Moreno alerta: centralizar los fondos europeos dañaría a Andalucía

Juanma Moreno ha llevado a Bruselas una advertencia con bastante más fondo que una simple disputa administrativa. El presidente de la Junta de Andalucía sostiene que concentrar en los gobiernos estatales la gestión de los fondos europeos supondría un grave retroceso para las comunidades autónomas y, en el caso andaluz, tendría consecuencias que ha calificado de “catastróficas”.

El debate apunta directamente al próximo presupuesto de la Unión Europea para 2028-2034, todavía en negociación. La Comisión Europea plantea una arquitectura distinta, más simplificada, que agrupa buena parte de las ayudas gestionadas por los Estados y las regiones en nuevos planes nacionales y regionales. Bruselas defiende que el modelo permitirá gastar mejor y reaccionar con mayor rapidez. Las regiones, sin embargo, temen otra cosa: que la simplificación termine dejando las llaves de la caja principalmente en manos de los gobiernos nacionales.

Moreno pide mantener la gestión autonómica de los fondos europeos

Moreno realizó su advertencia este martes, 13 de octubre, en Bruselas, durante su agenda como vicepresidente primero del Comité Europeo de las Regiones. Su argumento parte de la propia estructura territorial española: las comunidades autónomas llevan décadas participando en el diseño y ejecución de fondos destinados a empleo, infraestructuras, agricultura, transición energética o desarrollo empresarial.

Para el presidente andaluz, trasladar buena parte de esa capacidad hacia Madrid implicaría alejar las decisiones del territorio. Una ayuda pensada desde un despacho estatal, viene a sostener, difícilmente conoce con el mismo detalle qué necesita una comarca agrícola de Jaén, un municipio costero de Cádiz o una zona industrial en transformación de Córdoba.

No es una discusión menor. En el periodo 2021-2027, Andalucía dispone de más de 7.000 millones de euros de ayuda comunitaria dentro de sus principales fondos estructurales y agrícolas, con una inversión total superior a los 8.000 millones al sumar la financiación nacional. Ese dinero atraviesa buena parte de la economía regional, aunque muchas veces su presencia resulte invisible: detrás de una carretera, una ayuda a una pyme, un programa de formación o una inversión energética puede haber una pequeña bandera azul con estrellas amarillas.

La PAC y los fondos de cohesión, en el centro del choque

Hay dos grandes asuntos que preocupan especialmente a la Junta: la Política Agraria Común (PAC) y los fondos de cohesión. Moreno los considera instrumentos esenciales y rechaza que sean tratados como políticas envejecidas que puedan perder peso frente a las nuevas prioridades comunitarias.

Europa tiene otras facturas sobre la mesa. Defensa, seguridad, competitividad tecnológica, energía, migración. La manta presupuestaria, por mucho que crezca, sigue teniendo esquinas. Y cuando aparecen nuevas prioridades surge inevitablemente la cuestión del reparto: de dónde saldrá el dinero y qué políticas tendrán que competir por él.

Andalucía observa esa negociación con especial atención por el peso de su agricultura y por su condición histórica de beneficiaria de las políticas de cohesión, concebidas precisamente para reducir las diferencias económicas entre territorios europeos.

Qué propone realmente Bruselas para los fondos de 2028 a 2034

La Comisión Europea presentó para 2028-2034 un presupuesto comunitario cercano a los dos billones de euros. Una de las grandes novedades es la creación de los denominados planes de colaboración nacional y regional, que agruparían distintos instrumentos europeos dentro de una estrategia más compacta.

Estos planes concentrarían alrededor de 865.000 millones de euros. Dentro del conjunto, unos 450.000 millones estarían vinculados a cohesión económica, social y territorial, con una reserva mínima de 218.000 millones para las regiones menos desarrolladas.

Bruselas presenta la reforma como una forma de eliminar capas burocráticas, ganar flexibilidad y adaptar mejor las inversiones. Sobre el papel, la Comisión también establece que Estados, regiones y autoridades locales participen en el diseño y aplicación de los planes.

Ahí aparece el matiz decisivo. El temor de Moreno no consiste en que exista ya una norma europea que haya expulsado a las autonomías de la gestión —no es así—, sino en que la negociación desemboque en un modelo donde el Estado tenga mucha más capacidad para ordenar, priorizar y repartir los recursos.

