Marlaska niega devoluciones encubiertas tras 12.000 salidas de Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que se hayan producido devoluciones encubiertas de migrantes desde Ceuta a Marruecos y ha defendido que las más de 12.000 salidas registradas responden a retornos voluntarios o a resoluciones judiciales y administrativas. La afirmación llega en plena gestión de las consecuencias de la crisis migratoria que golpeó a la ciudad autónoma a finales de julio.

Marlaska ha sido tajante durante su visita a Ceuta: según Interior, las personas que han regresado a Marruecos lo han hecho voluntariamente o conforme a procedimientos legales, mientras que otras han sido expulsadas después de una decisión administrativa o judicial. El ministro sostiene, por tanto, que no ha existido un mecanismo paralelo destinado a devolver migrantes al margen de las garantías previstas por la legislación española.

Más de 12.000 migrantes han salido de Ceuta

La cifra ofrecida por Marlaska supera ya las 12.000 salidas. Apenas dos días antes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, había situado el balance oficial en 11.756 personas regresadas a Marruecos desde el 10 de agosto: 11.225 mediante retornos voluntarios y 531 a través de expulsiones. El ritmo de salidas durante las últimas semanas explica que el contador haya cruzado después esa barrera.

Interior añade otro dato relevante. Más de 400 migrantes que habían solicitado protección internacional renunciaron a ella antes de que terminara la tramitación de sus expedientes. A ello se suman más de 500 expulsiones ejecutadas mediante resoluciones administrativas o judiciales durante los últimos dos meses.

Es precisamente esa mezcla de situaciones jurídicas la que complica cualquier lectura rápida de las cifras. No todas las personas que han regresado a Marruecos estaban en la misma situación, ni todas han salido de Ceuta por el mismo procedimiento.

Marlaska defiende la actuación de Policía y Guardia Civil

El titular de Interior ha respaldado expresamente la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante los operativos desplegados en la ciudad. Su tesis es que las fuerzas de seguridad han trabajado dentro de la legislación española e internacional y respetando los derechos de las personas afectadas.

La cuestión no es menor. El término “devolución encubierta” apunta precisamente a la posibilidad de que una salida presentada formalmente como voluntaria esconda, en realidad, una devolución ejecutada sin el procedimiento correspondiente. Marlaska rechaza esa interpretación y sostiene que las decisiones adoptadas en Ceuta cuentan con cobertura legal.

La Ley de Extranjería distingue entre figuras diferentes. Una expulsión exige su correspondiente procedimiento y resolución, mientras que la devolución está prevista para determinados supuestos, como la entrada irregular interceptada en la frontera o sus inmediaciones. El Reglamento de Extranjería también regula estas actuaciones y establece que la devolución debe ser acordada por la autoridad competente; jurídicamente, por tanto, las palabras importan bastante más de lo que parece.

De los grandes asentamientos a los operativos en las barriadas

La gestión de la crisis ha cambiado de escenario durante octubre. Después del levantamiento de varios asentamientos improvisados, la actuación policial se ha ido desplazando hacia otras zonas de Ceuta donde todavía permanecen migrantes fuera de los recursos oficiales de acogida.

El Gobierno había advertido esta semana de que, pese al elevado número de retornos, todavía quedaba trabajo por hacer. Ángel Víctor Torres señaló el 14 de octubre que continuaban existiendo personas fuera de las instalaciones habilitadas por la Administración después de los desalojos realizados durante las semanas anteriores.

Las operaciones desarrolladas sobre el terreno tienen también una consecuencia administrativa: localizar e identificar a quienes permanecen fuera del sistema permite determinar su situación individual, comprobar posibles solicitudes de protección y, cuando corresponda, iniciar los procedimientos previstos por la normativa de extranjería. Nada especialmente vistoso; sí decisivo. En inmigración, muchas veces la parte que termina definiendo el futuro de una persona cabe en un expediente.

La frontera del Tarajal vuelve al centro de la estrategia

La visita de Marlaska no se ha limitado al debate sobre los retornos. El ministro ha recorrido instalaciones policiales de El Tarajal junto al delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, en una jornada centrada también en el refuerzo de la frontera.

Interior trabaja en la prolongación de los espigones del Tarajal y Benzú, además de estudiar la instalación de un sistema de balizamiento. Son actuaciones destinadas a reforzar el control fronterizo después de una crisis que ha obligado al Gobierno a revisar tanto el dispositivo policial como determinadas infraestructuras físicas de la ciudad.

El movimiento revela, de paso, hacia dónde mira ya el Ministerio: no solo a resolver la situación de las personas que entraron durante la crisis de julio, sino a dificultar nuevos episodios de entrada irregular con una intensidad semejante.

Retorno voluntario, expulsión y devolución no son lo mismo

Buena parte de la controversia política gira alrededor de tres conceptos que suelen mezclarse en el debate público. El retorno voluntario implica que la persona acepta regresar; la expulsión deriva de una resolución administrativa o judicial; la devolución es una figura distinta prevista por la normativa de extranjería para supuestos determinados.

De ahí que Marlaska haya insistido en precisar cómo se han producido las salidas. Decir simplemente que 12.000 migrantes “han sido devueltos” sería jurídicamente impreciso y alteraría el significado del balance oficial. Según los datos del Gobierno, la inmensa mayoría de los regresos contabilizados hasta esta semana correspondían a salidas voluntarias, mientras que una parte mucho menor eran expulsiones.

Eso tampoco convierte automáticamente en indiscutible cada actuación concreta. Los procedimientos migratorios están sometidos a garantías y posibilidad de recurso, además de una protección específica cuando existe una petición de asilo. La legislación establece límites a una devolución cuando se ha formalizado una solicitud de protección internacional mientras esta debe ser examinada.

La posición expresada por Interior es, en cualquier caso, inequívoca: el Gobierno niega que haya utilizado los operativos desplegados en Ceuta para realizar devoluciones al margen del procedimiento legal.

Ceuta entra en una nueva fase de la crisis migratoria

Dos meses y medio después de la entrada masiva de finales de julio, el problema ha cambiado de forma. Los grandes campamentos han ido desapareciendo, miles de personas han regresado a Marruecos y las fuerzas de seguridad concentran ahora parte de su trabajo en quienes siguen fuera de los recursos oficiales y en la tramitación de cada situación administrativa.

La cifra de más de 12.000 salidas se convierte así en uno de los indicadores más visibles de esa nueva etapa. El Gobierno quiere presentarla como resultado de retornos voluntarios y procedimientos individualizados, no como una política de devoluciones silenciosas. Marlaska ha puesto esa frontera verbal —y jurídica— con especial énfasis.

Mientras tanto, el Tarajal vuelve a recordar la naturaleza del problema: una frontera terrestre española y europea pegada a Marruecos, con apenas unos metros capaces de convertirse, de repente, en el centro de una crisis nacional. El siguiente capítulo ya no se juega únicamente en playas y asentamientos. Se juega en los expedientes, los tribunales y el control fronterizo.