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Economía

Garamendi pide anular la subida del salario mínimo de 2027 tras el 29N

Garamendi reclama que el próximo Gobierno retire las subidas del salario mínimo y del sueldo público, aprobadas a menos de dos semanas del 29N.

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retirar la subida del salario mínimo

Resumen

  • Garamendi pide retirar las subidas del SMI y de los empleados públicos
  • El salario mínimo de 2027 está fijado en 1.286 euros mensuales
  • El futuro Gobierno podría modificar las medidas mediante nuevas normas

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha pedido que el Gobierno que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre retire las medidas económicas aprobadas durante la campaña electoral, incluida la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y el incremento de las retribuciones de los funcionarios.

La petición llega después de que el Consejo de Ministros aprobara el martes 17 de noviembre un aumento del SMI del 5,3% para 2027, hasta situarlo en 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, y una subida salarial del 4,5% para los empleados públicos. Garamendi considera que estas decisiones responden a intereses electorales y reclama su retirada con independencia de quién gane los comicios.

La crítica del presidente de la patronal no se limita al contenido de las medidas. También cuestiona el momento elegido para aprobarlas, cuando las Cortes Generales están disueltas y faltan menos de dos semanas para las elecciones.

Garamendi sostiene que el Ejecutivo está utilizando sus reuniones para impulsar decisiones que deberían corresponder al próximo Gobierno. Una interpretación que choca con la posición del Ministerio de Trabajo, que defiende la actualización salarial como una medida necesaria para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos.

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Garamendi pide retirar las medidas aprobadas durante la campaña

El presidente de la CEOE ha calificado el incremento del salario mínimo como un «planteamiento de campaña electoral» y ha criticado que el Gobierno celebre «dos consejos de ministros a la semana para hacer campaña electoral».

Sus declaraciones se produjeron el martes, durante un encuentro empresarial de CEOE y Cepyme, después de conocerse las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.

Garamendi expresó su deseo de que las medidas aprobadas durante estas dos semanas sean retiradas después de las elecciones, «gane quien gane». Su petición afecta tanto a la actualización del salario mínimo como al aumento de las retribuciones de los empleados públicos y otras decisiones gubernamentales.

El dirigente empresarial también cuestionó que la subida correspondiente a 2027 se haya aprobado en noviembre, durante la campaña, cuando la actualización del salario mínimo de 2026 se tramitó en febrero.

Otro de sus reproches se refiere al diálogo social. Según Garamendi, el Gobierno no ha negociado adecuadamente el incremento con las organizaciones empresariales y se ha limitado a comunicarles la decisión.

Esta crítica prolonga el desacuerdo que la CEOE y Cepyme habían manifestado antes de la aprobación. Ambas organizaciones reclamaban que la actualización del SMI para 2027 se negociara después de las elecciones.

El salario mínimo subirá a 1.286 euros en enero de 2027

La actualización aprobada por el Gobierno establece que el salario mínimo pasará de 1.221 a 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas a partir del 1 de enero de 2027.

Se trata de un incremento de 65 euros mensuales, equivalente a 910 euros más al año. La remuneración mínima anual quedará fijada en 18.004 euros brutos.

Según las estimaciones del Ministerio de Trabajo, la medida beneficiará a aproximadamente 2,7 millones de asalariados, alrededor del 13,6% de los trabajadores por cuenta ajena. Más del 65% de las personas beneficiarias son mujeres.

El Ejecutivo también ha aprobado cambios fiscales para que quienes perciban exactamente el nuevo SMI no tengan que pagar IRPF en 2027. La medida contempla una deducción de hasta 1.033,58 euros para las rentas más bajas y elimina las retenciones mensuales del impuesto para los perceptores del salario mínimo.

La intención del Gobierno es que el aumento se traslade a las nóminas desde enero sin que las retenciones fiscales reduzcan la cantidad percibida.

La subida del sueldo de los funcionarios también está en discusión

La otra medida cuestionada por Garamendi es el incremento salarial del 4,5% para los empleados públicos, también previsto para 2027.

A diferencia de otras decisiones anunciadas durante la campaña, esta actualización responde a un acuerdo alcanzado en noviembre de 2025 entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

El pacto establece una senda de incrementos salariales hasta 2028 y afecta a aproximadamente tres millones de empleados públicos de las distintas administraciones.

