Ceuta pasa de 180 a 3.086 menores acogidos tras la crisis migratoria

Ceuta tiene bajo acogida a 3.086 menores, frente a los 180 que atendía a comienzos de julio, antes de la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de aquel mes. En poco más de dos meses y medio, el sistema de protección de la ciudad autónoma ha pasado a atender a más de 17 veces el número de niños y adolescentes que tenía antes de aquella crisis.

La dimensión del salto se entiende todavía mejor al mirar otro dato, distinto y conviene no confundirlo: el Estado fija para Ceuta una capacidad ordinaria de 29 plazas para menores extranjeros no acompañados. Con 3.086 acogidos, la Ciudad está atendiendo a una población equivalente a unas 106 veces ese parámetro oficial. No es una errata ni un decimal rebelde: es la distancia, enorme, entre la planificación administrativa y lo que ha terminado ocurriendo sobre el terreno.

De 180 a 3.086 menores en dos meses y medio

A principios de julio Ceuta acogía a 180 menores y había comenzado a trasladar algunos de ellos a recursos de la Península mediante el mecanismo previsto en el Real Decreto-ley 2/2025. La entrada masiva de finales de mes cambió completamente la escala del problema. El último balance del Gobierno ceutí eleva la cifra hasta los 3.086 niños y adolescentes atendidos.

Eso supone 2.906 menores más que al comenzar julio. Dicho de otra manera: por cada menor acogido entonces hay ahora algo más de 17. La fotografía se ha transformado con una velocidad poco habitual incluso en territorios acostumbrados a convivir con la presión migratoria.

El incremento tampoco parece haberse detenido tras las primeras semanas. El 8 de octubre, el Gobierno central situaba en 2.827 los menores dentro del sistema de protección autonómico. Nueve días después, la cifra comunicada por el Ejecutivo de Ceuta es de 3.086, 259 más, aunque ambos balances proceden de administraciones distintas y responden a momentos diferentes del proceso de identificación y acogida.

La cifra de 29 plazas: qué significa realmente

Las 29 plazas que aparecen una y otra vez en este debate requieren una aclaración. No son simplemente las camas disponibles en un edificio ni el aforo de un centro concreto. Constituyen la capacidad ordinaria oficial asignada a Ceuta dentro del sistema nacional de protección de menores extranjeros no acompañados.

El Gobierno aprobó en junio de 2026 una actualización de esa capacidad para todas las comunidades y ciudades autónomas utilizando una fórmula basada, entre otros elementos, en la población de cada territorio. El resultado fue de 29 para Ceuta y 30 para Melilla, frente, por ejemplo, a 3.009 en Andalucía, 2.829 en Cataluña o 2.471 en Madrid.

Por eso, cuando el Gobierno ceutí habla de una sobreocupación del 10.541 %, compara la situación actual con ese parámetro normativo. En términos más fáciles de visualizar, Ceuta está atendiendo a unas 106 veces su capacidad ordinaria. El porcentaje impresiona; la multiplicación explica mejor el problema.

Once recursos extraordinarios desde agosto

Para absorber la llegada de menores, la Ciudad asegura haber abierto 11 recursos extraordinarios y provisionales desde el 1 de agosto. Son instalaciones añadidas a una red que, evidentemente, no fue concebida para asumir de golpe varios miles de tutelas.

El territorio tampoco ayuda. El Gobierno local recuerda que Ceuta tiene unos 19 kilómetros cuadrados y alrededor de 85.000 habitantes. Encontrar inmuebles adecuados, personal, espacios educativos y servicios para miles de menores adicionales se convierte así en una especie de puzle urbano en el que apenas quedan piezas libres.

Y la acogida no consiste únicamente en proporcionar una cama. Cada menor necesita identificación, tutela jurídica, escolarización y atención sanitaria y social y, cuando corresponde, un procedimiento para determinar su edad o localizar a su familia. Ahí está buena parte de la complejidad que los grandes números esconden.

Los traslados avanzan, pero el atasco sigue ahí

El mecanismo estatal de redistribución pretende precisamente evitar que los territorios de primera llegada soporten indefinidamente toda la presión. El Real Decreto-ley 2/2025 introdujo la posibilidad de repartir menores extranjeros no acompañados entre comunidades cuando se declare una contingencia migratoria extraordinaria.

