Ayuso admitió que Madrid gestionó las residencias durante la pandemia

Isabel Díaz Ayuso reconoció durante una entrevista televisiva que la Comunidad de Madrid gestionó las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de covid-19. La frase fue pronunciada el 18 de junio de 2020, en directo, durante una entrevista de Sonsoles Ónega en Ya es mediodía, en Telecinco. No es, por tanto, una declaración nueva, aunque vuelve a tener relevancia seis años después por una cuestión que sigue abierta en los tribunales: quién tenía capacidad efectiva para actuar sobre los centros y qué decisiones se tomaron durante aquellas semanas.

La declaración fue bastante explícita. Ayuso diferenciaba las responsabilidades del Ayuntamiento de Madrid y de la administración autonómica cuando afirmó que había tenido que gestionar la sanidad y que su Gobierno había tenido que gestionar las residencias. Ónega reparó de inmediato en esas palabras y le preguntó si estaba reconociendo que los centros no habían sido responsabilidad exclusiva del denominado mando único estatal. La presidenta introdujo después matices, pero la afirmación inicial quedó dicha en directo.

Qué dijo Ayuso sobre la gestión de las residencias

La conversación surgió al comparar la situación política del Ayuntamiento con la de la Comunidad. Ayuso argumentó que las competencias eran distintas y enumeró las áreas que correspondían a su Ejecutivo. Entre ellas aparecieron expresamente la sanidad y las residencias, dos ámbitos que durante los meses anteriores habían quedado en el centro de una batalla política especialmente áspera.

La cuestión tenía bastante más fondo que una discusión semántica. Durante el estado de alarma existió una autoridad sanitaria estatal con competencias extraordinarias, pero eso no supuso que las comunidades autónomas desaparecieran del mapa administrativo. Las autoridades regionales conservaron funciones operativas y de intervención sobre los centros de mayores y debían ejecutar buena parte de las medidas sanitarias aprobadas durante la emergencia.

Madrid creó su propio mando sanitario para las residencias

Hay un elemento documental especialmente relevante. El 26 de marzo de 2020, el propio Gobierno madrileño anunció un plan de choque en el que la Consejería de Sanidad pasaba a situarse como mando único sanitario para las actuaciones en las residencias de mayores de la región.

El dispositivo coordinaba Sanidad con Políticas Sociales, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Bomberos y Protección Civil. La estructura operativa debía actuar bajo las directrices de las consejerías autonómicas competentes. Dicho de otro modo: en plena emergencia y mientras España permanecía bajo el estado de alarma, la propia Comunidad estableció un mando autonómico específico para intervenir en esos centros.

Esto no significa que el Gobierno central careciera de responsabilidades. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobaba normas generales, el Ministerio de Sanidad ejercía poderes excepcionales y el Estado desplegó recursos como la Unidad Militar de Emergencias. Pero tampoco encaja con la idea de que Madrid hubiera perdido toda capacidad de decisión. La realidad administrativa fue bastante más compleja que el eslogan político: coexistieron competencias estatales y autonómicas.

La Comunidad volvió a reivindicar aquel mando único

La propia Administración madrileña explicó semanas después que el mando único de Sanidad había servido para coordinar la atención sociosanitaria, reorganizar centros, realizar desinfecciones y actuar ante el elevado número de fallecimientos. Ayuso volvió a referirse posteriormente a aquella estructura. No fue, por tanto, una expresión aislada pronunciada ante una cámara: había detrás decisiones administrativas concretas y un dispositivo diseñado por el Ejecutivo regional.

De ahí que la entrevista de junio de 2020 conserve interés. No demuestra por sí sola una responsabilidad penal ni resuelve qué ocurrió en cada residencia, pero sí resulta relevante cuando se discute una versión simplificada según la cual la gestión de aquellos centros habría quedado completamente absorbida por el mando estatal.

Las 7.291 muertes que siguen marcando el debate

La discusión sobre las competencias no puede separarse de lo que ocurrió dentro de las residencias. Los datos facilitados por la propia Comunidad de Madrid indican que durante marzo y abril de 2020 fallecieron 9.470 personas que vivían en centros de mayores. De ellas, 2.179 murieron en hospitales y 7.291 fallecieron en las propias residencias.