El acuerdo contempla asimismo un incremento adicional del 0,5%, retroactivo a enero de 2026, condicionado a que se confirme que la inflación de ese año superó el 1,5%.

Garamendi considera que la aprobación de estas medidas en plena campaña está fuera de plazo y ha cuestionado que se adopten decisiones de semejante alcance con las Cortes disueltas.

La CEOE también reclama revisar los contratos públicos

Las críticas de la patronal no se centran únicamente en el calendario electoral. Garamendi ha vuelto a plantear uno de los problemas que, según las organizaciones empresariales, acompaña a las sucesivas subidas del salario mínimo: el aumento de los costes laborales en determinados sectores.

El presidente de la CEOE denuncia que las empresas adjudicatarias de contratos públicos deben afrontar incrementos salariales sin que necesariamente se actualicen los importes de los contratos que mantienen con las administraciones.

Esta situación afecta especialmente a actividades intensivas en mano de obra, donde los salarios representan una parte importante del coste de prestación del servicio.

La patronal reclama mecanismos que permitan revisar los precios de los contratos públicos cuando se producen incrementos obligatorios de los costes laborales.

Garamendi también ha mencionado las dificultades que pueden encontrar algunas familias para asumir el encarecimiento del empleo doméstico y ha reiterado su petición de deflactar las tarifas del IRPF para tener en cuenta la evolución de los precios.

Son reivindicaciones distintas de la exigencia de retirar las últimas medidas gubernamentales, pero forman parte del desacuerdo entre la CEOE y el Ejecutivo sobre la política salarial y fiscal.

CCOO advierte de una posible marcha atrás en los derechos laborales

Las declaraciones del presidente de la patronal han provocado una respuesta del secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha advertido sobre la posibilidad de que un futuro Gobierno formado por PP y Vox revierta la subida del salario mínimo y otras medidas laborales.

Sordo considera que esa eventualidad debe tenerse en cuenta ante las posiciones expresadas por la patronal y los debates políticos sobre la derogación de reformas aprobadas durante los últimos años.

El dirigente sindical ha defendido los incrementos acumulados del SMI y los cambios introducidos en la legislación laboral, especialmente en materia de contratación y temporalidad.

Las organizaciones sindicales consideran que el salario mínimo desempeña una función importante en la protección de los trabajadores con menores ingresos y en la reducción de las diferencias salariales.

La CEOE, por su parte, insiste en que las actualizaciones deben negociarse teniendo en cuenta la situación de las empresas, los costes laborales y la evolución de la productividad.

Se trata de posiciones conocidas, pero el calendario electoral ha introducido un elemento adicional: la continuidad de decisiones económicas aprobadas inmediatamente antes de las elecciones.

El próximo Gobierno tendrá que decidir si mantiene las subidas

La petición de Garamendi no supone que el incremento del salario mínimo haya sido suspendido ni que exista una decisión de retirarlo. Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros mantienen su tramitación y efectos previstos, sujetos a los requisitos legales que correspondan.

Un futuro Ejecutivo podría modificar la cuantía del SMI mediante una nueva disposición normativa. Sin embargo, las decisiones adoptadas por el Gobierno anterior no desaparecen automáticamente después de unas elecciones.

La situación de las retribuciones de los empleados públicos presenta diferencias jurídicas, ya que la subida se ha aprobado mediante un real decreto ley y procede de un acuerdo plurianual con los sindicatos. Su modificación o derogación también exigiría los procedimientos legales correspondientes.

Con las Cortes disueltas, la Diputación Permanente del Congreso tiene que intervenir en la convalidación de los decretos leyes aprobados por el Ejecutivo.

El debate, por tanto, va más allá de las declaraciones del presidente de la CEOE. Las decisiones sobre el salario mínimo, las retribuciones públicas y su financiación forman parte de las diferencias económicas entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos.

A once días de las elecciones generales del 29 de noviembre, Garamendi ha reclamado que las últimas decisiones económicas se revisen después de las urnas, con independencia del resultado electoral.

La consecuencia práctica dependerá de las decisiones que adopten las instituciones competentes. De momento, la subida del SMI hasta los 1.286 euros para 2027 sigue siendo la medida aprobada por el Gobierno, mientras la patronal reclama su retirada y los sindicatos defienden su continuidad.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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