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La Armada debe rescatar cayucos en Canarias: los límites del bloqueo

La propuesta de usar la Armada para frenar cayucos en Canarias reabre el debate sobre el bloqueo naval, el deber de rescate y la crisis migratoria.

Relampago moored at the Naval base Las Palmas

Foto: Ein Dahmer / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Resumen

  • La Armada debe auxiliar a los cayucos que estén en peligro en el mar
  • Un bloqueo naval no es una herramienta para frenar la migración
  • Canarias recibió 24.364 migrantes por mar hasta el 15 de noviembre

La propuesta de desplegar la Armada española para frenar la llegada de cayucos a Canarias se enfrenta a un límite establecido por el derecho internacional: los buques de guerra también están obligados a prestar auxilio a las personas que se encuentren en peligro en el mar. Su presencia puede reforzar la vigilancia, detectar actividades delictivas y colaborar en operaciones de rescate, pero no autoriza a establecer un bloqueo militar contra embarcaciones con migrantes ni a devolverlas indiscriminadamente a las costas africanas.

El debate ha cobrado fuerza tras la petición formulada el 15 de noviembre por Xavier García Albiol, candidato del PP al Congreso por Barcelona, para que la Armada intervenga en aguas próximas a Canarias. El político defendió la actuación militar para impedir las operaciones de supuestos barcos nodriza que, según sus declaraciones, estarían trasladando o remolcando cayucos hacia el archipiélago. La existencia de ese sistema de transporte, sin embargo, no ha quedado acreditada públicamente en los términos descritos por Albiol.

La controversia ha llevado al doctor en Marina Civil Rafael Muñoz Abad a examinar las posibilidades reales de una intervención naval. El especialista distingue entre desplegar medios militares para controlar espacios marítimos y utilizarlos para impedir por la fuerza la navegación de embarcaciones con personas migrantes.

La diferencia es fundamental. Un buque militar no queda exento de las obligaciones de salvamento por participar en una operación de vigilancia fronteriza. Si localiza un cayuco cuyos ocupantes corren peligro, debe prestar asistencia, directamente o mediante la coordinación con los servicios de rescate, según las circunstancias.

La discusión se produce mientras El Hierro sigue recibiendo embarcaciones. Este domingo, 22 de noviembre, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil habían intervenido en la llegada de cinco cayucos a la isla. Hasta las 15.23 horas, se contabilizaban 214 personas desembarcadas en cuatro de ellos, a falta de conocer el número de ocupantes del quinto.

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La obligación de rescate también afecta a los barcos de guerra

El artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece el deber de prestar auxilio a las personas en peligro de desaparecer en el mar. La obligación alcanza a los capitanes de los buques, siempre que puedan intervenir sin poner en grave riesgo su propia embarcación, su tripulación o sus pasajeros.

La norma no distingue entre un mercante, un pesquero y un barco militar. Tampoco condiciona la asistencia a la nacionalidad, la documentación o la situación administrativa de las personas que necesitan socorro.

España está vinculada igualmente por el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos de 1979, conocido como Convenio SAR, que regula la coordinación de las operaciones de rescate.

Esto no significa que cualquier cayuco avistado deba ser evacuado automáticamente. La intervención depende del estado de la embarcación, las condiciones del mar, sus medios de seguridad y el peligro que afronten sus ocupantes. Un buque militar puede comunicar su posición y solicitar la intervención de Salvamento Marítimo cuando la situación permita esperar. Si existe un riesgo inmediato y puede prestar asistencia, deberá actuar.

No es una interpretación nueva. En 2020, el entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Teodoro López Calderón, ya explicó que un barco de guerra español que encontrase una patera con personas en peligro tendría la obligación de rescatarlas.

La Organización Marítima Internacional, ACNUR y la Cámara Naviera Internacional reforzaron este mismo principio en mayo de 2026 mediante una nueva edición de su publicación sobre el rescate de refugiados y migrantes en el mar. El documento insiste tanto en la asistencia marítima como en el desembarco en un lugar seguro.

Un bloqueo naval no es una operación de control fronterizo

La utilización del término bloqueo naval introduce otro problema. Se trata de una figura propia del derecho de los conflictos armados, tradicionalmente empleada para impedir el acceso marítimo a determinadas costas o puertos durante operaciones militares.

El Manual de San Remo de 1994 desarrolla las reglas aplicables a los conflictos armados en el mar, incluidos los bloqueos. No constituye, sin embargo, una autorización para aplicar esa herramienta a una crisis migratoria.

Muñoz Abad sostiene que trasladar semejante concepto al Atlántico canario carece de justificación jurídica y plantea enormes dificultades operativas. Un bloqueo exige controlar de manera efectiva un espacio marítimo, disponer de medios suficientes para mantenerlo y actuar dentro de un marco legal que no puede improvisarse.

La vigilancia marítima y el bloqueo militar son operaciones diferentes. España puede controlar sus fronteras y perseguir actividades delictivas dentro de sus competencias, pero eso no convierte las rutas migratorias en escenarios de guerra.

Existe también una dificultad geográfica. Las embarcaciones que alcanzan Canarias pueden partir de distintos puntos de África occidental y recorrer centenares de kilómetros antes de aproximarse al archipiélago. No atraviesan necesariamente un único paso estrecho que pueda vigilarse con unos pocos barcos.

Desplegar más unidades navales puede aumentar la capacidad de detección. Garantizar que ninguna embarcación alcance Canarias es una cuestión muy distinta.

