa los contratos de alquiler de la vivienda protegida de Milagros Tolón, arrendada desde 2012 sin el visado administrativo.
Resumen
- La Junta revisa el alquiler sin visado de la VPO de Milagros Tolón
- El piso está alquilado desde 2012 y protegido hasta noviembre de 2027
- La falta de visado puede acarrear multas de 3.001 a 15.000 euros
La Junta de Castilla-La Mancha ha iniciado una investigación de oficio sobre la vivienda de protección oficial (VPO) que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, mantiene alquilada en Toledo desde 2012. La Consejería de Fomento asegura que la dirigente socialista no tramitó el visado obligatorio de los contratos de arrendamiento y estudia la existencia de posibles infracciones administrativas que podrían desembocar en sanciones económicas.
El Gobierno autonómico de Emiliano García-Page ha solicitado el expediente completo de adjudicación del inmueble para comprobar las condiciones en las que se ha utilizado durante los últimos años. La ausencia de visado constituye una infracción grave en la normativa regional, castigada con multas de entre 3.001 y 15.000 euros. La ministra, por su parte, defiende que actuó conforme a los informes de su asesoría jurídica y niega haber especulado con la vivienda.
La Junta revisa el expediente y prepara un requerimiento a Tolón
La Consejería de Fomento, dirigida por Nacho Hernando, ha confirmado que está examinando el caso después de conocer las informaciones sobre el alquiler de la vivienda protegida de la ministra.
La investigación ha comenzado de oficio, sin necesidad de una denuncia particular. Los servicios administrativos han reclamado al archivo la documentación completa del inmueble y revisarán las condiciones de su adjudicación, los contratos de arrendamiento y las obligaciones legales que debía cumplir su propietaria.
El Gobierno regional asegura que Tolón no ha visado ningún contrato de alquiler de la vivienda. Esa circunstancia impide a la Administración determinar, a través del procedimiento establecido, si los arrendatarios cumplían los requisitos para acceder a un inmueble protegido.
El Ejecutivo autonómico tiene previsto solicitar explicaciones directamente a la ministra si el examen documental revela dudas que deban aclararse. También ha advertido de que aplicará el régimen sancionador si se acreditan incumplimientos, con independencia del cargo público de la propietaria.
Por qué es obligatorio visar el alquiler de una vivienda protegida
El visado administrativo permite comprobar que el arrendamiento respeta las condiciones especiales de una vivienda sometida a protección pública.
No se trata simplemente de comunicar a la Junta que existe un contrato. Mediante este procedimiento, la Administración debe verificar aspectos como los ingresos de los inquilinos, las condiciones para acceder a una vivienda protegida y el cumplimiento de los límites establecidos para el alquiler.
El artículo 20 del Decreto 173/2009 de Castilla-La Mancha distingue entre la autorización necesaria para determinadas transmisiones o cesiones durante los primeros diez años y el visado exigido mientras continúe vigente el régimen de protección.
Esa diferencia resulta fundamental en el caso de Tolón. Haber superado los diez años desde la compra podía eliminar la exigencia de una autorización vinculada a ese plazo, pero no suponía automáticamente que la vivienda quedase liberada de todos sus controles administrativos.
La ministra asegura que actuó conforme a un informe jurídico
Milagros Tolón ha rechazado las acusaciones de especulación inmobiliaria y sostiene que el alquiler se realizó conforme a la interpretación legal que recibió de sus asesores.
Durante un debate electoral celebrado el lunes 16 de noviembre, defendió que había comunicado el arrendamiento a la Administración competente y que la operación estaba respaldada por informes jurídicos. También recordó que tanto la propiedad del inmueble como los ingresos obtenidos figuran en sus declaraciones de bienes y de la renta.
Desde el Ministerio de Educación se ha precisado que la ministra encargó un informe jurídico en mayo de 2015, poco antes de convertirse en alcaldesa de Toledo. Según esa interpretación, podía alquilar la vivienda después de haber transcurrido diez años desde su adquisición y tampoco necesitaba el visado previo.
El problema es cronológico: la propia Tolón sitúa el comienzo del alquiler en 2012, tres años antes de la elaboración de ese informe.
Su entorno defiende, asimismo, que el precio cobrado siempre ha estado por debajo del máximo permitido para la vivienda protegida y aproximadamente un 30% por debajo del precio de mercado.
La existencia de ingresos declarados y la ausencia de sobreprecio, si se confirma, son elementos relevantes para examinar el expediente. No sustituyen, sin embargo, las obligaciones administrativas que pudieran resultar exigibles.
Qué multas puede recibir Milagros Tolón por el alquiler de su VPO
La legislación castellano-manchega considera infracción grave no visar los contratos de arrendamiento de viviendas protegidas ante el órgano competente.
La Ley 1/2023 establece sanciones económicas de 3.001 a 15.000 euros para las infracciones graves y de 15.001 a 60.000 euros para las muy graves.
