España
12.000 protestan en Madrid contra la «censura» educativa de Ayuso
La manifestación de Madrid reúne a 12.000 personas contra las instrucciones de neutralidad educativa de Ayuso, en plena huelga indefinida docente.
Foto: Barcex / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).
Resumen
- 12.000 personas protestan en Madrid contra la «censura» educativa
- Las nuevas instrucciones limitan mensajes sindicales en colegios e institutos
- El comité de huelga anuncia recursos y exige negociar con la Consejería
Unas 12.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este viernes 20 de noviembre por el centro de Madrid contra las nuevas instrucciones de «neutralidad» educativa aprobadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La protesta, protagonizada por docentes, estudiantes y defensores de la enseñanza pública, ha denunciado lo que los convocantes consideran un intento de censurar las reivindicaciones sindicales en colegios e institutos.
La movilización llega en plena huelga indefinida del profesorado madrileño, iniciada el 14 de octubre, y después de que la Consejería de Educación haya establecido restricciones sobre la utilización de aulas, instalaciones y medios de comunicación de los centros para promover protestas. El comité de huelga eleva la participación en la marcha a 70.000 personas y anuncia que recurrirá las nuevas medidas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La manifestación ha comenzado a las 17.00 horas frente a la sede de la Consejería de Educación, en la calle Alcalá, y ha recorrido el centro de la capital, incluida la Gran Vía, hasta la plaza de España. Bajo el lema «Defendemos la pública, defendemos el futuro», la denominada marea verde ha vuelto a reclamar más recursos para la enseñanza pública y una negociación efectiva con el Ejecutivo autonómico.
La marea verde convierte la protesta educativa en una denuncia de censura
La marcha ha coincidido con la jornada número 37 de la huelga indefinida y con una convocatoria internacional de movilización estudiantil. Sin embargo, las nuevas instrucciones de la Comunidad de Madrid han desplazado parte de la atención desde las reivindicaciones laborales hacia la libertad de expresión y el derecho de huelga.
Numerosos participantes han recorrido las calles con cruces rojas sobre la boca, pegatinas y otros símbolos para denunciar lo que consideran restricciones injustificadas a la actividad sindical. También se han escuchado consignas contra la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, cuya dimisión reclaman los convocantes.
La manifestación ha incorporado referencias a las declaraciones de Díaz Ayuso sobre los huelguistas. Algunos asistentes han utilizado pancartas y disfraces relacionados con el término «garrapatas», empleado por la presidenta regional al referirse a las protestas docentes.
No es la primera movilización de estas características, pero sí una de las que han adquirido mayor relevancia por el enfrentamiento entre la Consejería y el profesorado sobre los límites de la actividad sindical dentro de los centros educativos.
Qué prohíben las nuevas instrucciones de la Comunidad de Madrid
La polémica gira alrededor de las instrucciones sobre neutralidad institucional y docente, remitidas por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa a los centros públicos no universitarios.
El documento establece que los profesores no deben transmitir a los alumnos opiniones políticas, ideológicas o sindicales con la intención de que las compartan. También impide utilizar clases, tutorías, exámenes y actividades escolares para conseguir adhesiones a las reivindicaciones de cualquiera de las partes de un conflicto.
Las restricciones afectan igualmente a la utilización de correos institucionales, fachadas y espacios comunes para difundir propaganda o mensajes que atribuyan al centro una posición política o sindical. Se mantienen las excepciones correspondientes a los espacios habilitados para la actividad sindical.
La instrucción prohíbe asimismo animar o presionar a los alumnos para participar en huelgas, manifestaciones o recogidas de firmas relacionadas con conflictos políticos, ideológicos o sindicales.
Las camisetas verdes no están prohibidas
Una distinción importante es que las nuevas instrucciones no establecen una prohibición general de las camisetas verdes que identifican las movilizaciones por la educación pública. Su utilización personal está permitida siempre que no se emplee para realizar actividades de proselitismo dirigidas al alumnado.
La controversia se concentra en el uso institucional de los centros, la difusión de mensajes reivindicativos y los mecanismos previstos para comunicar posibles incumplimientos. Profesores y familias han expresado su malestar ante la posibilidad de presentar denuncias por determinadas actuaciones.
Los sindicatos sostienen que algunas disposiciones exceden el deber de neutralidad y pueden vulnerar derechos constitucionales. La Comunidad de Madrid, por el contrario, considera que se trata de garantizar que la enseñanza permanezca al margen de la propaganda política y sindical.
