Barcelona aprueba subir hasta un 150% el IBI de los pisos turísticos

Barcelona ha dado luz verde provisional a una fuerte subida del IBI de las viviendas de uso turístico: el recargo será del 50% para quien tenga una licencia, del 100% para los titulares de dos o tres pisos turísticos y alcanzará el 150% para quienes posean cuatro o más. La decisión, aprobada este viernes 9 de octubre en la Comisión de Economía y Hacienda, coloca a la ciudad en el máximo permitido por el nuevo marco estatal.

La medida no afectará únicamente a un puñado de grandes operadores. Barcelona mantiene unas 10.627 licencias activas de viviendas turísticas y alrededor del 60% están vinculadas a propietarios con cuatro o más inmuebles destinados a esta actividad. Según los cálculos municipales, unos 6.000 pisos quedarían, por tanto, sujetos al recargo máximo del 150%, mientras que unos 1.200 soportarían el incremento del 100%.

El recargo cambia según cuántos pisos turísticos tenga el dueño

El sistema aprobado por Barcelona introduce una fiscalidad escalonada. Quien disponga de una única vivienda turística pagará un 50% adicional sobre la cuota líquida del IBI. Con dos o tres inmuebles de este tipo, el incremento será del 100%. A partir de cuatro, el Ayuntamiento aplicará el máximo: un 150% extra.

Conviene detenerse un segundo aquí porque una subida del 150% puede prestarse fácilmente al equívoco. No significa que el propietario vaya a pagar un IBI equivalente al 150% del actual, sino que se añade un recargo del 150% sobre la cuota. Dicho de otro modo: una cuota de IBI de 1.000 euros pasaría, con el recargo máximo, a 2.500 euros.

Ese es precisamente el margen abierto por el nuevo marco estatal, que permite a los ayuntamientos situados en zonas de mercado residencial tensionado incrementar el IBI de los inmuebles residenciales utilizados como alojamientos turísticos. La norma fija un máximo del 50%, permite llegar al 100% para titulares de al menos dos viviendas y eleva el techo al 150% cuando poseen cuatro o más. La decisión concreta queda en manos de cada consistorio mediante su ordenanza fiscal.

Un impuesto pensado más para desincentivar que para recaudar

El gobierno municipal de Jaume Collboni no oculta la finalidad de la operación. El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha defendido que el objetivo es encarecer y desincentivar el uso turístico de viviendas mientras Barcelona avanza hacia la desaparición de estas licencias.

Los cálculos manejados por el Ayuntamiento sitúan los ingresos adicionales alrededor de siete u ocho millones de euros, pero el argumento político va por otro camino. Para el consistorio, una vivienda turística no funciona simplemente como una vivienda: sostiene una actividad económica y, en consecuencia, debe soportar una fiscalidad distinta.

La idea encaja con una ofensiva municipal bastante más amplia contra este modelo de alojamiento. Barcelona pretende que las actuales licencias de pisos turísticos dejen de existir a partir de 2028, al no renovarlas cuando expire su vigencia. El recargo del IBI funciona así como una especie de puente fiscal hasta esa fecha.

El 60% de las licencias soportará el recargo máximo

El dato que explica la contundencia de la medida está en la concentración de las licencias. De las algo más de 10.600 viviendas turísticas registradas, cerca del 60% pertenece a titulares con cuatro o más inmuebles. No estamos, por tanto, ante un mercado compuesto únicamente por particulares que alquilan ocasionalmente una segunda residencia.

Hay operadores con carteras considerablemente mayores. La estructura del sector incluye propietarios que controlan decenas e incluso centenares de licencias, de manera que el recargo del 150% golpeará especialmente a quienes han convertido este tipo de alquiler en un negocio de escala.

Eso también explica por qué Barcelona ha elegido aplicar directamente los porcentajes máximos permitidos. El municipio podría haber aprobado recargos inferiores. No lo ha hecho. PSC, ERC y BComú respaldaron la modificación, Junts se abstuvo y PP y Vox votaron en contra.

La subida todavía tiene recorrido administrativo

La aprobación de este viernes es provisional. La modificación deberá completar la tramitación correspondiente de la ordenanza fiscal antes de desplegar todos sus efectos. El nuevo marco estatal establece además que este recargo se devenga el 31 de diciembre y se liquida anualmente por los ayuntamientos.

En el caso de Barcelona, la previsión municipal sitúa la aplicación efectiva del nuevo esquema en el 31 de diciembre de 2027. Hasta entonces se abre la fase administrativa necesaria para incorporar el recargo a la fiscalidad local.

No debe confundirse, por cierto, con el impuesto turístico que paga el visitante por cada noche de alojamiento. Son figuras distintas. La tasa turística catalana y su recargo municipal gravan las estancias; este nuevo recargo grava al propietario a través del IBI. El bolsillo es distinto y también lo es el hecho imponible.

Barcelona endurece su batalla por recuperar vivienda residencial

El debate de fondo vuelve a ser el de siempre en Barcelona: cuántos pisos puede absorber la actividad turística sin expulsar vivienda del mercado residencial. El Ayuntamiento sostiene que retirar más de 10.000 apartamentos del circuito turístico permitirá recuperar parte de esa oferta para residentes permanentes.

La relación, naturalmente, no es automática. Que desaparezca una licencia turística no obliga por sí solo a su propietario a ofrecer ese piso en alquiler convencional; puede venderlo, mantenerlo vacío, utilizarlo personalmente o buscar otro encaje permitido por la legislación. Pero la estrategia municipal intenta modificar los incentivos: menos rentabilidad fiscal y regulatoria para el alojamiento turístico, más presión para devolver inmuebles al uso residencial.

Ahí está el cambio verdaderamente relevante. Durante años, la discusión sobre los pisos turísticos se concentró en licencias, inspecciones y sanciones. Barcelona añade ahora otro instrumento, quizá menos vistoso pero muy tangible cuando llega el recibo: el IBI.

Un recibo más caro antes del adiós previsto para 2028

La subida convierte a Barcelona en uno de los primeros grandes municipios en aprovechar hasta el límite la nueva capacidad fiscal concedida por el Estado. Para los pequeños propietarios el golpe será menor, aunque significativo; para quienes concentran cuatro o más viviendas turísticas, la factura puede multiplicarse por dos veces y media respecto de la cuota ordinaria.

Todo sucede, además, con una fecha marcada en rojo detrás: 2028. El Ayuntamiento mantiene su intención de extinguir entonces las licencias actuales. Hasta que llegue ese momento, el mensaje fiscal es bastante menos sutil que cualquier declaración política: mantener varias viviendas dentro del negocio turístico en Barcelona será sensiblemente más caro.