Pero el ritmo de salida sigue siendo pequeño frente al volumen acumulado en Ceuta. Según el balance del Gobierno del 8 de octubre, 173 menores habían sido reubicados en otras comunidades autónomas y otros 86 habían sido reagrupados con familiares en la Península. También se habían enviado a Marruecos 24 expedientes de reagrupación familiar para su tramitación.

Son movimientos relevantes para cada niño afectado, claro, pero aritméticamente todavía modestos ante una población protegida que ya supera los 3.000 menores. La maquinaria administrativa avanza a una velocidad; la realidad de Ceuta, desde finales de julio, lo ha hecho a otra bastante distinta.

La reagrupación familiar, además, no equivale a una devolución automática. En cualquier procedimiento que afecte a un menor debe prevalecer su interés superior, verificarse la relación familiar y analizarse las circunstancias concretas. La rapidez administrativa tiene límites cuando detrás de cada expediente hay un niño y no una caja que trasladar de almacén.

El choque político entre Ceuta y el Gobierno central

La cifra aparece en pleno enfrentamiento entre el Ejecutivo de Ceuta y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha rechazado las críticas del ministro a la actuación de la Ciudad y sostiene que la administración autonómica está asumiendo una carga extraordinaria desde finales de julio.

Gaitán utiliza precisamente los 3.086 menores acogidos, las 29 plazas ordinarias y los 11 recursos extraordinarios como argumento para defender que Ceuta sí está ejerciendo sus competencias. También recuerda que la protección de los menores extranjeros no acompañados exige intervención de distintas administraciones y que cuestiones como el control fronterizo, la identificación policial o la política migratoria corresponden al Estado.

El desacuerdo no es precisamente académico. Interior ha reclamado a la Ciudad que agilice determinados trámites de menores, mientras el Ejecutivo ceutí replica que buena parte del procedimiento depende también de organismos estatales. Entre una administración y otra vuelan reproches; entretanto, más de 3.000 menores siguen necesitando alojamiento y protección.

Una red de protección llevada al límite

La situación tiene su origen inmediato en las jornadas del 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron hacia Ceuta desde Marruecos. Las cifras oficiales fueron cambiando a medida que avanzaron las identificaciones: Interior llegó a situar en unas 72.000 las entradas y otros balances gubernamentales las elevaron hasta alrededor de 80.000.

La diferencia entre esas estimaciones no altera el hecho central: aquella llegada transformó en cuestión de horas la capacidad asistencial de una ciudad pequeña. Los adultos y los menores, además, siguen circuitos jurídicos diferentes. En el caso de estos últimos, la condición de personas bajo protección obliga a una respuesta especialmente garantista.

El dato de los 3.086 tampoco describe una masa homogénea. Hay menores pendientes de distintos trámites, procesos de determinación de edad, posibles reagrupaciones familiares y traslados hacia otras comunidades. El propio Gobierno ceutí ha señalado que en algunos recursos permanecen personas cuya minoría de edad todavía debe acreditarse de forma definitiva.

La gestión se mueve así entre dos obligaciones que no deberían presentarse como incompatibles: reducir la presión sobre Ceuta y garantizar los derechos de cada niño. Convertir una de ellas en excusa para ignorar la otra sería una solución bastante cómoda sobre el papel y bastante inútil fuera de él.

La distancia entre la norma y la realidad sigue abierta

Ceuta ha pasado de 180 menores acogidos a 3.086 desde comienzos de julio. Ese es, más allá del ruido político, el dato que define la situación. La ciudad ha habilitado nuevos recursos y se han puesto en marcha traslados y reagrupaciones, pero la diferencia respecto a su capacidad ordinaria continúa siendo gigantesca.

Las 29 plazas fijadas administrativamente y los más de 3.000 menores atendidos pertenecen casi a dos mundos distintos. Uno es el de las tablas, fórmulas y previsiones; el otro, el de centros improvisados, expedientes abiertos y adolescentes que necesitan una respuesta concreta.

Dos meses y medio después de la entrada masiva, Ceuta continúa muy lejos de recuperar su escenario previo a julio. Los traslados pueden aliviar progresivamente el sistema, las reagrupaciones familiares resolver parte de los casos y la identificación ordenar una situación que nació caótica. Pero el número actual deja poco espacio para eufemismos: la red de protección de menores de la ciudad sigue funcionando bajo una presión excepcional.