El profesor detenido en Madrid tenía otro juicio por agresión sexual

El profesor de Secundaria detenido en Madrid por las presuntas agresiones sexuales a al menos nueve alumnos ya tenía pendiente un juicio por otro caso similar ocurrido en 2024. La víctima de aquella primera causa era también menor de edad y estudiaba en el mismo centro educativo en el que estaban escolarizados los alumnos identificados en la investigación actual.

El docente, identificado como Mario F. G., se encuentra en prisión provisional sin fianza desde el 16 de octubre. La Policía Nacional le atribuye tres delitos de agresión sexual completa, otros tres de agresión sexual, además de delitos de prostitución infantil, pornografía infantil y ciberengaño pederasta o grooming. Las pesquisas siguen abiertas y los investigadores trabajan con otras posibles víctimas, por lo que el alcance definitivo del caso todavía no está cerrado.

La primera detención se produjo en 2024

El antecedente que ahora adquiere especial relevancia se remonta a 2024. Aquel año, el profesor fue detenido por una presunta agresión sexual a otro alumno menor de edad. Tras pasar a disposición de la Justicia quedó en libertad con medidas cautelares mientras esperaba la celebración del juicio.

Esa vista todavía no se había celebrado cuando volvió a ser detenido en octubre de 2026. Es un matiz esencial: tenía antecedentes policiales, pero no antecedentes penales derivados de una condena, porque la primera causa seguía pendiente de juicio. Esa diferencia jurídica, que sobre el papel parece pequeña, tuvo una consecuencia bastante concreta: pudo volver a trabajar como docente.

Después de aquella primera investigación dejó de ejercer en el colegio madrileño donde había trabajado. Las informaciones conocidas sitúan posteriormente al profesor en otro centro educativo, una circunstancia que ha cobrado especial relevancia tras la nueva investigación.

Por qué podía seguir trabajando con menores

La legislación española exige a quienes ejercen profesiones con contacto habitual con menores acreditar que no han sido condenados mediante sentencia firme por determinados delitos sexuales. Para ello existe el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

Ese registro recoge condenas firmes, no una mera detención ni una acusación pendiente de juicio. El impedimento para trabajar habitualmente con menores opera cuando existe una condena firme susceptible de constar en ese registro. Dicho de otro modo: estar investigado o haber sido detenido no equivale jurídicamente a estar condenado. La presunción de inocencia no es una formalidad decorativa; es una garantía básica del Estado de derecho. Pero el caso deja al descubierto una zona especialmente incómoda cuando el trabajo implica contacto cotidiano con niños y adolescentes.

Nueve víctimas identificadas y más casos bajo investigación

La investigación que ha provocado la segunda detención está en manos de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Por el momento, los agentes han identificado a nueve víctimas de entre 12 y 15 años y les han tomado declaración.

La cifra puede aumentar. La Policía ha localizado a otros menores con los que está realizando gestiones para determinar si también pudieron ser víctimas. Algunas informaciones señalan que los investigadores han recabado más testimonios, aunque el dato consolidado continúa situando en nueve los menores identificados formalmente dentro de esta investigación.

Los hechos investigados se habrían producido durante varios años y tanto en el entorno escolar como fuera de él. Parte del contacto con los alumnos habría continuado mediante teléfonos móviles, servicios de mensajería y videojuegos, un escenario que explica la imputación relacionada con el ciberengaño pederasta.

Móviles, ordenadores y una videoconsola bajo análisis

La investigación no descansa únicamente en testimonios. En el registro del domicilio del detenido, autorizado judicialmente, los agentes intervinieron numerosos dispositivos electrónicos y soportes de almacenamiento.

Entre el material requisado figuran teléfonos móviles, ordenadores, agendas, dispositivos de almacenamiento y una videoconsola. Su contenido todavía debe ser extraído y analizado, una tarea que puede resultar lenta cuando se manejan grandes cantidades de archivos y conversaciones. La Policía investiga también grabaciones relacionadas con algunas de las presuntas agresiones.

Ese análisis puede ser decisivo para comprobar fechas, comunicaciones, identidad de posibles víctimas y el alcance de unos hechos que, por ahora, continúan bajo investigación judicial. También servirá para separar indicios de pruebas. Importa hacerlo: en un caso de esta gravedad, el ruido suele correr bastante más que los peritajes.

