El DAO confirma la llamada de Marlaska por el correo de Begoña Gómez

El director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha confirmado por escrito al juez Santiago Pedraz que recibió una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que trascendieran datos vinculados al correo electrónico de Begoña Gómez. También sitúa a la directora general del cuerpo, Mercedes González, en el origen de las conversaciones que precedieron a la apertura de una investigación interna sobre agentes de la UCO.

El documento remitido a la Audiencia Nacional introduce un elemento relevante en una investigación especialmente delicada: Llamas sostiene que González estuvo en la génesis de una información reservada abierta en diciembre de 2024 mediante una llamada y añade que hubo otra comunicación de Marlaska relacionada con el mismo episodio.

Hay, sin embargo, una frontera que conviene no borrar. El escrito acredita la llamada del ministro y explica el contexto en el que se produjo, pero no establece por sí solo que Marlaska ordenara abrir la investigación interna. Una llamada no equivale automáticamente a una orden. Tampoco, cuando quien telefonea es el ministro del Interior al máximo mando operativo de la Guardia Civil, puede tratarse como una conversación administrativa cualquiera.

La llamada de Marlaska tras aparecer el correo de Begoña Gómez

El episodio se remonta a finales de noviembre de 2024, dentro de la investigación judicial que entonces afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La UCO había preparado documentación de apoyo para trabajar con correos electrónicos incorporados al procedimiento que instruía en Badajoz la jueza Beatriz Biedma.

En uno de esos documentos quedó visible la dirección de correo electrónico de Begoña Gómez, aunque ella era ajena a aquella investigación. La información terminó apareciendo publicada y, según las explicaciones trasladadas posteriormente por mandos de la Guardia Civil, la difusión provocó que aquella cuenta recibiera numerosos mensajes de terceros.

Fue en ese contexto cuando se produjeron las comunicaciones que Llamas ha detallado ante Pedraz. El DAO sostiene que la directora general y el ministro le trasladaron los perjuicios derivados de la divulgación de datos personales de personas que no formaban parte del procedimiento investigado.

El 4 de diciembre de 2024 se abrió la denominada Información Reservada 1/24, concebida para reconstruir cómo aquellos datos habían terminado expuestos. La investigación interna acabó sin apreciar responsabilidad disciplinaria suficiente para imponer una sanción, aunque el agente que había trabajado con la documentación recibió una advertencia verbal.

Llamas ya había hablado de la llamada ante el juez

La existencia de la comunicación de Marlaska no aparece completamente de la nada. Durante su declaración judicial de julio, Llamas ya explicó que el ministro le había telefoneado después de la publicación del correo y describió al titular de Interior como alterado por lo ocurrido.

También abordó el asunto posteriormente en el Senado. Allí señaló que, antes de la comunicación del ministro, había recibido otra llamada de Mercedes González relacionada con la publicación de esos datos personales.

La novedad está en que el DAO ha tenido que responder formalmente al requerimiento de Pedraz sobre quién conocía e impulsó aquellas informaciones reservadas. Su contestación escrita coloca expresamente las llamadas de sus superiores en la secuencia temporal que precedió a la primera pesquisa interna.

Eso deberá encajar con otra afirmación realizada por Llamas durante su declaración: sostuvo que él mismo decidió actuar motu proprio y que no necesitaba que nadie le indicara que debía abrir una información reservada. Las dos versiones no tienen por qué ser incompatibles. Pudo recibir las llamadas y adoptar después la decisión por iniciativa propia. Precisamente esa secuencia, quién llamó, qué trasladó y qué ocurrió después, es una de las cuestiones que trata de reconstruir la Audiencia Nacional.

Mercedes González aparece en el origen de otra investigación interna

El escrito de Llamas va más allá del episodio del correo de Begoña Gómez. También atribuye a Mercedes González la decisión de abrir otra información reservada en 2025 relacionada con miembros de la Unidad Central Operativa.

Según la explicación trasladada al juez, la directora general había ordenado la incoación de la denominada IR 1/25. Llamas sostiene que, precisamente por ello, no resultaba necesario comunicarle posteriormente por escrito una actuación cuyo nacimiento conocía de primera mano.

Aquellas diligencias internas afectaron a agentes de una unidad que estaba trabajando en procedimientos judiciales de enorme sensibilidad política. Entre quienes fueron llamados a declarar figuró Antonio Balas, responsable del área de Investigación Económica y Anticorrupción. La pesquisa terminó archivada sin apreciarse responsabilidades disciplinarias.

