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Maduro y Cilia Flores niegan ante el juez los nuevos cargos de tortura
Maduro y Cilia Flores niegan ante un juez de Nueva York los nuevos cargos de tortura que agravan el proceso penal que afrontan en Estados Unidos.
Por Office of the President of Russia / Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons
Resumen
- Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables de los cargos de tortura
- La Fiscalía de EE. UU. amplía una causa que ya incluía narcotráfico y armas
- El juicio está previsto para 2027 tras meses de batalla judicial
Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer tortura durante una audiencia celebrada este jueves, 15 de octubre, ante el juez federal Alvin Hellerstein en Nueva York. La nueva acusación agrava un proceso penal que ya incluía delitos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y armas.
La Fiscalía estadounidense sostiene que Maduro y Flores participaron durante años en un sistema de represión contra opositores políticos, militares considerados desafectos y otras personas percibidas como una amenaza para el poder venezolano. Entre las presuntas víctimas aparecen también ciudadanos de Estados Unidos. Ambos rechazan las acusaciones y mantienen su declaración de inocencia.
Maduro y Flores se declaran no culpables ante el juez
La comparecencia tuvo lugar en un tribunal federal de Manhattan y sirvió para responder formalmente a los cargos incorporados a una acusación actualizada de la Fiscalía estadounidense presentada la semana pasada.
Maduro y Flores volvieron así al banquillo para negar una imputación que modifica de forma importante el alcance del caso. Hasta este momento, buena parte del procedimiento estadounidense estaba concentrado en acusaciones de narcotráfico y narcoterrorismo. El nuevo escrito incorpora directamente las presuntas torturas practicadas contra adversarios políticos y otras personas detenidas en Venezuela.
La Fiscalía atribuye a Maduro un papel de dirección dentro de ese supuesto entramado represivo. Según la acusación, habría dado instrucciones a responsables venezolanos para detener e interrogar violentamente a personas consideradas disidentes y habría recibido información sobre el trato dispensado a determinados detenidos.
Cilia Flores aparece igualmente situada, según los fiscales, dentro de esa estructura. Las autoridades estadounidenses sostienen que participó en algunas decisiones relacionadas con la represión y que respaldó actuaciones contra determinadas víctimas.
La acusación describe un sistema de represión
El nuevo expediente presenta un escenario más amplio que una sucesión de abusos individuales. Los fiscales describen un mecanismo utilizado para conservar el poder mediante detenciones, amenazas y violencia física o psicológica contra personas consideradas enemigas del Gobierno.
Entre los métodos recogidos en la acusación aparecen descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras formas de maltrato. Se trata, conviene subrayarlo, de alegaciones de la Fiscalía que deberán ser demostradas ante el tribunal y sometidas a contradicción por la defensa.
Maduro y Flores no están acusados de haber ejecutado personalmente los actos de tortura. La tesis de los fiscales es diferente: los sitúa en una posición desde la que podían ordenar, respaldar o facilitar esas prácticas. Jurídicamente, la diferencia importa. Penalmente, la acusación sigue siendo de enorme gravedad.
Un episodio de 2014 figura entre los hechos investigados
Uno de los episodios incluidos en la acusación se remonta a 2014. Los fiscales sostienen que Maduro habría pedido aumentar la presión sobre militares detenidos para obtener información sobre posibles conspiradores y adversarios dentro de las Fuerzas Armadas.
Flores, siempre según la versión de la acusación, habría apoyado aquella estrategia frente a otras alternativas planteadas durante una reunión. El procedimiento tendrá que determinar hasta qué punto esas afirmaciones pueden sostenerse con documentos, testimonios y otras pruebas admisibles en un juicio penal estadounidense.
La nueva acusación también amplía los cargos contra Cilia Flores
El expediente no se limita a incorporar la conspiración para cometer tortura. La acusación actualizada también extiende a Cilia Flores la imputación por narcoterrorismo, que anteriormente estaba dirigida únicamente contra Maduro.
El procedimiento comprende además acusaciones vinculadas con una supuesta conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y con delitos relacionados con armas y dispositivos destructivos presuntamente utilizados para facilitar esas actividades.
