Francia se prepara para una huelga general desde el 5 de noviembre

Francia se encamina hacia una nueva prueba de fuerza social. La CGT ha llamado a generalizar la huelga a partir del 5 de noviembre, después de que la reunión mantenida este miércoles entre los principales sindicatos y el primer ministro, Sébastien Lecornu, terminara sin las respuestas que reclamaban las organizaciones de trabajadores. La jornada del día 5 ya estaba convocada por la intersindical, pero el movimiento ha subido de tono: la central dirigida por Sophie Binet plantea que el paro pueda prolongarse durante los días siguientes.

Conviene precisar el alcance. CFDT, CGT, Force Ouvrière, Unsa y FSU respaldan la movilización nacional del jueves 5 de noviembre, dirigida a trabajadores del sector público y privado, jóvenes y jubilados. El llamamiento a convertirla en una huelga general que continúe después de esa fecha lo está empujando especialmente la CGT. No es todavía, por tanto, una huelga indefinida acordada por todo el frente sindical. Pero esa posibilidad ya está encima de la mesa.

El 5 de noviembre, de protesta a pulso nacional

La fecha llevaba semanas marcada en rojo. Los sindicatos habían convocado el 5 de noviembre como una jornada nacional de huelgas y manifestaciones por los salarios, las pensiones, los servicios públicos, el empleo y la industria, además de expresar su rechazo a la orientación de los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social para 2027.

Lo ocurrido este 21 de octubre añade otra dimensión. El encuentro en Matignon debía ofrecer una salida política al creciente malestar y ha terminado ampliando la distancia entre las partes. Sophie Binet defendió después de la reunión que había llegado el momento de dar un nuevo paso en la movilización y pidió celebrar asambleas en los centros de trabajo para extender el paro más allá del 5 de noviembre.

La CFDT utiliza un lenguaje algo más contenido, pero también respalda una gran movilización nacional. Su dirección considera que el Ejecutivo no ha aportado respuestas suficientes a las reivindicaciones acumuladas durante las últimas semanas, especialmente en materia de coste de la vida y funcionamiento de los servicios públicos.

El encuentro con Lecornu acaba sin concesiones

La reunión entre Sébastien Lecornu y los sindicatos se prolongó alrededor de dos horas y media. Las organizaciones habían acudido esperando medidas políticas concretas y salieron con la sensación de que sus principales demandas seguían sin ser atendidas. El Gobierno ha dejado para una negociación posterior algunas cuestiones relacionadas con el poder adquisitivo, bajo la responsabilidad del Ministerio de Trabajo.

Matignon había planteado el encuentro también desde la perspectiva del orden público, después de los graves disturbios registrados durante movilizaciones anteriores. Ahí aparece una de las grandes fracturas del conflicto: el Ejecutivo quiere discutir cómo garantizar el derecho a manifestarse sin nuevos episodios violentos; las centrales sindicales insisten en que convertir el debate social en un problema esencialmente policial no responde a las razones que han llevado a miles de personas a la calle.

El desacuerdo no es precisamente pequeño. El Gobierno mira hacia la seguridad; los sindicatos, hacia los salarios y los servicios públicos. Dos conversaciones en la misma habitación y, por momentos, casi dos idiomas distintos.

Salarios, pensiones y servicios públicos, en el centro

Las reivindicaciones de la intersindical abarcan un terreno amplio. Reclaman la apertura de negociaciones salariales en empresas y sectores, una subida de las pensiones, la revalorización del punto de índice de los funcionarios, incrementos del salario mínimo y de distintas prestaciones sociales, así como mayores recursos para los servicios públicos.

También exigen medidas fiscales que graven más los grandes patrimonios, las herencias y los dividendos, junto con una revisión de las ayudas públicas concedidas a las empresas. A ello se suma una política industrial orientada a la relocalización y la descarbonización. Es decir, el 5 de noviembre no gira alrededor de una reivindicación que pueda cerrarse con una concesión puntual: el conflicto afecta al reparto de los costes del ajuste presupuestario y al modelo económico que acompañará las cuentas francesas de 2027.

