El Puerto multa con más de 100.000 euros los huertos de 85 familias

Dos sanciones municipales que superan conjuntamente los 100.000 euros han colocado en una situación límite a un proyecto de huertos utilizado por 85 familias en El Puerto de Santa María, Cádiz. El Ayuntamiento considera que la división de una finca rústica de unos 17.000 metros cuadrados constituye una parcelación urbanística ilegal, mientras los responsables de la asociación sostienen que el terreno se dedica al cultivo y al ocio y que allí no se han levantado edificaciones permanentes.

El expediente afecta directamente a Francisco Javier Gutiérrez San Andrés, presidente de la asociación de agricultores urbanos y la persona que firmó originalmente el arrendamiento de la finca. Las multas están ya en vía ejecutiva en la Diputación Provincial y podrían no ser las últimas. El conflicto ha dejado así de ser una discusión vecinal sobre unos cuantos bancales: hablamos de una cantidad capaz de arruinar a casi cualquiera.

Una finca de 17.000 metros cuadrados y 85 pequeños huertos

Los terrenos se encuentran en Los Desmontados, junto al Camino de El Juncal. La historia comenzó hace aproximadamente cinco años, cuando Gutiérrez alquiló la finca y empezó a habilitar pequeñas zonas para que distintas personas pudieran cultivar verduras, hortalizas y otros productos para autoconsumo.

La iniciativa fue creciendo casi de forma orgánica. Un huerto, luego otro. Finalmente se formó una pequeña comunidad de 85 usuarios, entre jubilados, personas desempleadas y familias que encuentran allí tanto una ayuda para llenar la despensa como un lugar donde pasar parte de su tiempo libre.

No son únicamente surcos con tomates y pimientos. En torno a ellos se ha creado una red social y vecinal bastante más difícil de medir en metros cuadrados. Hay personas mayores que acuden para mantenerse activas, usuarios que han encontrado allí compañía después de situaciones personales complicadas y familias que comparten jornadas al aire libre.

La asociación quedó constituida formalmente en 2023, pero existe un detalle administrativo decisivo: el contrato de alquiler se había firmado antes a título personal por su presidente. De ahí que sea él quien figure como destinatario de los expedientes sancionadores.

El Ayuntamiento ve una parcelación ilegal

El problema está en cómo interpreta Urbanismo la organización física de la finca. El Ayuntamiento entiende que la distribución interna en diferentes espacios de uso individual constituye una parcelación ilegal en suelo rústico, aunque los usuarios no hayan construido viviendas.

En el recinto sí existen vallas y elementos como toldos o carpas desmontables. La asociación insiste en que no se han levantado construcciones permanentes y que los terrenos continúan dedicados esencialmente al cultivo y al ocio agrícola.

Aquí aparece el choque entre dos realidades que, vistas desde lejos, parecen hablar idiomas distintos. Para las familias hay pequeñas huertas. Para la normativa urbanística puede existir, dependiendo de las características concretas de la actuación, un fraccionamiento del suelo sometido a fuertes restricciones.

La legislación andaluza es especialmente severa en este terreno. La normativa urbanística prohíbe las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico cuando vulneran la ordenación y contempla sanciones elevadas para los fraccionamientos considerados ilegales. Es precisamente esa calificación la que ha convertido unos bancales para autoconsumo en un expediente de seis cifras.

De una queja vecinal al expediente de Urbanismo

El origen inmediato del conflicto resulta bastante más doméstico. Según relata el presidente de la asociación, una reunión celebrada en uno de los huertos se prolongó más allá del horario previsto y provocó molestias a un vecino.

Después intervino la Policía Local y posteriormente llegó una inspección de Urbanismo. A partir de ahí comenzó una tramitación administrativa que ha acabado desembocando en las sanciones actuales.

El Ayuntamiento sostiene que lleva años tramitando el expediente y mantiene que la actuación tiene consideración de parcelación ilegal. La versión de la asociación es muy distinta: sus responsables defienden que no se están creando parcelas residenciales ni construyendo viviendas, sino repartiendo espacios dentro de una finca arrendada para practicar agricultura urbana.

