Huesca se planta contra Inspección tras 48 expedientes a docentes

La educación pública de Huesca ha llevado a la calle un conflicto que llevaba demasiado tiempo encerrado entre despachos, expedientes y claustros. Profesores, estudiantes y familias se movilizaron el 14 de octubre en una huelga provincial contra el funcionamiento de la Inspección Educativa y para exigir el relevo de su jefe, Ignacio Polo, después de dos años de enfrentamientos y una sucesión de actuaciones disciplinarias que los sindicatos consideran desproporcionadas.

El dato que ha convertido el malestar en un problema político resulta difícil de pasar por alto: 48 expedientes y actuaciones disciplinarias en Huesca, frente a 21 en Zaragoza y 11 en Teruel, según las cifras difundidas durante el conflicto. La comparación llama aún más la atención porque Zaragoza concentra mucha más población y profesorado. Sobre ese desequilibrio se ha construido una protesta poco habitual: seis sindicatos de sensibilidades muy distintas han terminado defendiendo prácticamente la misma posición.

Una huelga contra la Inspección, algo muy poco habitual

CSIF, CGT, CCOO, HUSTE-STEA, UGT y ANPE convocaron conjuntamente el paro. No ocurre todos los días que organizaciones sindicales que suelen discrepar hasta sobre la temperatura de una sala firmen el mismo diagnóstico. Esta vez lo hicieron, situando el funcionamiento de la Inspección Educativa en el centro de una movilización provincial.

Los convocantes reclaman el cese del jefe provincial de Inspección, una revisión externa de los expedientes y sanciones, la aplicación de criterios homogéneos en todo Aragón y la retirada de los llamados “mínimos imprescindibles”, unas exigencias aplicadas a la documentación y funcionamiento de los centros que, según denuncian, multiplican la burocracia y reducen su autonomía pedagógica.

Conviene no confundir estos “mínimos imprescindibles” con los servicios mínimos de una huelga. Son criterios y requerimientos administrativos que afectan a la organización educativa. Para los sindicatos oscenses se han convertido en el símbolo de un modelo demasiado pendiente del papel y demasiado poco del aula: programaciones, informes y comprobaciones que van engordando mientras el profesor mira el reloj y la clase sigue esperando.

La Administración sostiene otra lectura. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha defendido la independencia técnica de la Inspección y rechaza que los expedientes puedan interpretarse, sin más, como represalias contra el profesorado o contra la actividad sindical.

Los 48 expedientes que dispararon el conflicto

La cifra de Huesca está en el centro de la controversia porque desborda la comparación territorial. Zaragoza registró 21 expedientes en el periodo examinado y Teruel, 11. Huesca alcanzó los 48. No demuestra por sí sola que las actuaciones fueran incorrectas, pero sí plantea una cuestión difícil de ignorar: por qué una provincia con muchos menos docentes acumula tantas intervenciones disciplinarias.

Eso es precisamente lo que sindicatos y representantes políticos han pedido esclarecer mediante una evaluación independiente. El asunto llegó también a las Cortes de Aragón, donde se reclamaron explicaciones sobre las diferencias entre provincias y sobre los criterios empleados por la Inspección oscense.

El choque no se reduce tampoco a grandes procedimientos disciplinarios. Durante estos meses han trascendido apercibimientos relacionados con encuestas realizadas en centros, recogidas de firmas, intervenciones en consejos escolares o muestras de apoyo a compañeros expedientados. Los sindicatos utilizan esos casos para describir un ambiente de vigilancia excesiva; Educación insiste en que cada procedimiento tiene unas circunstancias concretas y unas garantías administrativas.

Ahí está uno de los nudos del asunto. Inspeccionar no equivale a sancionar, aunque una inspección sin capacidad de control tampoco serviría de mucho. La frontera entre supervisión rigurosa y presión desmedida es precisamente lo que se discute en Huesca.

El caso del profesor del Ramón y Cajal

El episodio que terminó por encender la protesta afecta a Sergio Martínez Pichardo, profesor de Historia del IES Ramón y Cajal y delegado sindical de CGT, conocido por sus alumnos como Pichi. Sobre él se planteó una sanción de diez meses de suspensión de empleo y sueldo, una medida que provocó una respuesta especialmente intensa dentro del instituto.

Los sindicatos sostienen que la actuación está relacionada con su actividad sindical y con declaraciones públicas realizadas durante el conflicto. El Departamento de Educación lo niega y asegura que el procedimiento se abrió por una presunta vulneración de la obligación de proteger los derechos de un menor. La propuesta de sanción permanece paralizada mientras se examina el caso.

La diferencia no es pequeña. Una cosa sería castigar una crítica sindical; otra, intervenir ante una posible vulneración de derechos. De ahí que cualquier lectura seria deba conservar las dos versiones mientras el procedimiento administrativo no quede definitivamente resuelto.

El caso, sin embargo, trascendió pronto al profesor afectado. Alumnos del IES Ramón y Cajal organizaron movilizaciones, participaron en una cadena humana alrededor del centro y salieron públicamente en defensa de su docente. El alumnado pasó de espectador a protagonista de un conflicto administrativo que, sobre el papel, parecía reservado a inspectores, funcionarios y abogados.

Profesores, alumnos y familias llevan el malestar a la calle

La jornada del 14 de octubre dejó imágenes poco frecuentes en una protesta de este tipo. Docentes, adolescentes, familias y representantes sindicales recorrieron el centro de Huesca reclamando otra forma de entender la Inspección Educativa.