Los alumnos llevaron las sospechas hasta sus profesores

La investigación actual arrancó después de que varios estudiantes comentaran a sus profesores conductas que atribuían al antiguo docente. Esos testimonios llegaron a conocimiento de la UFAM y desencadenaron las diligencias que terminaron con la nueva detención.

El colegio Mercedarias Don Juan de Alarcón, en el centro de Madrid, ha asegurado que contactó con la Policía Nacional en cuanto tuvo conocimiento de los testimonios e indicios sobre posibles conductas irregulares del antiguo profesor. La dirección sostiene que desde entonces ha colaborado con los investigadores y ha habilitado atención psicopedagógica, orientación y acompañamiento para alumnos y familias.

La protección de los menores condiciona, lógicamente, la información pública disponible. Sus identidades no han trascendido y el propio centro ha pedido sensibilidad para preservar su intimidad. Proteger a las víctimas menores no es ocultar la noticia: es evitar que una investigación penal termine convirtiéndose, de rebote, en otro escaparate para adolescentes que nunca pidieron estar en él.

También estuvo vinculado durante años al fútbol base

El detenido no desarrolló toda su actividad con menores únicamente en las aulas. Según la información conocida sobre su trayectoria profesional, ejerció durante más de quince años como entrenador de porteros en categorías inferiores del Atlético de Madrid.

Ese dato amplía necesariamente el trabajo policial. No implica por sí mismo que existan hechos delictivos en ese ámbito ni permite establecer víctimas fuera de las que actualmente investigan los agentes. Sí ayuda a comprender por qué el examen de dispositivos, contactos y trayectoria profesional puede resultar especialmente amplio.

Conviene mantener la frontera limpia. Una investigación busca precisamente eso: comprobar. Ni una vinculación profesional constituye una prueba ni el paso por diferentes entornos permite extender automáticamente las acusaciones a todos ellos.

Un juicio pendiente que ahora adquiere otra dimensión

La pieza que cambia la lectura del caso es aquella primera denuncia de 2024. El profesor ya había sido detenido por una presunta agresión sexual a un menor del mismo colegio, había quedado sometido a medidas cautelares y esperaba juicio cuando, dos años después, una nueva investigación comenzó a reconstruir otros episodios.

No existía una condena firme que pudiera figurar como antecedente sexual e impedir legalmente su contratación para trabajar con menores. Ahí aparece una de las cuestiones de fondo que deja el caso, más allá del estrépito inevitable: cómo compatibilizar la presunción de inocencia de una persona investigada con mecanismos de protección reforzada cuando su profesión implica contacto continuado con niños.

La respuesta jurídica no admite atajos fáciles. Una denuncia no puede funcionar como una condena anticipada, ni un detenido pierde sus derechos fundamentales porque la acusación resulte especialmente grave. Al mismo tiempo, la protección de los menores obliga a mirar con atención los protocolos, la circulación de información y las medidas cautelares disponibles. Entre una cosa y la otra queda ese territorio gris que rara vez cabe en un eslogan.

La investigación sigue creciendo alrededor del primer caso

Mario F. G. permanece en prisión provisional sin fianza mientras avanzan las diligencias. Los agentes continúan analizando el material intervenido, tomando declaraciones y comprobando si existen más víctimas además de las nueve ya identificadas. El procedimiento de 2024, mientras tanto, sigue siendo una pieza independiente y pendiente de juicio.

Nada de ello supone una condena anticipada: será la Justicia la que determine qué hechos pueden probarse y qué responsabilidad penal existe. Pero el dato conocido este 21 de octubre deja el caso en una dimensión distinta. Cuando se produjo la nueva detención, el profesor no llegaba por primera vez ante la Policía por una acusación sexual relacionada con un menor. Ya había sido detenido dos años antes y esperaba ser juzgado por un caso similar. Esa es, a estas alturas, la circunstancia que explica por qué la investigación trasciende una sucesión de denuncias y coloca también bajo el foco el recorrido que hubo entre aquella primera causa y la vuelta del docente a las aulas.