El abanico penal es considerable. Algunos de los delitos contemplan largas penas de prisión y otros pueden alcanzar la cadena perpetua en caso de condena. La eventual sentencia dependería, en cualquier caso, de los cargos finalmente probados y de las decisiones adoptadas por el juez.
La presunción de inocencia continúa plenamente vigente. Una acusación formal determina los delitos que la Fiscalía pretende demostrar ante el tribunal; no supone una condena ni permite dar por probados los hechos descritos por los fiscales.
De Caracas a una prisión federal de Nueva York
Maduro y Flores se encuentran bajo custodia estadounidense desde enero de 2026, cuando fueron capturados en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos y trasladados posteriormente a Nueva York para comparecer ante la justicia federal.
Desde entonces permanecen detenidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, mientras avanza un procedimiento extraordinario tanto por la identidad de los acusados como por la dimensión internacional y política del caso.
Sus abogados han cuestionado también la propia capacidad de la justicia estadounidense para procesarlos y han planteado argumentos relacionados con la inmunidad derivada de sus antiguos cargos institucionales. Ese frente jurídico puede convertirse en una de las grandes batallas previas al juicio.
Maduro ha rechazado reiteradamente las acusaciones formuladas contra él y ha presentado durante años las actuaciones de Washington como parte de una estrategia estadounidense para apartarlo del poder y controlar los recursos venezolanos.
Las acusaciones de tortura abren un frente especialmente grave
El nuevo cargo tiene una naturaleza distinta a las imputaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Lleva el procedimiento directamente al terreno de las violaciones de derechos humanos y conecta el proceso de Nueva York con denuncias internacionales acumuladas durante años sobre la actuación de las fuerzas de seguridad venezolanas.
Maduro ha estado también bajo investigación internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la persecución de opositores y la represión política. Ese procedimiento y el proceso estadounidense son jurídicamente independientes, aunque las nuevas imputaciones vuelven a situar las denuncias de tortura en el centro del caso.
Para la acusación, no se trataría simplemente de excesos cometidos por funcionarios aislados, sino de una estructura diseñada o tolerada desde las altas esferas del poder. La defensa tendrá que combatir precisamente esa conexión entre los abusos denunciados y las decisiones atribuidas a Maduro y Flores.
El juicio está previsto para 2027
El calendario judicial todavía deja meses de batalla procesal. El juicio está previsto para 2027, aunque en una causa de esta complejidad las fechas pueden modificarse conforme avance el procedimiento.
Antes llegarán recursos, discusiones sobre pruebas, peticiones de la defensa y decisiones acerca del alcance definitivo de la acusación. La cuestión de la inmunidad promete tener un peso particular: procesar en Estados Unidos a quien ejerció como jefe de Estado extranjero introduce cuestiones jurídicas poco habituales.
Lo ocurrido este 15 de octubre no decide la culpabilidad de Maduro ni la de Flores. Sí fija un cambio sustancial en el procedimiento: el caso estadounidense ha dejado de estar concentrado esencialmente en cocaína, armas y narcoterrorismo. Las presuntas torturas forman ya parte central de la causa.
Una causa penal que entra en su terreno más delicado
La declaración de no culpabilidad era el movimiento procesal previsible, pero el contenido de los nuevos cargos eleva la gravedad política y penal del caso. La Fiscalía tendrá que demostrar que Maduro y Flores no solo conocían la represión atribuida a organismos venezolanos, sino que tuvieron una participación penalmente relevante en ella.
La defensa, por su parte, tratará de desmontar esa relación, cuestionar pruebas y testimonios y sostener sus objeciones sobre jurisdicción e inmunidad. Entre ambas posiciones queda un expediente cada vez más amplio, con acusaciones relacionadas con tortura, narcoterrorismo, cocaína y armas.
Será el tribunal federal de Nueva York el que determine qué puede probarse. Hasta entonces, los cargos continúan siendo acusaciones y Maduro y Flores, pese a la gravedad de los hechos descritos por la Fiscalía, conservan plenamente su presunción de inocencia.
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