La SNCF ya anticipa un día complicado

Uno de los primeros sectores donde la convocatoria ha tomado cuerpo es el ferrocarril. Los cuatro principales sindicatos de la SNCF —CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail y CFDT-Cheminots— han llamado conjuntamente a la huelga el 5 de noviembre para reclamar mejoras salariales, laborales y sociales.

Esto eleva la posibilidad de alteraciones importantes en los trenes franceses, aunque la programación exacta del servicio deberá conocerse más cerca de la fecha. La coincidencia tiene, además, un punto incómodo para la compañía: el paro se celebrará un día antes de la puesta en servicio comercial del nuevo TGV M entre París y Marsella, uno de los principales estrenos ferroviarios del año.

También existen llamamientos en el sector aéreo. SUD Aérien ha pedido a sus trabajadores sumarse a la huelga interprofesional, aunque todavía no puede establecerse qué vuelos serán cancelados ni el grado de afectación en los aeropuertos. Para quienes tengan previsto desplazarse por Francia ese jueves, el dato relevante es claro: el transporte figura entre los sectores movilizados.

Francia llega al paro con la calle todavía caliente

La convocatoria no surge en un paisaje tranquilo. Francia viene de semanas de movilizaciones vinculadas al coste de la vida, la situación de los servicios públicos y las protestas de estudiantes y trabajadores. Los episodios violentos registrados en algunas manifestaciones han llevado al Ejecutivo a reforzar su discurso sobre el mantenimiento del orden.

El Gobierno se prepara además para nuevas protestas antes del 5 de noviembre. La crisis social se mezcla así con una cuestión de seguridad y con otra, menos vistosa pero políticamente más incómoda, de credibilidad del Ejecutivo. Cada jornada de movilización añade presión a un Gobierno que necesita aprobar sus cuentas mientras intenta contener el descontento.

Francia entra, además, en la recta final del mandato de Emmanuel Macron, que abandonará el Elíseo en mayo de 2027. Cada protesta tiene inevitablemente una segunda lectura electoral. El descontento social, la inflación acumulada, el deterioro percibido de algunos servicios públicos y el debate presupuestario pesan sobre un país que llegará a las presidenciales con una tensión política creciente.

El Gobierno intenta separar seguridad y malestar social

Lecornu trata de mantener dos carriles. Por un lado, promete proteger el derecho a manifestarse y endurecer la respuesta frente a los disturbios. Por otro, ha anunciado nuevas conversaciones sobre el poder adquisitivo y posibles respuestas a las demandas de los jóvenes. El problema es el calendario: los sindicatos consideran que las promesas futuras llegan tarde y que el Ejecutivo sigue sin presentar medidas suficientemente concretas.

También existe malestar por la forma en que se están abordando las demandas estudiantiles. Parte de la actual ola de protestas nació precisamente en institutos y universidades, donde se denuncian problemas de personal, sustituciones, instalaciones y funcionamiento del sistema educativo. El Gobierno promete respuestas, mientras las organizaciones sindicales consideran insuficiente separar las demandas juveniles del resto del conflicto social.

La cuestión de fondo es bastante más sencilla de formular que de resolver. El Ejecutivo necesita contener el gasto en unas cuentas públicas sometidas a fuerte presión; los sindicatos sostienen que trabajadores, pensionistas y usuarios de los servicios públicos están soportando una parte excesiva del esfuerzo. Entre ambos argumentos queda la calle. Francia conoce bien ese terreno.

El 5 de noviembre medirá hasta dónde llega el pulso sindical

El jueves 5 de noviembre de 2026 será, de momento, la gran jornada común: huelgas, manifestaciones y movilizaciones en numerosos sectores de toda Francia. Lo nuevo es que la CGT ya no plantea necesariamente volver al trabajo al día siguiente. Quiere que las asambleas decidan en cada centro laboral si el movimiento continúa.

De ahí dependerá que Francia viva una protesta nacional intensa pero limitada a una jornada o entre en un conflicto laboral mucho más profundo. Transporte, educación, Administración e industria pueden convertirse en los termómetros de esa capacidad de prolongación.

El encuentro con Lecornu debía rebajar la temperatura y ha ocurrido lo contrario. El 5 de noviembre se ha convertido en un test de fuerza nacional, y el resultado no dependerá solo del número de manifestantes en las calles, sino de cuántos trabajadores decidan mantener la huelga cuando termine ese jueves.