España
7 años y 7 meses de cárcel por grabar a menores en playas de Santander
La Audiencia de Cantabria condena a siete años y siete meses de prisión a un hombre que grabó a menores en playas de Santander durante doce años.
Resumen
- Un hombre recibe siete años y siete meses de cárcel por grabar a menores
- Fotografió a niños en playas de Santander durante doce años
- Almacenaba más de 1.700 archivos y la sentencia aún puede recurrirse
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un hombre a siete años y siete meses de prisión por fotografiar y grabar a menores desnudos en las playas de Santander durante doce años. El tribunal considera probado que el acusado elaboró y almacenó más de 1.700 fotografías y vídeos de niños menores de 16 años, captados sin que fueran conscientes de su presencia.
La sentencia, conocida este miércoles 18 de noviembre, le declara culpable de un delito continuado de elaboración de pornografía infantil y otro de posesión de ese material. También establece inhabilitaciones para ejercer responsabilidades sobre menores y desarrollar actividades profesionales que impliquen contacto con ellos. La resolución todavía no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
La investigación permitió descubrir, además, que el condenado conservaba imágenes de menores generadas mediante inteligencia artificial, descargadas de internet. Los investigadores comprobaron que tenía instalado un programa de intercambio de archivos que permitía poner los contenidos a disposición de otros usuarios.
Doce años fotografiando a menores en las playas de Santander
Los hechos probados sitúan el comienzo de la actividad del condenado al menos en 2012. Desde entonces y hasta su detención, en 2024, acudió repetidamente a distintas playas de Santander con cámaras fotográficas de su propiedad.
Según recoge la sentencia, aprovechaba las situaciones cotidianas de los menores en la playa para fotografiarlos y grabarlos cuando estaban desnudos, se bañaban, jugaban, se duchaban o se cambiaban de ropa.
No se trataba de imágenes generales del entorno. El tribunal ha considerado acreditado que el acusado utilizaba el zoom de las cámaras para enfocar deliberadamente las partes íntimas de los niños, con una finalidad sexual.
Posteriormente trasladaba los archivos a su domicilio, donde los almacenaba en discos duros internos y externos. El material estaba organizado por años, lo que permitió reconstruir una actividad prolongada durante más de una década.
La cantidad de fotografías y vídeos, su contenido y la forma en que fueron captados constituyeron elementos fundamentales para establecer la naturaleza de los delitos.
Una denuncia en El Sardinero permitió detenerlo en 2024
El caso salió a la luz durante el verano de 2024, cuando el acusado se encontraba en los Jardines de Piquío, una zona elevada desde la que se contemplan las playas de El Sardinero.
Una persona observó que estaba fotografiando y grabando a menores y alertó a la Policía. Al darse cuenta de que había sido descubierto, el hombre abandonó el lugar y subió a un autobús.
Los agentes consiguieron interceptarlo minutos después. Cuando lo localizaron, estaba intentando borrar las imágenes que había captado con su cámara.
Aquella intervención permitió iniciar una investigación sobre los archivos que conservaba. El examen del material informático reveló que las grabaciones no se limitaban a aquel episodio, sino que formaban parte de una actividad desarrollada durante años.
Durante el procedimiento judicial, el acusado reconoció que había realizado fotografías y vídeos, que poseía el material intervenido y que tenía instalado un programa de intercambio de archivos.
Por qué las imágenes constituyen pornografía infantil
Uno de los aspectos relevantes de la sentencia es la calificación penal de las grabaciones.
La Audiencia Provincial explica que, aunque los menores fotografiados no aparecían realizando actos sexuales explícitos, las imágenes mostraban primeros planos de sus órganos sexuales y habían sido obtenidas deliberadamente para satisfacer los deseos sexuales del acusado.
La legislación española no exige que exista una actividad sexual entre personas para que determinadas imágenes de menores sean consideradas material pornográfico infantil.
El tribunal se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo sobre las representaciones centradas reiteradamente en los genitales de menores con una finalidad sexual. En este caso, entiende acreditados tanto ese propósito como la elaboración sistemática del material.
La distinción es importante: la mera presencia de un menor desnudo en una fotografía no convierte automáticamente esa imagen en pornografía infantil. Lo determinante es su contenido, contexto y finalidad, de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación penal y la jurisprudencia.
Imágenes creadas con inteligencia artificial y archivos compartidos
La investigación también encontró fotografías que representaban de manera hiperrealista a menores desnudos en poses sexualizadas y que habían sido creadas mediante inteligencia artificial.
Según los hechos probados, el condenado descargó esas imágenes de internet y las almacenó en su ordenador. La sentencia no establece que fuera él quien las generó mediante herramientas de IA.
Los investigadores comprobaron igualmente que utilizaba eMule, un programa de intercambio de archivos entre usuarios, configurado para transferir contenidos a máxima velocidad y con una función destinada a dificultar la identificación de las comunicaciones.
Esta configuración permitía que el material estuviera disponible para terceros. No obstante, la existencia de archivos accesibles mediante el programa no permite determinar por sí sola cuántas personas llegaron a descargarlos.
La condena incluye 15 años de inhabilitación para trabajar con menores
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha impuesto una pena de siete años y siete meses de prisión, inferior a los ocho años y diez meses que solicitaba la Fiscalía en sus conclusiones definitivas.
La resolución incorpora otras dos medidas de especial relevancia.
El condenado queda inhabilitado durante once años para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. Estas restricciones afectan a las funciones legales de cuidado y responsabilidad sobre menores.
Asimismo, se le prohíbe durante quince años ejercer cualquier profesión o actividad que implique contacto con menores.
El tribunal también ha rechazado aplicar la atenuante de alteración psíquica solicitada por la defensa.
La Audiencia considera que el trastorno ansioso-depresivo alegado en el procedimiento apareció a raíz de la detención y del proceso judicial. Según su valoración de la prueba, el acusado conservaba sus capacidades para comprender las consecuencias de sus actos y decidir su comportamiento.
La sentencia todavía puede ser recurrida
La condena representa la resolución de primera instancia de un procedimiento iniciado después de la detención del acusado en 2024. Sin embargo, no es una sentencia firme, ya que existe la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Hasta que se resuelvan los posibles recursos o transcurra el plazo legal para interponerlos, la decisión judicial puede ser revisada por una instancia superior.
El fallo establece, por el momento, la responsabilidad penal del condenado por la elaboración continuada y la posesión de material pornográfico infantil.
El caso también deja un dato especialmente significativo: la actividad investigada se prolongó durante doce años, en espacios públicos frecuentados por familias, hasta que una persona detectó las grabaciones y alertó a la Policía. Aquella intervención permitió descubrir el material almacenado y llevar los hechos ante los tribunales.
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