Menos alumnos por aula y más recursos para la enseñanza pública
La discusión sobre la neutralidad no ha sustituido las reivindicaciones que originaron la huelga. Los docentes mantienen sus exigencias sobre las condiciones laborales y la dotación de recursos de los centros.
Entre sus principales demandas figura la reducción de las horas lectivas semanales, de 19 a 17 en Secundaria y de 25 a 22 en Primaria. El profesorado argumenta que una menor carga de clases permitiría dedicar más tiempo a preparar materiales, corregir trabajos y atender individualmente a los estudiantes.
También reclama reducir las ratios de alumnos por aula, reforzar las plantillas, disminuir las tareas burocráticas y aumentar la oferta de plazas públicas.
La mejora de las infraestructuras y de la climatización de colegios e institutos constituye otra de las exigencias. Los convocantes consideran que estas medidas son necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de enseñanza y aprendizaje.
El conflicto afecta, por tanto, a docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional, aunque las reivindicaciones concretas y las condiciones de trabajo presentan diferencias entre etapas educativas.
El Gobierno de Ayuso defiende la neutralidad en las aulas
La consejera Mercedes Zarzalejo ha rechazado las acusaciones de censura y ha defendido que la neutralidad educativa constituye una obligación legal.
Según su planteamiento, los centros deben proteger a los estudiantes frente a cualquier intento de adoctrinamiento y evitar que las aulas se conviertan en espacios de propaganda partidista o sindical.
Zarzalejo ha asegurado que la Administración mantiene los cauces de negociación con los representantes sindicales legitimados y ha recordado que durante el último año y medio se han celebrado 18 reuniones con estos interlocutores.
La consejera también ha cuestionado la representatividad del comité de huelga y ha situado el seguimiento de los paros en porcentajes reducidos. Según los datos facilitados por la propia Comunidad de Madrid, la participación fue del 3 % el jueves 19 de noviembre y se ha situado entre el 5 % y el 6 % de media en los últimos días.
Estas cifras corresponden al seguimiento de la huelga comunicado por la Administración y no deben confundirse con el número de participantes en la manifestación del viernes.
Los tribunales decidirán sobre las restricciones y los servicios mínimos
El siguiente escenario del conflicto será el judicial. El comité de huelga ha anunciado tres recursos contencioso-administrativos ante el TSJM, con los que pretende conseguir la suspensión urgente de las nuevas disposiciones autonómicas.
Uno de los recursos se dirigirá contra la ampliación de los servicios mínimos, mientras que los otros dos impugnarán las instrucciones relativas a la neutralidad institucional y a las medidas educativas adoptadas durante los paros.
Especialmente controvertida resulta la modificación de los servicios mínimos en segundo de Bachillerato. La Comunidad de Madrid ha establecido una cobertura del 50 % de las horas lectivas semanales hasta el 31 de enero, del 75 % hasta el 30 de abril de 2027 y de hasta el 90 % desde el 1 de mayo hasta el final del curso.
El Ejecutivo autonómico justifica estas medidas por la necesidad de garantizar la continuidad de la enseñanza y evitar perjuicios académicos a los estudiantes. Los sindicatos consideran, en cambio, que las restricciones pueden vaciar de contenido el derecho de huelga.
Este viernes, el TSJM ha rechazado la suspensión cautelarísima solicitada por CSIF contra la nueva orden de servicios mínimos. El tribunal no ha apreciado circunstancias de especial urgencia que justifiquen adoptar esa medida sin escuchar previamente a la otra parte. La decisión no resuelve si los servicios mínimos son legales o proporcionados, cuestión que seguirá su tramitación judicial.
Una negociación pendiente tras más de cinco semanas de huelga
La disputa también tiene una dimensión política. Los manifestantes exigen la dimisión de Zarzalejo y reclaman que la Consejería se siente a negociar con el comité para desbloquear una huelga que supera las cinco semanas.
Por ahora, las instrucciones autonómicas siguen siendo objeto de controversia y no existe una resolución judicial definitiva sobre su legalidad. La negativa del TSJM a conceder la suspensión urgente solicitada por CSIF no supone un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto ni resuelve los recursos anunciados por el comité de huelga.
La manifestación de este viernes deja dos problemas pendientes para la educación pública madrileña: las condiciones laborales y los recursos que reclama el profesorado, y los límites que puede imponer la Administración a la actividad reivindicativa dentro de los centros. La resolución judicial y una eventual negociación marcarán los próximos pasos de un conflicto que, después de 37 jornadas de huelga, continúa sin acuerdo.
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