Conviene precisar bien esa cifra porque con el paso de los años ha adquirido casi vida propia. Los 7.291 fallecimientos no equivalen a 7.291 muertes certificadas por covid-19, ni permiten sostener automáticamente que todas esas personas hubieran sobrevivido de haber sido trasladadas a un hospital. Se trata de residentes fallecidos en los centros durante esos dos meses, por distintas causas, sin morir en un hospital.

Lo que sí está documentado es que durante las semanas más duras de la primera ola circularon protocolos de derivación que incluían criterios relacionados con el grado de dependencia y el deterioro cognitivo. Su contenido, su aplicación en cada caso y su posible influencia en la atención recibida por los residentes forman parte del conflicto político, sanitario y judicial que todavía persiste.

Los procedimientos judiciales continúan abiertos

El asunto sigue lejos de pertenecer únicamente a los libros de historia de la pandemia. En octubre de 2026 continúan abiertos 85 procedimientos judiciales relacionados con denuncias y querellas de familiares, con 118 personas personadas. Algunos asuntos permanecen en juzgados de instrucción, otros están pendientes de recursos y varios han recorrido ya distintas instancias judiciales.

Los familiares reclaman desde hace años que se investigue si determinadas decisiones limitaron de manera indebida el acceso de residentes a los hospitales. La dispersión de las causas ha añadido otra capa al problema. Para el 23 de noviembre de 2026 está prevista una reunión de magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid destinada a intentar unificar criterios sobre la posible concentración de investigaciones relacionadas con estos hechos.

Que existan procedimientos abiertos no significa que esté acreditada una responsabilidad penal de Ayuso, de su Gobierno o de otros responsables públicos. Esa diferencia importa, y mucho. Una cosa es establecer quién tenía competencias administrativas; otra, demostrar quién adoptó una decisión determinada, cómo fue aplicada en un centro concreto y si existe una relación penalmente relevante con el fallecimiento de una persona.

Competencia política y responsabilidad penal no son lo mismo

En aquellos meses intervinieron distintas administraciones, hospitales, servicios de emergencias, direcciones de residencias, médicos y responsables políticos. Averiguar quién tenía una competencia formal puede resolverse acudiendo a normas y documentos. Reconstruir cada decisión asistencial es bastante más difícil: exige expedientes clínicos, órdenes, comunicaciones, testimonios y circunstancias individuales.

La Comunidad de Madrid ha defendido que las decisiones clínicas correspondían a los profesionales sanitarios y ha rechazado que existiera una instrucción política destinada a dejar morir a residentes. Los familiares que impulsan las investigaciones sostienen, por el contrario, que hubo personas que no accedieron a atención hospitalaria debido a criterios generales de exclusión. Son posiciones enfrentadas cuya dimensión penal corresponde determinar a los tribunales.

El llamado “mando único” se convirtió mientras tanto en una especie de pelota política lanzada durante años de una administración a otra. Los documentos permiten una fotografía menos cómoda para los relatos absolutos: el Estado ejerció poderes excepcionales durante la alarma y Madrid mantuvo capacidad de gestión e intervención sobre las residencias, hasta el punto de organizar su propio dispositivo sanitario para esos centros.

Una frase de 2020 que sigue pesando seis años después

La declaración de Ayuso no constituye una revelación producida en 2026. Fue pronunciada el 18 de junio de 2020, apenas tres meses después del estallido de la crisis sanitaria en las residencias. Presentarla como una confesión reciente alteraría el contexto y convertiría una noticia verificable en algo que no ocurrió.

Su interés está en otro lugar. La presidenta madrileña dijo públicamente que su Gobierno había tenido que gestionar las residencias; la propia Comunidad había situado previamente a Sanidad como mando único autonómico sobre esos centros; y seis años después todavía existen procedimientos judiciales destinados a esclarecer qué ocurrió con los residentes que no llegaron a los hospitales.

La frase televisiva no dicta una sentencia ni resuelve por sí sola el reparto completo de responsabilidades durante la pandemia. Pero sí desmonta una simplificación que ha sobrevivido demasiado bien al paso del tiempo: la Comunidad de Madrid sí tuvo responsabilidades de gestión sobre las residencias. Lo que hicieron sus responsables con esas competencias, hasta dónde llegaban y qué consecuencias tuvieron determinadas decisiones es precisamente lo que la justicia aún intenta aclarar.