Las regiones europeas también recelan del nuevo modelo

La inquietud no es exclusivamente andaluza ni española. El Comité Europeo de las Regiones lleva meses reclamando garantías para impedir que la reforma presupuestaria reduzca el papel de ciudades y gobiernos regionales.

El organismo europeo ha defendido que las regiones deben participar de manera efectiva en la preparación de los nuevos planes y se ha opuesto a que los gobiernos nacionales puedan diseñarlos prácticamente solos. La diferencia parece burocrática hasta que se traduce a dinero: quien participa en la programación también influye en las prioridades, en los territorios que reciben inversiones y en las condiciones de acceso.

Simplificar no significa necesariamente centralizar

Ese es precisamente uno de los puntos sobre los que insiste Moreno. El presidente andaluz admite que el sistema europeo necesita menos trámites y una gestión más ágil. Nadie suele organizar una manifestación para defender más formularios.

Pero considera que reducir burocracia y concentrar poder son asuntos distintos. Un procedimiento puede simplificarse sin retirar capacidad de decisión a las administraciones territoriales. Esa frontera entre simplificación y centralización marcará buena parte de la negociación política de los próximos meses.

Por qué Andalucía se juega mucho en esta negociación

Los fondos comunitarios han tenido una presencia extraordinaria en la transformación económica y social andaluza desde la entrada de España en las comunidades europeas. Autovías, redes hidráulicas, proyectos empresariales, políticas laborales, modernización agrícola, educación o transición energética han recibido financiación europea durante décadas.

En el marco vigente, solo el programa FEDER Andalucía 2021-2027 moviliza una inversión total superior a 4.400 millones de euros, mientras el Fondo Social Europeo Plus supera los 2.100 millones. El dinero no resuelve por sí solo los problemas estructurales —la historia andaluza ofrece pruebas suficientes de ello—, pero perder capacidad para decidir dónde invertirlo tampoco parece un detalle administrativo.

Moreno defiende precisamente la proximidad como ventaja. Una administración autonómica conoce mejor las diferencias internas de un territorio enorme y diverso como Andalucía, aunque esa afirmación tampoco convierte automáticamente cada decisión regional en acertada. Conocer el territorio y gestionar bien son dos exámenes distintos.

Irlanda dirige una negociación que todavía está abierta

El pulso se produce mientras Irlanda ejerce la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, entre julio y diciembre de 2026. El Gobierno irlandés tiene entre sus tareas conducir las negociaciones entre los Estados miembros sobre numerosos expedientes europeos, incluido el complejo debate presupuestario.

Moreno ha reconocido el esfuerzo negociador realizado, pero considera insuficientes las garantías existentes para las regiones. El marco financiero 2028-2034 todavía debe superar una larga negociación entre las instituciones comunitarias y los Estados antes de quedar definitivamente aprobado.

Nada está cerrado, por tanto. Ni existe una recentralización consumada ni la preocupación regional es puramente retórica. Hay una reforma concreta sobre la mesa y una batalla política igualmente concreta para decidir cuánto poder conservarán las regiones sobre el dinero europeo.

Andalucía convierte los fondos europeos en una batalla política

La posición de Moreno coloca a Andalucía dentro de un debate que probablemente crecerá a medida que avance la negociación presupuestaria. La discusión no gira únicamente alrededor de cuánto dinero recibirá cada territorio, sino también sobre algo menos visible y quizá igual de importante: quién decidirá cómo gastarlo.

Bruselas pretende simplificar una maquinaria financiera que durante años ha acumulado programas, requisitos y procedimientos. Las regiones aceptan buena parte del diagnóstico, pero quieren evitar que la cura termine alterando el equilibrio territorial de la Unión Europea.

Para Andalucía, donde la PAC y los fondos de cohesión siguen financiando inversiones fundamentales, esa diferencia entre simplificación y centralización pesa bastante. Moreno ha decidido marcarla desde Bruselas antes de que el nuevo modelo quede escrito definitivamente. Porque cuando un presupuesto europeo abandona las grandes mesas de negociación, deja de ser teoría: acaba convertido en carreteras, ayudas agrícolas, programas de empleo e inversiones con destino concreto.