Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 29 de noviembre

Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones generales al domingo 29 de noviembre de 2026 y ha puesto fin de forma anticipada a la legislatura. El Congreso de los Diputados y el Senado han quedado oficialmente disueltos tras la entrada en vigor del real decreto de convocatoria, de modo que España entra en una campaña electoral que llega varios meses antes de lo previsto.

La decisión del presidente del Gobierno cambia de golpe el tablero político español. Sánchez había resistido durante meses las peticiones de adelanto electoral, pero la creciente debilidad parlamentaria del Ejecutivo, las dificultades para construir mayorías estables y el choque en torno a las medidas de vivienda terminaron acelerando una convocatoria que hasta hace poco La Moncloa descartaba.

Las elecciones generales serán el 29 de noviembre

La fecha ya no pertenece al terreno de las especulaciones. El Real Decreto 806/2026, aprobado el 5 de octubre y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, establece que las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado se celebrarán el domingo 29 de noviembre.

La convocatoria activa un calendario particularmente comprimido. La campaña electoral durará quince días, comenzará a las 00.00 horas del viernes 13 de noviembre y terminará a las 24.00 horas del viernes 27. El sábado 28 quedará reservado para la jornada de reflexión y, un día después, se abrirán las urnas.

Las nuevas Cámaras salidas de las elecciones están llamadas a constituirse el 23 de diciembre, apenas unas horas antes de Nochebuena. La política española, que rara vez escoge momentos discretos, tendrá esta vez negociaciones, pactos y cuentas parlamentarias mezclados con luces navideñas y turrón.

Por qué Sánchez ha decidido adelantar las elecciones

El deterioro de la mayoría que permitió la investidura de Sánchez llevaba tiempo condicionando la legislatura. El Gobierno había conseguido sacar adelante diferentes iniciativas mediante negociaciones casi voto a voto, pero la relación con algunos de sus socios se fue enfriando hasta convertir cada votación relevante en una prueba de resistencia parlamentaria.

El último gran foco de tensión ha sido la vivienda. La derrota de dos decretos impulsados por el Ejecutivo dejó a la vista que la aritmética que sostuvo el comienzo de la legislatura difícilmente podía continuar funcionando igual. Junts, imprescindible en numerosas votaciones, había dejado de proporcionar al Gobierno una vía suficientemente estable para completar su agenda.

Dentro del entorno de Sánchez terminó imponiéndose una conclusión incómoda pero sencilla: el Congreso había dejado de ofrecer una mayoría operativa y prolongar durante meses esa situación podía traducirse en una sucesión de derrotas. El adelanto permite al presidente devolver el conflicto a las urnas e intentar reconstruir una mayoría política diferente.

La vivienda entra en el centro de la campaña

No es casual que la convocatoria llegue después de semanas de fuerte tensión social por el acceso a la vivienda, los alquileres y los desahucios. El Gobierno pretende colocar la crisis de la vivienda entre los grandes ejes electorales y presentar los comicios como una confrontación entre modelos distintos de intervención pública.

La cuestión tiene una fuerza política evidente porque atraviesa edades, territorios y clases sociales. Comprar o alquilar una casa se ha convertido en una de las preocupaciones económicas más persistentes para numerosos hogares, especialmente entre jóvenes y familias con rentas medias. El adelanto da al PSOE la oportunidad de intentar transformar ese malestar en movilización electoral.

Pero una campaña nunca obedece del todo al guion escrito en un despacho. La vivienda competirá con la economía, la inmigración y la estabilidad institucional, además de los casos judiciales que han rodeado al Gobierno y de la valoración que los ciudadanos hagan del propio liderazgo de Pedro Sánchez.

Qué ocurre con el Congreso y las leyes pendientes

La disolución de las Cortes significa que buena parte de la actividad legislativa pendiente decae. Los proyectos que no habían completado su tramitación tendrán que iniciar de nuevo el recorrido parlamentario después de las elecciones si el futuro Gobierno decide recuperarlos.

Entre las iniciativas afectadas aparecen reformas económicas, sociales y territoriales todavía en tramitación. También se esfuma la posibilidad de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado durante esta legislatura, por lo que las cuentas vigentes continuarán prorrogadas mientras no salga adelante un nuevo proyecto presupuestario.