Ahí aparece el núcleo de la investigación judicial. No se discute que la Guardia Civil pueda examinar internamente filtraciones, errores o posibles irregularidades de sus miembros. Lo que Pedraz trata de esclarecer es si aquellas herramientas administrativas tuvieron una finalidad legítima o pudieron convertirse en un mecanismo de presión sobre investigadores de la UCO.

Por qué Pedraz examina las informaciones reservadas sobre la UCO

El juez reclamó información adicional sobre varias pesquisas internas abiertas entre finales de 2024 y 2025. Todas tenían un elemento común: afectaban de una forma u otra a la UCO mientras esta unidad participaba en investigaciones con repercusión directa sobre el Gobierno, el PSOE o personas de su entorno.

Una de ellas nació después de la publicación del correo de Begoña Gómez. Otra se planteó tras difundirse conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. La IR 1/25 llegó en medio de informaciones que denunciaban posibles intromisiones de la cúpula de la Guardia Civil en el trabajo de los investigadores.

La sucesión de expedientes es lo que ha despertado el interés de la Audiencia Nacional. Pedraz quiere conocer quién impulsó cada actuación, qué información recibió la dirección del cuerpo, por qué se puso el foco sobre determinados agentes y cuál fue el resultado concreto de cada pesquisa.

Llamas rechaza que existiera una operación destinada a intimidar a los investigadores. Su versión sostiene que las informaciones reservadas respondieron a incidencias concretas y se encuadraban dentro del funcionamiento ordinario de la Guardia Civil.

El caso Leire Díez amplía el foco sobre la cúpula de la Guardia Civil

El trasfondo es más amplio. El juez Santiago Pedraz mantiene abierta una investigación sobre una presunta trama vinculada a Leire Díez que habría intentado obtener información contra investigadores, fiscales y jueces relacionados con causas sensibles para el PSOE y el Gobierno.

Dentro de esa causa aparecieron testimonios de mandos de la Guardia Civil sobre supuestas presiones para rebajar la iniciativa de la UCO. El antiguo responsable de la unidad, Rafael Yuste, sostuvo que se había trasladado a los investigadores la conveniencia de ponerse de perfil y evitar una excesiva proactividad en la causa de David Sánchez.

Llamas ha negado esa acusación. También ha defendido que sus indicaciones se limitaban a recordar que los agentes que trabajan como policía judicial deben actuar bajo las instrucciones del juez responsable del procedimiento.

El DAO y Mercedes González continúan investigados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, una situación procesal que no equivale a culpabilidad. La investigación debe determinar si existió una actuación irregular y, en su caso, qué responsabilidad corresponde a cada persona.

Las reuniones de Mercedes González con Leire Díez

La Audiencia Nacional también examina los contactos mantenidos entre la directora general de la Guardia Civil y Leire Díez. La investigación ha situado varios encuentros en el periodo en el que se produjeron algunas de las pesquisas internas relacionadas con miembros de la UCO.

González ha negado que aquellas reuniones sirvieran para interferir en investigaciones judiciales o para proporcionar información destinada a perjudicar a los agentes. Los investigadores analizan mensajes, agendas y documentación para comprobar hasta dónde llegaba esa relación y si guarda alguna conexión con las actuaciones internas del instituto armado.

La coincidencia temporal pesa dentro de la causa, pero no constituye por sí sola una prueba. Coincidencia y responsabilidad penal son cosas distintas, por más que el calendario pueda resultar políticamente incómodo. Esa distancia es precisamente la que debe despejar la instrucción.

La llamada cambia el foco, pero no resuelve la investigación

El escrito de Manuel Llamas mueve una pieza importante. El máximo mando uniformado de la Guardia Civil confirma formalmente que Marlaska le llamó por el episodio del correo de Begoña Gómez y sitúa a Mercedes González en el origen de decisiones internas que están siendo examinadas por el juez.

Eso no demuestra, al menos con lo conocido hasta el momento, que el ministro ordenara investigar a la UCO. Tampoco establece que las informaciones reservadas fueran ilegales. Lo que hace es completar la cadena de decisiones y comunicaciones que precedió a aquellas actuaciones y ofrecer a Pedraz una cronología más precisa.

La secuencia, de todos modos, tiene peso propio: una investigación judicial políticamente sensible, datos de la esposa del presidente publicados por error, llamadas desde la cúpula de Interior y de la Guardia Civil y, poco después, agentes de la UCO sometidos a pesquisas internas. La legalidad de cada actuación deberá analizarse por separado. La relación entre todos esos episodios es, justamente, lo que la Audiencia Nacional intenta esclarecer.