Esa distinción no es menor. Una explotación agrícola puede ser compatible con el carácter rústico de un terreno; otra cuestión distinta es que su división física y régimen de utilización puedan ser considerados urbanísticamente una parcelación.

Por qué unas divisiones pueden acabar en una gran multa

La palabra «parcelación» puede inducir a pensar únicamente en escrituras, ventas y nuevas fincas registrales. Urbanísticamente, sin embargo, el concepto puede abarcar determinadas divisiones o fraccionamientos que generen usos individualizados del terreno, aunque no exista una urbanización convencional con casas y calles.

Precisamente por eso la ausencia de edificios no resuelve por sí sola el expediente. El debate real está en determinar qué se ha hecho sobre esos 17.000 metros cuadrados, qué uso tiene cada espacio y si esa configuración resulta compatible con la clasificación urbanística del suelo.

La normativa distingue entre los usos agrícolas ordinarios del suelo rústico y aquellas actuaciones que pueden alterar su naturaleza o propiciar nuevos asentamientos. Es ahí donde el expediente tendrá que sostener jurídicamente la frontera entre un conjunto de huertos y una parcelación prohibida.

El municipio también regula los huertos sociales

El caso contiene una paradoja difícil de ignorar. El Puerto de Santa María lleva años trabajando precisamente sobre la regulación de los huertos sociales y ecológicos, espacios concebidos con finalidades ambientales, sociales y de participación ciudadana.

Eso no significa que esta finca privada quede automáticamente amparada por esa regulación. No es lo mismo un huerto municipal autorizado que una actividad organizada sobre suelo rústico privado. Pero explica por qué el caso ha encontrado eco entre quienes consideran contradictorio fomentar la agricultura urbana como herramienta social y terminar imponiendo sanciones de seis cifras a un proyecto que, según sus usuarios, persigue precisamente esa finalidad.

La cuestión jurídica, claro, no funciona por simpatías. Que una actividad tenga utilidad social no elimina las obligaciones urbanísticas. Tampoco significa lo contrario: que exista un expediente administrativo no convierte automáticamente en irrelevante su dimensión social ni impide discutir la proporcionalidad de las sanciones y la correcta calificación de los hechos.

Las familias reclaman mantener el proyecto

La Federación Hermandad Andaluza Gitana ha mostrado su apoyo a los afectados y ha planteado movilizaciones en caso de que las sanciones no se paralicen. Parte de los usuarios son familias gitanas, aunque el colectivo reúne perfiles muy diferentes.

Entre ellos figura Víctor, un ingeniero industrial jubilado de 83 años que lleva varios años cultivando su pequeña parcela y considera la actividad fundamental para mantenerse activo. También hay usuarios que han encontrado en ese espacio una forma de combatir la soledad o sobrellevar pérdidas familiares.

Son historias que no anulan un expediente urbanístico, pero explican por qué el conflicto ha adquirido una dimensión que desborda la simple discusión sobre lindes, vallas y metros cuadrados.

La reclamación de los afectados pasa por encontrar una fórmula que permita regularizar o mantener los huertos sin hacer desaparecer una comunidad que lleva años utilizando el terreno.

Más que una multa por plantar tomates

El choque de Los Desmontados concentra dos lógicas que raramente encajan sin fricción. Una es la disciplina urbanística, especialmente estricta cuando se trata de suelo rústico y de posibles parcelaciones. La otra aparece cada mañana entre bancales: mayores que trabajan la tierra, familias que cultivan para autoconsumo y vecinos que han convertido una finca en lugar de encuentro.

Las dos sanciones ya superan los 100.000 euros y recaen, al menos formalmente, sobre el presidente de la asociación porque fue él quien suscribió el arrendamiento. El Ayuntamiento mantiene que existe una parcelación ilegal; los afectados replican que allí no se ha construido nada y que solo hay pequeños espacios agrícolas con instalaciones desmontables.

Detrás de la cifra queda la cuestión administrativa de fondo: decidir dónde termina un huerto compartido y dónde empieza, a ojos del urbanismo, una parcelación prohibida. De esa frontera bastante menos bucólica dependerá el futuro de 85 familias y 17.000 metros cuadrados de tierra cultivada.