La Nucía adjudicó 54 contratos por 226.000 euros a familiares del PP

El Ayuntamiento de La Nucía, gobernado por el Partido Popular, adjudicó entre 2020 y el segundo trimestre de 2026 un total de 54 contratos menores por 226.001,06 euros, IVA incluido, a seis proveedores vinculados familiar o políticamente con cargos del PP. Entre los adjudicatarios aparecen empresas administradas por el cuñado del alcalde, la hermana de su esposa, el negocio del hermano de un concejal y proveedores relacionados con los alcaldes populares de Polop y Confrides.

El alcalde de La Nucía es Bernabé Cano, que ocupa el cargo desde 2001 y actualmente también es diputado provincial de Deportes por el PP. La documentación examinada abarca más de seis años de contratación municipal, aunque el recuento tiene una ausencia relevante: no figura el cuarto trimestre de 2023 entre los listados disponibles analizados. Esa laguna impide considerar los 226.001 euros como una fotografía necesariamente completa del periodo.

54 contratos menores repartidos entre seis adjudicatarios

La mayor cantidad individual corresponde a Blau Comunicación y Eventos y Benidorm DMC Events, dos sociedades administradas por Alberto Gutiérrez Giulianotti. Entre ambas recibieron 18 contratos por 111.003,54 euros.

Gutiérrez Giulianotti está casado con Vicenta Ángela Lloret Ferrer, conocida como Vigela, hermana de María Lloret Ferrer, esposa de Bernabé Cano. Es, por tanto, cuñado político del alcalde de La Nucía. Blau Comunicación acumuló 16 expedientes por 74.824,54 euros y Benidorm DMC Events otros dos por 36.179 euros.

Estos dos últimos contratos correspondieron a trabajos de grabación y edición de noticias, por 18.077,40 euros en 2020 y 18.101,60 euros en 2021. En el segundo expediente se identifica expresamente al gabinete de prensa municipal. Son cifras llamativas porque quedan cerca del límite económico previsto para determinados contratos menores de servicios, aunque esa proximidad, por sí misma, no demuestra una irregularidad.

También figura un contrato de 3.000 euros adjudicado directamente a Vicenta Ángela Lloret Ferrer para prestar servicios como profesora de ESO en la Escuela de Adultos de La Nucía durante tres meses del curso 2021-2022. La adjudicataria es hermana de la esposa del alcalde y, por tanto, cuñada de Bernabé Cano.

El alcalde de Polop y 87.037 euros en contratos

Otro bloque importante corresponde a Susmozas Fontaneros SL, que suma 17 contratos por un importe conjunto de 87.037,95 euros. La sociedad tiene entre sus administradores a José Luis Susmozas Ferris, actual alcalde de Polop de la Marina.

Susmozas pertenece al Partido Popular y ocupa actualmente la Alcaldía de Polop. Durante una parte del periodo en el que se produjeron las adjudicaciones todavía era concejal de la oposición en ese municipio, antes de convertirse en alcalde tras las elecciones municipales de 2023.

Aquí aparece uno de los matices esenciales del caso. Que el administrador de una empresa sea alcalde de otro municipio o pertenezca al mismo partido que gobierna la administración contratante no convierte automáticamente un contrato en ilegal. La cuestión administrativa es otra: cómo se justificaron las necesidades, qué órgano adjudicó cada expediente, si existieron situaciones que exigieran abstención y si la contratación respetó las reglas destinadas a impedir favoritismos o conflictos de interés.

Contratos al hermano de un concejal y al alcalde de Confrides

La documentación recoge además ocho contratos por 5.517,75 euros concedidos a Estudi d’Enginyeria i Arquitectura Villalba Clemente SL. La sociedad fue constituida con Carlos Villalba Clemente como socio único y administrador, hermano de Sergio Villalba Clemente, uno de los principales miembros del Gobierno municipal de La Nucía.

Sergio Villalba es actualmente cuarto teniente de alcalde y dirige las áreas de Educación, Deportes, Centros Sociales y Urbanismo. No se trata, por tanto, de una relación remota dentro del organigrama municipal, sino de un concejal con responsabilidades relevantes en el Ayuntamiento.

El sexto adjudicatario señalado es Rubén Picó Vaquer, alcalde de Confrides por el PP. Recibió diez contratos por 19.441,82 euros, fundamentalmente para lotes de alimentos destinados a atenciones protocolarias y lotes navideños entre 2022 y 2025.

Sumadas las seis ramas del recuento —Susmozas Fontaneros, Estudi Villalba Clemente, Blau Comunicación, Benidorm DMC Events, Vicenta Ángela Lloret y Rubén Picó— se alcanzan esos 54 expedientes y 226.001,06 euros. No es una única adjudicación de 226.000 euros, sino la acumulación de decenas de contratos menores realizados a lo largo de varios ejercicios. Esa diferencia importa. Y mucho.