Eso no significa que toda actividad política quede congelada. Durante el periodo electoral permanece operativa la Diputación Permanente, el órgano que conserva determinadas competencias cuando las Cámaras están disueltas y que puede intervenir, entre otras cuestiones, en la convalidación de decretos leyes.

El Ejecutivo tampoco se convierte automáticamente en un Gobierno en funciones por la mera convocatoria electoral. Esa situación se produce después de celebrarse los comicios, mientras se abre el proceso para constituir las nuevas Cámaras y formar un nuevo Gobierno.

El adelanto obliga a todos los partidos a correr

La convocatoria ha sorprendido especialmente a la izquierda situada fuera del PSOE, que dispone de poco tiempo para ordenar candidaturas, coaliciones y liderazgos. Los plazos electorales son estrictos y las negociaciones comenzaron prácticamente al mismo tiempo que se hizo oficial el 29 de noviembre.

El PSOE afrontará los comicios intentando movilizar a un electorado progresista que aparece más indeciso y menos movilizado que el bloque conservador. Para Sánchez, repetir la resistencia electoral de 2023 pasa por reducir la abstención de la izquierda y recuperar a quienes dudan entre varias opciones o directamente entre votar y quedarse en casa.

En el otro lado, PP y Vox llegan a la convocatoria con expectativas elevadas y con la mirada puesta en convertir el desgaste del Gobierno en una mayoría alternativa. La cuestión decisiva no será únicamente qué formación obtenga más votos, sino qué bloques consiguen sumar los escaños necesarios para una investidura.

Los pactos volverán a decidir quién gobierna

El sistema parlamentario español convierte el resultado de las urnas en la primera parte de la película, no necesariamente en la última. Los 350 escaños del Congreso marcarán qué combinaciones tienen posibilidades reales de construir una mayoría para elegir presidente del Gobierno.

Si ningún partido alcanza la mayoría absoluta, un escenario habitual en la política española reciente, comenzará otra negociación con fuerzas territoriales y posibles socios parlamentarios. Sánchez busca precisamente que las urnas modifiquen una correlación que considera agotada; PP y Vox aspiran a que ese cambio se produzca en sentido contrario.

Aquí aparece una de las paradojas del adelanto. Las elecciones se convocan para salir de una situación de bloqueo, pero el resultado puede producir otra Cámara igualmente fragmentada. Las urnas ordenan el mapa. No garantizan, ni mucho menos, que después sea sencillo leerlo.

El 29-N convierte a Sánchez en el centro de la elección

El presidente ha planteado la convocatoria como una decisión sobre el futuro político y social de España y defiende la necesidad de conseguir una mayoría progresista más amplia. La oposición, por el contrario, presenta las elecciones como la consecuencia del agotamiento parlamentario del Ejecutivo y como una oportunidad para cerrar la etapa de Sánchez.

Esa diferencia de relato recorrerá toda la campaña, aunque debajo de la retórica aparece una realidad bastante más desnuda: Sánchez somete su continuidad al voto antes de agotar la legislatura porque considera que prolongarla ofrecía menos posibilidades políticas que acudir directamente a las urnas.

Es una apuesta grande. También muy personal. Después de años en los que buena parte de la política española ha girado alrededor de su figura, el 29 de noviembre volverá a medir el liderazgo de Pedro Sánchez. Habrá programas, candidatos provinciales y debates sectoriales, claro, pero una parte considerable del electorado terminará votando también sobre su continuidad al frente del Gobierno.

España entra en una campaña corta y decisiva

El calendario está cerrado: elecciones generales el 29 de noviembre, campaña oficial entre el 13 y el 27 y constitución de las nuevas Cortes el 23 de diciembre. A partir de ahí empieza la parte menos previsible: convencer a un electorado cansado, recomponer alianzas y convertir votos en escaños suficientes para gobernar.

Sánchez ha optado por romper una legislatura que había perdido buena parte de su capacidad para construir mayorías y buscar otra directamente en las urnas. El movimiento despeja una incógnita, pero abre otras mayores: la capacidad del PSOE para movilizar a la izquierda, el resultado de PP y Vox, el peso de las formaciones territoriales y, sobre todo, si el próximo Congreso será realmente más gobernable que el que acaba de disolverse.

El 29-N dará la primera respuesta. La definitiva, como tantas veces ocurre en España, probablemente llegará después, cuando termine el recuento y comiencen las sumas.