Las estimaciones sobre la manifestación varían. Algunos recuentos situaron la asistencia alrededor del millar de personas y los convocantes elevaron posteriormente la cifra hasta unas 2.000. Más significativo que la guerra de números fue probablemente la mezcla de participantes: no era una concentración exclusivamente sindical.

También existen diferencias notables al medir la huelga. El Gobierno de Aragón calculó un seguimiento del 30,27% entre los aproximadamente 3.800 docentes llamados al paro, una vez consolidados los turnos de mañana y tarde. Los sindicatos situaron la participación cerca del 59% durante la jornada y, en su balance posterior, hablaron de aproximadamente la mitad del profesorado.

Las cifras bailan, como casi siempre que una huelga enfrenta a convocantes y Administración. Lo que no baila demasiado es el hecho político: en una provincia pequeña, seis sindicatos sostuvieron una protesta común contra la dirección de la Inspección y llevaron a una parte relevante de la comunidad educativa a la calle.

El miedo y la burocracia, las dos palabras que más se repiten

Los convocantes describen un “clima de miedo” entre parte del profesorado. Hablan de docentes preocupados por posibles apercibimientos, de equipos directivos sometidos a una carga administrativa creciente y de centros donde determinadas decisiones pedagógicas se toman mirando de reojo qué interpretación puede hacer después la Inspección.

Es una denuncia grave y, precisamente por eso, necesita algo más sólido que una colección de consignas. Los números de expedientes aportan una base objetiva para investigar el fenómeno, pero no determinan automáticamente que haya existido arbitrariedad. Hará falta conocer motivos, resoluciones, archivos, recursos y desenlaces de cada procedimiento.

La otra palabra es burocracia. Los sindicatos reclaman que la Inspección vuelva a desempeñar una función más cercana al asesoramiento y acompañamiento pedagógico, en lugar de ser percibida fundamentalmente como una estructura fiscalizadora. Ese debate va bastante más allá de Huesca: cualquier docente español reconoce la escena de horas consumidas rellenando documentos que prometen mejorar la enseñanza y, misteriosamente, suelen mejorar sobre todo el grosor de las carpetas.

La particularidad oscense está en que ese malestar administrativo ha coincidido con una sucesión excepcional de expedientes y con una crisis abierta de confianza entre una parte del profesorado y la Jefatura de Inspección.

Educación defiende la independencia de los inspectores

El Gobierno aragonés se resiste a aceptar el marco planteado por los sindicatos. La Consejería considera esencial preservar la autonomía e independencia técnica de los funcionarios encargados de inspeccionar los centros y ha rechazado que exista una persecución sistemática contra docentes o representantes sindicales.

Respecto al IES Ramón y Cajal, Educación ha señalado que existe un expediente todavía sin resolver y varios apercibimientos, y subraya que los procedimientos disciplinarios obedecen a posibles incumplimientos administrativos concretos. También sostiene que cuestiones como la simplificación burocrática o determinados efectos de la aplicación de la LOMLOE deben abordarse para todo Aragón y no únicamente desde el conflicto provincial.

La posición institucional plantea un dilema que tampoco admite atajos. Un Gobierno no debería destituir automáticamente a un inspector cada vez que una protesta reclama su cabeza; sería una curiosa manera de garantizar la independencia del funcionario. Pero independencia tampoco significa ausencia de control. Cuando la desconfianza alcanza a seis sindicatos, equipos docentes, familias, alumnos y parte de la oposición parlamentaria, mirar únicamente el reglamento tampoco parece suficiente.

Tras las movilizaciones, las organizaciones sindicales mantienen cuatro reclamaciones centrales: relevar a la actual Jefatura de Inspección, revisar de forma externa las sanciones cuestionadas, retirar los denominados mínimos imprescindibles y establecer criterios comunes para Huesca, Zaragoza y Teruel.

También han solicitado una reunión con la consejera de Educación, Carmen Susín, y con el director provincial, Carlos Oliván. La intención declarada es abrir una negociación que permita recuperar una confianza muy deteriorada. La huelga, por tanto, no ha liquidado el conflicto. Lo ha cambiado de tamaño.

Un problema que ya no cabe dentro de un expediente

La cuestión de fondo no consiste en decidir mediante pancartas si los inspectores tienen razón o si cada sanción ha sido injusta. Eso corresponde a procedimientos administrativos, recursos y, cuando sea necesario, tribunales. El problema político está en otra parte: una institución educativa pierde eficacia cuando una parte relevante de quienes deben relacionarse con ella deja de confiar en sus decisiones.

Huesca ha llegado exactamente a ese punto. La Administración defiende la legalidad y la independencia de la Inspección; los sindicatos denuncian desproporción, burocracia y temor; estudiantes y familias han entrado en escena; las Cortes de Aragón ya conocen el asunto. Y en mitad de todo permanecen esos 48 expedientes frente a los 21 de Zaragoza y los 11 de Teruel, una anomalía estadística que merece algo mejor que explicaciones de pasillo.

Después de una huelga inédita y una movilización que ha unido a organizaciones poco acostumbradas a caminar del brazo, el siguiente movimiento corresponde al Gobierno de Aragón. No necesariamente para aceptar todas las exigencias sindicales, pero sí para explicar con transparencia por qué Huesca se ha convertido en una excepción y qué piensa hacer para que inspeccionar vuelva a significar, también, ayudar a que los centros funcionen mejor.