Los supuestos barcos nodriza y la vigilancia del Atlántico

Una de las afirmaciones que han alimentado la controversia es la existencia de grandes embarcaciones que transportarían o remolcarían cayucos antes de soltarlos cerca de las islas.

Albiol hizo referencia a estos supuestos barcos nodriza para justificar la intervención de la Armada. No obstante, no se han presentado pruebas públicas verificables que acrediten la operación descrita en sus declaraciones.

Muñoz Abad aborda esta posibilidad desde una perspectiva operativa. Identifica una extensa zona del Atlántico situada al suroeste de Canarias, a la que denomina caja azul, donde la menor densidad de tráfico marítimo podría facilitar movimientos difíciles de detectar.

En caso de existir una actividad organizada de ese tipo, explica, su investigación requeriría vigilancia naval y aérea sostenida. Los buques de acción marítima de la Armada podrían participar en tareas de observación, mientras que las aeronaves de patrulla permitirían cubrir superficies mucho mayores.

El especialista destaca las capacidades que pueden aportar medios como los C-295 de vigilancia marítima, preparados para realizar misiones prolongadas de reconocimiento.

La distinción vuelve a ser importante: investigar posibles operaciones de tráfico ilícito de personas entra dentro de las actuaciones que pueden desarrollar las autoridades competentes. Dar por demostrada la existencia de barcos nodriza sin pruebas es otra cosa.

Rescatar a migrantes no permite devolverlos automáticamente a África

La devolución inmediata de las personas interceptadas plantea dificultades jurídicas adicionales.

El lugar donde se produce un rescate no determina por sí solo el puerto en el que deben desembarcar los supervivientes. Intervienen las obligaciones internacionales de salvamento, la identificación de un lugar seguro de desembarco, las responsabilidades de los Estados y las garantías de protección internacional.

Tampoco basta con considerar que una embarcación salió de Senegal, Mauritania o Gambia para trasladar automáticamente a sus ocupantes a uno de esos países.

Las devoluciones deben respetar las garantías jurídicas aplicables, incluido el principio de no devolución, que impide trasladar a una persona a un territorio donde pueda afrontar determinados riesgos graves, como persecución o tortura.

La situación se complica cuando el rescate tiene lugar en aguas internacionales. Las zonas de responsabilidad de búsqueda y salvamento no equivalen a aguas territoriales ni atribuyen soberanía sobre todo el espacio comprendido en ellas.

Una cosa es que España tenga responsabilidades en una operación de rescate. Otra, que pueda actuar libremente en aguas de otro Estado o desembarcar allí a personas sin la correspondiente base jurídica y cooperación internacional.

Canarias registra un aumento del 65,9 % en las llegadas

El debate sobre la Armada coincide con un fuerte incremento de las llegadas por la ruta atlántica.

Según el último balance oficial publicado por el Ministerio del Interior, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026, 24.364 personas llegaron por vía marítima a Canarias, frente a las 14.690 registradas durante el mismo periodo de 2025.

El incremento alcanza el 65,9 %, con 9.674 personas más. El número de embarcaciones contabilizadas pasó de 236 a 266, un aumento del 12,7 %.

La mayor aceleración se produjo durante noviembre. Solo en la primera quincena llegaron 11.037 personas al archipiélago, después de un octubre en el que se habían registrado 6.194 entradas.

El Hierro concentra buena parte de la presión. La sucesión de cayucos ha obligado a reforzar dispositivos de emergencia, organizar traslados a otras islas y movilizar recursos sanitarios y de acogida.

El Gobierno canario, presidido por Fernando Clavijo, ha reclamado más medios y una actuación europea más intensa en los países de origen y tránsito.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha defendido la cooperación policial con países africanos y ha señalado la necesidad de reforzar la intervención de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, en la prevención de salidas irregulares.

El contexto humanitario tampoco puede separarse de las cifras. La ruta atlántica es especialmente peligrosa por las distancias, las condiciones de navegación y la precariedad de numerosas embarcaciones. En septiembre, el rescate de un cayuco que había partido de Gambia dejó más de 80 personas muertas o desaparecidas, según la información conocida entonces.

Más vigilancia marítima no sustituye a la gestión migratoria

La intervención de la Armada puede tener utilidad en labores concretas de vigilancia, reconocimiento y apoyo a las autoridades civiles, siempre dentro de las competencias y limitaciones jurídicas correspondientes.

La detección de embarcaciones sospechosas, el intercambio de información y la cooperación internacional son instrumentos diferentes de un bloqueo naval. También pueden contribuir a combatir las redes criminales que organizan travesías peligrosas.

Pero ningún despliegue elimina la obligación de auxiliar a quienes corren peligro en el mar.

El repunte migratorio de noviembre ha puesto de manifiesto problemas inmediatos en Canarias: capacidad de rescate, atención sanitaria, instalaciones de primera acogida y organización de los traslados. Son necesidades que requieren medios materiales, coordinación administrativa y decisiones operativas.

La cooperación con los países de salida constituye otra parte de la respuesta, tanto para perseguir a las organizaciones que trafican con personas como para prevenir nuevas travesías. Su eficacia depende de acuerdos internacionales y de las circunstancias concretas de cada ruta.

La Armada puede participar en la seguridad marítima, pero su despliegue no convierte el Atlántico en una frontera militar cerrada. Si un buque de guerra español encuentra un cayuco en peligro, la prioridad legal seguirá siendo proteger las vidas que lleva a bordo.

El debate político puede continuar sobre cuántos medios deben desplegarse y dónde. Las obligaciones de salvamento, en cambio, no cambian con el calendario electoral.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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