Entre las conductas calificadas como graves también figura no destinar la vivienda protegida a domicilio habitual y permanente o mantenerla deshabitada sin autorización por causa justificada.
Las infracciones muy graves comprenden, entre otros supuestos, destinar la vivienda a usos distintos de los establecidos en su calificación definitiva. Su aplicación exige acreditar las circunstancias concretas y determinar el encaje jurídico de los hechos.
La normativa contempla incluso que determinadas multas puedan superar los 60.000 euros cuando el beneficio económico derivado de una infracción muy grave exceda ese límite.
Eso no significa que Tolón vaya a recibir necesariamente una sanción de esa cuantía. No existe una multa impuesta, y la Administración todavía debe determinar si se produjeron incumplimientos sancionables.
También tendrá que examinar qué normativa corresponde aplicar a los hechos, cuándo se produjeron y si existen cuestiones de prescripción, teniendo en cuenta que el alquiler comenzó años antes de la aprobación del actual régimen sancionador.
Una vivienda comprada en 1998 y protegida hasta noviembre de 2027
El inmueble se encuentra en Toledo y fue adquirido por Milagros Tolón en enero de 1998, después de resultar adjudicataria de una vivienda de protección oficial mediante sorteo.
Tiene aproximadamente 101 metros cuadrados construidos y 84 útiles, además de garaje y trastero. Su calificación como vivienda protegida se remonta al 27 de noviembre de 1997, con un periodo de protección de 30 años que, según la documentación del inmueble, finalizará el 27 de noviembre de 2027.
La ministra asegura que comenzó a alquilarlo en 2012. En su declaración de bienes presentada en 2023 figuraban 7.542,60 euros de ingresos por alquiler correspondientes a 2022, equivalentes a unos 628,55 euros mensuales.
Ese dato acredita la existencia de rentas declaradas durante aquel ejercicio, pero no permite establecer por sí solo cuánto ha percibido en todos los años de arrendamiento ni si el importe respetaba los límites aplicables en cada momento.
La documentación conocida también recoge que Tolón consultó a la Junta en noviembre de 1999 sobre la posibilidad de alquilar la vivienda, poco después de adquirirla.
La consulta se produjo cuando decidió trasladar su residencia al domicilio de su marido. Según la información conocida sobre aquella gestión, la Administración le comunicó entonces que no podía arrendar el inmueble durante el periodo inicial de limitación.
El uso como residencia habitual, otro aspecto bajo examen
La investigación no se limita al visado de los contratos. También deberá aclarar si la vivienda cumplió la obligación de servir como residencia habitual y permanente en los términos de su régimen de protección.
El actual alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, del PP, ha cuestionado que Tolón llegara a utilizar el piso como domicilio habitual antes de ponerlo en alquiler.
Las informaciones conocidas sitúan a la ministra residiendo en otra vivienda del barrio del Polígono de Toledo desde 1999. Si esa circunstancia se confirma, será necesario esclarecer qué uso tuvo el inmueble protegido durante los años anteriores a su arrendamiento.
No basta con constatar que una persona tiene su residencia en otro domicilio para determinar automáticamente todas las consecuencias jurídicas. Importan las fechas, la documentación de adjudicación, las autorizaciones que pudieran existir y las obligaciones concretas de la vivienda.
Por eso, la revisión del expediente resulta decisiva. La Junta tendrá que diferenciar entre la falta de visado, el posible incumplimiento de la obligación de residencia habitual y cualquier otra infracción que pudiera acreditarse.
El caso entra en la campaña electoral del 29 de noviembre
La polémica tiene también una dimensión política. Tolón es cabeza de lista del PSOE al Congreso por Toledo para las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras que Carlos Velázquez encabeza la candidatura del PP por la misma circunscripción.
El alcalde ha exigido explicaciones a la ministra y ha llegado a reclamar su dimisión por las presuntas irregularidades relacionadas con el inmueble.
El caso adquiere especial relevancia en un momento en el que el acceso a la vivienda constituye uno de los principales problemas sociales y uno de los asuntos centrales de la campaña electoral.
Las viviendas de protección oficial están sometidas a limitaciones precisamente porque responden a una finalidad pública: facilitar el acceso a una residencia a personas que cumplen determinadas condiciones económicas y sociales.
El hecho de que una propietaria haya desempeñado responsabilidades institucionales no demuestra un incumplimiento, pero tampoco la exime de respetar las mismas obligaciones legales que cualquier otro beneficiario.
El siguiente paso corresponde a la Consejería de Fomento. La investigación administrativa deberá establecer si el alquiler de la vivienda de Tolón respetó las condiciones legales o si procede abrir un procedimiento sancionador.
Hasta que concluya ese examen, lo acreditado es que la Junta está revisando el expediente, que la ministra reconoce haber alquilado la VPO desde 2012 y que el Gobierno autonómico sostiene que los contratos carecen del visado obligatorio. La eventual responsabilidad administrativa sigue pendiente de determinarse.
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