Qué permite realmente un contrato menor

El término «contratación a dedo» suele tener una enorme potencia política, pero jurídicamente necesita alguna explicación. La legislación española permite que determinados contratos de pequeña cuantía se tramiten mediante un procedimiento mucho más sencillo que una licitación ordinaria.

La Ley de Contratos del Sector Público considera contratos menores, con carácter general, los de valor estimado inferior a 40.000 euros en obras y 15.000 euros en suministros o servicios. La Administración debe justificar la necesidad del contrato y acreditar que no se está alterando artificialmente su objeto para esquivar los procedimientos ordinarios de contratación.

Es decir: la adjudicación directa existe y es legal. No hay que montar un concurso público completo cada vez que un ayuntamiento necesita una reparación modesta, un suministro limitado o un servicio puntual. Sería convertir una bombilla fundida en una tesis doctoral administrativa.

El problema surge cuando esta herramienta, precisamente diseñada para necesidades pequeñas y concretas, puede entrar en contacto con conflictos de interés, fraccionamientos artificiales o relaciones personales capaces de comprometer la imparcialidad. Ahí la ley deja bastante menos espacio para la poesía.

La legislación obliga a los órganos de contratación a tomar medidas para prevenir, detectar y solucionar eficazmente los conflictos de intereses y evitar el fraude, el favoritismo o cualquier distorsión de la competencia. Puede existir conflicto cuando una persona capaz de intervenir o influir en el procedimiento tiene un interés económico o personal que pueda comprometer su independencia.

El parentesco no basta, pero obliga a mirar el expediente

La normativa contempla expresamente determinadas relaciones familiares. Las prohibiciones y obligaciones de abstención pueden alcanzar, según las circunstancias concretas del procedimiento, a cónyuges y familiares cuando exista un conflicto de intereses con quienes ejercen competencias sobre la contratación.

A ello se suma el deber de abstención de autoridades y empleados públicos cuando concurren determinadas circunstancias, entre ellas ciertos vínculos familiares con personas interesadas o administradores de sociedades implicadas en un procedimiento.

Esto coloca el foco donde realmente debe estar: no basta con construir un árbol genealógico y dar el asunto por juzgado. Hay que determinar quién intervino en cada adjudicación, qué competencias tenía, qué documentación justificó el gasto, si hubo abstenciones cuando correspondían y si los diferentes contratos respondían a necesidades autónomas y correctamente motivadas.

El Ayuntamiento no había dado su versión al publicarse el caso

La investigación que ha reconstruido estos contratos afirma haber solicitado explicaciones en dos ocasiones al Ayuntamiento de La Nucía. En el momento de su publicación no constaba respuesta municipal sobre las adjudicaciones señaladas.

El consistorio mantiene un portal específico de transparencia y contratación en el que informa de licitaciones, contratos formalizados y procedimientos administrativos. Precisamente los datos utilizados para reconstruir buena parte del caso proceden de las relaciones oficiales de contratos menores municipales.

La falta de una explicación pública resulta especialmente relevante porque una parte de los nombres afectados ocupa cargos institucionales muy visibles en la Marina Baixa. Bernabé Cano continúa como alcalde de La Nucía; José Luis Susmozas gobierna Polop; Rubén Picó dirige el Ayuntamiento de Confrides y Sergio Villalba forma parte del núcleo del Gobierno municipal nuciero. No estamos ante antiguos cargos perdidos en un archivo polvoriento, sino ante responsables públicos actualmente en ejercicio.

Lo que queda bajo examen en La Nucía

Los datos conocidos dibujan un hecho verificable y suficientemente relevante por sí mismo: 226.001,06 euros repartidos mediante 54 contratos menores entre proveedores con conexiones familiares o políticas con responsables del Partido Popular de la zona, durante un periodo comprendido entre 2020 y junio de 2026.

Pero una cosa es esa concentración y otra, distinta, convertirla sin más en una acusación penal. Los vínculos familiares o políticos no prueban por sí solos corrupción, prevaricación ni contratación ilegal. Para determinar si existió alguna infracción habría que examinar individualmente los expedientes, las resoluciones de adjudicación, las competencias de quienes participaron y las eventuales abstenciones.

Lo que sí exige una explicación clara es la acumulación. Diecisiete contratos para una empresa administrada por el alcalde popular del municipio vecino; dieciocho para dos sociedades gestionadas por el cuñado político del alcalde; ocho para el estudio del hermano de un concejal con amplias competencias municipales; diez para otro alcalde del PP, además de una contratación directa a la cuñada del primer edil. La contratación menor está diseñada para ser sencilla, no opaca.

Y ahí reside el verdadero núcleo de la noticia. No en que todos esos contratos deban considerarse irregulares de antemano —eso sería aventurar una conclusión que los datos disponibles no permiten—, sino en que las administraciones públicas tienen una obligación reforzada de justificar sus decisiones cuando dinero público, relaciones familiares y poder político terminan sentados alrededor de la misma mesa.